En Río Negro falleció por coronavirus el enfermero Bernardo Muñiz y se registraron cinco médicos y diez enfermeras infectados del Hospital Belgrano de San Martín de la provincia de Buenos Aires y otros 20 trabajadores que resultaron aislados.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “Que haya muerto un enfermero y salten noticias de médicos y trabajadores de la salud infectados es parte de la tremenda desprotección a la que son sometidos los profesionales y trabajadores de la salud, donde la regla son la falta de medidas para su protección y de insumos que vienen reclamando desde el comienzo de la pandemia y no son atendidos, además de tener que trabajar en varios establecimientos por la miseria salarial y precarización”.

Giordano finalizó: “El Belgrano es el mismo hospital que visito Kicillof días atrás. Pero sería bueno que el gobierno nacional y provincial provea los elementos necesarios y de calidad y se hagan los testeos al personal de salud y de los sectores no asistenciales como limpieza, y la creación de comités de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores. Y fundamentalmente que el gobierno ponga plata para ello en base a un Fondo de Emergencia con un impuesto especial a millonarios, grandes empresarios, bancos y multinacionales y deje de pagar cualquier vencimiento de deuda externa para ello. Cuarentena sí, pero plata para salud y los trabajadores de los hospitales.”

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Mientras los trabajadores aguardaban en asamblea la audiencia en el Ministerio de Trabajo para hoy a las 14 horas, la patronal despidió a los delegados. Un nuevo ataque del empresario negrero Ricardo Bruzzese que se da en el marco del paro nacional de la Federación de la Carne en repudio a la represión de días atrás, por el pago de los salarios y la fuente de trabajo de 250 familias.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “Exigimos la inmediata reincorporación de los despedidos, el pago de los salarios y que no haya ningún despido, caso contrario que el frigorífico sea estatizado y puesto bajo control de sus trabajadores. A la crisis la tienen que pagar estas patronales antiobreras, no los trabajadores. Redoblamos nuestra solidaridad desde Izquierda Socialista para los compañeros como ya lo hizo llegar el dirigente ferroviario y de nuestro partido Rubén Sobrero.”

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Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

11 de abril 2020

Alberto Fernández postergó la cuarentena, anunció que abrirán los bancos, gomerías y pequeños talleres y espera que los gobernadores le indiquen otras aperturas. En su larga exposición también se refirió a que se permitirían salidas para hacer ejercicios físicos, pero no hizo mención a los despidos, las rebajas salariales y la plata que hace falta destinar para que millones hagan la cuarentena sin apremios.

Está claro que es imprescindible el aislamiento y evitar las aglomeraciones para impedir el contagio y la expansión del coronavirus. Por eso el pueblo trabajador la cumple, mientras las patronales junto a la burocracia sindical presionan para romperla. Y lo hace a pesar de la desesperación por no contar con ingresos suficientes, la necesidad de hacer una changa, la falta de comida, el aumento descarado en los precios, los despidos que impunemente siguen imponiendo las patronales a pesar del decreto que los prohíbe (y no se cumple) y la rebaja salarial que aplican, como lo acaban de hacer Aluar, McDonald’s y tantas otras. El emblema es Techint que ratificó los 1.450 despidos en acuerdo con la burocracia de la Uocra y el ministerio de trabajo. Sobre cómo frenar todo esto no habló el presidente.

Alberto Fernández dijo que el “Estado va a ayudar a todos”, pero no mencionó ninguna medida concreta. Por eso se empieza a decir con razón: “Cuarentena sí, pero tiene que haber plata para los necesitados”, porque con las medidas del gobierno no alcanza. Hay que tomar medidas de fondo y combatir a los vivos que despiden o aumentan los precios, ausente en los dichos del presidente.

La clave estuvo en una pregunta que le formularon sobre el impuesto a la riqueza que estarían impulsando diputados del oficialismo. Fernández dijo bienvenido que se aumenten los recursos pero de eso se encarga el Congreso. Pero es urgente que se imponga un impuesto especial para asistir a los más necesitados. Desde Izquierda Socialista planteamos un Fondo de Emergencia en base a un impuesto del 10% a los millonarios y 20 grupos económicos más importantes del país y el no pago de la deuda externa. Ahí están los recursos para duplicar lo que se destinó para la emergencia, triplicar los programas sociales y el seguro de desempleo, para no falte la comida, disponer de todos los insumos para los hospitales, camas, respiradores, aumento de salario a los profesionales y trabajadores de la salud y del Malbrán, donde trabajan por “dos pesos” como reconoció el presidente, entre otras necesarias medidas. Ante esto los trabajadores tienen todo el derecho a protestar en defensa de sus derechos. Es repudiable que mientras los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes lo hacían contra una patronal negrera que no les paga la quincena y despidió a 250 familias fueran brutalmente reprimidos por la policía de Kicillof y Berni, provocando que haya un paro de la Federación de la Carne para este lunes 13 al cual le damos todo nuestro apoyo. Llamamos a los trabajadores y demás sectores populares a exigir al gobierno medidas de fondo para que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

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Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “Repudiamos la represión de Kicillof a los trabajadores del frigorifico Penta que solo reclaman volver a trabajar, luego de que la empresa cerrara sus puertas, dejando a 250 familias en la calle. Todo esto después del intento de despedir a la comisión interna y a los delegados. La patronal de Penta es Ricardo Bruzzese que a su vez es titular de la cámara de frigoríficos."

Giordano Finalizo: "La represión del gobernador Kicillof contra los trabajadores del frigorífico Penta, muestra el doble discurso del gobierno del Frente de Todos. Mientras el gobierno habla de los empresarios que se hacen los vivos, de que esta a favor de los más vulnerables y se reúne con la CGT que no mueve un pelo por los trabajadores, se posiciona del lado de la patronal. ¿Este es el rol del Estado que reivindica el Frente de Todos?. Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y que el frigorífico sea estatizado y puesto bajo control de sus trabajadores."

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista en el FIT Unidad

El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se suma al de los jubilados de la semana pasada. El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo hizo compras millonarias de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas a un 40% superior de los Precios Máximos que acaba de implementar. El mismo gobierno que reclama a la gente que denuncie la suba de precios a través de un 0800 compra con sobreprecios. Desopilante.

Al revelarse el hecho, el ministro Arroyo dijo que no podía hacer otra cosa porque se trató de una licitación. Luego, ante las repreguntas, dijo que se vio obligado porque “los productores se plantaron”. Lo cierto es que el ministerio recibió partidas por 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos para los más necesitados y los está usando para beneficiar a empresarios que lucran y especulan con los alimentos. ¡#ConLaComidaNO! Alberto Fernández explicó que se trataba de “bolseros” que tenían larga data haciendo negocios con los distintos gobiernos (antes con la gobernadora Vidal) y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. Habla de “cartelización”, pero no hace nada concreto para combatirla. Solo dijo lo obvio, que de ahora en más las compras deben hacerse en base a los precios máximos. ¿Y el castigo a los empresarios “vivos” que lucran con la pandemia? ¿Por qué no cumple con sus propios precios máximos? ¿Dónde está el combate a los formadores de precios, a los supermercados y laboratorios? ¿Por qué el gobierno no aplica la ley de abastecimiento que dispone fuertes sanciones a las empresas y a sus dueños, incautación de la mercadería y hasta meterlos presos? Hay miles detenidos por violar la cuarentena pero ningún empresario mafioso y corrupto tras las rejas.

Lo sucedido no ha sido un error, fue un acto de corrupción. Ahora rodó la primera cabeza y anularon la licitación. Lo volaron a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social que pidió las compras. Calvo ya había sido investigado por corrupción hace un año mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown. Fue filmado por una cámara oculta donde le pedía coimas a una empresa de seguridad privada. El sumario se cerró por falta de pruebas. Calvo también había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa del actual ministerio de Arroyo, Cecilia María Lavot (abogada y ex apoderada de la agrupación kirchnerista Kolina).

¿Es sólo responsable Calvo? ¿Y los funcionarios que quedan? ¿Y el ministro Arroyo? "Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo que eligió alimentar a la gente", dijo el presidente, deslindando a su vez de su propia responsabilidad política.

Queda por determinar si hay más funcionarios involucrados (casi seguro) y su vinculación con las empresas proveedoras. Por estas horas vuelven a la memoria los hechos de corrupción bajo el kirchnerismo, y está en cuestión lo que dijo Alberto Fernández cuando recientemente se comparó con Macri, diciendo que en su gobierno “no hay corruptos ni privilegiados”. Con este grave hecho se diluye la imagen que quiere instalar el peronismo del Frente de Todos de que está con los más vulnerables y no tiene manchas. ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!