La tarde del 7 de noviembre, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó una larga narración apoyada en imágenes de mapas, así como videos de las supuestas declaraciones de quienes presuntamente habrían ejecutado a los 43 normalistas desaparecidos. Fueron los narcos del grupo "Guerreros Unidos", concluyó.
Mientras tanto, ante cerca de mil empresarios en la Reunión Anual de Industriales, Enrique Peña Nieto recibía el aplauso fácil, a ellos les decía que sus investigaciones irían hasta las últimas consecuencias y que los culpables serían castigados.

Ahora, presumen saber perfectamente quién disparó contra ellos, quiénes los secuestraron, cual fue el destino de los estudiantes, como los asesinaron... ¡más de 40 días después! Pero se adelantan a decir que debido al "alto nivel de degradación causado por el fuego", quizá no sea posible extraer el ADN y no sería posible comprobar que se trata de los cuerpos de los normalistas. Nos llaman a confiar en su palabra, en sus investigaciones, en sus conclusiones. Pero, ¡no les creemos!

Estos hechos evocan los montajes que se hicieron característicos del sexenio encabezado por Felipe Calderón, orquestados por su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Son un intento por darle carpetazo al abominable caso de Ayotzinapa y cerrar así la grave crisis que vive no sólo el gobierno de Peña Nieto, sino el régimen político mexicano y el conjunto de las instituciones burguesas.

Intentan desarticular un movimiento nacional, protagonizado principalmente por el movimiento estudiantil, que no ocurría hace muchos años y que no sólo encarna la ira e indignación por la brutal represión ejercida contra los normalistas, sino que ha canalizado un creciente descontento que permea a la mayoría de la población.

Porque no se ha borrado de la memoria de la mayoría, que Enrique Peña Nieto llegó al poder como resultado de una elección severamente cuestionada, en la que ocurrió una descarada compra del voto de millones de personas, además del uso descarado de los grandes medios de comunicación, especialmente de la televisión, para construir su candidatura y desarrollar su apabullante campaña.

Porque ha sido más que evidente, que la vuelta al poder de los priístas ha servido para impulsar las contrarreformas que habían quedado pendientes en anteriores sexenios, que su compromiso era con las grandes transnacionales y la oligarquía nacional, para crear nuevas leyes y reformar la Constitución con el objetivo de entregarles una importante tajada de la renta petrolera, consolidar el negocio de las telecomunicaciones para los grandes monopolios, desarrollar una política fiscal para ampliar la base gravable, pero mantener las exenciones para los grandes corporativos, permitir la reelección de legisladores y gobernantes locales, cancelando la posibilidad de que los ciudadanos participen realmente de las decisiones de gobierno.

La multitudinaria movilización estudiantil ha inundado las calles con sus marchas y mitines, ha paralizado las actividades en decenas de universidades públicas y privadas en todo el país y ha concitado la solidaridad de millones de personas, trabajadores, gente de clase media, que se ha horrorizado con la masacre. En ella suena con cada vez mayor fuerza el repudio a Peña Nieto.

Lamentablemente, esa solidaridad aún no se ha traducido en una participación activa y masiva en el movimiento. Siguen los trabajadores al margen de las marchas y los paros, debido principalmente a la responsabilidad de las dirigencias sindicales y populares que han decidido dejar a los estudiantes solos en esta lucha.

Aunque es evidente, no está demás repetir que las direcciones sindicales y populares vinculadas con el priísmo han hecho caso omiso de los hechos en Iguala, protegiendo al gobierno de Peña y guardando un silencio cómplice ante las atrocidades ocurridas en Guerrero. Ni la CTM ni la CROC, tampoco las organizaciones populares agrupadas en la CNOP o las campesinas en la CNC han hecho la más mínima declaración de condena de los hechos.

Pero, tampoco aquellas organizaciones que se reclaman independientes o democráticas han estado a la altura de los hechos que sacuden al país. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) apenas acordó con otras agrupaciones con las que constituye el Frente Amplio Social una marcha de algunos miles el pasado 28 de octubre, protagonizada mayoritariamente por integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Sin embargo, los estudiantes en decenas de escuelas y universidades, realizaron ya su tercer paro de labores, algunas hasta por 72 horas, pero los sindicatos independientes no han parado ni una hora sus labores.
Inclusive, las organizaciones integrantes de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) que han hecho fuertes declaraciones contra el gobierno federal y los partidos políticos directamente involucrados en los hechos represivos, aún no se suman a las movilizaciones ni a los paros como se desprendería de sus posicionamientos.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha movilizado y hasta ha parado actividades en los estados donde tiene mayor presencia, pero sin coincidir con las movilizaciones estudiantiles; de esta forma, se ha impedido una sola movilización nacional con cada vez más fuerza y tampoco se ha sumado a los paros universitarios.
La movilización estudiantil ha sido la más importante en décadas, pero requiere de converger con la fuerza de la movilización de los trabajadores, la cual sí puede ser decisiva para derrotar al gobierno e, inclusive, hacerlo caer. Porque también existe el riesgo de que los estudiantes movilizados se queden solos, incluso que se vayan distanciando del resto de los estudiantes que avalan algunas acciones, pero no las secundan con su participación activa, exponiéndose con sus acciones aisladas a la represión del gobierno.
Sigue haciendo falta, cada vez en forma más urgente, la construcción de un gran Frente Nacional de Lucha, que permita llevar a cabo un plan de acción en todo el país, que prepare las condiciones para una verdadera paralización nacional no sólo de los estudiantes, sino también de cada vez más trabajadores, empezando por los de la educación, que están agrupados en la CNTE; los que integran la UNT, los mineros y la NCT.

Hay coincidencia en llevar a cabo un gran encuentro nacional estudiantil y popular, la Nueva Central de Trabajadores ha propuesto la fecha del 20 de noviembre para llevarlo a cabo y que todas las resistencias converjan para crear una sola fuerza de lucha nacional contra el gobierno y el régimen.

Sin duda, en forma democrática y reconociendo la pluralidad dentro del movimiento social independiente y democrático, es indispensable acordar la realización de ese encuentro nacional, en el que estén representadas todas las fuerzas que se opongan al gobierno y al régimen, que estén dispuestas a luchar y lograr la presentación de los normalistas desaparecidos, que logre la justicia para los asesinados y heridos, que consiga terminar con la militarización y la política represiva con la que pretenden controlar al país y aplicar las contrarreformas aprobadas.

Es necesario que desde abajo se construyan organizaciones verdaderamente representativas de los sectores populares movilizados, que se construyan consejos generales de representantes en las escuelas, que sean permanentes, democráticos y muy representativos de la base estudiantil. Que se construyan comités de base entre los trabajadores, que logren escapar al control de los sindicatos charros y vayan generando cada vez mejores condiciones para su participación política.

Es necesario, construir la fuerza social, entre los trabajadores y los jóvenes que haga posible lo que es un clamor creciente, más fuerte y extendido en las movilizaciones: la renuncia de Peña Nieto y de toda la clase política que detenta el poder.

Con esa fuerza movilizada será posible lograr también la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, con base en una ley electoral verdaderamente democrática, en la que los diputados electos por los jóvenes y los trabajadores discutan y acuerden un nuevo proyecto de país, que barra con los partidos políticos corruptos, con el gobierno y el régimen entreguistas y represores, donde los socialistas defenderemos que se elija una gobierno de los trabajadores, basado en nuevas instituciones de poder popular, construidas desde abajo, para que sea realidad una nueva política económica y la marcha atrás de las contrarreformas impuestas.

¡Castigo a todos los responsables! ¡Cárcel para Aguirre Rivero!
¡Por la desaparición de poderes en Guerrero, que gobierne el pueblo!
¡Fuera los políticos corruptos ligados al narco y a la oligarquía nacional!
¡Que se vaya Peña Nieto! ¡Que se vayan todos!

Partido Obrero Socialista-Movimiento al Socialismo
7 de noviembre de 2014