Escribe Mercedes de Mendieta, docente UBA y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jueves pasado miles de médicos y médicas, enfermeras, residentes, docentes, no-docentes, estudiantes junto a la comunidad educativa realizaron un abrazo simbólico, ante el peligro que hoy sufre esta institución emblemática del sistema de salud pública. El Hospital de clínicas es parte de la red de seis instituciones de la salud que dependen del presupuesto de la UBA y que se encuentran afectadas por el ataque histórico de Milei.

Este hospital público recibe la consulta de 365.000 personas y realiza 9.000 intervenciones quirúrgicas al año. Como consecuencia del congelamiento presupuestario, las autoridades decidieron bajar su funcionamiento al 40% de su capacidad y reducir las cirugías, afectando la atención de miles de personas. La realidad es crítica: con el presupuesto congelado y una inflación interanual del 276%, no hay plata para insumos, ni medicamentos, no hay para pagar la luz en un hospital vertical de dieciocho pisos, mientras se pagan salarios por debajo de la línea de pobreza.    

Con el presupuesto actual sólo podrá operar hasta finales de mayo, lo que podría dejar a miles de pacientes sin acceso al derecho a la salud, siendo que el 50% de sus pacientes son personas sin ninguna cobertura de salud y el 30% son jubiladas y jubilados con PAMI. Corren peligro cientos de puestos de trabajo y la formación de más de 1.500 estudiantes de la Facultad de Medicina que realizan prácticas y residencias para treinta y seis especialidades junto a la investigación médica y científica que allí se realiza.

Si hablamos de salud pública es imposible no referirnos al Hospital de Clínicas. Se trata del mejor hospital público nacional y uno de los más destacados de Latinoamérica, de acuerdo al ranking de Hospitank, gracias a su capacidad de diagnóstico e infraestructura quirúrgica. La historia del Hospital de Clínicas es, de algún modo, la de la medicina argentina. Se inauguró en 1.881 como hospital escuela de la Facultad de Medicina de la UBA. En él estudiaron tres premios Nobel (Bernardo Houssay, Luis Leloir y César Milstein), y pasaron los más destacados médicos, y se realizaron grandes aportes a la medicina como la primera aplicación de insulina en pacientes diabéticos, las primeras operaciones a corazón abierto, la instalación del primer aparato de rayos de la Argentina, entre otros.

La lucha por el presupuesto universitario es hoy también la defensa del funcionamiento del hospital de Clínicas, de cientos de puestos de trabajo, de la formación de nuestros futuros profesionales de la salud, es el mantenimiento de la investigación médica y  el derecho al acceso a la salud de miles de pacientes. La salud pública, no se vende, se defiende.
                                                                                      
 
 

Escribe Mechi de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
El pasado martes 27 de febrero el vocero presidencial, Manuel Adorni,  anunció en su habitual conferencia de prensa que: “se eliminaba el lenguaje inclusivo y todo lo que esté vinculado a la perspectiva de género en documentos que se emanen de la administración pública” y declaró que: “la perspectiva de género se ha usado como negocio de la política”. Lo hizo en vísperas del 8M, jornada Internacional por el Día de las Mujeres Trabajadoras y prácticamente en simultáneo al anuncio del cierre del Inadi. Una provocación que merece todo nuestro repudio.

Organizaciones feministas, personalidades académicas, periodistas y lingüistas rápidamente cuestionaron lo ridículo de la medida, pues no se puede prohibir algo que en principio, es una sugerencia. Pero, más allá de la formalidad, no debemos subestimar la medida. Es un mensaje de odio a las disidencias y a las mujeres pues busca invisibilizar la lucha que venimos dando por la igualdad de derechos.

El ultraderechista de Milei, al igual que Donald Trump o Jair Bolsonaro, representan la reacción patriarcal y tiene especial saña contra las conquistas feministas. Está en contra del derecho al aborto y la educación sexual (ESI) en las escuelas, niega la brecha salarial y ahora prohibe el uso de la “e”, la “x” y el “@”. Como solemos decir, lo que no se nombra no existe y este es un nuevo intento del presidente de hacer desaparecer y borrar de un plumazo, nuestras conquistas.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad estamos comprometides en la lucha por defender cada uno de nuestros derechos, en unidad y en las calles. Por eso, este 8 de marzo nos movilizamos en todo el país junto a Isadora, Disidencias en Lucha y cientos de organizaciones contra todos los ataques del plan motosierra de Milei y el FMI. Te invitamos a sumarte a dar esta pelea juntes.  

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista FITU

Distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas presentaron denuncias contra el protocolo antipiquetes y la brutal represión del gobierno y la Ministra Bullrich, con operativos repletos de violencia y abusos en Congreso ante la fallida votación de la reaccionaria Ley Ómnibus.

Desde que asumió el gobierno ultraderechista de Milei venimos advirtiendo que el plan de guerra contra las y los trabajadores, las mujeres y los sectores populares solo puede pasar con una brutal represión. Por eso, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo antipiquetes con el objetivo de atacar el derecho a la protesta y generar miedo a quienes salgan a las calles a enfrentar sus políticas de hambre y saqueo. Pero desde el 20 de diciembre la izquierda, el sindicalismo combativo, organismos de derechos humanos, asambleas barriales y sectores de la cultura, entre otros, nos encontramos en las calles enfrentando operativos represivos donde se violan los derechos humanos, como se demostró los días dónde se discutió la Ley Ómnibus.

Tan escandalosa fue la represión, que el juez Casanello tuvo que citar a la Ministra para que dé explicaciones ante el pedido de inconstitucionalidad del protocolo, pidió poner “límites al accionar policial” y que el protocolo se “adecue a derecho y a los pactos internacionales que adhiere Argentina”. Por supuesto, la Ministra defendió la represión amparada en el resultado electoral.

La Comisión Provincial por la Memoria junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura realizó un informe dónde se denuncian más de 285 lesionados y heridos por balas de goma y gases tóxicos, entre ellos 35 periodistas y defensores de derechos humanos. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció que el operativo a cargo de cuatro fuerzas (gendarmería, prefectura, policía federal y de la ciudad) terminó con 23 detenciones, la mayoría de ellas realizadas en forma de casería a personas que desconcentraban o se encontraban en las zonas aledañas a Congreso. También que las fuerzas represivas disparaban balas de goma intencionalmente de la cintura para arriba, incluso a la cara de los manifestantes. Entre los heridos por esta metodología propia de los carabineros de Chile, se encuentra Matías Aufieri de CEPROH, quien podría perder la visión a causa de estas lesiones en uno de sus ojos.

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia denunció “métodos novedosos” en la represión, dónde se rociaba a los manifestantes a mansalva con un gas amarillo que tiene un químico que produce ceguera temporal, broncoespasmos y problemas respiratorios sobre sus víctimas y quemaduras y picazón en el cuerpo por horas. Este gas fue denunciado por ATE e H.I.J.O.S como OC MK-9, que según expertos es mucho más severo y potencialmente letal que el gas lacrimógeno.

Todas estas denuncias fueron parte de la audiencia pública realizada el jueves pasado por las bancas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional, de la cual participamos como Izquierda Socialista, donde estuvieron personalidades como Norita Cortiñas de Madres Línea Fundadora y organismos de derechos humanos que presentaron sus informes junto a heridos y víctimas de la represión.
Como demostró el triunfo popular contra la Ley Ómnibus, la movilización y las acciones masivas en la más amplia unidad son el camino para derrotar el protocolo antipiquetes y defender el derecho a la protesta, el DNU y el plan motosierra de Milei. Este 8M y 24M tenemos la tarea de llenar las calles por nuestros derechos.

Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad y dirigenta nacional de la agrupación feminista socialista "Isadora, Mujeres en Lucha", se refirió sobre el proyecto de ley de los diputados de la Libertad Avanza que buscan derogar la "ley de interrupción voluntaria del embarazo"

Dijo Mercedes de Mendieta: “El proyecto de LLA no sólo busca atacar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que busca retroceder más de 100 años, planteando la derogación de la despenalización del aborto no punible que existe desde 1921. Este proyecto muestra que con la ultraderecha en el gobierno la libertad no avanza, sino que retrocede.”

De Mendieta finalizó: “Desde el 2015 con el #NiUnaMenos el movimiento feminista mostró su fuerza en las calles independiente de todos los gobiernos, conquistando en 2020 el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este #8M el movimiento feminista vamos a salir a las calles de manera masiva en todo el país, para decir Ni un paso atrás en nuestros derechos conquistados. Si soplan fuerte, levantarán olas. Ni un paso atrás, #EsLey. Ya derrotamos la ley ómnibus, ahora vamos a derrotar este nuevo intento anti-mujeres”.

Contacto

Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista / FIT-Unidad

Milei comenzó su mandato como presidente llevando adelante una de sus principales amenazas de campaña: el cierre del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que pasará a ser Secretaría bajo la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano. La nueva cartera estará a cargo de Sandra Pettovello, defensora de la “familia y la vida” y ex presidenta del partido de la Ucedé.

En oposición al movimiento feminista, la visión de Pettovello representa la reacción patriarcal y atrasada en materia de libertades para las mujeres y disidencias. Por eso debemos prepararnos para enfrentar cualquier ataque a nuestros derechos.

Un balance necesario

Desde la creación del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en 2019 nuestra agrupación Isadora junto con un sector del movimiento feminista que se mantuvo independiente al gobierno peronista de Alberto Fernández, Cristina y Massa,  venimos denunciando la falta de presupuesto para combatir la violencia de género. Hemos debatido con quienes utilizaron a dicho ministerio como forma de cooptación de referentes feministas que dejaron de denunciar la responsabilidad del gobierno frente a los femicidios y transfemicidios y junto a ello, el perjuicio que significa para las mujeres y disidencias el acuerdo con el FMI.

En lo que va del 2023, en el país del #NiUnaMenos la violencia patriarcal se llevó la vida de 315 mujeres y disidencias según el Observatorio Lucía Perez. Sin embargo, el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tenía uno de los presupuestos más bajos: de  los 19 ministerios, estaba ubicado en el puesto 17, y recibió el 0,2% del total de gastos previstos para el 2023. Casi la totalidad de su presupuesto, estaba destinado al programa “Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género”, que incluye los programas Acompañar, Acercar Derechos y la Línea 144, entre otros.
De acuerdo con esta base de datos del Indec, el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tenía hacia julio de este año un total de 1.263 personas empleadas, pero sólo 50 en planta permanente, entre las que se encuentran las trabajadoras de la línea 144. Es decir, más de 1.200 trabajadoras y trabajadores que están en total riesgo de perder su empleo, entre ellas personas travestis-trans producto de la precarización laboral heredada del gobierno peronista.

Ni un despido, ni un programa menos

Durante estos cuatro años exigimos presupuesto para el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Siempre dijimos que la solución estaba en dejar de pagar la deuda externa para  que ese dinero se pueda destinar a solucionar los problemas de las mujeres y disidencias. No será quitando derechos, eliminando programas que funcionan de manera insuficiente o cerrando el ministerio, que se resolverán los problemas.

Con claridad decimos que el cierre del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es parte de un intento de ofensiva contra nuestros derechos, que solo reforzará el vaciamiento presupuestario y el desamparo de las mujeres y disidencias que sufrimos la discriminación y la violencia en todos los ámbitos. Por eso ante el cierre del ministerio y su conformación como secretaría, reclamamos derechos laborales plenos y estabilidad en sus puestos de trabajo, ningún despido de trabajadoras y ningún recorte del ya insuficiente Plan Acompañar, en la línea 144  y las políticas  para combatir la violencia de género.

Desde Isadora e Izquierda Socalista en el FIT-Unidad estaremos acompañando cada una de las luchas de las y los trabajadores ante los despidos o cierre de programas. Con la organización, la movilización y la unidad de acción en las calles podremos derrotar todos los planes de ajuste y cualquier intento de atacar nuestros derechos por parte del gobierno ultraderechista y reaccionario de Millei-Villarruel.