Oct 01, 2022 Last Updated 9:56 PM, Sep 30, 2022

Este lunes 10 de febrero a las 10 a.m., distintas organizaciones de izquierda de Argentina se harán presente en la embajada de Venezuela (Av Luis María Campos, 170, CABA). De la misma participará el diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Juan Carlos Giordano, quien solicitó una entrevista con el señor embajador.

Esta acción es parte de una campaña nacional e internacional, que tiene como centro una concentración en Venezuela a la misma hora frente a la fiscalía reclamando la libertad.

 

Giordano señaló: "Concurrimos a reclamar por la libertad del obrero Rodney Álvarez de Ferrominera Orinoco, falsamente acusado de matar a un trabajador durante una asamblea. Las evidencias apuntan a directivos sindicales y políticos del PSUV como responsables. Alvarez está preso por un crimen que no cometió, sin pruebas ni sentencia. Se encuentra realizando una huelga de hambre y espera juicio desde hace 8 años. Exigimos su libertad inmediata y repudiamos la criminalización de la protesta en dicho país.”

 

Rodney Álvarez está detenido sin juicio ni sentencia. El 9 de junio del 2011 en una asamblea de trabajadores de Ferrominera del Orinoco convocada para elegir la comisión electoral del sindicato, fue asesinado el obrero Renny Rojas producto de dos disparos. Los asistentes y cámaras de seguridad constataron que Héctor Maicán, directivo sindical y militante del PSUV, efectúo disparos hiriendo a Rojas. Maicán fue detenido pero luego liberado. Luego se acusó falsamente a Rodney Álvarez del hecho cuando no participó del mismo. El motivo es que Álvarez es parte del sindicalismo independiente y combativo en Ferrominera.

 

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Escribe Juan Carlos Giordano

El gobierno bajó un 8% el precio de los medicamentos. Lo hizo en acuerdo con las patronales y cámaras del sector, después que la mayoría de los laboratorios aplicaran importantes aumentos en diciembre. El anuncio fue parte de la ley de emergencia, supuestamente para “beneficiar a los que menos tienen”. Pero bajar solo un 8% los medicamentos parece más una burla que una medida a favor de los de abajo.

En el último año los incrementos de los medicamentos oscilaron entre 87 y 103% según el Indec (La Nación, 5/11/2019) y si tomamos el período mayo 2015 a octubre 2019, la suba promedio fue de un 457%. Bajar el 8%, entonces, ni siquiera es un paliativo.

“La medida de Nación tuvo poco impacto en los pacientes”, señalan los medios. ¿Qué puede cambiar para un jubilado si en vez de pagar 1.000 pesos tiene que disponer de 920 pesos para comprar un remedio? “Especialistas advierten que muchos pacientes reducen las dosis o directamente cortan el tratamiento porque no lo pueden pagar” (La Voz del Interior, 31/12/2019).

Mientras se publicita con bombos y platillos la rebaja del 8%, según el Indec, en el tercer trimestre del año que acaba de concluir la facturación total de la industria farmacéutica registró 59.764 millones de pesos, un incremento del 70% en relación a igual trimestre de 2018 (Idem) y en Argentina el gasto total en Salud  -público y privado- representa aproximadamente el 10% del PBI, del cual el 32% corresponde a medicamentos.

Previo a la rebaja anunciada por el gobierno, nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) presentó un proyecto de ley para garantizar “el acceso a los medicamentos, sueros, vacunas, prótesis y demás insumos médicos”, proponiendo medidas de fondo, no medias tintas cosméticas como la actual del Frente de Todos.

Los remedios y demás insumos médicos son un tema de vida o muerte para millones y, por lo tanto, no se los puede considerar una mercancía sujeta a las leyes del mercado, tienen carácter de bien social y derecho humano esencial.

La ley presentada por Schlotthauer dispone “la entrega gratuita a toda la población” de medicamentos y otros insumos médicos” creando para tal fin “un ente único nacional de producción, comercialización, distribución y provisión públicas de medicamentos de propiedad, administración y gestión estatal”. Para ello dispone que el área de producción de dicho ente sea constituida por la totalidad de establecimientos dedicados a la producción pública de los insumos, sean de jurisdicción nacional, provincial o municipal. También abarca a las empresas privadas actualmente paradas o que hayan cesado parcialmente en su producción, las cuales serán estatizadas, pasando su personal a ser reincorporado como empleados del Estado.

A su vez, la ley de Izquierda Socialista dispone que “los laboratorios, droguerías, distribución, logística y farmacias monopólicas serán nacionalizadas, pasando a integrar el plan estatal de producción y distribución de medicamentos como parte de un sistema nacional de salud estatal a nivel nacional”.

Los fundamentos del proyecto señalan que Argentina tiene la capacidad instalada como el recurso humano suficiente para la producción, distribución y dispendio de medicamentos e insumos médicos. Sin embargo, se llega al extremo de importarlos, aun cuando puedan elaborarse localmente.

La suba sideral de los medicamentos se debe a la alta concentración monopólica que controla la importación, producción y distribución de medicamentos e insumos, elevando los precios por encima de su costo, la cual goza de la complicidad de los gobiernos de turno a quienes los laboratorios financian sus campañas.

El mercado farmacéutico es abastecido por 250 laboratorios de capitales locales y extranjeros, incluyendo 110 plantas industriales y 40 laboratorios públicos. Pero el total de ventas de medicamentos se reparte en forma desigual entre laboratorios nacionales (Roemmers, Gador, Raffo, Elea y otros) -a los que corresponde un 34%- y multinacionales (Bayer-Alemania, Roche-Suiza, Pfizer-USA, Novartis-Suiza, GSK-Reino Unido, Abbot-USA y otras), a quienes les toca el 66% restante.

De las 1.049 droguerías registradas en Anmat 85 tienen capacidad logística, de las cuales solo 4 concentran el 70% de la distribución: Droguería del Sur, Monroe Americana, Suizo Argentina y Droguería Barracas. Por otra parte, las 4 distribuidoras ligadas a los laboratorios más importantes (Disprofarma-Bagó; Rofina-Roemmers; Farmanet-Gador/Casasco/Bayer/Novartis/Boehringer Ingelheim) y Globalfarm (laboratorios de EE.UU.) representan el 99 % de las ventas a las obras sociales.

Contra todo este negocio capitalista, la producción pública de medicamentos ha demostrado una disminución de costos y precios. El Laboratorio Industrial Farmacéutico SE, Santa Fe (LIF), produce el 94% de los medicamentos para Atención Primaria de la Salud de la provincia. El Instituto Biológico de La Plata produce 70 millones de comprimidos al año a un 80% menos del valor de mercado. El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba lo hace entre un 50% y 70% menos.

El proyecto de Izquierda Socialista, en definitiva, plantea la obligación de que el Estado garantice la gratuidad, Vademécum único de medicamentos e insumos esenciales, desarrollo de su producción estatal y la estatización de la producción, concentración y distribución de los mismos como parte de terminar con los mercaderes de la salud.

A modo de conclusión, cualquiera podrá comparar la rebaja del 8% de Fernández con la ley presentada por nuestro partido y las propuestas que siempre levantó y defendió la izquierda junto a la clase trabajadora en defensa de la salud y el hospital público. 

El gobierno está enviando una ley ómnibus al Congreso denominada “ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Una ley de emergencia con plenos poderes para afrontar, dicen, la delicada situación social. Dicha ley contaría con el aval de los gobernadores de Cambiemos y de sus diputados y senadores, salvo en cuestiones parciales como los plenos poderes para el Poder Ejecutivo. También la apoyarían los parlamentarios de Lavagna y tendría un tratamiento ultra exprés para aprobarlo esta semana.

La ley está presentada por el gobierno como que va a combatir los graves problemas sociales dejados por Macri.
Muchas de las medidas previstas causan simpatía entre el pueblo trabajador (bono a jubilados, tarjeta alimentaria a madres con hijos, rebaja parcial de los medicamentos, etcétera). ¿Pero qué esconde la ley? ¿Va a solucionar los graves males sociales? Opinamos que no. Porque mientras dispone paliativos parciales como son los bonos o plus para jubilados que cobran la mínima o a beneficiarios de la asignación por hijo, o va a restituir los medicamentos gratis a los abuelos que cobran la mínima, la ley tiene como centro el reconocimiento del endeudamiento de Macri (disponiendo la renegociación y pago de la usurera y fraudulenta deuda externa) y el mantenimiento del robo de las privatizaciones, entre otras disposiciones.

La ley dispone autorizar al Ejecutivo a “renegociar” la deuda externa con el objetivo de “tener un programa de deuda a 20 años con sustentabilidad en los vencimientos”. Con esto le quieren hacer pagar al pueblo trabajador por décadas una deuda que no contrajo, algo que el Frente de Izquierda Unidad siempre se opuso. Como dijimos en la campaña electoral, hay que hacer lo opuesto, desconocer el pacto con el FMI y que Argentina deje de pagar esa deuda usurera e ilegítima para que la plata vaya a salario y trabajo, no a los usureros internacionales.

La ley toca aspectos muy sentidos (jubilaciones, emergencia en salud, impuestos, etcétera), pero en muchos casos son medias tintas que no resuelven ningún problema de fondo. Los bonos de $5.000 para los jubilados que cobran la mínima para diciembre y enero y el cambio en la fórmula para indexar sus ingresos (para no dar el aumento por inflación del año pasado que llegó al 55%) implica que no se les está dando a los jubilados un aumento sustancial hasta cubrir por lo menos la pérdida del 20% que se produjo en la era Macri y recuperar lo perdido ante la inflación. Tampoco se reestablece el 82% móvil.
En relación a los salarios se habla de que se podría otorgar una suma fija de entre 6.000 y 8.000 pesos a cuenta de futuros aumentos y con paritarias que se suspenderían por 6 meses (como anunció la CGT), lo cual está lejos de recuperar lo perdido.

Sobre las tarifas de los servicios públicos la ley dispondría congelarlas hasta junio, pero no retrotrae los tarifazos siderales que impuso Macri de la mano de las patronales del sector, generándoles siderales ganancias. Y mantiene el robo de las privatizaciones, es decir, el saqueo privado de nuestros servicios públicos esenciales por parte de multinacionales saqueadoras. Al contrario, consideramos que lo que hace falta es anular los tarifazos y recuperar las empresas privatizadas para que pasen a manos del Estado, quien brinde un servicio eficiente y accesible para millones bajo control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios.
Lo mismo pasa con los medicamentos. Si bien se rebajarían los mismos en un 8% (cuando en muchos casos aumentaron hasta un 5.000 por ciento), lo que hace falta es retrotraerlos al valor de 2015, castigar a los remarcadores (laboratorios y grandes farmacias) y disponer que el Estado empiece a fabricar medicamentos gratuitos para millones.

La emergencia económica dispondría una fuerte suba de impuestos, ¿A quién y a qué sectores? ¿Qué se dice de los tremendos impuestos que paga el pueblo? No solo se van a mantener, sino que se van a eliminar hasta la rebaja del IVA de la canasta familiar y/u otros que el gobierno de Macri estuvo obligado a dar ante la extrema gravedad social y su crisis política. Se habla de una moratoria impositiva para las medianas y pequeñas empresas; "Bienes Personales" (el llamado “impuesto a la riqueza”) volvería a las alícuotas de 2015 (que eran mínimas comparadas con otros países) y las retenciones al campo no significaron un mayor impuesto, sino una actualización, ni se dispone diferenciarlas, según se trate de grandes terratenientes (para que paguen más) y pequeños productores (paguen menos). Lo que hace falta son impuestos progresivos a multinacionales, terratenientes y grandes empresarios que se la llevaron en pala en todos estos años.

A esto hay que agregar que el gobierno implementó un decreto que no prohíbe los despidos y suspensiones sino que fija una doble indemnización, permitiendo que siga la desocupación.

Sobre los “poderes especiales” para uso discrecional del gobierno, si bien dicen que sería para eliminar trabas que permitan implementar “medidas sociales”, sabemos que siempre terminan en contra del pueblo trabajador.

Además de los términos de la presente ley, el gobierno prepara una ley especial para beneficiar a las multinacionales expoliadoras de nuestro petróleo y el gas en Vaca Muerta y la burocracia del Smata acaba de anunciar el impulso de una ley para la industria automotriz que, seguramente, brindará nuevas disposiciones beneficiosas para las multinacionales del sector y más sacrificios para sus trabajadores. Asimismo, el gobierno ya manifestó que la flexibilización laboral va a avanzar por gremio.

Esta ley se enmarca en un plan más global del gobierno, que es impulsar un pacto social de la mano de la UIA, las grandes patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para llamar a los trabajadores a esperar, mientras las ganancias capitalistas siguen su curso.

En definitiva, si se va a pagar la deuda, mantener las privatizaciones, nada se dice de cómo frenar la fuga de capitales y se exime de impuestos a los empresarios, entre otras medidas, mientras se disponen solo paliativos para los que menos tienen, no habrá solución a los males sociales. Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llama a luchar por una salida de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, 17/12/2019.



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Alberto Fernández y Cristina Kirchner prometen que si son gobierno vamos a salir de la crisis. Pero no dicen cómo. En los spot de campaña hablan de “esperanza”, que las cosas “van a mejorar” y que “otra vez nos vamos a levantar de las cenizas”. Se postulan como salvadores. Pero lo único concreto es que van a respetar el acuerdo con el FMI y pagar la deuda. De esa forma no habrá solución a las urgentes necesidades populares.

Escribe Juan Carlos Giordano, Candidato a Diputado Nacional Provincia Buenos Aires

La campaña del Frente de Todos apela a un masivo sentimiento entre los trabajadores de terminar cuanto antes con este gobierno del ajuste, los tarifazos y la pulverización de los salarios y jubilaciones. Pero no dice ni una palabra cómo lo hará.

Alberto Fernández argumenta que, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, tiene experiencia y que “con creatividad lo haremos como lo hicimos en 2003”. Una frase hueca que juega con la ilusión de millones.

¿Alberto y Cristina van a dar un aumento generalizado de salarios y jubilaciones hasta cubrir la canasta familiar? No lo han dicho. ¿Van a prohibir los despidos y suspensiones? No lo proponen. ¿Van a retrotraer los tarifazos de Macri? Han dicho que no. ¿Van a recuperar las empresas privatizadas? Tampoco.

Hablan contra Macri pero van a dejar intacto todo su ajuste y las medidas antiobreras y antipopulares que vino aplicando durante todos estos años. Hablan del “caos” de Macri pero van avalar todas sus barbaridades.

La barbaridad mayor es el pacto que acordó Macri con el FMI. ¿Cómo puede ser que Alberto Fernández va a reconocer este acuerdo firmado a espaldas del pueblo trabajador? ¿Por qué Alberto Fernández va a pagar una deuda que el pueblo no contrajo ni se benefició?

Los Fernández mienten cuando dicen que van a pagar la deuda y a su vez Argentina va a crecer, se va a terminar la recesión y va a salir adelante. En ningún país del mundo ocurrió esto. Nadie salió delante de la mano del FMI. Por eso le escapan como a la peste explicar cómo van a hacer para pagar los 150.000 millones de dólares en los próximos años y a la vez garantizar un futuro mejor, como prometen.

Ellos saben que no habrá mejores salarios, ni más trabajo, ni “asadito los domingos” si seguimos con el Fondo Monetario y los pagos de la deuda.

El verso de un FMI bueno

Alberto y Cristina nos quieren vender que hay un “FMI bueno”. Kicillof acaba de negar el carácter imperialista y ajustador de ese organismo: “El Fondo fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para evitar las crisis financieras, los ataques especulativos y las guerras comerciales. Surge para garantizar el crecimiento, el desarrollo de los países”. Y explica que el problema no es el Fondo, sino el programa que Macri le habría “vendido” al FMI. (Perfil 21/07, reportaje con Jorge Fontevecchia).

Los Fernández, mientras encubren que van a aplicar un nuevo ajuste si sigue el FMI, le dicen la verdad a los representantes del Fondo y al establishment financiero mundial. Ahí les aseguran que bajo ningún punto de vista van a romper el acuerdo con el FMI y que a lo sumo van a “renegociarlo”. Pero el FMI ya ha señalado cuáles son las condiciones para cualquier postergación de los pagos: más ajuste, reforma jubilatoria y reforma laboral. Por eso los propios economistas que asesoran a Alberto Fernández están diciendo que “hay que modernizar las relaciones laborales” (eufemismo para aceptar la flexibilización laboral”) o que “tenemos que pasar a un sistema jubilatorio sustentable” (lo mismo que está pasando en Brasil).

Los Fernández esconden que si ellos llegan al gobierno, al seguir el FMI y los pagos de deuda, no van a hacer otra cosa que aplicar un nuevo ajuste.

Compañera o compañero lector, se lo decimos con todas las letras. Con el Frente de Todos “no hay esperanza” de que vamos a estar mejor. Seguirán los bajos salarios, la desocupación y la decadencia de la educación y la salud pública. Todo se sacrificará bajo la consigna de que hay que “honrar los pagos al FMI”. ¿Qué utilidad tiene votarlo? Van a usar su voto para ratificar el ajuste de Macri y pagar una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta. El Frente de Izquierda-Unidad, en cambio, le dice No al FMI y a los pagos de la deuda, poniendo esos recursos para salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe Juan Carlos Giordano, Candidato a Diputado Nacional Provincia Buenos Aires

El candidato de Cristina dijo que va a subsidiar los medicamentos gratis para los jubilados. Busca desesperadamente el voto de ese sector. ¿Te acordás de la promesa de la “reparación histórica” de Macri? ¿O las fotos de campaña de Carrió con abuelos? Alberto está en lo mismo.

Fue el gobierno anterior el que metió la mano en el Anses para pagar deuda externa con plata de los jubilados. Le preguntamos a Alberto Fernández: ¿Y el 82% móvil? ¿Y el inmediato aumento para cubrir la canasta familiar?

No se deje engañar. El único que dice plata para los jubilados y no para el FMI, es el Frente de Izquierda-Unidad.

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