Fueron muchas las veces que este lugar cobijo las actividades de este grupo. Volvemos hoy a este escenario de lo que nunca debió haber pasado. Son 52 nombres y caras del más cruel de los abandonos. Este mismo hall los vio pasar cientos de veces. Los vio ir y venir de casa, a estudiar o a trabajar, con sus sueños a cuestas, con las alegrías y tristezas que trae la vida, pero siempre llenos de ilusiones. Y sabiendo que nosotros estábamos esperando que volvieran sanos y salvos. Los trabajadores y usuarios, no nos cansábamos de denunciar que el servicio estaba al borde del desastre, mientras el poder ciego sordo y mudo que ocupaba la Casa Rosada decidía no escuchar esas demandas. Ellos no quisieron ver nada, nosotros vimos todo. Sabíamos que el servicio era una bomba de tiempo. Se creyeron que pintando trenes, alcanzaba. Que modificando estaciones estábamos a salvo de un desastre. Que no nos dábamos cuenta, pensaron que modificaciones estéticas alcanzaban para mantenernos tranquilos.

Entonces ellos, los que nos daban la espalda, seguramente habrán brindado. La maniobra parecía perfecta. Para ellos el dinero, para el usuario, el engaño.

Pero las denuncias siguieron ¿Qué otra opción le queda al trabajador, ama de casa, profesional o estudiante que se sube a un servicio público? Hablar, no callarse y decir cuando se siente en peligro. Porque esa es la única manera de protegerse cuando el Estado lo abandona.

Todo eso pasó hasta el hartazgo entre 2003 y 2012. La política de subsidios impulsada desde el Ejecutivo generó un círculo dañino. Tras la supuesta contención al aumento del boleto, se ocultaron 3000 millones de pesos que circularon desvergonzadamente entre las empresas del Grupo Cirigliano. Algunos nombres fueron variando, pero la política se mantuvo. Jaime y Ochoa Romero primero, Schiavi y Sícaro después. Los Kirchner, De Vido y los Cirigliano, siempre. Pero también hubo complicidad de la corporación gremial burócrata. De hecho, algunos gremialistas terminaron siendo funcionarios. Pero no todos fueron iguales.

Durante años, desde los gremios que no se quedaban cómodos a la sombra de poder, se habló de un Cromañon ferroviario si no se tomaban decisiones de mejora estructural.

Mientras tanto, desde el poder político se les inventaron causas y se promovieron detenciones arbitrarias e infundadas.

Fue más fácil perseguir e intentar callar a los denunciantes que hacer lo que había que hacer, que era honrar la función pública, tener ética personal y política. Su obligación era proteger a cada integrante de este país, y no atender solo a quienes eran los aplaudidores rentados.

Pero nada de eso se hizo. Las arcas estatales fueron administradas fraudulentamente todos los días, violentando la voluntad popular flagrantemente, y a conciencia.

Mientras la corrosión y el óxido se comieron los trenes, los patrimonios de los más altos funcionarios de la Nación crecieron sin explicación.

Los talleres se vaciaron de repuestos, y ni la capacidad ni el ingenio de los técnicos de los talleres pudieron ganarle a la desinversión empresaria. Los funcionarios encargados del control supieron en que cajón del olvido poner las denuncias. Simplemente los cerraron y con otra llave abrieron sus cajas de seguridad llenas de coimas, o de regalos que silenciaron el ruido de los compresores rotos, o de los vagones podridos, del sonido sordo de una tragedia que se acercaba, implacable.

Por todos esos motivos, este hall vibró con un estruendo esa mañana de febrero. El chapa 16 tras 50 años arriba de las vías, se estrellaba contra un paragolpes inservible. Con su estructura de frenos colapsada, abarrotado de pasajeros, desvencijado y sin control, se llevaba la vida de 52 inocentes. La masacre tenía fecha y hora: 22 de febrero de 2012, 8.32 de la mañana. Lo tantas veces temido, ahora era real. Ahí estaba, palpable y desgarrador, el resultado del abandono. En ese sonido de chapas que se deshicieron como el cartón, retumbaron la corrupción y los negociados. Ya no hubo lugar para las denuncias. Fueron años de avisos. La realidad no nos dio otra chance. Simplemente, nos arrasó.

Entonces, este hall que hoy nos escucha, los vio salir por última vez, llevando en camillas sus cuerpos y los sueños que ya no se cumplirían.

Y luego llegamos nosotros, desesperados, deseando volver a encontrar sus ojos, para mirarnos, para llorar de miedo pero abrazándonos a ellos, vivos. Tampoco tuvimos más posibilidades. Con el corazón destrozado, con la vida hecha solo restos de la que tuvimos, empezamos a explicar a quien quisiera escuchar el porqué de lo ocurrido.  Cayéndonos y levantándonos. Acompañados por la mayoría, pero señalados como desestabilizadores y golpistas por los necios, por los crueles, por los que se creían impunes.

Es que estaban acostumbrados a eso. Se creían omnipotentes, invencibles, señalados por una historia escrita al gusto de sus oídos. Frente a ellos, y a nuestro lado, se pararon los millones que en todo el país sintieron en su pecho el “Pude haber sido yo, o mi hijo, o mi hermano, o mi esposa, o mi nieto.”

Impulsamos y sostuvimos, con coincidencias y diferencias un proceso judicial transparente y objetivo. El lógico descreimiento a la Justicia batalló todos los días con nuestra imperiosa necesidad de ponerle nombres y apellidos a la masacre. La confianza le fue ganando al escepticismo social, a la vez que los distintos estamentos le daban lugar a nuestros requerimientos y le cerraban la puerta a quienes querían ser prófugos de la verdad.

Tuvimos que aprender a leer expedientes, denuncias y pericias. Términos que antes nos eran ajenos, pasaron a formar parte de nuestro lenguaje.

En 2014 comenzó el juicio oral y público, y después de más de un año y medio, llegó la sentencia. Las 21 condenas alcanzaron, en muchos casos casi el tope de lo previsto por el Código Penal. Ese mismo día supimos que empezaba la espera de la ratificación de las condenas.

Hemos estados atentos a que la Justicia diese ese paso en la espera de una decisión de la Cámara de Casación Penal, que seguimos aguardando. Apelamos las condenas, pidiendo que se reevalúen muchas de ellas, volviendo a solicitar que se revean algunos de los sobreseimientos. Creemos justo que se amplíen las condenas del corrupto encarcelado Ricardo Jaime, y de quién hoy disfruta de la libertad, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. También, que se revoquen los sobreseimientos dictados contra los ex Interventores de la CNRT, Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero. Cabe resaltar que el fiscal de Casación, el Dr. Raúl Pleé, también entiende que ese fallo debe ser revisado, corregido y ampliado.

Seguimos sin saber, preguntamos, cuál será la decisión de Casación. Acompañamos y entendemos los tiempos de la Justicia, pero esperamos, reclamamos y exigimos lo que nos merecemos: una pronta decisión, clara y sin lugar a dudas.

Se nos dijo que las audiencias de ratificación de los pedidos de las partes serían antes del final de 2016, después que serían en febrero de 2017, y que la resolución llegará antes de mitad de año. Nada de eso pasó hasta el momento. El compromiso asumido no se cumplió y este aniversario nos encuentra sin respuestas.

Queremos poder decirle a todo un país que las condenas quedaron firmes, con prisión efectiva y en cárceles comunes. Basta de privilegios, basta de pabellones VIP, tienen que convivir con otros delincuentes condenados, porque eso es lo que son.

A la par de estos reclamos no podemos dejar de reconocer otro gran avance. La elevación a juicio de la causa penal contra el diputado Julio De Vido ha sido un gran paso.

Porque es dejar a uno de los más oscuros personajes de los últimos 33 años de democracia de cara a un juicio oral y público por la muerte de nuestro familiares. De Vido insiste en la teoría del error humano. Por esto también es urgente, la ratificación de lo expresado por el TOF 2: estamos seguros de que las pruebas son tantas, tan claras y abrumadoras, que Casación no podrá sino confirmar el fallo que condena a sus funcionarios subalternos, a los directivos de TBA y a sus socios.

De Vido sostiene su absurda teoría de que el motorman Marcos Córdoba fue el único responsable. Todos sabemos que a los pasajeros se los abandono desde los despachos del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Transporte. Las decisiones a favor de los empresarios y en contra de los usuarios llevan su firma. Los condenados Jaime y Schiavi actuaron bajo su mandato, o en el peor de los casos con su complicidad e indolencia.

Hoy sigue en el Congreso, ocupando una banca, cobrando un sueldo y disfrutando se sus mansiones. Sigue siendo presidente de la Comisión de Energía. Ya es hora de que sea expulsado del Congreso Nacional y recorra los pasillos de los Tribunales, que es lo que se merece. Hoy el Tribunal de Casación ha resuelto que sea el Tribunal Oral Federal Nro. 4 quien lleve adelante su juicio oral. Esperamos que en 2017 podamos ver sentado frente a los jueces al actual diputado, a aquel que iba a las fiestas de los Cirigliano y era homenajeado, mientras el Sarmiento se volvía una trampa mortal.

Pero los tiempos se acortan, y cuando la sentencia sea Cosa Juzgada, la teoría del error humano ya no será argumento válido. Cuando se analice la conducta de De Vido, se lo condenará por lo que es: el máximo responsable político de la tragedia de Once, y el cerebro del fraude contra el Estado que fuera determinante en la muerte de nuestros 52 inocentes.

Pero no es solo de los Tribunales de quienes esperamos respuestas. Alrededor de los condenados, hubo otros nombres, que también fueron parte del engranaje corrupto. Son apellidos menos conocidos, pero que para nosotros significan lo mismo que Jaime o Schiavi. Desde que el actual Gobierno asumió tuvimos que denunciar dos casos que lograron por un breve lapso de tiempo esconderse en despachos gubernamentales.

Primero fue Victor Heinecke, ex director de proyecto de TBA, cumpliendo funciones en el Ministerio de Transporte. Fue desplazado de su puesto. Luego fue el actual procesado Gustavo Simeonoff, hombre de confianza de De Vido y ex encargado de renegociar los contratos con los Cirigliano, quien se camufló en un puesto de la Secretaría de Finanzas del ex ministro Prat Gay. Luego de que realizamos denuncias públicas ambos fueron removidos de esos lugares. En el caso de Simeonoff, luego de ser anulado su nombramiento en Economía, hoy está suspendido sin goce de sueldo por decisión de las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, adonde forma parte de su planta permanente. Reconocemos las decisiones tomadas, pero resaltamos que es responsabilidad de los titulares de los ministerios analizar detalladamente los currículums de los postulantes a los cargos. Hechos así no deben repetirse. No permitiremos que nadie asociado a la masacre ocupe un puesto en la función pública. Y los denunciaremos las veces que hagan falta hasta que sean echados de sus puestos. Nosotros no olvidamos ni perdonamos, y no habrá nunca reconciliación con los responsables directos o indirectos de la muerte de nuestros familiares.

El tercer caso fue el del Comisario Rubén Abuín, procesado a la espera de un juicio por la ausencia de búsqueda de Lucas Menghini Rey. La corporación policial intentó camuflarlo dentro del paquete de ascensos a fines de 2015. Tras la denuncia, la ministra Bullrich revocó el ascenso y lo destinó a tareas pasivas. Nuestra denuncia permitió encontrar varios casos más de ascenso de comisarios que no contaban con un legajo digno de su cargo. Esto tampoco debe repetirse. Quienes deben cuidarnos de los corruptos son quienes hoy tienen responsabilidad política a nivel nacional. Como en los casos reseñados anteriormente, valoramos que se haya reconocido el error y su posterior solución, pero resaltamos que de no ser por estas denuncias, habría en la función pública tres personas manifiestamente incapaces para el rol que debían desempeñar. Porque lo vivido por la sociedad argentina debe ser un ejemplo de lo que no debe volver a repetirse.

Pero no son los únicos que intentan reubicarse en el mapa político actual.  Florencio Randazzo ya era ministro cuando ocurrió la tragedia de Castelar, que se llevó la vida de 3 pasajeros. Eran los mismos trenes, nada había cambiado. A la obligada inversión realizada por el Gobierno responsable de las muertes de inocentes, le siguió su utilización política.

No iban a dejarlo pasar. Apostando a la amnesia social y menospreciando el intelecto de los ciudadanos, intentaron, sin resultado, hacer pasar a la compra de trenes como una política de Estado. En realidad fue la lógica consecuencia de una masacre generada desde los despachos que ellos mismos ocupaban. Y la sociedad les dio la espalda. No solo por eso, sino harta, y esperando cambios para el país. Pero no hay que olvidar los nombres y apellidos de aquellos que después del desastre de 2012, intentaron maquillarse, y todavía hoy lo siguen haciendo. Entonces, una vez más, la memoria es la única que puede evitar que la sociedad vuelva a repetir errores ya cometidos. Una política ferroviaria de expansión a nivel nacional sigue siendo imprescindible. Es un reclamo ineludible después de los desastres regionales que generó en los 90 el desmantelamiento una de las mayores redes de trenes de América Latina. Pero la red de transporte urbano y suburbano no debe ser desatendida. Y la realización de obras no puede volver a ser la caja para el enriquecimiento de los funcionarios.

Nadie quiere ver más bolsos con dólares en conventos, hoteles que generan fortunas inexplicables, o mansiones con zoológicos privados, armados a partir de las retribuciones de los empresarios favorecidos con el dinero de todos los argentinos.

Merecemos una obra pública transparente, e instamos a todos los estamentos de control a que no se fijen ni en apellidos, ni en filiaciones partidarias para investigar. No dejar pasar ni el más mínimo hecho de corrupción. Necesitamos un país sano. No lo suplicamos, lo exigimos. Sólo como ejemplo ¿Quién puede llamarnos mal pensados cuando la empresa Odebretch, investigada por coimas en muchos países del mundo es una de las beneficiarias de las obras del soterramiento del Sarmiento?

Seguimos creyendo que no somos los familiares quienes deben supervisar obras o dar el visto bueno a una u otra mejora. Creemos que los encargados de ello deben ser los profesionales dependientes del Gobierno por un lado y los trabajadores por el otro. Es en un diálogo abierto y fructífero entre ellos de donde saldrán las mejores soluciones. Instamos a que el ida y vuelta sea mantenido y reforzado de ambas partes. No debe olvidarse nunca el rol central que tiene aquellos que están todos los días en los talleres, en los controles, en las unidades o en las vías tratando de mantener las unidades en condiciones de uso óptimas.

Por ello, instamos una vez más a las autoridades a escuchar los reclamos de los gremios en cuanto a la seguridad y el mantenimiento.

La promesa de los frenos automáticos sigue siendo eso: una promesa. Sistemas de seguridad de alta complejidad nos brindarán tranquilidad a todos, y eso no es un gasto, sino una inversión. También existen reclamos concretos sobre los sistemas de evacuación en caso de emergencias, ya que las unidades contemplarían una sola puerta de salida ante un hecho crítico. Eso trae una lógica preocupación, ya que un estado de desesperación colectivo puede generar un caos difícil de manejar. El stock de repuestos debe ser mejorado o mantenido en condiciones de respuesta inmediata. En un marco de optimización de recursos es importante que la capacidad de los trabajadores de planta estable sea valorada en su justa medida. La mano de obra propia y calificada debe ser reconocida, evitando las tercerizaciones, que siguen desviando fondos a empresas privadas. Dar un flujo de trabajo continuo y en condiciones jerarquizará el trabajo de quienes son parte estable del plantel ferroviario. Y todo esto debe ser enmarcado por la tranquilidad que trae la continuidad en los puestos laborales. Llamamos a que no exista ni un solo despido, ni en los talleres, ni en ninguna de las distintas áreas de trabajo.

Cada puesto que se pierda, no solo será una familia a la deriva, sino también un gesto de recorte a la seguridad de los pasajeros que se suben al tren todos los días.

Para ello, volvemos a solicitar a cada uno de quienes ocupan puestos, que sean conscientes de la importancia de su rol. Que lo lleven con seriedad y profesionalismo, que se capaciten cada vez que puedan y que se agoten las instancias antes de que los usuarios sufran las consecuencias de conflictos gremiales.

Tan cierto como esto son los avances de obras que mejoran el movimiento cotidiano de pasajeros. La finalización de obras en diferentes estaciones ha sumado calidad en el viaje, como así lo han hecho las capacitaciones al personal y equipamientos que permiten que varias paradas sean cardio-protegidas, contando con la posibilidad de atender casos de ataques cardíacos.

Ambos estamentos, trabajadores y Estado nos deben un servicio digno, que subraye todos los días que lo ocurrido hace cinco años dejó una marca indeleble en la memoria y un compromiso con el presente y el futuro. Poner el dialogo por encima de las diferencias es dar un paso imprescindible. Es lógico que existan los conflictos, lo que es ilógico es no trabajar para solucionarlos.

Los ciudadanos siempre vamos a exigir a nuestra dirigencia política y a nuestros gobernantes, sean del signo político que sean, el cuidado que nos merecemos.  Antes de diciembre de 2015 existió la manifiesta intención de dejarnos librados a nuestra suerte. Quedó claro en el inexistente seguimiento físico y psicológico del post-trauma tras lo ocurrido. Con el pasó de los años no deja de ser necesario. Así como son una deuda del Estado las que se pagan con dinero a los capitales externos e internos, también son del Estado Argentino las deudas sociales. Es el conjunto del Estado el que nos sigue debiendo una asistencia integral a los heridos y a los familiares de los fallecidos. Sea por decisión del Ejecutivo, sea por acuerdo del Congreso, volvemos a solicitar que se arbitren los medios para una ayuda médica y psicológica.

Las lesiones del corazón son incurables. Nada va a devolvernos a nuestros familiares. Pero es imprescindible insistir una vez más en lo necesario que es intentar reestructurar los cuerpos y los aparatos psíquicos dañados.

Todavía seguimos a la espera de sentir que las fuerzas políticas en su conjunto pueden ver más allá de la coyuntura.

Y que pueden ayudarnos a recuperar algo de la vida que teníamos antes de la masacre.

El futuro que tengamos depende de la exigencia a nuestros gobernantes. No importa de qué signo político sean. Sí son gobierno u oposición. Porque cuando compartimos un suelo, estamos expuestos a lo que conformemos como sociedad. Este país ya no debe permitirse el engaño, la indiferencia o la falta de solidaridad.

Es tiempo de entender que Argentina es una y para todos. Quizás si esa premisa tan básica no hubiese sido olvidada, hoy no estaríamos acá, sino en casa, disfrutando en vida de los corazones que hoy sobrevuelan esta Estación. A pesar del dolor, acá estamos, para renovar el compromiso, con la presencia de los 52, que permanece en nuestros corazones. Han sido cinco años, de una lucha inquebrantable. Sabemos que falta mucho todavía, y estamos dispuestos a seguir sin aflojar, hasta ver a los corruptos presos. Este acto de recordación debe ser un compromiso de todos, por los que se fueron, por los que estamos y por los que vendrán. Honremos lo vivido, honremos el futuro y la honestidad. Y volvamos a casa para seguir extrañándolos, pero seguros de que no dejaremos nunca que cada uno de esos nombres sea olvidado

Muchas gracias.