La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, volvió a mostrar su carácter ultrareaccionario al enviar al Ejército y la Policía a desalojar el bloqueo de la planta de YPFB en Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto. Días antes había reprimido brutalmente una marcha de campesinos cocaleros del Chapare. Hay bloqueos y protestas en todo el país desconociendo a Añez. Pero la gran debilidad de la resistencia popular es la dirección. En especial del MAS y la COB. Los dirigentes del MAS negocian una “salida electoral” con el gobierno. Evo Morales desde México llama al dialogo “nacional”

Escribe Luis Covas

A pesar de que la derechista senadora Añez llegó al poder por medio de un golpe cívico-militar, no logra estabilizar la situación del país. Bolivia sigue en medio de una profunda crisis política. El imperialismo, las multinacionales y la oligarquía boliviana están preocupados. Hasta ha llegado una misión de la ONU para tratar de encauzar la crisis, junto con la Iglesia y la Unión Europea. Su objetivo es consolidar una salida pactada. Pero no les resultará sencillo. Les quedan dos alternativas: elecciones acordadas o la ida hacia un régimen directamente dictatorial, que imponga una derrota al movimiento de masas. Justamente la situación está indefinida porque no han podido aún, pese a la represión, derrotar a los sectores populares que siguen movilizados repudiando al autoproclamado gobierno de Añez.

Añez busca fortalecerse con represión

En su debilidad, el gobierno de Añez busca fortalecerse apoyándose en las Fuerzas Armadas y en la represión. El martes 19, con un enorme despliegue militar y policial desalojó el bloqueo popular en Senkata que impedía la distribución de carburantes a todo el departamento de La Paz, como parte de las medidas de lucha por desconocimiento del gobierno. Dejando dos muertos. Días antes estuvo la represión criminal en Sacaba y el decreto de impunidad a los militares para reprimir (ver recuadro). A lo que se sumó el decreto de Jeanine Añez otorgando un aumento de presupuesto a las fuerzas armadas.

Pero no logran un gobierno de derecha homogéneo. No hay un plan claro ni único. Al punto que fue el derechista y racista de Luis Camacho, de la región de Santa Cruz, quien reclamó insólitamente, elecciones para el 19 de enero. Diciendo que tendría un acuerdo con la burocracia de la COB para ese plan: “la propuesta se da luego de mantener reuniones y alcanzar acuerdos con representantes de la ciudad de El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB), la Asociación de Productores de Coca de La Paz y los Interculturales [...] Con estos sectores hemos acordado mantener una misma posición. Dando un plazo hasta el día jueves para que podamos tener un Tribunal Electoral que refleje el sentimiento del pueblo boliviano” (Infobae, 19/11). Habría una pelea por como serían unas futuras elecciones y con quienes. ¿Con o sin el MAS? ¿Con Camacho y sin Mesa?

El MAS busca una negociación con el gobierno y los militares

Sectores populares y del campesinado cocalero, que son base del MAS, resisten al gobierno de Añez con bloqueos y otras formas de protesta. Pero ese movimiento se debilita en la medida que su dirección da señales claras de buscar una salida negociada con el propio gobierno derechista de Añez y los militares. El propio Evo Morales desde México da esas mismas señales, al decir claramente que ya se “siente expresidente” o asegurando que “no piensa ser candidato” en pos de la “pacificación del país” (reportaje a la BBC). Hasta dijo que ya tiene pensado abrir un restaurante en su pueblo. También les recuerda a los militares que fue su gobierno quien más presupuesto les dio.

Esto se volvió a mostrar en el sorpresivo levantamiento, el martes 19, de la convocatoria a la Asamblea de diputados y senadores que domina en mayoría el MAS. Cuando el gobierno decía que allí podrían votar su destitución y el retorno de Morales, ellos salieron a desmentirlo. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Mónica Eva Copa (MAS), difundió un comunicado en el que señala que no se iba a realizar el encuentro de diputados y senadores “a efectos de crear y contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la consiguiente pacificación del país”. La presidenta del Senado agregó “que el MAS está dispuesto, si es necesario, a trabajar por tiempo y materia hasta consensuar nuevas elecciones” (informe de agencia El Deber 19/11). Más claro imposible. La política central de Morales y los dirigentes del MAS pasa por buscar un pacto para llegar a elecciones en donde se les resguarden sus lugares. No es el centro movilizar para derrotar al gobierno reaccionario. A lo sumo aprovechan la resistencia popular para esa negociación, a esto se le añade la nueva traición de la dirección de la COB que no apoya los bloqueos y las protestas.

Por eso es más necesario que nunca apoyarse en los sectores obreros, juveniles, campesinos y populares que desde un primer momento han buscado un camino de lucha contra el gobierno reaccionario y derechista de Añez, sin subordinarse a la política del MAS y Morales. Y que rechazan toda salida negociada y pactada con el gobierno represor de Añez. Como lo señala Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador (ARPT), sección de la UIT-CI, para derrotar el intento de instalar un régimen de derecha reaccionario hay que movilizarse y lograr “formar una Asamblea Popular con representantes de organizaciones de base de trabajadores de la ciudad y el campo, de jóvenes e indígenas para resolver el futuro del país y garantizar elecciones realmente limpias y libres sin restricciones para ningún candidato de los sectores populares”. Y luchar, entre otros puntos, por el no pago de la deuda; por la verdadera nacionalización de la minería y los hidrocarburos. El camino es la lucha organizada y no la negociación con la derecha reaccionaria y los militares.

Repudio a la represión asesina militar en Sacaba

El viernes 15 de noviembre las fuerzas militares y policiales desataron una represión criminal sobre una marcha de campesinos cocaleros del Chapare que marchaban hacia La Paz reclamando que se vaya el gobierno de la derechista Añez. Fueron brutalmente reprimidos en la localidad de Sacaba, ubicada a 13 kilómetros de Cochabamba, dejando al menos diez campesinos muertos, 50 heridos y 169 detenidos.

Los campesinos del Chapare se movilizaban con banderas bolivianas y wiphalas cuando la policía les impidió el ingreso a la ciudad de Cochabamba. Las escenas grabadas en videos son reveladoras de la salvaje represión. Todos los muertos lo fueron por balas de plomo que usan las fuerzas seguridad.

La Central Obrera Boliviana (COB), luego de la sangrienta represión, emitió un vergonzoso comunicado llamando a la “paz social” y a “respetar el orden constitucional”.
Por otro lado, el MAS, que impulsaba esa movilización, no abandonaba su política de diálogo con funcionarios del gobierno de Añez y saludaba la mediación de la ONU.

Mientras tanto Añez aprobaba el Decreto Supremo Nº 4078, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas durante los actos de represión.
Como lo señalara ARPT, nuestra organización hermana de Bolivia. “Repudiamos la represión asesina militar policial en Sacaba” [...] Exigimos el cese de la represión militar y policial contra el pueblo. Libertad a los presos por manifestar y pleno derecho de manifestación política, reunión y expresión”.

Muchos dicen que el golpe en Bolivia fue porque Evo Morales “redistribuyó la riqueza” o porque la derecha no aguantó más a un indígena en el poder. ¿Pero qué pasó en catorce años de gobierno para que Evo fuera obligado a renunciar y a dejarle el poder a la derecha?

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Evo Morales asumió el gobierno en 2005 con el 54% de los votos. Lo hizo luego de un proceso revolucionario que tiró abajo a Sánchez de Lozada en 2003 y a Carlos Mesa en 2005, dos gobiernos antiobreros.

Evo asumió con enormes expectativas populares. Por primera vez en 500 años un indígena llegaba a la presidencia. “Vamos a acabar con el estado colonial y el modelo neoliberal” y a “seguir el legado del Che”, dijo. Pero apenas asumió sorprendió con la designación en el gabinete de un millonario de Santa Cruz (el departamento dominado por la derecha) como ministro en Obras Públicas, un ministro en Minas cuestionado por ser parte del desmantelamiento de la minera estatal en los años ´90 y en Hacienda con un tal Arce vinculado a organizaciones financieras imperialistas.

La Agenda de Octubre y la falsa “nacionalización” de los hidrocarburos

Se denominó Agenda de Octubre al reclamo para que se nacionalizara el petróleo y el gas, se impusiera la reforma agraria y refundara Bolivia con una Constituyente. Esta agenda surgió después de la Guerra del Agua en 2000 en Cochabamba, que expulsó a la multinacional Bechtel; del levantamiento aymara de ese mismo año por la reforma agraria, donde participaron medio millón de indígenas y esencialmente de la Guerra del Gas de 2003, con epicentro en El Alto, que logró la renuncia de Sánchez de Lozada. Evo no la llevó adelante.

Antes de que asuma el MAS ya existía una ley disponiendo el 50% del ingreso petrolero para el Estado, y el 1 de enero de 2006 Evo firmó un decreto anunciando la mal llamada “nacionalización”. Fue una medida parcial que el gobierno la vendió como estatización, pero que no significó recuperar el petróleo 100% para el Estado, sino que les aumentaron los impuestos a las multinacionales del sector. Incluso a fines de 2016 esos impuestos se les bajaron con la firma de 44 nuevos contratos petroleros. De esa forma el 80% de la producción y exploración siguió en manos de Petrobras, Repsol, Total y Gazprom, con el esquema de “empresas mixtas”, como existe en Venezuela. Hoy YPF Boliviana es una simple administradora de contratos para fomentar las ganancias privadas. Antonio Brufau, de Repsol, dijo en 2015 que Bolivia es un país “magnífico para invertir”.

Algo similar ocurre con la minería, donde el Estado solo controla el 5%. Entre 2006/2008 los consorcios mineros exportaron 4.500 millones de dólares dejando solo tributos por 200 millones. Participan del negocio la yanqui Coeur d Alene Mines Corporation (explotando uno de los reservorios más ricos del planeta, San Bartolomé), la japonesa Sumitomo -que controla un mega yacimiento de plata, plomo y estaño en San Cristóbal (mina a cielo abierto)- y “cooperativas” privadas, las cuales casi no pagan impuestos, no cumplen con las leyes laborales y sus obreros no pueden tener sindicatos.

¿Y la reforma agraria?

Al día de hoy sigue en Bolivia el mismo latifundio de siempre. La oligarquía es la dueña de las mejores tierras. El 67% está en manos del agro negocio. Media Bolivia es regada con glifosato, el gobierno subsidia a los terratenientes con combustible barato y casi no pagan impuestos, mientras el campesinado tiene solo el 13% de la tierra cultivable y el 87% está en manos de los oligarcas. ¿Qué ocurrió?

La Constituyente de Oruro de 2007 -con mayoría del MAS- limitó a 5.000 hectáreas el máximo de tierra que puede acceder cada latifundio. La derecha se opuso e intentó dar un golpe, amenazando con la división de Bolivia para quedarse con la rica Media Luna de Oriente. Una inmensa movilización popular cercó a los fascistas. Evo llamó a frenarla y firmó en 2008 un pacto con la derecha que cambió 144 artículos de la Constitución, legalizando el latifundio, ya que su límite de 5000 hectáreas solo quedó para “futuros” latifundios, no para los que ya estaban.
Además, la política agraria oficial de dar concesiones al latifundio y permitirles “ampliar la frontera agrícola” a costa de zonas boscosas, incluso quemando bosques, llevó a un gigantesco desastre, el incendio de 5 millones de hectáreas de bosques y vegetación en Chiquitanía, en Santa Cruz y en Beni.

El fracaso del “capitalismo andino”
No es cierto que en Bolivia hay un modelo económico exitoso y lo que habría fallado solo serían las ansias reeleccionistas de Evo Morales. “El verdadero fraude comenzó mucho antes”, dicen nuestros compañeros de ARPT (Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador en el Partido de los Trabajadores).

El crecimiento económico fue para beneficiar a los de arriba. Después de 14 años de gobierno los trabajadores informales llegan al 80% y los asalariados apenas son la quinta parte de la población económica activa. El salario es el menor de Sudamérica (excepto Venezuela), los hospitales son un desastre y se han reducido los presupuestos educativos, mientras continúa la desocupación y la miseria en el campo obliga a migraciones masivas.

Hubo mejoras parciales cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, permitiendo otorgar bonos a mayores de 60 años, niños en edad escolar y mujeres embarazadas, pero al bajar el precio del barril y el precio de las materias primas, empezó el ajuste.
Evo, a su vez, reprimió las luchas, como la de los indígenas del Tipnis cuando se opusieron a que se construya una carretera que les cortaba en dos su territorio para que Petrobrás, Total y Repsol saqueen el petróleo. Evo declaró ilegales las huelgas, tildó de “privilegiados” a los maestros y de hacerle el juego a la derecha a quienes reclamaban.

El MAS fue un gobierno de conciliación de clases que nunca rompió con las multinacionales, la derecha oligárquica y la estructura capitalista semicolonial. Todo esto generó un gran descontento y ruptura de grandes franjas obreras y campesinas con su gobierno, en el cual se montó la derecha para imponer una salida reaccionaria.

Solo expropiando a las multinacionales, nacionalizando los recursos naturales, la banca y el comercio exterior, haciendo la reforma agraria y rompiendo los lazos con el imperialismo, el FMI y las grandes potencias imponiendo un gobierno de los trabajadores, se podrá combatir de raíz a la derecha y a sus políticos nefastos. Mientras llamamos a derrotar al gobierno derechista boliviano, llamamos a los luchadores a reflexionar sobre las enseñanzas que dejan los hechos que están ocurriendo.

En 2010 cayó el “gasolinazo” de Evo

En medio de las fiestas de 2010 Evo aumentó el precio del litro de la gasolina a casi un dólar en un país donde el sueldo mínimo estaba en 97 dólares. Una gigantesca rebelión popular lo obligó a retroceder.
El decreto 748 del “gasolinazo” fue anunciado el 26 de diciembre, en plenas fiestas, para dificultar la reacción popular. Al día siguiente aumentaron 100% el transporte y un 20 a 40% los alimentos.

El 30 de diciembre hubo una huelga general de hecho con la vanguardia en El Alto. El gasolinazo fue una exigencia pública de las transnacionales. “O anulan el gasolinazo o se van”, se reclamó. En cadena nacional el 31 de diciembre Evo derogó el decreto, mostrando que el MAS no era un gobierno “de los movimientos sociales” sino un gobierno capitalista subordinado a las multinacionales.

Escribe Martín Fú

El pasado lunes una nueva movilización se realizó en Buenos Aires. Bajo la consigna central “No al golpe en Bolivia” marchamos unitariamente junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ). En la cabecera de la columna marcharon nuestros compañeros Juan Carlos Giordano, diputado electo, y Laura Marrone, legisladora porteña junto a otros referentes del FIT-Unidad, entre otras agrupaciones políticas, sindicales y asociaciones sociales y de derechos humanos.

Repudiamos el golpe en Bolivia y dimos nuevamente nuestro apoyo y solidaridad al pueblo boliviano que está enfrentando a Jeanine Añez, la derecha reaccionaria de Camacho y sus aliados, con el apoyo de los mandos militares. Al mismo tiempo agrupaciones políticas, sindicales y sociales cercanas al kirchnerismo, como las dos CTA, CTEP, la CCC, Tupac Amaru, Suteba y Barrios del Pie realizaron un festival apoyando a Evo Morales, en Plaza de Mayo.

“Apoyo a la resistencia del pueblo en las calles”, “Solidaridad con las luchas populares de América Latina. Fuera el FMI y el imperialismo”, fueron algunas de las consignas centrales levantadas por el EMVJ y la izquierda, mientras marchábamos desde Plaza de Mayo a la embajada de Bolivia.

Como cada año, recordamos en esta fecha a María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, tres hermanas que fueron asesinadas en 1960 por la dictadura del General Trujillo en República Dominicana. A ellas las mataron por enfrentarse a un estado genocida pero además, por el sólo hecho de ser mujeres fueron brutalmente vejadas y mutiladas. Para recordar este triple femicidio, y porque decimos nunca más a estos crímenes de odio, es que salimos a las calles a gritar con fuerza ¡Basta de violencia machista!

Sí, este 25N las mujeres del mundo nos solidarizamos con el pueblo chileno que lucha contra Piñera y su brutal represión que tiene una especial saña contra las mujeres, quienes al ser detenidas además son violadas. Sí, también nos movilizamos contra el golpe de estado en Bolivia y la derechista Jeanine Áñez, quien con biblia en mano le dio vía libre al ejército para que reprima con balas de plomo, garantizándole la impunidad. Nos solidarizamos con las “mujeres de pollera” quienes son las más denigradas por el racismo de la oligarquía blanca santacruceña avalada por la reaccionaria Iglesia Católica.

En Argentina, las mujeres saldremos a las calles a denunciar la violencia que significa ser las más pobres entre los pobres, las más precarizadas y las primeras despedidas. Denunciamos también que mientras sigan las políticas del FMI no habrá mejora en nuestras condiciones de vida. Por eso, es necesario que se deje de pagar la deuda externa y que esa plata vaya a salud, educación, vivienda, trabajo y a combatir la violencia de género. Parece mentira pero en el país del #NiUnaMenos, solo se destinan 11 pesos por mujer por año para erradicar la violencia machista. Y los crímenes de odio continúan: un femicidio cada 26 horas y un travesticidio cada 96 horas.

Desde Isadora e Izquierda Socialista te invitamos a que marches este 25N junto a nosotras. Hagamos sentir el grito de las que ya no tienen voz y que se cumpla el #NiUnaMenos. Exigimos presupuesto para combatir la violencia de género y no para la deuda externa. Y con la fuerza de la #MareaVerde reclamamos la inmediata aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto que duerme en el Congreso. Y vamos también, por la efectiva separación de la Iglesia del Estado. ¡Las mujeres y las disidencias no abandonamos las calles porque aún tenemos muchos derechos por conquistar!

Editorial

Los máximos dirigentes de la CGT se empeñaron para que no faltara nadie. Durante los días previos realizaron montones de gestiones para lograr “meter a todos adentro” y la foto más completa. Así se prepararon para recibir al presidente electo Alberto Fernández en la sede de la calle Azopardo. La reunión se realizó el viernes pasado y tuvo una amplia cobertura mediática. Sin embargo, sería inútil que algún compañero trabajador buscara en ese evento alguna respuesta a las necesidades más urgentes. Es que pasan los días y los aumentos en los precios no dan tregua.

Macri sigue gobernando y ajustando. Esa es la famosa “transición”. Todo sube menos los salarios. Las jubilaciones y los planes sociales ya son directamente de indigencia. Todos los días salen reportes de la baja en los ingresos populares. Y en Chubut, donde gobierna el peronista Mariano Arcioni, los estatales y docentes ni siquiera cobran en término, son reprimidos y, como si fuera poco, ahora le quieren meter la megaminería. El famoso “congelamiento” de los precios ya se derritió. Lo único concreto es que Macri perdió las elecciones pero el ajuste y la entrega siguen.

Pero nada de esto se habló entre las paredes de histórica sede de la CGT. Alberto Fernández propuso utilizar la sede de la CGT para montar “un centro de capacitación tecnológica” para que así los trabajadores “tengan un lugar en el futuro”. ¿Esto es lo que necesitamos? Reconozcamos que la frase del presidente electo desnuda una realidad: ratifica que ese edificio nunca fue un lugar “propio” del movimiento obrero, ni un sitio para hacer asambleas o deliberar como llevar adelante un plan de lucha. Alberto, con sus dichos y su presencia, fue a avalar a lo peor de la burocracia sindical. A aquellos que durante estos cuatro años le dieron tregua al gobierno de Macri y así dejaron pasar el ajuste.

Quienes votaron al Frente de Todos y tienen expectativas en el nuevo gobierno podrán decir que no hay que pedirle nada ahora a Alberto Fernández porque todavía no asumió. Pero millones no votaron para que se le siga haciendo un guiño a las medidas antipopulares de Macri.

Sabemos que Fernández no asumió, pero a esos mismos trabajadores que lo votaron los llamamos a reflexionar sobre el rol de la burocracia sindical que apoya al Frente de Todos, con dirigentes que dicen que ni siquiera van a pedir un bono de fin de año y que hay que seguir aguantando. Y todo esto lo dicen hasta el 10 de diciembre como si esa va a ser una “fecha mágica”, cuando el propio Fernández adelantó que no lo va a ser. “No esperen milagros”, dijo. Pasado en limpio, quiere decir que no va a haber soluciones a los graves problemas sociales cuando empiece a gobernar. Es más. Alberto y la burocracia sindical, junto con la UIA, los grandes empresarios, la iglesia y los movimientos sociales afines preparan un pacto social para seguir diciéndoles al pueblo trabajador que hay que esperar, que no es el momento de reclamar y que hay que darle un tiempo. Mientras tanto sigue el robo salarial. ¿Es que el próximo gobierno “le va a poner la plata en el bolsillo de la gente”, como prometió?

Porque para destinar dinero a millones de trabajadores hay que suspender en forma inmediata los pagos de la usurera deuda externa y romper con el FMI, algo que Fernández ha dicho que no va a hacer. Sabemos que ningún país salió adelante de la mano del Fondo Monetario y los usureros internacionales.

“El salario no puede esperar” tituló la pasada edición de este semanario. Hoy volvemos a decir lo mismo y lo extendemos a las demandas que esperan millones: “los jubilados no puede esperar, los beneficiarios de los planes sociales no pueden esperar, los nuevos despedidos no pueden esperar…”, entre un largo etcétera.

Llamamos al conjunto de los trabajadores y demás sectores populares, más allá de cómo hayan votado el 27 de octubre, a reclamar por las urgentes necesidades populares. Hay que apoyar las luchas en curso, denunciar a los dirigentes sindicales que miran para otro y exigir un plan de lucha por nuestros reclamos. Porque los trabajadores y el pueblo no podemos esperar. Necesitamos un inmediato aumento salarial y jubilatorio de emergencia hasta recuperar lo perdido en la era Macri y alcanzar el valor de la canasta familiar. Esa es la única forma de empezar a combatir la pobreza. Que se prohíban los despidos y suspensiones. Que se anulen los tarifazos y se frenen los aumentos que hay en puerta. Y que la plata vaya a trabajo, salario, salud, educación y vivienda, no para la deuda. Medidas que deben ser parte de un plan económico alternativo, obrero y popular. Esto es lo que proponemos desde el sindicalismo combativo y la izquierda. Al mismo tiempo que seguimos planteando que para lograrlo necesitamos construir una nueva dirección sindical, democrática y combativa, para la clase trabajadora y una alternativa política que reemplace a la de los partidos patronales. En esa tarea estamos comprometidos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Tarea a la que te invitamos a sumarte.