Los únicos jubilados que cobrarán el total de las deudas pendientes son aquellos que ya tengan sentencia firme (alrededor de 50.000). Sin embargo, recibirán al contado sólo el 50% y el resto en doce cuotas trimestrales. Esto insumirá tres años, a lo que hay que sumar que el pago no será instantáneo para todos sino que se irán liquidando paulatinamente según un cronograma.

A aquellos que no tienen sentencia firme (alrededor de 380.000 demandas) se les van a pagar sólo cuatro años de retroactivo. La mayoría de los juicios tienen reclamos por siete años, por lo que los jubilados tendrán que soportar una “quita” sobre sus derechos de entre el 40% y el 70% según el estado del trámite de los juicios.

En ambos casos, se procederá a reactualizar los haberes. El gobierno afirma que eso significará un incremento promedio entre el 30/40%, lo cual es un 25% menos de lo que corresondería. Ya que el índice de actualización que tomará como base del haber inicial entre los años 1995 y 2009 (a partir de ahí se aplica el ajuste por movilidad jubilatoria) será el RIPTE elaborado por el Ministerio de Trabajo y no el que había fijado la Corte Suprema en sus fallos (el ISBIC, Indice de Salarios Básicos de la Industria de la Construcción). En el total de esos años el ISBIC es más del doble del RIPTE. De esta forma, la actualización terminará siendo sustancialmente menor a la establecida en los fallos. Otro “recorte” en lo que cobrarán.

Aquellos que no han iniciado juicios pero que están en condiciones de hacerlo -aproximadamente 1.800.000 personas- deberán renunciar a hacerlo si quieren recibir el reajuste de sus haberes. Esto es un “requisito” general para todos los casos: se juega con el chantaje de que los ancianos, desesperados por recibir algo, renuncien a lo que legítimamente les corresponde.

Por si todo esto fuera poco, en todos los casos los pagos estarán sujetos a descuentos del impuesto a las ganancias. Otro hecho injustificable. A su vez, se acaban las moratorias para aquellos que, producto de haber sido empleados en negro o sufrido el desempleo, no cumplen los años de aporte. A partir de ahora percibirán una “pensión universal para adultos mayores” que será del 80% de la ya miserable jubilación mínima: a valores de hoy apenas 3.967 pesos.

Y un punto que no debe olvidarse si se habla de “reparación histórica” es que para el resto de los jubilados (más de cuatro millones que incluyen mayoritariamente a todos los que cobran la jubilación mínima) no habrá un solo peso de aumento. Seguirán sometidos a vivir en la miseria o depender de la solidaridad intergeneracional de sus familias. Es obvio que el objetivo del gobierno es “cerrar” los juicios con una enorme quita que caerá sobre los hombros de la clase pasiva. Y busca esconderlo jugando con la desesperación de los que necesitan cobrar “algo” en efectivo.

¿De dónde va a salir la plata? ¡De los propios jubilados! Un paso más hacia el vaciamiento de las cajas de jubilaciones. Y si no alcanza lo hará con plata del nuevo blanqueo de capitales, otro negociado e impunidad para los grandes capitalistas que evadieron.

Macri usa este anuncio para “posar” que está con los más humildes y lavarle la cara a su brutal ajuste. Tanto Massa como el Frente para la Victoria van a apoyar el paquetazo de ley de Macri “con retoques parciales”. Nosotros exigimos el pago del 100% de toda la deuda sin quitas ni cuotas para todos los jubilados. Un aumento de $6.000 de emergencia para todos, junto con el reconocimiento del 82% móvil del salario en actividad. Todo esto debe ser financiado por el Tesoro Nacional en base a la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa y un fuerte impuesto a banqueros, multinacionales, grandes empresarios y terratenientes.

Macri quiere subir la edad jubilatoria

El gobierno propone formar una comisión para que el sistema jubilatorio “sea sustentable”. ¡Quiere aumentar la edad jubilatoria a 65 años para las mujeres y a 70 para los varones!

Dice que la Anses “paga más de lo que recauda” atribuyéndole el problema a que habría “muchos viejos” y pocos aportantes. ¡Caradura!

Si hay pocos aportantes es porque hay 5 millones de trabajadores en negro por los cuales sus patronales no tributan. Y porque se las viene eximiendo de los aportes desde los años 90 además de robarse la plata de las cajas durante años. Igual a lo que ocurre en Tierra del Fuego donde les quieren quitar el 82% móvil.

El problema no es demográfico (muchos abuelos) sino por la evasión. La solución pasa por revertir todo esto y que la Anses sea manejada por las propias organizaciones de jubilados y de trabajadores.

¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?

Cuando se estatizaron las AFJP todo lo acumulado pasó al estado. Era mucho, ya que desde 2003 recibieron aportes y contribuciones y prácticamente no pagaron ninguna jubilación.

Esa masa de dinero que tomó el nombre de Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pasó a ser administrado por el gobierno. Al cálculo de diciembre de 2015 ascendía a 664.000 millones de pesos. Pero no es dinero en efectivo. El gobierno kirchnerista utilizó parte de esos fondos para pagar deuda externa, retirando el dinero y reemplazándolo por títulos públicos (pagarés del estado al fondo o, dicho de otra manera, deuda interna) por un monto de 429.000 millones de pesos. Otros 26.300 millones están “invertidos” financiando distintos proyectos (como el Procrear, por ejemplo). 85.000 millones están en acciones de distintas compañías. El resto en plazos fijos y otras colocaciones financieras.

Ahora el gobierno de Macri quiere liquidar el FGS usando la ganancia anual que obtiene por intereses y teniendo “manos libres” para vender las acciones de las empresas. Supuestamente para pagar con eso “la deuda con los jubilados”. Pero ese fondo pertenece a los trabajadores que han finalizado su vida activa y deben ser estos quienes lo administren y decidan su destino.

Cristina vetó el 82% móvil

Argentina tiene una larga historia de robos a nuestros abuelos desde comienzos de la década del 60. Los distintos gobiernos desfinanciaron las cajas, usando la plata para cualquier negociado antes que para pagarles lo que les correspondía. Durante la dictadura, Martínez de Hoz “inauguró” otra práctica, luego continuada por todos los gobiernos: ir generando distintas excepciones a los empresarios para que no depositen los aportes patronales. Y todos los gobiernos hicieron la vista gorda con el trabajo en negro, donde millones de trabajadores iban quedando sin aportes.

Pero el salto en calidad se dio en las últimas décadas. Durante el menemismo se privatizó el sistema creando las AFJP. Los aportes de los trabajadores iban a esas corporaciones privadas ligadas estrechamente a bancos o compañía de seguros, mientras los trabajadores que se jubilaban recibían miserables jubilaciones pagadas por el estado.

Durante el kirchnerismo continuó el robo. Escudándose en aumentos de la jubilación mínima (donde lo único que se hacía era correr “de atrás a la inflación”) se fue achatando la pirámide, hasta que alrededor del 80% del total de los jubilados pasó a cobrar el haber mínimo, hoy en 4.959 pesos, cuando la canasta de subsistencia del jubilado calculada por la Defensoría de la Tercera Edad asciende a 11.000 pesos.

Mientras tanto el kirchnerismo procedía a liquidar “mal” las nuevas jubilaciones, sin reajustar los salarios de los últimos años por inflación. Los nuevos jubilados pasaban a cobrar montos que a veces eran el 20% de su sueldo en actividad. Millones iniciaron juicios interminables, donde el gobierno sistemáticamente apelaba las sentencias con la perversa intención de que el demandante finalmente falleciera.

En 2008, ante la quiebra objetiva del sistema de las AFJP, que era incapaz de pagar las jubilaciones que le correspondía, finalmente se estatizó el sistema. Pero el gobierno de Cristina, en vez de utilizar todos esos fondos recuperados para mejorar las jubilaciones, comenzó a servirse de la caja de la Anses para pagar vencimientos de deuda externa o financiar empresas. El caso paradigmático fue el crédito de 200 millones de dólares que le otorgó a la General Motors en el año 2008. Mientras tanto, se insistía en que no se podían mejorar las jubilaciones ni pagar con más celeridad los juicios porque “no alcanzaba la plata”. Con esa excusa Cristina Kirchner llegó a vetar una ley que establecía del 82% móvil. Como se ve, el de Macri no es el primer robo. Nuestros abuelos fueron siempre el pato de la boda.