May 17, 2021 Last Updated 1:02 AM, May 17, 2021

Importante Plenario Nacional Antirrepresivo y de los Derechos Humanos

Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El sábado 19 de septiembre se realizó el Plenario Nacional Antirrepresivo y de los Derechos Humanos convocado por Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, APeL, Cadhu, CAJ, Ceprodh, CMM, EMCF, HIJOS La Plata, HIJOS Oeste, Serpaj, Centro de Acción Cultural Diego Cagliero, Correpi, Izquierda Socialista, PO, MST, entre otros.

Participaron alrededor de cuatrocientos compañeros y compañeras de distintas provincias, pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, sociales, familiares de víctimas de gatillo fácil, familias de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.

El documento de convocatoria al plenario, aprobado por unanimidad, denuncia que desde el DNU 297/20 que emitió el gobierno nacional de Alberto Fernández autorizando a las fuerzas de seguridad a detener por la cuarentena, se produjeron 113 muertes a manos de la policía y la gendarmería, más de 44 casos de gatillo fácil, 52 muertes en cárceles y comisarías, femicidios y tres desapariciones forzadas seguidas de muerte. Afirma además que las fuerzas actúan con impunidad, torturan, vejan, abusan sexualmente y a su vez encubren los crímenes bajo la protección de los gobiernos y de la propia Justicia.

Los relatos de cada uno de los familiares que perdieron hijos, padres, hermanos, eran desgarrantes. Durante casi cinco horas escuchamos las historias de jóvenes baleados por la espalda, obreros golpeados, mujeres abusadas sexualmente, travestis humilladas, vendedores ambulantes fracturados a golpes y sus mercaderías robadas. Narraron el desamparo sufrido ante la Justicia, que traba las investigaciones para dejar impunes a los policías culpables, la falta de recursos para pagar un abogado o una pericia de parte, o de permiso en sus trabajos para salir a litigar por juzgados.

El abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, denunció la nueva prueba que acababa de obtenerse que reafirma la culpabilidad de la policía en la desaparición de Facundo, el hallazgo de una piedra que era de su propiedad en un coche de la policía. Se denunció el encubrimiento del ministro de Seguridad del gobierno de Kicillof, Berni, que entorpeció la investigación requerida por la parte acusatoria.

También se señaló la represión a las luchas de trabajadores que, ante la grave crisis social y económica, deben salir, aun en pandemia, a defenderse de los despidos y suspensiones, como fue el caso del frigorífico Penta, o ante la falta de pago de los salarios a los choferes de la UTA en Córdoba.

Desde Izquierda Socialista denunciamos que mientras se niega un salario social de 40.000 pesos a las familias sin ingresos durante la pandemia, Fernández y Kicillof destinaron 80.000 millones a reforzar el aparato policial y más recientemente 30.000 millones al ejército, en una actitud clara de preparar más represión para enfrentar la agudización de la crisis social que se avecina.

El plenario analizó que los gobiernos están fortaleciendo los aparatos represivos en lugar de dar respuestas a los reclamos de salario, salud y vivienda. Por eso se resolvió unir esfuerzos para sostener este encuentro en el tiempo y en cada provincia. Se dispuso realizar una semana de lucha contra la represión del 5 al 8 de octubre y terminar el 9 con una marcha a Plaza de Mayo. Entre otras medidas, se dispuso acompañar a las 2.500 familias de la toma de Guernica, que el 23 de septiembre tienen la amenaza de ser desalojadas. Dar apoyo a la campaña por el desprocesamiento de los veintisiete estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que ocuparon el Pabellón Argentina en 2018 en defensa de la educación pública y repudiar la decisión de la cámara de apelaciones de esa provincia que ratificó lo dispuesto por el juez Vaca Narvaja. Y exigir el desprocesamiento de los cuatro dirigentes gremiales de Atech y de la CTA de Chubut que lideraron la lucha por el pago de salarios adeudados en esa provincia.

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