Jul 16, 2024 Last Updated 9:12 PM, Jul 15, 2024

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Mientras esta nota saldrá a la luz nos encontraremos viajando desde Ambiente en Lucha y junto a compañeres de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones a participar de las movilizaciones contra la audiencia pública fraudulenta que busca dar luz verde a la ampliación de Vaca Muerta a través de un nuevo oleoducto y polo petrolero. Así mismo, estaremos convocando a movilizarnos este jueves 17/8 a las 9 a la Casa de Río Negro en Buenos Aires (Riobamba y Tucumán).

La iniciativa extractivista es impulsada particularmente por el gobierno nacional y el de Río Negro, pero es fruto del consenso entre los partidos patronales, sean peronistas, libertarios, macristas o partidos provinciales: todos quieren sacrificar territorios para pagar la deuda externa. La condición de posibilidad de esta avanzada fue la modificación de la Ley 3308 (“Ley Lasalle”) que vetaba la instalación de infraestructura petrolera en la provincia. Esta modificación, con tratamiento express en la legislatura rionegrina, violentó todos los principios de “no regresividad en materia ambiental” que el país había suscripto en el último tiempo, tal como el “Acuerdo de Escazú”. Está claro que el único “pacto internacional” que importa en la agenda de estos partidos patronales es el pacto con el FMI.

La ampliación de Vaca Muerta se programó en un año donde el gobierno sobre-importó gas a precio en dólares, dado que debido a las altas temperaturas del invierno sobró el gas en el mercado local para abastecer la demanda, además de que desplomó su precio coyunturalmente. Este dato es mucho más que una anécdota si tenemos en cuenta que estamos atravesando el que puede ser el año más caluroso jamás registrado, que el calentamiento global se encuentra profundamente acelerado, y que es urgente dejar de darle impulso de las formas de energía extremas sumamente contaminantes como el fracking (fractura hidráulica) que se utiliza en Vaca Muerta para extraer gas y petróleo no convencionales. Más fracking son más sismos en las localidades de Neuquén próximas a la explotación, más basurales tóxicos a cielo abierto, más derrames, y una bomba gigantesca de emisiones de gases de efecto invernadero.

El propio nuevo oleoducto, por su parte, atravesaría territorios mapuche ancestrales sin ningún tipo de consulta previa, al mejor estilo Gerardo Morales, y decantaría en el Golfo San Matías, en zonas hoy protegidas por su biodiversidad, hábitat (entre otras especies) de la ballena franca austral, y poniendo en riesgo también la muy próxima Península Valdes. Está probado que este tipo de iniciativas aniquilan el desarrollo pesquero, y en particular el turístico que permitió en los últimos años un crecimiento de algunas localidades como Las Grutas. Sin embargo las burocracias sindicales del sector han sido compradas para guardar silencio ante la amenaza directa a los puestos de trabajo de quienes deberían representar.

Las Asambleas del Curru Leufu, la Multisectorial en Defensa del Golfo San Matías, la Red de Comunidades Costeras, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia han definido articular acciones contra una audiencia fraudulenta, en la que a pesar de discutirse el futuro del país entero solo pueden anotarse residentes de Río Negro y en la que se ha presentado un “estudio de impacto ambiental” ilegible. Nuestra candidata a presidenta Myriam Bregman ha instalado el rechazo a esta audiencia en la campaña electoral, y a esta pelea nos sumamos desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha en todo el país.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La última semana, del 3 al 6 de julio, trajo los días más calurosos desde que la humanidad tiene registro. Incendios, sequías, inundaciones y olas de calor fatales fueron parte de un panorama global que la destrucción ambiental capitalista sólo propone profundizar.

El dato lo otorgó Copernicus, el sistema de observación planetaria de la Unión Europea. Junio se había colocado medio grado por encima de la media de 1991-2020, y batiendo el récord anterior que databa de 2019. Previamente, a lo largo de mayo los periodistas especializados intentaron llamar la atención sobre un dato que no lograba filtrarse hacia los grandes medios, que la temperatura promedio de los mares estaba en niveles insólitamente elevados. Mientras intentaban buscar una explicación certera, el mundo científico alertaba sobre lo que sobrevendrá a continuación: tormentas y eventos climáticos extremos con una violencia furibunda. Luego, consecutivamente la semana pasada se dieron los días terrestres más calurosos jamás registrados cuando el verano en el hemisferio norte recién terminaba de comenzar. La temporada 2023 de catástrofes ambientales había abierto sus puertas.

En efecto, y haciendo un listado parcial podemos enumerar los incendios forestales que en Canadá consumieron el equivalente a un Portugal entero reducido a cenizas y provocaron una humareda que tornó naranja los cielos de ciudades de los Estados Unidos; la ola de calor en México con más de un centenar de fallecimientos; las inundaciones en Italia que produjeron más de una decena de muertos y trece mil personas desplazadas de sus hogares; las inundaciones en Zaragoza ,Estado Español que dieron lugar a la imagen dantesca de automóviles siendo arrastrados por la corriente con sus conductores subidos a los techos para no quedar sumergidos; Pakistán, otra vez, las violentas lluvias de la semana pasada dejaron un saldo provisorio de 76 muertes, incluidos 28 niños, mientras que en la India, el más lluvioso día de julio jamás registrado terminó dando lugar a inundaciones que destruyeron la infraestructura de barrios enteros. Mientras tanto, los pilares de los centenarios templos budistas del Himalaya veían seriamente comprometida su existencia por los desplazamientos de tierra generados por caudales de agua bajando por las laderas de la cordillera. En el otro extremo geográfico, Montevideo comenzó a obtener sólo agua salada de sus canillas debido a la combinación de sequía, calentamiento global, y políticas de saqueo capitalista del agua.

La realidad biofísica del planeta pareciera obstinada en no querer contentarse con las promesas de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los planes de transición energética de los gobiernos y multinacionales. Y ofrece, más bien, las consecuencias lógicamente previstas, matemáticamente calculadas, alertadas, de los impactos del calentamiento global impulsado por la lógica de acumulación de ganancias del sistema capitalista. La llegada del fenómeno “El Niño” (que tiende a generar procesos estacionales de una más elevada temperatura y aumentar las posibilidades de lluvias intensas), combinada con el proceso de aumento de la temperatura global fruto de la acumulación de GEI en la atmósfera, resultan ser las explicaciones que generan mayor consenso entre los especialistas.

Tenemos que prepararnos para que estos fenómenos sigan multiplicándose. Las emisiones depositadas en la atmósfera por la industria capitalista tienen ya de por sí el efecto de continuar el proceso alcista de la temperatura global. Porque, como señaló el último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la infraestructura de combustibles fósiles ya desplegada basta para superar el límite previamente propuesto del 1,5° de aumento de la media global comparada con la previa al comienzo de la era industrial; y porque, como lo demuestran en su escala en nuestro país el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio, el plan de los partidos capitalistas es seguir abriendo más y más pozos de explotación hidrocarburífera para sostener las ganancias de las multinacionales del gas y el petróleo.
Al mismo tiempo, hay que señalar que es posible otro camino, de mitigación y freno de las consecuencias más dramáticas de la crisis climática. Pero éste implica pelear tanto por detener las iniciativas de ampliación de la frontera extractivista, dado que en cada una de esas pulseadas podemos recortar la acumulación de GEI; como así también pelear por la salida de fondo: por gobiernos de la clase trabajadora, las comunidades y la izquierda que tomen en sus manos los bienes comunes y la producción en su conjunto para planificar una transición en armonía con la naturaleza y al servicio de las mayorías populares. Cada temporada de eventos climáticos extremos sigue ratificando que la alternativa es socialismo o catástrofe.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El 18 y 19 de junio se llevó adelante en la ciudad de Las Grutas, Río Negro, el Segundo Encuentro de la Red de Comunidades Costeras. Engloba a las distintas asambleas que desde Tierra del Fuego hasta el Partido de la Costa rechazan el avance de la instalación de las petroleras en el Mar y la extensión masiva de la infraestructura hidrocarburífera, impulsada sin grieta por el gobierno peronista nacional y la oposición patronal de Juntos por el Cambio. El evento representó la continuidad del tejido de acciones en común que viene desarrollándose desde el 2022, en particular desde el Encuentro llevado adelante hace exactamente un año en la ciudad de Bahía Blanca.

El contingente más numeroso llegó hasta Las Grutas en la tarde del sábado 19, cuando hizo su arribo el micro que transportaba a les compañeres de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, ciudad desde la que partieron junto a representantes de la Comunidad de Tierra del Fuego, Partido de La Costa, y en la ruta se sumaron también compañeras de Necochea y Bahía Blanca. A ese micro también pudimos sumarnos para ya desde el camino empezar a empaparnos de los debates y desafíos ante los que tenía que dar respuesta el movimiento.

El Encuentro comenzó en la mañana del domingo 18 con una ceremonia llevada adelante por Fernando Ledesma, de la comunidad Trawn Kutral y representante del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, y luego con una presentación de cada uno de los territorios en lucha presentes. Luego los aproximadamente sesenta participantes se dividieron en cuatro grupos para trabajar en problemáticas de comunicación, acción, criminalización y fortalecimiento de la red, de donde salieron propuestas que al otro día serían reafirmadas en un plenario en común. Antes, la noche del sábado dio lugar a una varieté con artistas locales, a la que terminaron por sumarse artistas de las asambleas que también tomaron el escenario. El lunes además se dio una movilización a lo largo del centro de Las Grutas con las banderas y cantos de cada una de las asambleas.

Unidad ante los ataques del gobierno

El Encuentro se realizó días después de que tomara estado público un documento de la empresa YPF, en el que La Cámpora (a cargo de la empresa) había encargado una campaña de comunicación contra las Asambleas por un Mar Libre de Petroleras. A su vez, en un contexto donde está planteado que fueron sorteadas las trabas legales, en el documento se lee que la multinacional noruega Equinor desde septiembre puede comenzar la exploración sísmica en el Mar Argentino (debe esperar a la primavera por cuestiones climáticas requeridas para la intervención). Por eso, uno de los principales saldos fue el constatar que la red de asambleas sigue ampliándose de norte a sur  y que existe una gran firmeza y unidad para dar respuesta a los ataques del gobierno.

De hecho, la Red de Comunidades Costeras amplió las miras de su pelea al proponerse enfrentar también la ampliación a como dé lugar de Vaca Muerta que promueve el gobierno. Se trata de oleoductos que atraviesan territorios resguardados por comunidades originarias, y que van de la mano de la pretensión de construir polos petroquímicos y puertos exportadores en zonas turísticas y de estricta protección ambiental como el Golfo San Matías. Es un plan al servicio de juntar dólares para el FMI y amplias ganancias para las petroleras, en el camino incumplir todos los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por el país.

Desde Ambiente en Lucha nos proponemos seguir impulsando esta pelea, interviniendo desde Tierra del Fuego hasta el Partido de la Costa, y ampliando también a todo el país el acompañamiento desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. ¡Las petroleras en el mar no pasarán!

Escribe Nicolás Núñez, por Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista

En un artículo escrito por nuestro compañero Agustín Gigli, integrante de la Asamblea No a la Mina Esquel, desarrollamos una crítica a las posiciones que nuestres compañeres del Frente de Izquierda Unidad están levantando en el marco de los debates del año electoral en curso, y en particular, ante las monumentales promesas que se venden respecto de que la explotación de litio sería la vía de resolver buena parte de los problemas económicos del país. Escribimos aquel artículo, centralmente, porque vemos que las propuestas y proyectos que están siendo impulsados corren el riesgo de posarse sobre la misma promesa extractivista, abriendo un curso de colisión entre la izquierda y los reclamos de los territorios.

Les compañeres de PO, respondieron a nuestra crítica en un texto bastante particular, dado que: a) elude responder al eje de nuestro planteo, a saber, que su propuesta de campaña se sostiene sobre la idea de la continuidad de la explotación megaminera, pero bajo otra lógica de propiedad; b) terminan por plantear que en realidad su política para el litio es sólo realizable bajo un gobierno de les trabajadores, sin ninguna consigna intermedia o transicional de por medio; y c) nos invitan a “debatir” a un acto divisionista de proclamación de sus candidaturas para las PASO. 

La bandera de PO: “Megaminería bajo control obrero”

Nos parece que la condición de entrar al debate, éste y todo debate, es nombrar las cosas por su nombre. La explotación de litio actual, y su estructura desplegada en instalaciones como la de Livent en el Salar del Hombre muerto, es una actividad megaminera, particularmente, por el intensivo uso de agua que implica. Como señalan las especialistas Patricia Marconi y Amelia Clark en el último informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en estas explotaciones: “el consumo es aproximadamente 1 millón de litros de salmuera y 300.000 litros de agua dulce por tonelada de litio extraído por año. Considerando que cada proyecto tiene un rango de extracción de 10.000 a 40.000 tn/año y una vida útil de 40 años, los volúmenes de agua evaporada son gigantescos y alarmantes, especialmente en el contexto de crisis hídrica global”. Esto se debe, a que la infraestructura que se encuentra desplegada a lo largo de los humedales altoandinos es esencialmente de explotación evaporífera. Técnicas alternativas, de menor peso hídrico, se encuentran en estudio en nuestro país, y de hecho, les trabajadores del CONICET y del Centro de Investigación en Materiales y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJU), denuncian la falta de inversión estatal, y la entrega de esa rama estratégica de desarrollo científico al capital privado. Nuestro planteo parte de esta realidad.

En su respuesta, PO dice que es forzada nuestra interpretación del spot de Gabriel Solano con su propuesta de explotación de litio, cuando criticamos que es incorrecto plantear meramente la estatización, sin hacer referencia a este problema ambiental, y entonces nos remiten a un artículo del año pasado de su Revista “En defensa del Marxismo” donde sí habrían desarrollado más acabadamente su propuesta.

El problema es que cuando hacemos el ejercicio de complementar el texto del spot con el de la Revista que nos mandan a leer, nos encontramos la misma posición, incluso en términos más brutales: “Mucho se discute hoy sobre cómo debe ser la explotación del litio en este momento de boom mundial de precios y demanda. En cualquier caso hay algo que no debería discutirse: el yacimiento que Livent opera desde hace 20 años en el Salar del Hombre Muerto en el límite entre Salta y Catamarca debe ser expropiado y puesto a andar por el estado bajo control de los trabajadores” (PO, 22/10/2022). El PO nos ofrece una definición de diccionario de “megaminería bajo control obrero”, y plantea que ni siquiera debería discutirse la continuidad de la explotación. PO se vale para su justificación en que “no están concluidos los estudios sobre las consecuencias ambientales de los actuales métodos de producción del litio”, PO, así pareciera poner en duda las denuncias de las asambleas que señalan la explotación hasta su agotamiento del Río Trapiche. Con lo cual ante la “duda”, en vez poner un freno, una moratoria, como planteamos desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista, en vez de que prime el principio precautorio ante los potenciales riesgos ambientales, PO nos dice que no se puede discutir que la potencial “Livent obrera” tiene que seguir produciendo.

En suma, que el PO, más allá de dedicar unas líneas a hablar de la problemática ambiental, no plantea modificar el sistema de extracción, lo ratifica el hecho de que cierren el artículo planteando las viviendas que se podrían construir con la “renta absolutamente extraordinaria” de la explotación de litio. Porque nadie podría asegurar que los sistemas experimentales de obtención sin uso intensivo de agua, aún en desarrollo, sostengan desde el vamos la misma rentabilidad que los mecanismos de extracción evaporífera que fueron desarrollados no en función de su articulación en una red de generación de valor agregado en el país, sino que están estructurados al servicio de una lógica extractivista de remisión de materias primas para las multinacionales. Para nosotres, en cambio, las miles de viviendas que efectivamente necesita todo el norte argentino deben construirse en base al no pago de la fraudulenta deuda externa, de impuestos a las grandes empresas, y de cobrarle a las multinacionales por sus crímenes ambientales, así como también, que devuelvan los millones de dólares que se llevaron del país subfacturando exportaciones.

Digamos al pasar, que esta postura del PO actual es continuidad de planteos previos de “fracking bajo control obrero”, y a tal punto es fundante de los planteos de esta corriente y no una malinterpretación nuestra, que si vamos a ver el planteo del partido de Jorge Altamira (fundador de PO), Política Obrera, la consigna es la misma pero sin rebusques: “control obrero de las industrias contaminantes” (Política Obrera, 26/5/23).

Una vuelta carnero propagandística hacia la nada

Volviendo a la respuesta que nos dedicaron les compañeres de PO, nos encontramos con que después de que hicieran una reivindicación de su elaboración previa, en defensa de la estatización de la extracción del litio bajo control obrero, el artículo pega un giro sobre sí mismo para terminar planteando que en realidad, su consigna no es aquella sino “el gobierno de les trabajadores”, dado que “fuera de estos términos no es una salida la estatización”. O sea, después de plantearnos que ni siquiera debía ponerse en discusión que de forma inmediata Livent debería seguir gastando millones de litros de agua diariamente, solo que bajo control obrero, ahora nos dicen que no, que en realidad la megaminería bajo control obrero será una realidad únicamente en el gobierno de trabajadores que piensa PO.

Digamos que nunca va a dejar de ser cierto que aisladamente, la estatización de los minerales estratégicos bajo control de sus trabajadores y las comunidades, no resulta en sí una salida definitiva, ni ante el problema económico, ni ante la transición energética.  Ahora, lo propio podríamos plantear ante cualquier problemática (ambiental, económica, salarial, de derechos democráticos, etc., todas), que nunca va a poder resolverse en sí misma y definitivamente mientras no terminemos con el poder político de la burguesía. Y por eso, siempre nuestros programas y campañas electorales deben tener la consigna del gobierno de trabajadores y la izquierda. Ahora bien, si fuéramos hasta el final con el planteo de PO, no habría ninguna consigna intermedia, ninguna consigna transicional, en vez de buscar puntos de movilización junto a la clase trabajadora, los movimientos de lucha, las asambleas territoriales, y las comunidades, deberíamos únicamente hacer agitación del gobierno de trabajadores, porque ninguna otra consigna en sí misma resulta una “salida”. Se trata de un planteo ultimatista, desmovilizante y también derrotista. Porque parte de negar que es posible conquistar triunfos parciales mientras aún no tengamos la fuerza de pelear por el gobierno.

Lo cual es lo contrario de la historias recientes como las del Chubutazo, y los 20 años de lucha que han mantenido la megaminería fuera de Chubut. Mientras sigan gobernando el PJ y partidos patronales, la amenaza estará siempre al acecho, pero mientras tanto, ha sido muy correcto desarrollar la movilización por el NO a la mina. Así como tan necesario es hoy en día trazar un puente hacia las expresiones de resistencia socioambiental al saqueo extravista del litio a través de consignas que puedan impulsar la movilización. Algo que bajo ningún punto de vista puede hacerse bajo la bandera de la megaminería bajo control obrero que promueve PO.

Volvemos a citar, entonces, para quienes se sumen en este punto al debate, cuales creemos que son los puntos en base a los cuales debe plantarse la izquierda frente a la pregunta de qué hacer con el litio: 1) frenar el saqueo y la destrucción ambiental; 2) estatización del conjunto de los minerales estratégicos bajo control de les trabajadores y las comunidades; 3) moratoria (freno) de la explotación supeditada a a) la definición de las comunidades locales y les trabajadores en base a construcción de información científica de forma independiente de los intereses empresariales y de procesos asamblearios de información y participación directa vinculantes, y b) la inversión, descubrimiento y desarrollo nacional de tecnología de obtención de litio que no destruyan los humedales y territorios en general, así como también de desarrollos de valor agregado y generación de empleo en las provincias y no solo exportar materias primas; 4) garantizar el conjunto de los puestos de trabajo de la industria sobre la base de reconvertir la producción en tareas de remediación ambiental sosteniendo los salarios y convenios más favorables, 5) desarrollo de un plan de transición energética que no se base en la búsqueda de ganancias del capitalismo del norte global, sino de las necesidades de adaptación y mitigación al cambio climático de nuestros territorios. Todo lo que desde ya se combina con el programa que levantamos desde nuestras organizaciones y el FITU que incluye explicar la necesidad del gobierno de les trabajadores y la izquierda, pero de forma combinada y no contrapuesta al desarrollo de consignas inmediatas para la movilización y el freno del saqueo y la destrucción ambiental capitalista.

Sobre el acto divisionista del 17 de junio

A modo de provocación, y tras eludir responder a nuestro cuestionamiento, el PO nos plantea que deberíamos ir a discutir estos temas al acto de campaña que convocaron junto al MST tras unilateralmente quebrar las discusiones en la mesa política del FITU en búsqueda de una unidad entre los cuatro partidos que lo integramos. Un acto que tiene como principal objetivo el de ratificar y lanzar las candidaturas de Solano-Ripoll y demás cargos acordados entre ambos partidos, intentando tapar con un supuesto evento “democrático para debatir todo”, como lo llaman, su clara vocación de pisotear los acuerdos políticos alcanzados hasta el momento y forzar al FITU ir a las PASO, sobre la base de plantear que en vez de consensuar una fórmula que respete los acuerdos, llaman a un evento donde dos partidos le impongan al resto sus definiciones y candidaturas, es decir, un método contrapuesto al funcionamiento que permitió que el Frente de Izquierda pueda sostenerse en pie desde el 2011 a la fecha. A eso se le sumó que dicen que ahí PO y MST van a definir un nuevo “Programa del FITU” sin dos de sus integrantes, Izquierda Socialista y PTS. O sea, romper con los 22 puntos con los que se puso en pie hace 12 años. El carácter divisionista del evento es total.

Pero aprovechemos la provocación para decir algo más sobre un aspecto que puede confundir a compañeres activistas del movimiento socioambiental y más allá de él, sobre que se trataría de una instancia para “discutir todo sin mesas chicas”. Veamos. El PO levanta megaminería de litio bajo control obrero, el MST en cambio, en el otro extremo, “el litio no se toca” (3/5/23). ¿Acaso la Red Ecosocialista del MST va a supeditar su rechazo a la megaminería a que el PO le imponga su consigna? ¿O en cambio, va a haber una “mesa chica” donde preacuerden qué levantar o bien, qué puntos omitir, al margen de que después pueda explicar su postura contrapuesta? Nos inclinamos porque pasará lo segundo. Porque efectivamente los acuerdos entre partidos funcionan de esa manera, y eso es lo que es el acto divisionista del 17: un acuerdo de partidos, entre PO y MST contra todos los acuerdos políticos y programáticos previos del FITU.

¿Está mal abrir instancias de debate e intercambio de visiones entre las organizaciones del FITU y abierto a distintos espacios y activistas? En absoluto, eso hicimos recientemente discutiendo de forma abierta y de común acuerdo las distintas posiciones ante la invasión de Rusia a Ucrania, y eso hicimos ante la Huelga Mundial por el Clima de septiembre de 2019, donde junto a organizaciones socioambientales empezamos a trazar los lazos que luego ayudarían a la conformación de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Pero una cosa muy distinta es forzar espacios de imposición de definiciones, eso es un camino rupturista para el FITU.

Ante todo esto, y en particular, ante la proclamación del lanzamiento de la fórmula de PO y MST para competir en las PASO por los cargos con Solano-Ripoll, ratificamos que desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista conformamos junto a les compañeres del PTS una lista que, respetando los acuerdos que hemos alcanzado a lo largo de estos doce años, se postula para enfrentar a todos los políticos capitalistas con grandes luchadoras y luchadores, haciendo valer el programa de independencia de clase que tiene el FITU y sus mecanismos de debate interno. Es decir, defender los pilares que tenemos para seguir construyendo una alternativa política que pelee en nuestro país por una salida de fondo, socialista, que ponga fin al extractivismo capitalista y todas las formas de depredación de la naturaleza. 

8/6/23

Publicamos a continuación un documento de rechazo al proyecto de “Soberanía energética” que presentó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni (FdT), elaborado por los compañeros de Izquierda Socialista de Chubut en el Frente de Izquierda.

El gobernador chubutense Mariano Arcioni (Frente de Todos), presentó un proyecto de ley que denomina de “Soberanía energética”. Si buscamos en el diccionario el significado de todas las palabras vacías de contenido (empezando por “soberanía”) que tiene el proyecto, no llegaríamos a ningún lado. Limitándonos al ideario popular, entendemos que por “soberanía” se intenta representar la independencia del país frente a otras naciones intervinientes a través de grandes grupos económicos, tan presentes en Chubut y Patagonia. El propio texto dice “establecer como nuevo paradigma la soberanía energética entendiendo como tal, la capacidad del pueblo de la Provincia del Chubut de usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Pero esto no tiene nada que ver con lo escrito en el proyecto. 

La situación actual de la provincia con respecto a la energía es simple: Chubut es un gran productor de energía, principalmente de petróleo; posee 2 centrales hidroeléctricas: Futaleufú, la séptima a nivel país con una potencia de 560MW (construida especialmente para abastecer a la planta de aluminio Aluar), y el Dique Florentino Ameghino con 60MW y crecen los parques eólicos que no dejan ni un sólo peso por el uso del recurso viento. Toda esta energía es consumida por Aluar, las petroleras y las ciudades que están conectadas a la red o exportada fuera de la provincia ya que según surge del mismo proyecto, en Chubut, se produce 10 veces más energía de la que se consume. No obstante esta situación de exceso de generación de energía, la mayoría de los pueblos no están conectados a la red eléctrica y dependen de generadores térmicos. Sobre esto último, hay sólo unas pocas menciones para justificar el proyecto, sin plantear ninguna solución. Del petróleo, el proyecto no dice absolutamente nada. 

Para el Frente de Todos, las políticas electro energéticas las debe llevar a cabo una sociedad que cotiza en bolsa y no el Estado provincial ni nacional.

 

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto crea dos entidades: por un lado la empresa mixta que pasará a ser propietaria de todos los bienes estatales relacionados con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica: la Empresa Provincial de Energía Chubut Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, “EPECH S.A.P.E.M.”. Por otro lado crea el Mercado Eléctrico Mayorista Regional de Chubut, “MEMRECH”.

Estas entidades no son más que la continuidad de las políticas liberales de los 90, de destrucción de los bienes del estado y su entrega a privados nacionales o multinacionales. La empresa EPECH será la “organización institucional y empresarial de la Provincial del Chubut que tendrá a su cargo la ejecución de la política electro energética del Estado Provincia” (art. 24). Será una sociedad anónima con acciones que cotizarán en bolsa y de la que el estado provincial sólo mantendrá el 51% de las acciones en una etapa inicial, como lo plantea el artículo 36: “cualquier enajenación de acciones que importe la pérdida de la situación mayoritaria debe ser autorizada por ley provincial con dos tercios (⅔) favorables de la totalidad de los representantes de la Honorable Cámara de Diputados”.

Es decir que el gobierno, con la EPECH, va a privatizar todas sus intervenciones actuales y futuras en cuanto a la política energética. Y el hecho de que sea el Ministerio de Infraestructura quien elija al presidente de la EPECH (art. 44), no quita este “corrimiento” del estado. 

Tampoco quiere decir que el 51% de todas las empresas que intervienen en la explotación de bienes comunes, transporte y distribución de energía va a ser estatal. Este porcentaje sólo corresponde, en una primera instancia, como dijimos, a la empresa EPECH que será la adjudicataria del 100% de lo que actualmente posee el estado provincial.

Pero ¿Será la EPECH una forma de financiar al estado? El artículo 63 dice que toda ganancia de la empresa provincial será destinada a pagar la deuda externa: “tendrá derecho a recuperar solamente sus costos operativos y de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad, continuidad y seguridad del servicio (…). Los excedentes resultantes (…) integrarán un fondo unificado (…) administrado por la Autoridad de Aplicación, la que deberá atender con el mismo los compromisos emergente de deudas contraídas hasta el presente (…)”.

Con este marco, será función de la EPECH explotar todos los recursos naturales para seguir produciendo energía, para Aluar, las petroleras, las mineras, para exportar y pagar la deuda externa.

En cambio, la otra entidad creada por este proyecto, el Mercado Eléctrico Mayorista Regional de Chubut (MEMRECH) deberá “promover un modelo de desarrollo territorial basado en la idea de soberanía energética” (art. 58 pto. a), es decir, un modelo de desarrollo basado en la idea de “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales”, en explotar todo lo explotable, sin importar el ambiente, tanto recursos renovables como no renovables (pto. c) para ampliar la potencia disponible provincial (pto. d). Acá entran los actuales recursos y los futuros: represas actuales y nuevas como la presa en el Lago Fontana, el proyecto La Elena en el río Corcovado y Los Monos en el Senguer; el viento en la costa y en El Escorial; la geotérmica; el uranio en la meseta; el hidrógeno “verde”. El petróleo convencional, fracking y offshore no son mencionados explícitamente, pero son los proyectos que se impulsan desde el Gobierno Nacional como salida a la crisis, cuando bien sabemos que son causantes de la misma. Si son parte del problema, no pueden ser planteadas como soluciones. 

Otra de las funciones del MEMRECH será la del “fortalecimiento de la seguridad jurídica para inversionistas, reduciendo de esta manera el riesgo y facilitando el acceso a fuente de financiamiento”. Seguridad jurídica para las grandes empresas para explotar los bienes comunes, como con la ley de inversiones mineras. Asimismo se menciona la posibilidad de que la empresa tenga filiales en el extranjero… hablando de soberanía.

Una gran ausencia del proyecto de “Soberanía”

Una gran ausencia desenmascara aún más las intenciones privatizadoras y entreguistas del proyecto de Arcioni y el Frente de Todos. En el ámbito de incumbencia de la EPECH y el MEMRECH falta la principal energía que actualmente está siendo extraída en la provincia: el petróleo. El petróleo ya se encuentra privatizado, dejando al Estado sólo algunas regalías y llevándose no sólo el recurso energético, sino también, por ejemplo, el agua. La crisis del agua en Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia, en la cuenca del río Senguer, el vaciamiento del lago Colhué Huapi, son producto del uso indiscriminado del agua para la extracción de petróleo. Situación que se agravará si permitimos que  comiencen con el fracking. Tampoco se dice nada del petróleo offshore, una embestida nacional que recorre el país por toda la costa atlántica.

El FdT con grieta y una posición común

Este proyecto también viene a responder al veto que hizo Arcioni de la ley de Renta Hídrica, presentada por diputados provinciales del Frente de Todos y aprobada por la legislatura en diciembre de 2022. Desde el Frente de Izquierda rechazamos ese proyecto (ver https://www.ael.ar/generales/chubut-el-fitu-rechaza-el-proyecto-del-fdt-de-renta-hidrica/). Aquel proyecto de Renta Hídrica, pretendía que aumenten las migajas que deja el banquete privado, centralmente para los municipios cercanos a la Hidroeléctrica Futaleufú, en momentos en que las concesiones están por vencer en 2025. En este nuevo proyecto, se barre con la posibilidad de distribuir la renta en forma diferencial, priorizando algunos municipios, y se proclama que con esta ley se pretende “posicionarlo (al Estado) estratégicamente para replantear las reglas de juego en la renegociación de contratos de concesión de las represas”. Y para ser más claros dice “desandar el inconstitucional y peligroso camino de la municipalización de los recursos naturales que sólo genera diferendos internos”. En momentos en que se plantea la necesidad y la posibilidad de reestatizar las represas hidroeléctricas, el Frente de Todos, en sus distintas versiones, plantea la continuidad de la entrega de estos recursos estratégicos, enmascarada en aumentos de rentas y la creación de empresas “pseudo estatales”. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad decimos que hay que nacionalizar las represas ya existentes y ponerlas a funcionar bajo control de trabajadores, pobladores y usuarios de la energía sin avanzar en la creación de nuevas.

Así como la Renta Hídrica planteaba de forma explícita declarar de interés provincial a todo proyecto de construcción de represas hidroeléctricas en todo curso de agua provincial, el nuevo proyecto de “Soberanía energética” va en el mismo sentido, pero aumentando la apuesta a los parques eólicos, la energía mareomotriz y otros. 

Esta municipalización de los recursos naturales es también la visión de un gobierno que no quiere que se repitan las luchas como la de Esquel en 2003. Temen que las comunidades puedan ir en contra de su política de saqueo y evitar convertirse en zonas de sacrificio. 

¿Y los actuales trabajadores?

Actualmente hay muchos trabajadores estatales que pasarían a formar parte de la planta de la empresa EPECH. Y como es obvio, sus derechos laborales caen aprovechando la “volada”. El proyecto es explícito: en el artículo 40 se dice “El Directorio tendrá amplias facultades (…) entre ellas (…) f) aprobar la dotación de personal, fijar sus retribuciones, fijar las modalidades de contratación, efectuar nombramientos de conformidad con la normativa correspondiente, aplicar sanciones y decidir bajas de personal.” De trabajadores estatales con estabilidad laboral pasan a ser empleados privados flexibilizados.

¡Ningún trabajador debe ver amenazadas sus conquistas laborales!

Podríamos incluir al análisis infinidad de argumentos en contra, que surgen de sólo leer sus páginas, escritas para garantizar la mercantilización y la entrega de nuestros bienes comunes. No es un proyecto que busque elevar la calidad de vida de las comunidades ni garantizarnos el derecho a un ambiente sano, y por lo tanto garantizar la salud de todos los chubutenses. Es un proyecto más de entrega, de saqueo, de contaminación y de mercantilización de nuestros bienes comunes. 

El gobierno quiere crear una empresa con sucursales en el extranjero para regalar nuestros bienes comunes y dejar en la provincia contaminación y pobreza.

 

Llamamos a rechazar esta política de avance sobre los bienes comunes y vaciamiento  del Estado. Tenemos que discutir qué energía, para qué  y para quién la necesitamos. Debemos ser protagonistas de una transición energética que nos de sustentabilidad, desandando el camino del extractivismo, y dejar de ser los proveedores de energías baratas para los países centrales.

Debemos rechazar los proyectos hidroeléctricos en el río Corcovado, en la naciente del Senguer y demás proyectos que buscan generar energía para petroleras y mineras. No a la explotación de uranio en la meseta.

Debemos organizarnos para frenar este nuevo avance de Arcioni y el Frente de Todos.

 


Azud del río Senguer

Finalizada la pandemia, el gobierno de Arcioni avanzó con el proyecto de endicar el lago Fontana. Cuando quieren promocionar obras lo llaman Presa Nacimiento del Senguer, pero cuando quieren disminuir el impacto lo llaman “azud”. Rechazamos este proyecto, que con la excusa de la falta de agua en Comodoro y el sur de la provincia y sin tocar a las petroleras, ni a los grups económicos de empresarios que realizan desvios para regar sus campos, pretende avanzar sobre el río y el lago (ver https://www.ael.ar/territorios/chubut-rechazamos-la-construccion-del-azud-del-lago-fontana/). Aprovechando la pandemia, se implementó un mecanismo de audiencia pública que simplemente es una payasada: enviar un correo electrónico a la empresa que escribió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con las observaciones, para que la consultora responda. La Autoridad de aplicación, pintada. Desde el Ministerio de Ambiente de la provincia, no hubo ningún comunicado ni información sobre cuántas personas participaron, cuántas se opusieron ni con qué argumentos.

En el EIA presentado eran claros: en esta etapa no habría generación de energía eléctrica. Sin embargo, ahora se suman al proyecto dos turbinas y sus correspondientes líneas de transmisión hasta las poblaciones de Río Senguer, Aldea Apeleg, Ricardo Rojas y Facundo (https://www.elchubut.com.ar/chubut/2023-4-29-10-40-0-destacan-que-el-dique-ameghino-tiene-20-metros-mas-de-embalse-que-el-ano-pasado). Por supuesto, sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública.

Artículos de Ángel Guerrero

Ángel Guerrero

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01 Feb 2015 Referentes del FIT - Unidad

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