Mercedes Trimarchi, diputada provincial electa de Izquierda Socialista -FIT por la provincia de Buenos Aires, estuvo en Brasil junto con nuestro partido hermano CST-PSOL, recorriendo varias ciudades para socializar la experiencia de la lucha del movimiento de mujeres de la Argentina por el aborto legal e intercambiar experiencias con las mujeres brasileñas que están impulsando la pelea por sus derechos en su país. La gira se inició en el estado de Río de Janeiro, donde se realizó un panel de debate con la participación de más de 400 estudiantes (foto) en el auditorio de la Universidad Federal Fluminense en Volta Redonda. La gira siguió en el norte, en la ciudad de Belem, donde se llevó adelante una actividad de intercambio con las mujeres en lucha y culminó con una rueda de conversatorio en la ciudad de Belo Horizonte.
M. B.
Escribe Mercedes Trimarchi Dirigente de Isadora y diputada de Izquierda Socialista
Diana Sacayán fue una referente de la comunidad travesti a la que mataron de trece puñaladas en su departamento de Flores en octubre de 2015. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos. Tras varias audiencias, el pasado 18 de junio se conoció la sentencia que fue contundente: Gabriel Marino recibió la condena máxima por homicidio agravado por odio de identidad de género, es decir travesticidio. Un fallo histórico y sin precedentes.
Son pocos los casos de asesinatos de travestis que llegan a juicio y solo cuatro han tenido condena, muy bajos en relación con el tipo de crimen. Recordemos que las personas travestis, transexuales y transgéneros son altamente discriminadas y excluidas desde temprana edad de los ámbitos educativos, de salud y luego del trabajo formal.
Se ven expuestas a muchas formas de violencia: física, simbólica, psicológica, sexual y económica. Esto es lo que lleva a que en la Argentina su esperanza de vida sea de 35 años. Entre las causas principales de muerte están los travesticidios y el sida. A pesar de los últimos avances en materia legal, como la ley de matrimonio igualitario (2010) o la ley de identidad de género (2012), las personas trans siguen siendo altamente estigmatizadas y criminalizadas. Un informe elaborado por el CELS de 2017 señala que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, ocho de cada diez travestis están presas sin condena.
Quién era Diana Sacayán
Diana fue una defensora de los derechos humanos, activista travesti impulsora de las leyes de identidad de género y la del cupo laboral para las personas trans. A sus 39 años, llevaba dos décadas de militancia social. En 2001 creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), una organización dedicada a promover la inclusión educativa, laboral y sanitaria de las personas de la diversidad sexogenérica. Nació en Tucumán, de una familia humilde que se trasladó a la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, siendo ella todavía muy chica. Orgullosa descendiente del pueblo diaguita, asumió su identidad travesti a los 17 años y desde su adolescencia fue víctima de detenciones y persecuciones policiales por contravenir el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, que criminalizaba al travestismo.
En 2012, Diana se convirtió en la primera travesti en postularse como Defensora del Pueblo por La Matanza, logrando integrar la terna final. Logró ver un mes antes de su asesinato la sanción de la Ley de Cupo Laboral travestitrans en la provincia de Buenos Aires, que al día de hoy sigue sin reglamentarse.
Desde Izquierda Socialista acompañamos a la familia de Diana durante el juicio y celebramos la condena a cadena perpetua por travesticidio. Fue triunfo de la movilización de las organizaciones sociales, políticas y de la diversidad sexogenérico que, junto al movimiento de mujeres, viene avanzando en su organización y masividad, tal como se vivió el pasado 8M, que se suma al logro que significó la liberación de Higui, el año pasado. Este jueves 28 de junio vamos a participar de la tercera marcha nacional contra los travesticidios y transfemicidios que en Buenos Aires será de Plaza de Mayo a Congreso a las 18. Solo luchando y en las calles lograremos nuestros derechos.
Escribe Mercedes Trimarchi
El pasado jueves 28 se realizó la tercera marcha nacional contra los travesticidios y los transfemicidios, en varias ciudades del país se hicieron concentraciones, radios abiertas y marchas. En Buenos Aires, la jornada reunió a miles de personas que luego de concentrarse en Plaza de Mayo, marcharon hacia el Congreso en el que se leyó el documento de cierre, consensuado entre distintas organizaciones que convocaron. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda adherimos a la convocatoria y marchamos exigiendo el fin de los crímenes de odio y por el cupo laboral trans.
A una semana del fallo histórico que significó la condena a cadena perpetua de Gabriel Marino, asesino de Diana Sacayán, quienes participamos en la movilización exigimos justicia también para las 42 travestis y trans que fueron asesinadas en lo que va del año. El fin de los crímenes de odio, de la persecución policial, el acceso al trabajo, la efectiva implementación del cupo laboral trans, el respeto a la ley de identidad de género, la entrega de medicación a quienes viven con VIH-SIDA, son algunos de los reclamos al gobierno que desde la comunidad travesti trans se vienen haciendo y que fueron las principales exigencias de la convocatoria.
A su vez, en el palco se recordó a Lohana Berkins, histórica referente de la comunidad, así como también a otras reconocidas activistas como Diana Sacayán, Pía Baudracco y Maite Amaya que pelearon hasta su último día de vida contra la discriminación y por los derechos de las personas travestis y trans. Recordemos que la expectativa de vida en la actualidad de las travestis es de 35 años y las persecuciones policiales y maltratos son moneda corriente para el colectivo. Por eso, debemos seguir en las calles exigiendo el derecho a una vida sin violencias.
Escribe Mercedes Trimarchi
El #8A permitió visibilizar el rol de la reaccionaria y ultraconservadora Cámara de Senadores, que negó el derecho al aborto, desoyendo a las millones de personas que nos movilizamos en Buenos Aires, las provincias y decenas de países del mundo. Los partidos PRO, la UCR, el PJ y el FpV privilegiaron su acuerdo con la Iglesia Católica y votaron en contra.
Ante esto, algunos sectores de los partidos patronales plantean la “realización de una consulta popular” por el aborto legal a lo que, lamentablemente, se sumó un sector de la izquierda como el PO (Prensa Obrera, 16/08/2018). Este debate no es nuevo, ya en marzo cuando con la movilización logramos que se abriera la discusión en el Congreso, también se planteó esta propuesta. En aquel momento, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto elaboró correctamente una declaración en la que argumentaba por qué era un error plantear la consulta popular ya que nuestros derechos no pueden plebiscitarse.
Esto es así porque estamos hablando de un derecho humano, a la salud de las mujeres y a decidir sobre el propio cuerpo. Derecho que hoy está siendo vulnerado en nuestro país. En segundo lugar, porque el aborto se practica de manera clandestina en condiciones de peligro. Y en tercer lugar, porque la sociedad ya se posicionó en las calles masivamente por este derecho.
Insistir con una consulta popular o plebiscito es depositar expectativas sobre los mecanismos de este régimen antidemocrático. Desde el inicio del debate sostuvimos que no podíamos confiar en el Parlamento y sus partidos patronales porque responden a los intereses de la Iglesia Católica y los sectores más reaccionarios de la sociedad. No podemos poner expectativas en las instituciones de este régimen que han demostrado con creces estar en contra de los derechos de las mujeres. Ir a una campaña por una consulta popular con los medios de comunicación, la Iglesia Católica y los partidos patronales en contra, es una trampa para el movimiento de mujeres.
Creemos que nuestra tarea es seguir peleando para que el aborto #SeaLey apostando a la movilización permanente. Sigamos tomando las calles impulsando una gran jornada global el 28 de septiembre en el marco del Día Internacional por el Derecho al Aborto en Argentina y todo el mundo.
Escribe Mercedes Trimarchi
Luego del debate parlamentario de estos meses, las movilizaciones masivas por el derecho al aborto, y con el resultado negativo en el Senado, muchas personas sacaron la conclusión de que la Iglesia tiene demasiada injerencia en los asuntos públicos. Por eso, en estos días empezaron a verse junto a los pañuelos verdes, los pañuelos naranjas con la consigna de la separación de la Iglesia del Estado.
En primer lugar, hay que reforzar la idea de que las creencias religiosas son privadas e individuales y que quienes toman decisiones políticas y públicas como los legisladores, no deben hacerlo en función de esas creencias. En el caso del derecho al aborto se vio con claridad que todos los partidos patronales votaron con la Iglesia a favor del aborto clandestino, negándoles a las mujeres el derecho a la salud y a decidir sobre su propio cuerpo.
Por otro lado, hay que dejar de beneficiar económicamente a las iglesias. Por ejemplo, este año el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, fue quien confirmó que 130 millones de pesos del presupuesto son destinados para los sueldos de los obispos. Y eso está avalado por las leyes que vienen de la dictadura militar y que ninguno de los gobiernos que vinieron después las anuló. A eso hay que agregarle los subsidios que recibe la Iglesia para las escuelas confesionales y las exenciones impositivas. Este tipo de beneficios no son solamente para la Iglesia Católica sino también para las evangélicas y otros cultos.
La Iglesia Católica no solo hizo lobby ahora contra el derecho al aborto sino que históricamente es una institución ultraconservadora que se opuso a toda ley que se proponía ampliar algún derecho. Por ejemplo, así fue con la ley del divorcio en la década del ´80. Si bien el debate comenzó en 1984, la sanción definitiva fue en junio de 1987, cuando se logró derrotar la campaña “en defensa de la familia” que hizo la Iglesia durante años. En aquel entonces también se opuso a la patria potestad compartida. Con la ley de educación sexual integral (ESI) de 2006 ocurrió algo similar, la Iglesia hizo una gran campaña en contra y actualmente no la cumple en sus establecimientos. En 2010 se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario y nuevamente la Iglesia salió a la carga con consignas como “familia hay una sola” y se movilizó para que no se aprobara.
Esta iglesia que se opuso históricamente a los derechos de las mujeres, al igual que lo hace hoy, es una institución reaccionaria, que hasta fue cómplice de la dictadura militar que bendijo las armas con las que se torturaba y los vuelos de la muerte. A esto se suman los casos de pedofilia que fueron silenciados y encubiertos por la cúpula eclesiástica y que recientemente el papa Francisco reconoció en una carta. Por este prontuario es que miles y miles de fieles deciden desvincularse y realizar una apostasía colectiva y exigen que se deje de subsidiar a la iglesia. Por eso se popularizó en estos días una canción que dice “Iglesia y Estado, asuntos separados”
Nora Cortiñas: “Voy a apostatar”
En la tradicional ronda de los jueves, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora dijo que estaba muy triste porque ella era católica pero iba a apostatar. Lo hace porque rechaza a la Iglesia Católica y su posición de meterse en la vida de las mujeres oponiéndose a que decidan sobre su cuerpo.
Lo de Nora es sintomático. Es el sentimiento que miles y miles de personas sintieron luego de la votación en el Senado y luego de ver la campaña que la Iglesia hizo durante estos meses para que no salga el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Con mentiras de todo tipo, con amenazas y sobre todo con mucha hipocresía, avalando al aborto clandestino.
Apostatar es renunciar a una religión, y en el caso de la Iglesia Católica es pedir que una persona que fue bautizada, sea borrada de los registros en los que figura. Si bien la apostasía es un trámite individual, en estos días cobró fuerza hacerlo colectivamente, por eso grupos enteros llevan juntos las cartas al episcopado o directamente a las parroquias en que fueron bautizados. Todo esto que se está viviendo es parte de la crisis de la Iglesia Católica que se aceleró al calor de las luchas del movimiento de mujeres.
