El gobierno provincial cordobés de Martín Llaryora y la justicia local buscan avanzar en la criminalización de les compañeres que le vienen poniendo el cuerpo a la defensa de los territorios. Las Asambleas del Valle de Punilla hace años están organizadas y han enfrentado el desmonte, y en los últimos tiempos en particular los ataques de quienes quieren avasallar todo al paso de la construcción de la "Autovía de Montaña", parte del plan del grupo IRSA para conformar un corredor bioceánico que potencie el saqueo extractivista.

A los cotidianos ataques que sufren por parte de las bandas de los especuladores inmobiliarios, como el reciente incendio de una vivienda en Balcón de Punilla, hace tiempo viene sumándose también el brazo judicial imputando a defensores ambientales. En esta oportunidad, seis compañeres están atravesando una denuncia por parte de las autoridades locales, buscando la cárcel de les activistas y el amedrentamiento de las asambleas. Se trata de antecedentes gravísimos en el marco de la creciente hostilidad del gobierno nacional y provinciales a quienes defienden los territorios, tal como lo expresó el presidente Javier Milei el 9 de Julio en la firma del pacto al que se prestó también el gobernador cordobés.

Les compañeres están siendo convocados a declarar en un juzgado a 200km de distancia encareciendo los ya elevados costos del proceso de defensa. Y por eso están impulsando una colecta de fondos a la que invitamos a sumarse. Así mismo, se están juntando firmas en un pronunciamiento por el cierre de las causas. Proponemos desde BFS además impulsar una campaña de subida de fotos con mensajes de apoyo como "Basta de perseguir a les defensores ambientales de Punilla", "defender el monte no es delito".

Todo nuestro apoyo a les compañeres de Punilla y de cada rincón del país donde se lleve adelante la protección de los bienes comunes y los territorios frente a la depredación extractivista.

¡Fuerza Asamblea Ambiental Santa María y Asambleas De Punilla!