Escribe Görkem Duru, dirigente de la UIT-CI

Las movilizaciones se han sucedido en Túnez desde la noche del 14 de enero. El levantamiento popular que comenzó en diciembre de 2010 demandando trabajo, pan y vida digna, derrocó el 14 de enero de 2011 al dictador Ben Ali, que había gobernado el país por veinticuatro años. ¡El pueblo tunecino reclama una nueva revolución! “¡A no temer! ¡Las calles pertenecen a la gente!”, dicen en las protestas masivas.

Previo al décimo aniversario de la revolución tunecina, que disparó un proceso revolucionario que se extendió a muchos países del norte de África y Medio Oriente, el gobierno tunecino declaró cuatro días de cierre y prohibición de acciones callejeras y marchas con la excusa de aplicar medidas contra la pandemia de Covid-19.

Aunque los funcionarios del gobierno del tecnócrata Mesishi, que llegó al poder en septiembre de 2020 con el apoyo de una mayoría significativa en el Parlamento (Los Hermanos Musulmanes Partido Tunecino Movimiento Nahda, el Corazón de Túnez, Regeneración, Larga Vida a Túnez, el Bloque Nacional y el Partido del Futuro están entre los que apoyaron) justificaron esta prohibición por un interés de “salud pública”, su objetivo central era impedir las movilizaciones por el décimo aniversario de la revolución. De hecho, las demandas sociales y económicas que dieron a luz al levantamiento popular que puso fin al régimen dictatorial en 2010 no se resolvieron en estos diez años. Por el contrario, las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos son más inaceptables que entonces. Después del derrocamiento de Ben Ali el principal objetivo de los bloques gobernantes tunecinos era asegurar la continuidad de las políticas de explotación capitalista haciendo arreglos democráticos parciales dentro de los negociados de siempre. Y la forma en que amplios sectores de la izquierda tunecina entendieron el proceso revolucionario fue esencialmente formado por una perspectiva gradualista/etapista que sostenía que la democracia debería ser construida primero y que las transformaciones sociales y económicas ocurrirían después en el tiempo.

El resultado de esto fue que las masas tunecinas fueron condenadas a mayor desempleo, pobreza, explotación y desigualdad por esas conquistas democráticas parciales. La corrupción no se detuvo y continuó profundizándose, la deuda externa del país se incrementó en aproximadamente 75% desde 2010. Los partidos burgueses firmaron un acuerdo de cuatro años con el FMI en 2016 para procurar una salida a la crisis en su favor y trataron de hacer que los trabajadores paguen el costo de la crisis con nuevos planes de ajuste. Es precisamente por esta situación que tuvieron lugar más levantamientos en el país en 2013 y 2016, otra vez con las mismas demandas, a saber, trabajo, pan, y vida digna. Y ahora las masas tunecinas están nuevamente en la escena de la historia reclamando su revolución.

Hoy, con la pandemia de Covid-19 que viene desarrollándose desde hace casi un año, las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos empeoraron aún más. Mientras el gobierno impone prohibiciones con la excusa de la “salud pública”, el desempleo oficial en el país alcanzó 18%/19% y uno de cada tres jóvenes está desempleado. En la región del Medio Oeste del país, que era el centro del proceso revolucionario que comenzó en 2010, estos índices son aún más altos. En el Medio Oeste, tradicionalmente la región del país con menos inversión, casi 50% de la población trata de vivir con $1.5/2 por día. Mientras la población carece de la posibilidad de cubrir las necesidades básicas, como una alimentación saludable y vivienda, los gobernantes pretenden que los trabajadores y la juventud muestren su alianza a una democracia “enferma”.

Es precisamente por estas circunstancias que el país ha sido testigo de movilizaciones espontáneas en más de quince ciudades en los últimos cinco días, en principio lideradas por la juventud y los desempleados jóvenes. El gobierno trata de intimidar a las masas con represión y coerción convocando al ejército a intervenir en muchas regiones, demostrando nuevamente que el “miedo” de la gente es la principal razón de imponer las prohibiciones recientes. Trata de dinamitar los más fundamentales logros democráticos de la movilización revolucionaria de 2010 deteniendo a más de 630 jóvenes y arrestando a algunos de ellos. Los Hermanos Musulmanes, Partido Tunecino Movimiento Nahda, uno de los partidos gobernantes, llamó a su juventud, aconsejándole que no participaran de las protestas y que actúen en conjunto con las fuerzas del orden. Su intento de dividir a las masas una vez más revela su carácter contrarrevolucionario. Sin embargo, a pesar de estos intentos de intimidación, los tunecinos reclaman que “las calles pertenecen a la gente” y continúan con sus acciones demandando la liberación de los presos y el cumplimiento de sus demandas económicas y sociales. La misma consigna se escucha en las calles de Túnez: “¡La gente quiere destruir al régimen!”.

Aunque es difícil predecir cómo se desarrollarán las acciones en el país, es necesario resaltar unos pocos puntos basados en las lecciones del levantamiento popular de 2010 y las revueltas de masas que siguieron en 2013 y 2016. Dado que las demandas de la revolución apuntaban a la transformación social y económica y no serán satisfechas en el actual orden burgués, ningún gobierno que asumió en estos diez años ha sido capaz de mantener un orden estable en el país.

En estos diez años, que vieron una lucha constante entre el pueblo oprimido y los gobernantes que a veces recurren a tácticas democráticas reaccionarias para la supervivencia del orden capitalista (el discurso de unidad nacional, el Pacto de Cartago firmado en 2016) o, como vemos ahora, tratando de intimidar a las masas con la violencia. La burocracia del Sindicato General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), la más importante organización de la clase en el país con poder político significativo desde la independencia de Túnez, apoya la “transición democrática” de 2011 y asume un rol en ella, y más tarde firma el Pacto de Cartago de 2016. Estos movimientos claramente demuestran que la burocracia sindical sigue las tácticas de la reacción democrática y cuida los intereses de la burocracia más que los de la clase trabajadora. Al pedir a las masas que evite actos de violencia y considere el diálogo, declara que todavía mantiene esta posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las movilizaciones revolucionarias de 2010-2011 las bases de UGTT que formaban parte de la lucha presionaron desde abajo y obligaron a la burocracia sindical a tomar posición. En este sentido, está claro que la participación organizada de la clase obrera tunecina, así como de las bases de lucha dentro de la UGTT en el proceso de levantamiento, será decisiva para el desarrollo de las movilizaciones.

Amplios segmentos de la izquierda tunecina, que adoptan la postura de que debe existir un período de espera indeterminado entre las tareas democráticas y sociales de la revolución, no luchan por lograr un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo. Por eso no impulsaron, en los últimos diez años, formar una dirección política alternativa en nombre de los trabajadores tunecinos. Ésta sigue siendo la tarea más urgente de los últimos diez años y para el Túnez de hoy. Es decir, la construcción de una organización y una línea política que tenga como objetivo romper con el orden existente junto con las masas combatientes y defender la independencia política de la clase. Hoy en día, para lograr este objetivo, las masas movilizadas tienen que construir sus propios órganos de autoorganización/defensa en coordinación entre sí y desarrollar aún más esta coordinación en torno de un programa de acción de emergencia para convertirlo en un poder político alternativo. Estas son las tareas más fundamentales que tenemos por delante.

Como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores tunecinos por el trabajo, el pan y una vida digna. ¡Apoyamos la movilización de las masas tunecinas desde un punto de vista político, programático y organizativo y hacia la ruptura con el régimen actual y el orden de explotación capitalista!

¡Liberación inmediata de todos los presos políticos! ¡Fuera el ejército y la policía de las calles!

¡Inmediata cancelación de todos los acuerdos con el FMI!

¡Expropiación de todas las instituciones públicas privatizadas sin compensación!

¡Dejar de pagar la deuda externa inmediatamente! ¡Los fondos destinados al pago de la deuda deben ser usados para mejorar los servicios de educación y de salud y crear empleos en el sector público!

¡Establecer comités populares independientes para luchar contra la corrupción! ¡Aquellos involucrados en corrupción deben ser juzgados bajo control de estos comités!

¡El pueblo quiere destruir al régimen!

¡Por una economía centralizada y planificada!

¡Luchemos por un gobierno de los trabajadores!

                                                                      19 de enero de 2021

Escribe Adolfo Santos

El 25 de enero de 1987 falleció Nahuel Moreno. Probablemente, las nuevas generaciones de militantes, simpatizantes y activistas no conozcan la trayectoria y contribuciones de quien fue el fundador de nuestra corriente histórica en la década del ’40 y el principal dirigente del trotskismo latinoamericano. Por eso, cada año recordamos sus principales aportes al servicio de la construcción del partido revolucionario y de una organización socialista revolucionaria mundial.

El asesinato de León Trotsky a manos de un agente estalinista, en 1940, y la pérdida de importantes cuadros durante la Segunda Guerra Mundial dejaron inconclusa y muy debilitada la tarea fundamental de construir la IV Internacional. El Programa de Transición, uno de los grandes legados de Trotsky, no era suficiente si no se conseguía avanzar en una organización independiente de los trabajadores para luchar por sus intereses. 

Con esa comprensión, desde muy joven, Moreno se sumó a un puñado de dirigentes internacionalistas para abocarse con todas sus fuerzas a la reconstrucción de la IV Internacional. Como él mismo reconoció, la mayor parte de su militancia política estuvo dedicada a trabajar por la construcción del partido mundial. Así lo entendía Moreno, “[…] la construcción de los partidos nacionales y la internacional es un proceso combinado […]”.  

Una vida al servicio de la construcción del partido revolucionario  

Hugo Miguel Bressano Capacete, quien fue conocido como Nahuel Moreno, nació el 24 de abril de 1924 en Alberdi, provincia de Buenos Aires. Con solo 18 años se incorporó a círculos trotskistas, ambiente de tertulias y discusiones de café. Preocupado por el escaso contacto de esos grupos con los trabajadores, Moreno comenzó a reunirse con jóvenes obreros del barrio de Villa Crespo con los que estudió el ¿Qué hacer?, de Lenin, y los terminó ganando para el trotskismo. En 1943 escribió su primer texto, El partido, en el que concluyó: “Lo urgente, lo inmediato, es aproximarnos a la vanguardia proletaria y rechazar como oportunista todo intento de desviarnos de esa línea […]”. 

Con esa idea, en 1944, junto con esos jóvenes obreros de Villa Crespo Moreno fundó el Grupo Obrero Marxista (GOM)). Mateo Fossa, un dirigente sindical que en 1938 se entrevistó con Trotsky en México, lo orienta sobre cómo introducirse en el movimiento obrero. En 1945, el GOM tuvo una importante participación en apoyo a la huelga del frigorífico Anglo-Ciabasa, que contaba con 12.000 obreros, a partir de lo cual captaron destacados activistas de esa lucha. Comenzaba así una nueva etapa. Moreno y su grupo rompieron definitivamente con el “trotskismo de los bares” y se fueron a vivir a Villa Pobladora, en Avellaneda. Al año siguiente editaron su primer periódico, Frente proletario, y reunían casi cien militantes, en su mayoría obreros. 

Desde esa experiencia, Moreno impulsó a lo largo de su vida partidos ligados a la clase trabajadora y sus luchas. Como escribió en El partido, aquel documento precursor: “Nos empalmaremos en el movimiento obrero, acercándonos y penetrando en las organizaciones donde este se encuentre para intervenir en todos los conflictos de clase”. Así lo hizo de forma consecuente, a pesar del obstáculo que significaba el naciente peronismo, un proyecto nacionalista burgués, que en esa época iba a ganar la mayoría de la clase trabajadora a partir de otorgar importantes concesiones. Sin embargo, nuestra corriente siempre llamó a no confiar en ese proyecto, ya que por su carácter, de conciliación de clases, la mayoría de esas conquistas se iban a acabar perdiendo.  

Contra la corriente, Moreno continuó llamando a construir una alternativa de la clase trabajadora. Con ese objetivo construyó el Partido Obrero Revolucionario (POR), el Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), Palabra Obrera, el PRT, el PST y el MAS. Siempre tratando de enraizarlos en el movimiento obrero y sus luchas con propuestas que respondían a sus intereses inmediatos e históricos de disputar el poder para los trabajadores.

La IV Internacional, otra de sus obsesiones 

En 1948 se realizó en París el II Congreso de la IV Internacional. El GOM envió a Moreno como delegado. Allí conoció a los principales dirigentes trotskistas y fue informante del punto sobre América latina. Ese mismo año, por su crecimiento y las actividades desarrolladas, el GOM se convirtió en partido. En diciembre se fundó el Partido Obrero Revolucionario (POR). Moreno escribió su primer trabajo teórico, Cuatro tesis sobre la colonización española y portuguesa en América, donde cuestiona la visión de la mayoría de la izquierda que le daba un carácter feudal a ese proceso.  

En ese congreso de 1948, el primero después de la muerte de Trotsky, se eligió la dirección, encabezada por los dirigentes Michel Pablo, griego, y Ernest Mandel, belga. Moreno, que a pesar de su juventud ya había iniciado un proceso de construcción partidaria luchando contra la marginalidad del trotskismo, la definió como una dirección inexperta, formada en ámbitos intelectuales y no en la lucha de clases. Sostuvo duras polémicas con ella. Ese fue uno de los méritos de Moreno, haber intervenido con una política correcta en un momento difícil en que la dirección de la Internacional, debilitada por la muerte de Trotsky y presionada por procesos objetivos, fue conducida a serios desvíos. 

Uno de los más graves errores de esa dirección fue su capitulación a los partidos comunistas que seguían al aparato de la URSS, encabezado por Stalin, y a los nacionalismos burgueses en Latinoamérica, Asia y África, así como también posteriormente al castrismo y el sandinismo. Moreno alertó que esa orientación oportunista llevaba a renunciar a la construcción de partidos revolucionarios y al hundimiento de la Internacional.  

En los años ’70 entabló una dura polémica contra la política de elevar la táctica de la guerrilla, que se había mostrado exitosa para la revolución cubana, al plano estratégico. El grupo encabezado por Mandel definió impulsar la guerrilla en Latinoamérica. Moreno sostuvo que esa orientación llevaría al desastre a generaciones enteras de luchadores y sería contraproducente para el desarrollo de la revolución latinoamericana. La sistemática liquidación de los grupos guerrilleros, al tiempo que se iniciaba un proceso de ascenso obrero estudiantil en la región, acabaron dándole la razón a Moreno. 

Pasaron treinta y cuatro años de la muerte de Moreno y los hechos continúan corroborando sus aciertos políticos. Haber apoyado a los nacionalismos burgueses, a las direcciones “progresistas”, a los gobiernos frentepopulistas, al castro-chavismo, al falso “socialismo del siglo XXI” y sus variantes, como el sandinismo, fue un gran error de muchos sectores del trotskismo, en especial del mandelismo, y fue un freno para el desarrollo de una dirección revolucionaria. Por eso reivindicamos las enseñanzas de Moreno, de luchar por la movilización de masas, por la independencia de clase, por la construcción de partidos revolucionarios y reconstruir la IV Internacional.

*Para conocer la obra de Nahuel Moreno recomendamos visitar www.nahuelmoreno.org

“El gobierno de la Ciudad convoca al regreso a la presencialidad en las escuelas sin condiciones de salubridad en medio del alza de contagios por el corona virus”, manifestó el legislador por el Frente de Izquierda Unidad (FITU) en representación de Izquierda Socialista, Pablo Almeida.

El legislador solicitó una entrevista con la ministra de Educación, Soledad Acuña, para manifestarle la preocupación de familias y docentes por la decisión del gobierno de Larreta de imponer el retorno a la presencialidad en las escuelas a partir del 17 de febrero. Almeida afirmó que, dado que la trasmisión del virus se ha incrementado por encima de los indicadores epidemiológicos recomendados es riesgoso el regreso en febrero. Más aun si no están garantizadas mínimas condiciones de salubridad para el desarrollo de la actividad educativa presencial.

A su vez reclamó que el ministerio dé a conocer el protocolo con el que autoriza el retorno a la presencialidad y la lista de contagios que se han registrado en la burbujas del ciclo 2020 y en las colonias de verano a la fecha. Informe la lista de escuelas refaccionadas durante el año 2020 y los arreglos que en las mismas se realizaron para ser acondicionadas a una presencialidad segura en relación a la pandemia covid 19 y al dengue. En particular requirió “un informe de los sistemas de ventilación y m2 por alumno previstos en cada aula y la colocación de mosquiteros en todas las dependencias de las escuelas.”

Respecto a la vacunación, requirió el cronograma de la misma y afirmó que ésta debe incluir a la totalidad del personal que trabaja en las escuelas, incluyendo al personal de limpieza, comedores y a la planta no docente de apoyo a la integración de niños de la modalidad especial.

Dada la notoria insuficiencia nutricional de los bolsones entregados en el ciclo 2020, la falta de dispositivos y conectividad por parte de un número considerable de la población escolar, solicitó se revisen las partidas presupuestarias previstas para garantizar que este año 2021 los bolsones sean adecuados a una nutrición sana y que ningún estudiante o docente quede sin conexión virtual. A tal fin, propuso la reasignación de fondos previstos para el pago de deuda con bancos y entidades financieras, que deberían suspenderse durante el año 2021.  

Almeida advirtió que la falta de vacantes se reitera este año lectivo, sin que el gobierno del PRO garantice el derecho de miles de niñes y adolescentes que nuevamente quedan por fuera del sistema, por lo cual solicitó el gobierno de una solución atento a que se agravará pues el presupuesto 2021 se ha reducido a la mitad para la construcción de escuelas.

El legislador, finalmente se solidarizó con el reclamo efectuado por la asociación Ademys y otros sindicatos para que se garantice el nombramiento de todos los cargos docentes vacantes, se aumenten las plantas funcionales de docentes y de personal de limpieza, y se garantice la actualización salarial de los trabajadores de la educación al alza del costo de vida registrada en la ciudad que solo para el 2020 fue del 40%.

Cabe consignarse que, de aceptarse el pedido, la entrevista debería realizarse en forma virtual dado que el legislador Almeida y la propia ministra se encuentran afectados por covid 19, lo que nos exime de comentarios sobre la gravedad de la situación epidemiológica.

CONTACTO PRENSA

Legislador Pablo Almeida.  Celular:  1133770008

Asesora en educación Laura Marrone:  1168829255

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys e integrante de Izquierda Socialista 

El gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos han puesto en debate, en plenas vacaciones de enero, el retorno de las clases presenciales. Lo que podría parecer un sano interés por la educación, que en 2020 quedó demostrado que no es tal, es en realidad una insólita y apresurada puesta en escena para arrancar su pelea electoral, sin ningún pudor ante un tema tan sensible para todas las familias.

Todos, docentes, familias, estudiantes y quienes trabajan en el circuito educativo (transportes escolares, quioscos, librerías, etcétera) deseamos que, de una vez por todas, se termine esta insoportable situación de pandemia y podamos volver a las clases presenciales. Para los docentes es intolerable otro año de trabajo en la virtualidad, superexplotados, sin la conectividad ni la tecnología necesarias, buscando desesperadamente, a tiempo completo, cómo mantener el contacto con nuestros estudiantes. 

Para los alumnos es complicadísimo tratar de estudiar y tener continuidad dentro de esta situación. Las familias ya no sabemos cómo organizarnos para trabajar y mantener la atención y el cuidado de nuestros hijos, además de que estudien virtualmente. ¿Pero es posible el regreso a las aulas de manera segura para los alumnos, los docentes y sus familias?

Este hartazgo social general por la pandemia, que sigue creciendo, con chicos que no van a las escuelas, quiere ser aprovechado por Cambiemos y el peronismo en el terreno electoral. Somos claros y categóricos, a Cambiemos y al gobierno peronista no les interesa en realidad resolver cómo sostener la educación de nuestros pibes. Y como no tienen ninguna respuesta a esta problemática pandemia-educación presencial solo hacen anuncios pomposos vacíos, dicen que “este año las clases serán presenciales”, “habrá clases desde marzo”, “desde febrero”, tratando de mostrarse como los más interesados. El problema es que ninguno puede responder a una pregunta simple y práctica, cómo combinar la educación presencial sin aumentar exponencialmente la pandemia, cómo irán a la escuela, cuántos chicos por aula, cuántos días, cómo hacer clases virtuales y presenciales sin nombrar el doble o el triple de docentes, cómo garantizar el distanciamiento social de los niños, cómo mantener ventiladas las aulas, qué hacer con las escuelas cuya infraestructura es deficiente, donde no hay agua potable ni baños en condiciones. Su única respuesta es “lo estamos evaluando, estamos armando y consensuando los protocolos”. O sea, cuando se intenta avanzar en algo concreto se les caen las caretas al gobierno peronista y a la oposición patronal de Cambiemos. 

Para esconder esta política montan una campaña pretendiendo responsabilizar a los docentes de “no querer trabajar” y a los sindicatos de “poner todo tipo de trabas para no retornar a la presencialidad”. ¡Nada más lejos de la realidad! Los docentes preferiríamos, sin dudarlo, volver a las escuelas, estar con nuestros alumnos, dar clases normalmente, salir de esta desgastante virtualidad. Por otra parte, aunque el gobierno nacional, y el de Larreta en particular, quieran ocultarlo, todos sus planes de regreso parcial a las clases presenciales fracasaron por absurdos e impracticables, no porque “los gremios peronistas kirchneristas” los hayan boicoteado. Así ocurrió en CABA, Santiago del Estero, La Pampa, San Juan y otras provincias, donde en 2020 intentaron “retomar la presencialidad”. Y los únicos gremios que denunciamos lo irreal y mentiroso de sus planes fuimos los combativos, Ademys y los Suteba Multicolor.  

Durante 2020 luchamos en todo el país. Los Suteba Multicolor enfrentando la política de Kicillof de precarización a través del plan Piedas y los ATR. La docencia combativa de Santa Cruz exigiendo la realización de congresos provinciales y planes de lucha por parte de la Adosac. La minoría multicolor en Aten Capital denunciando al gobierno y a la burocracia sindical. La docencia mendocina frenó la reforma de la ley provincial de educación. Los docentes de Misiones autoconvocados lograron un aumento salarial frente a la pasividad de la burocracia. El plenario docente opositor de Córdoba se movilizó contra la reforma del estatuto. Y Ademys enfrentó la ofensiva aperturista de Larreta y Acuña.

Otro hecho que el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos tratan de ocultar es que en todo el mundo han dado marcha atrás con los planes para retomar la presencialidad escolar no bien la pandemia volvía a agravarse. No se puede sostener la mentira de que los chicos no son transmisores asintomáticos.  

Además, el gobierno peronista trata de instalar que el retorno a la presencialidad solo dependería de sus “protocolos”, escondiendo que los docentes tuvimos una pérdida salarial de entre 10% y 20% según la jurisdicción el año pasado, que estamos teniendo un salario inicial debajo de la línea de pobreza, que hay decenas de miles de docentes que no han sido designados en cargos durante 2020 y, en consecuencia, ni siquiera han cobrado. Que han generado trabajo docente precarizado con los planes Piedas y ATR. Por eso, aunque la burocracia sindical de Ctera y demás gremios no lo digan, además de los protocolos para la pandemia hoy el tema laboral y salarial es fundamental para cualquier regreso a clases, semipresenciales o virtuales.

La única solución para sostener la educación de nuestros hijos es que el gobierno nacional del Frente de Todos, los gobernadores de todo signo político, radicales y de PRO, decidan hacer una fuerte inversión extraordinaria en educación pública y salarios. Además de garantizar un salario inicial igual a la canasta familiar, se debe nombrar a todos los docentes necesarios, en blanco y bajo convenio, terminando con todos los programas educativos tercerizados y flexibilizados que, aprovechando la pandemia, el gobierno nacional ha generalizado. 

Si se quiere armar un protocolo para una educación semipresencial (yendo algunos días algunos alumnos y otros días de manera virtual) hay que invertir en la infraestructura escolar garantizando espacios con la ventilación adecuada y que permitan el distanciamiento, mayor cantidad de auxiliares de limpieza y elementos de higiene.  

Hay que nombrar docentes, el doble o el triple, los que sean necesarios, para que cada uno se haga cargo de los alumnos en presencialidad y de los que no van a la escuela y estudian de manera virtual. 

Sobre todo, hay que garantizar computadoras y conectividad gratuita para todos los docentes y los estudiantes para poder sostener la virtualidad.  

Ninguna de estas medidas fue propuesta por el gobierno de Alberto Fernández, por Cambiemos ni por los gobernadores peronistas. Insistimos, lo de ellos es solo propaganda política pensando en las elecciones de este año. Ellos son los verdaderos responsables de que haya o no educación para nuestros hijos.

Para Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, hay que invertir todo el dinero necesario para atacar la crisis del coronavirus, la crisis social y defender la escuela pública en pandemia. Para eso hay que romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa. Hay que cobrarles fuertes impuestos a las multinacionales, a los grandes empresarios y a los bancos, como lo planteamos desde el FIT Unidad. Dejar de subsidiar el negocio de la educación privada y nacionalizar la escuela pública. Llamamos a luchar por estas medidas de fondo. 

Escribe Adolfo Santos

Quedó atrás el primer año del gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Llegaron prometiendo gobernar para los sectores más vulnerables, a los que Macri había atacado sistemáticamente durante su gobierno. Fue solo un doble discurso. En los hechos, el ajuste continúa, la inflación no cede, los salarios son reajustados a la baja y la política económica se centra en las negociaciones con el FMI y el cumplimiento de sus exigencias para pagar la deuda externa. En este marco, padecemos el flagelo de la pandemia en el que el gobierno peronista destinó más recursos para socorrer a los grandes empresarios y multinacionales que los que dispuso, y dispone, para la salud del pueblo trabajador y para paliar las necesidades que genera la pobreza en los hogares humildes. Las y los trabajadores de todo el país seguimos expuestos también al contagio cuando viajamos en el transporte público hacinados y por la falta de medidas efectivas de protección en los lugares de trabajo. 

Con el gobierno del Frente de Todos el salario sigue perdiendo terreno. Con una inflación cercana a 40 por ciento, que asciende a varios puntos más en los rubros más necesarios, como alimentos y bebidas, la mayoría de los acuerdos salariales fueron cerrados a la baja, con sumas fijas y en cuotas. Es el caso de gremios importantes como metalúrgicos, mercantiles, la construcción, bancarios, sanidad, alimentación y, recientemente, ferroviarios. Peor todavía es la situación de los trabajadores estatales y los docentes. UPCN y la ATE que conduce Hugo “Cachorro” Godoy cerraron un aumento de 25 por ciento en cuatro cuotas hasta mediados de 2021, llegando al extremo de percibir solo 7 por ciento de incremento en 2020. En el caso de los trabajadores de la educación, la burocracia acordó un aumento en cuotas de 33,46 por ciento. O sea, la mayoría de los trabajadores vieron perder parte de su salario con la inflación mientras los dirigentes sindicales burocráticos no opusieron resistencia alguna.

Salario mínimo y jubilaciones: un ataque a los vulnerables 

El salario mínimo, importante valor testigo para la numerosa franja de trabajadores que están en negro, fue acordado en octubre en una reunión relámpago de la Comisión Técnica del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las cúpulas de la CGT y de las CTA, con la presencia de la CTEP, aunque sin voto, acordaron con las cámaras patronales, y bajo la supervisión del gobierno, un reajuste de 28 por ciento, solo que, al ser en cuotas, en 2020 recibieron apenas 22 por ciento.  

Las jubilaciones, otro de los indicadores de la situación económica del pueblo trabajador, también sufrieron un duro golpe. La promesa del candidato Alberto Fernández, de que una de sus prioridades sería mantener el poder adquisitivo de los jubilados, no fue cumplida. Suspendió la vergonzosa ley de movilidad de Mauricio Macri, otorgó aumentos por decreto y estableció un mecanismo de reajuste que inexorablemente significó una pérdida para los y las jubiladas. Cobardemente, el gobierno aprovechó el proceso de movilización por la ley de interrupción voluntaria del embarazo para aprobar, junto con la oposición patronal, una movilidad jubilatoria que no contempla la inflación. Ahora el objetivo es “ahorrar” alrededor de 100.000 millones de pesos que irán a parar a los cofres del FMI. Un verdadero Robin Hood, al revés, les saca a los jubilados para darle a los banqueros.

Es un brutal ataque a un sector largamente postergado. Si consideramos la inflación oficial, las jubilaciones sufrieron pérdidas que alcanzan 8,7 por ciento. No solo no se recuperaron las pérdidas de la era Macri, sino que se profundizó el deterioro. Pero en realidad estos índices son peores. La recomposición de las jubilaciones recién se completará en marzo, ya que fue otorgada en cuotas, y todo indica que la inflación de este año puede seguir creciendo muy por encima de los índices de movilidad pautados por el gobierno. 

La burocracia sindical es cómplice del ajuste del gobierno peronista 

Esta situación de deterioro social, agravada por la pandemia, no sería posible sin la complicidad de la dirigencia sindical burocrática. Los dirigentes de la CGT han apoyado cada medida del gobierno, incluida la negociación con los usureros de la deuda externa. Se reunieron con el FMI para pedir clemencia en vez de llamar a una movilización para enfrentarlo y exigirle al gobierno que rompa esos acuerdos que nos condenan a más miseria y pobreza. Lo único que movilizó a los burócratas sindicales fue el reclamo del dinero de las obras sociales, una verdadera caja negra que manejan discrecionalmente y que sirve para mantener sus prebendas. No organizaron ninguna lucha para defender el salario u oponerse a los despidos, las suspensiones y la pérdida de derechos. Sí se reunieron con Alberto Fernández para solicitar que se aumenten los aportes de los trabajadores a las obras sociales.

Organizar la lucha para enfrentar el ajuste del gobierno 

Este 2021 será un año en el que tendremos que seguir enfrentando el fuerte ajuste que pretende imponer el gobierno. Evidentemente, no tenemos ninguna confianza en que los dirigentes burocráticos vayan a movilizar contra los planes de ajuste. Su papel es impedir que se desarrollen las luchas. Para revertir esta situación tenemos que organizarnos desde las bases para frenar este brutal ajuste. No se pueden seguir soportando las políticas de un gobierno que, con doble discurso y frases grandilocuentes como “se acabó la Argentina de los vivos”, gobierna para los grandes empresarios, a los que les otorga subsidios que favorecen sus ganancias, en desmedro de los trabajadores y los sectores populares a los que empobrece con el ajuste, vía la inflación, con la precarización laboral o con despidos. 

En 2020, en medio de las limitaciones impuestas por la pandemia, varios sectores salieron a luchar para enfrentar los despidos y las suspensiones y para exigir mejores condiciones de salario y de trabajo. Los sindicatos aceiteros protagonizaron una huelga de veinte días que paralizó terminales portuarias y el complejo agroindustrial. Hicieron retroceder a la patronal del sector y consiguieron 35 por ciento de aumento salarial en 2020, un bono anual igual a un salario, un bono pandemia de 90.000 pesos en nueve cuotas y un ajuste salarial de 25 por ciento para 2021 en dos tramos, más una revisión salarial en agosto con aplicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor). Un importante triunfo que muestra el camino. Pero no fueron los únicos, los trabajadores de la salud, ferroviarios encabezados por la Lista Bordó del Pollo Sobrero, los del neumático, mineros y ceramistas de Neuquén, aeronáuticos de Latam, docentes de diferentes provincias, municipales de Córdoba, Algodonera Avellaneda, entre otros, también ganaron las calles demostrando una importante disposición de lucha. 

Hay que exigirle a la CGT que rompa la tregua con el gobierno, las grandes patronales y las multinacionales. Hay que organizarse desde abajo, realizar asambleas donde se pueda, o reuniones de delegados y activistas para pelear para que los salarios y las jubilaciones sean acordes a la canasta familiar. Que los desocupados cobren lo mismo que el costo de la canasta de pobreza calculada para una familia tipo, que en diciembre pasado alcanzó los 55.000 pesos. Que se frenen realmente los despidos y las suspensiones mientras dure la pandemia. Que se les exija a las patronales que cumplan con todas las medidas de protección adecuadas en cada lugar de trabajo. Que se hagan testeos masivos, se pague un salario que permita vivir a los trabajadores y sectores populares que deban aislarse y se continúe la vacunación, acelerando el ritmo, incluyendo en primer término a todos los trabajadores considerados esenciales. 

Por estas medidas, apoyando todas las luchas y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora venimos peleando desde el sindicalismo combativo. 

Desde Izquierda Socialista, junto al Frente de Izquierda Unidad, seguiremos luchando por estas reivindicaciones, contra el ajuste del gobierno y el FMI, por una alternativa política para los trabajadores y los sectores populares que comience por romper los acuerdos con los usureros e imponer el no pago de la deuda externa para así tener salarios, salud, educación y viviendas dignos, para que la crisis la paguen los capitalistas.