El grupo Techint ratificó el despido de 1450 operarios de la construcción que prestaban servicios en Neuquén, San Nicolás, Campana, Marcos Paz y Tucumán. Lo hizo burlándose de la conciliación obligatoria y del decreto de prohibición de despidos del gobierno nacional. El pacto fue con el aval de la burocracia sindical de la UOCRA al mando de su titular Gerardo Martínez.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “El gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo deben declarar nula el acta firmada entre la patronal Techint y le conducción de la UOCRA y obligar a ese grupo empresario negrero a que reincorpore ya a los 1.450 trabajadores y les pague sus salarios, bajo pena de que sus empresas sean estatizadas para ponerlas bajo control de sus trabajadores”.

Giordano finalizó: “El gobierno de Alberto Fernández viene diciendo que “no le va a temblar el pulso contra los vivos” que se aprovechan de la pandemia y pidió que los empresarios ganen "un poco menos". Entonces tiene que obligar a la reincorporación ya de los operarios de Techint”.

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Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: "El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se le suma al de los jubilados de estos días. El Ministerio de Desarrollo Social hizo compras millonarias en alimentos a precios muy superiores a los determinados oficialmente en los Precios Máximos. Pagó por más de un millón de unidades de aceite de litro y medio $157, cuando la lista obligatoria de precios máximos está en 98 pesos. Los fideos se pagaron a $85 promedio versus 52 de precios cuidados y algo parecido se hizo con el azúcar y las lentejas. El ministerio recibió partidas por 36.688 millones para la compra de alimentos pero está malgastando la plata de los trabajadores y el pueblo beneficiando en la emergencia a los empresarios que lucran y especulan con los alimentos:.

Giordano finalizó: “Justo cuando el gobierno va a autorizar a los municipios para que controlen los precios máximos y habla de los “vivos” que aumentan los precios, viola los precios máximos pagando cifras superiores. Una barbaridad. Exigimos que se cumplan de verdad los precios máximos, que se los retrotraiga a los valores anteriores a la crisis del coronavirus, que se incaute y sancione a los formadores de precios y supermercados especuladores para que la comida y los alimentos básicos, igual que los medicamentos, lleguen gratuitamente a millones que lo necesitan. Partidas que deben ser aumentadas con un Fondo de Emergencia proveniente del no pago de la deuda externa y fuertes impuestos a grandes empresarios, bancos y multinacionales”.

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Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “El gobierno estuvo obligado por la crisis a postergar el pago de casi 10.000 millones de dólares de deuda emitida bajo ley argentina. Pero aún tiene pendiente pagar 3.500 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera en los próximos meses, de los cuales 500 vencen este mes. Además, la semana pasada Alberto Fernández pagó 250 millones de dólares que se podrían haber destinado a combatir la crisis del coronavirus y se apresta a hacer una oferta de pago por los 150.000 millones de dólares que va a renegociar. Decimos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad que Argentina debe de dejar de pagar ya todo vencimiento de deuda para que ese dinero sea parte de un Fondo de Emergencia junto a un impuesto especial a los bancos, multinacionales y grandes empresarios que vaya a combatir de verdad y en forma inmediata la tremenda crisis del coronavirus”.

Giordano finalizó: “El Fondo de Emergencia se debe implementar en base al no pago de la deuda y un fuerte impuesto a las fortunas de los 50 millonarios más ricos de Argentina y a los 20 grupos económicos que más ganaron en los últimos años (bancos, multinacionales, privatizadas, supermercados, petroleras, laboratorios y exportadoras, entre otros), con lo cual se podría duplicar todo lo que dispuso el gobierno para la pandemia. Un impuesto a Techint, Telecom, Toyota, Cargill, Arcor, Edenor, Santander Río, Mc Donnald, Coto, Laboratorios Roemmers, Edenor, Edesur y tantos otros. Con esa plata se podrían designar a los 2.500 profesionales que pide Cicop, adquirir miles de respiradores y barbijos, multiplicar los $10.000 para quienes hacen changas y monotributistas, aumentar a los jubilados, las partidas de comida e impedir las rebajas salariales a millones de trabajadores. Las medidas del gobierno no alcanzan. Distintos sectores reclaman un impuesto a la riqueza. Mientras reclamamos que se mantenga la cuarentena para no arriesgar la vida de millones exigimos que este Fondo de Emergencia se aplique ya para enfrentar la mayor crisis del coronavirus.”

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Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “Lo que hicieron hoy con los jubilados fue criminal. Fueron obligados mediante una enorme desidia e improvisación a romper la cuarentena en un día frío a miles que forman parte del grupo de riesgo. Incluso en la noche anterior hubo gente que durmió en plazas para ganarse un lugar y poder cobrar. “Si no me mata el coronavirus me mata el hambre”, dijo una jubilada”. Son los mismos jubilados a quienes se le robó la movilidad jubilatoria y sufrieron un ajuste de 100.000 millones de pesos”.

Giordano finalizó: “Se tiran la pelota entre funcionarios del gobierno y los bancos para evadir su responsabilidad. Todos son los responsables. El titular de la ANSeS hasta dijo que “era muy difícil que no se hubiera presentado una situación como ésta”. ¡Basta de que sean víctimas nuestros jubilados! Basta de impunidad para los banqueros que siguen haciendo fortunas. Basta de jubilaciones y planes sociales de miseria. Aumento de emergencia en base al no pago de la deuda y un impuesto especial a los grandes empresarios, bancos y multinacionales”.

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