Santa Cruz no escapa a la regla de la pandemia Covid 19, es decir los gobiernos provinciales y municipales descargando la crisis sobre los trabajadores. A los empleados estatales de ATE, APAP Y UPCN, el gobierno les cerró la paritaria con 0 % de aumento. Los dirigentes de ATE (que fueron todos en las listas del Frente de Todos) fueron los primeros en avalar la política de “pacto social”, bajo el nombre de acuerdo social, mientras los trabajadores de la provincia daban una enorme batalla contra el ajuste.
Grasso, el intendente de Río Gallegos, antes que el gobierno nacional dicte el aislamiento social obligatorio, hizo aprobar la emergencia económica sanitaria, lo que le permite no llamar a paritarias mientras dure la cuarentena. Sin embargo esto no le impidió aumentar su salario al doble y de todos los funcionarios políticos. Y tampoco despedir a tres trabajadores municipales que no son de las áreas esenciales, por negarse a salir a hacer las tareas sin elementos de seguridad.
Para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Se deben prohibir los despidos y suspensiones y las rebajas salariales y reincorporar a los despedidos ya.
Corresponsal
Hace días nos llega la denuncia que desde el _Hospital Municipal de Trauma y Emergencia Dr. Federico Abete_, en el marco de la pandemia del coronavirus, no se le informa a los familiares de personas internadas cuál es la situación de los mismos, o que la información que brindan es errónea y mentirosa en muchos casos.
El personal de salud informa que sólo existe una línea en el hospital a utilizar para pasar los partes médicos diarios a los familiares de los internados, que puede hacerse en un rango de dos horas diarias únicamente y que se encuentran sobrecargados de tareas.
Esta situación es inadmisible, más en el marco de esta pandemia donde no se les permite a los familiares el ingreso para visitar a los internados y, en algunos casos tampoco para recibir los partes médicos, y sólo pueden recibirlos de manera telefónica.
Desde *Izquierda Socialista en el FIT-U* nos solidarizamos con las familias desinformadas que tienen internados en el hospital Trauma de Malvinas Argentinas, y exigimos a las Autoridades Municipales que inmediatamente pongan la cantidad de líneas necesarias y los empleados idóneos suficientes para recibir llamadas de los familiares de los internados y, también puedan responder fehacientemente ante las consultas; como también para que los médicos puedan comunicarse e informar.
✅ BASTA DE MENTIRAS EN EL HOSPITAL DEL TRAUMA.
✅ PLATA PARA INVERTIR EN TODO EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DEL DISTRITO YA.
✅ FONDO DE EMERGENCIA YA. IMPUESTO DEL 10% A GRANDES EMPRESAS, MULTINACIONALES Y BANQUEROS
IZQUIERDA SOCIALISTA de Malvinas Argentinas, en el FIT-U
Contacto: 15-5528-0508
Facebook: @izquierdasocialistama
Rechazamos las declaraciones del gobierno nacional que ha anunciado su decisión de flexibilizar la cuarentena, aún cuando todos los especialistas y expertos desaconsejan esa medida ya que el pico del contagio del Covid-19 está previsto para mayo en Argentina.
La “apertura de la economía” es impulsada por los empresarios que priorizan sus ganancias sobre la salud de los trabajadores, con despidos, suspensiones y reducciones salariales.
El decreto del gobierno que "prohíbe los despidos" no frenó a las patronales, al contrario, no solo siguen despidiendo, como acaba de pactar Techint con la burocracia de la UOCRA el despido de 1.500 trabajadores, sino que habilita a suspender con rebajas salariales como el reciente caso de los trabajadores de empresas de comida rápida.
Repudiamos la represión de Kicillof y Berni a los trabajadores del frigorífico Penta que solo reclaman volver a trabajar, luego de que la empresa cerrara sus puertas, dejando a 300 familias en la calle. Todo esto después del intento de despedir a la comisión interna y a los delegados. La patronal de Penta es Ricardo Bruzzese que a su vez es titular de la cámara de frigoríficos.
Las empresas torpedean la cuarentena porque no quieren que se afecten sus ganancias, sus tenencias financieras y sus bienes. Ya hay 28 sectores no esenciales produciendo a todo vapor y muchos sin respetar las condiciones de seguridad y de higiene básicas.
El gobierno de Alberto Fernández favorece a los capitalistas y las prepagas de la Salud, no realiza testeos masivos, ni toma una medida elemental para combatir el virus: centralizar todo el sistema de hospitales estatales, clínicas privadas y de obras sociales a cargo del estado.
La burocracia sindical de la CGT va a la quinta de Olivos no a denunciar los atropellos contra los trabajadores, sino a apoyar la vuelta a la producción y el pedido de subsidios para las Pymes. Esos fondos saldrán del Anses, es decir que provendrán de los jubilados y de los trabajadores.
Mientras piden asistencia estatal, las patronales aumentan los precios y reducen los salarios. El escándalo de los sobreprecios en alimentos pagados por el Ministerio de Desarrollo Social es un botón de muestra de la voracidad de las empresas y la corruptela del gobierno.
La exposición al virus de un millón de jubilados, el sector más vulnerable de la población, cobrando el mismo día en los bancos evidenció el doble discurso, la desidia, improvisación y la enorme desigualdad social que se acrecienta bajo la crisis del coronavirus. Justamente son los bancos el sector capitalista que más fortunas ganó en las últimas décadas.
En medio de la pandemia, mientras pasan hambre millones de argentinos y mientras los trabajadores de la Salud denuncian carencias de todo tipo, el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda externa usuraria al FMI y a los fondos buitre. Esta sangría es el peor acto de saqueo y entrega.
Esos fondos y todos los que sean necesarios deben estar para garantizar los salarios, la Salud y las necesidades básicas de la población, incluido un seguro de 40 mil pesos para los 11 millones de trabajadores sin cobertura alguna, por estar en negro, ser cuentapropistas, trabajadores de cooperativas y gestiones obreras o desocupados. Lo mismo las compañeras que trabajan en casas de familia.
El gobierno debe garantizar que las patronales paguen los compromisos salariales integralmente. Que se abran los libros contables de las empresas al control de los trabajadores para examinar costos, precios y prioridad salarial.
Organicémonos en forma independiente de las burocracias de la CGT y las CTA, exijamos que rompan con el colaboracionismo patronal y gubernamental, para colocar los sindicatos al servicio de la clase obrera. Apoyamos a todos los trabajadores que, aún en cuarentena, se ven obligados a realizar asambleas, paros y otras acciones contra los ajustes de las patronales y los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
Proponemos luchar por:
* No a la flexibilización de la cuarentena.
* Prohibición de despidos y suspensiones por ley, con garantía de estabilidad laboral, con vigencia desde el 29 de febrero. Reincorporación inmediata de todos los despedidos.
* Estatización de toda empresa que cierre, despida o no pague salarios, garantizando su continuidad bajo control de sus trabajadores. Reconversión parcial de las industrias no esenciales, para la producción de insumos y elementos vitales para atender la emergencia. Asistencia estatal a las cooperativas y gestiones obreras.
* Actualización salarial automática de acuerdo al aumento del costo de vida. Respeto de cláusulas paritarias preexistentes. No a las rebajas salariales.
* 40 mil pesos para todos los trabajadores y trabajadoras informales, cuentapropistas, de casas de familia y desocupados. Intangibilidad de los fondos del Anses. Aumento de emergencia a jubilados y planes sociales.
* Sistema Único de Salud, estatal, gratuito e igualitario, nacionalizando el sector privado. Centralización democrática del sistema, mediante comités de emergencia con participación de los trabajadores. Ampliación de la planta del personal de salud, pase a planta de los contratados, aumento de emergencia ante la exigencia de la pandemia.
* Discusión del cronograma educativo en paritarias con las organizaciones docentes.
* No pago de la deuda externa.
* Por un impuesto progresivo a las grandes fortunas y rentas (bancos, multinacionales y grandes empresarios). Por la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores
Mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo:
- Alejandro Crespo, secretario general SUTNA
- Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste
- Romina Del Plá, secretaria general Suteba La Matanza
- Alejandro López, secretario general Ceramistas Neuquén
- Guillermo Pacagnini, secretario general CICOP
- Mariana Scayola, secretaria general ADEMYS
- Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA
- Angélica Lagunas, comisión directiva ATEN Neuquén
- César Latorre, delegado general Comisión Interna Hospital Italiano
- Federico Navarro, comisión interna ALUAR (Puerto Madryn)
- Gastón Vacchiani, secretario general UTS
- Andrea Dopazo, delegada reincorporados Hospital Posadas
- Roberto Muñoz, junta interna ATE Conicet
- Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía
- Eduardo "Chiquito" Belliboni, Polo Obrero
- Mónica Sulle, Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive"
- Federico Lezcano, delegado general ATE Hospital Belgrano
Escuelas cerradas, docentes trabajando, familias preocupadas
Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys
Con la cuarentena las escuelas se cerraron... pero los docentes seguimos enseñando. Quienes no tienen chicos en edad escolar poco conocen de la trama que estamos viviendo docentes, alumnos y familias en cuarentena. El gobierno, a través del ministro Trotta y los secretarios de Educación, como Soledad Acuña de CABA, dicen que “rápidamente se resolvió el problema de la educación en cuarentena a través de la educación virtual” y que “se demostró que haber capacitado a docentes y montado plataformas virtuales antes” es lo que lo permitió. ¿Cuál es la realidad?
Con la cuarentena los docentes rápidamente organizamos los llamados “planes de contingencia” donde preparamos materiales y textos en papel para que los alumnos puedan ir leyendo y estudiando en sus casas. Pero el gobierno largó una plataforma digital donde docentes debemos presentar nuestros trabajos educativos y los chicos, en sus casas, hacerlos. Además se abrió un sistema de clases virtuales y consultas por mail a los docentes. El gobierno anunció también un sistema de clases por televisión, aunque hasta hoy no funcionó. Este sistema es absolutamente insuficiente, flexibilizador y discriminatorio. Muchos chicos en edad escolar tienen celular, pero solo el 50% tiene internet en su casa, solo el 40% tiene computadora. Y millones viven hacinados. De esta manera quedan fuera de la “educación virtual” los chicos más pobres, extendiendo más la brecha social y la discriminación educativa.
Los docentes debemos subir a las plataformas contenidos educativos (muchos desconocen cómo hacerlo), sufriendo también la insuficiencia de infraestructura virtual, los cortes y floja señal o la falta de wifi en casa, trabajar conviviendo con nuestra familia y debiendo responder a las preguntas de los alumnos o sus familiares a cualquier hora del día. Las madres y padres se quejan porque llega a sus hijos muchísimo material virtual que no entienden y no saben cómo ayudarles.
Por más que la tecnología debe ser utilizada para mejorar la educación, es impensable la educación sin docentes y alumnos interactuando en el aula. Para aprovechar la virtualidad, el gobierno debe garantizar ahora infraestructura para todos, docentes y alumnos, repartir notebooks, garantizar internet, elementos de formación tecnológica. El gobierno hace declaraciones aprovechando esta tremenda crisis sanitaria buscando instalar la virtualidad educativa como sistema permanente. Eso es parte del proyecto de reducir el presupuesto educativo, privatizar más la educación, despedir docentes y reemplazarlos por “plataformas virtuales” con “coordinadores” o “facilitadores” superexplotados. Ya en varias provincias hay “secundarias a distancia” y otras plataformas.
Hoy, en medio de la pandemia, hay que apoyarse en la virtualidad y sus ventajas como una emergencia, respetando el trabajo docente. Pero hay que reclamar también que el gobierno garantice que lleguen los trabajos hechos en papel por los docentes a todas las familias que no tienen acceso a la red.
Con los jubilados… ¡Nooo!
Escribe: Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo por Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda UNIDAD
Lo que están haciendo el gobierno y los bancos con los jubilados es directamente criminal. Por eso ha generado una enorme indignación popular. La bronca se expresó bajo el lema #ConLosJubiladosNo u #OtraVezSeLaAgarranConLosJubilados. Al presidente Alberto Fernández que venía ascendiendo en la aceptación popular con este grave hecho se le está desdibujando la aureola de que “viene haciendo todo lo posible” ante la crisis del coronavirus.
Un millón de jubilados fueron obligados a romper la cuarentena a través de un enorme desprecio, desidia e improvisación por parte del gobierno. Los infectólogos señalan que “estuvieron en peligro” (de contagiarse y ser posibles víctimas), o sea, se jugó con la vida de nuestros ancianos.
Después de 20 días de cierre de bancos y sin poder cobrar aún el mes de marzo, fueron empujados a salir a la calle junto a otros beneficiarios de planes sociales (Embarazadas de la Asignación por Hijo, por ejemplo). Ver colas de varias cuadras con gente mayor -incluso muchos obligados a acampar la noche anterior- para ganarse un lugar y poder cobrar, es directamente triste y lamentable.
Ahora se tiran la pelota entre funcionarios del gobierno y los bancos para evadir su responsabilidad. ¡Todos son responsables y el gobierno es el mayor! “No esperábamos tanta afluencia de público”, dijo Alejandro Vanoli, titular de la Anses y ex presidente del Banco Central de Cristina Kirchner, uno de sus niños mimados. Miguel Pesce, del Banco Central, dijo que fue una “situación inédita”. ¿Pero no sabían que la reapertura de los bancos tras dos semanas de cierre en medio del hambre y la pobreza iba a generar estas aglomeraciones? ¿Dónde estuvo el plan previo para prevenirlo? Esto mismo ocurrió en el verano con 40 grados de calor para cobrar los bonos de diciembre y se vio la semana pasada cuando tuvieron que cobrar otros sectores.
Hay solo una sucursal bancaria cada 5.200 jubilados. ¿Por qué no se abrieron más? ¿Por qué no se obligó a todos los bancos a que puedan pagarles a los jubilados más allá que tengan o no cuenta en el mismo? “No todas las entidades financieras están interesadas en pagar a los jubilados”, se dice.
Precisamente porque esto implica más inversión, más empleados, algo que los bancos no están dispuestos a brindar con la complicidad del gobierno. Son los mismos bancos que vienen haciendo fortuna, ahora con el Frente de Todos y antes con Macri, el peronismo kirchnerista y todos los gobiernos anteriores. Los que se la vienen llevando sus ganancias “en pala”.
Este hecho muestra también el mar de fondo: la desesperante situación en la que viven millones de jubilados. 2 millones de mayores de 65 años están bajo la línea de pobreza. 3 millones cobran la mínima de $15.892 pesos mientras la canasta de un jubilado está en $40.000. Es decir, ya vienen siendo un “grupo de riesgo” desde mucho antes culpa de los recortes de todos los gobiernos.
Macri les robó 100.000 millones de pesos en diciembre de 2017 con el cambio en la ley de movilidad (actualización jubilatoria) provocando un enorme repudio popular frente al Congreso. Y ahora es el gobierno de Alberto Fernández quien les recortó una cifra similar con la denominada “ley de emergencia” votada a fin de año por el Congreso. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno viene aplicando un ajuste para hacer buena letra con el FMI y pagar la deuda externa.
Este hecho lamentable ocurrió en la misma semana en que el gobierno pagó 250 millones de dólares por un vencimiento de la deuda usurera, graficando cuál es la prioridad del gobierno.
Basta de que sean víctimas nuestros jubilados. Basta de impunidad para los banqueros que siguen haciendo fortunas. Basta de jubilaciones y planes sociales de miseria.
Aumento de emergencia en base al no pago de la deuda y un impuesto especial a los bancos, grandes empresarios y multinacionales para implementar un “Fondo Económico de Emergencia” para combatir de verdad la crisis del coronavirus, porque las medidas del gobierno claramente no alcanzan.
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