Este martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó un informe en la comisión respectiva de la Cámara baja, posibilitando que los diputados le hicieran preguntas. Juan Carlos Giordano de arranque le señaló que repudiaba sus dichos en la conferencia de prensa que había brindado a la mañana, culpando a los trabajadores por el crecimiento de los contagios. Vizzotti había dicho que el personal de los hospitales “se contagia al cambiarse la ropa de trabajo o al tomar mate”, cuando son los que están en la primera línea, superexplotados y con salarios de pobreza.

El plato fuerte fue la vacuna. Giordano le preguntó a la ministra “cómo puede ser que hoy la noticia fue que las camas están saturadas en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, el mismo distrito donde en Garín se producen 24 millones de dosis por mes de la vacuna para AstraZeneca y se van del país”.

Giordano denunció que a pesar de que el gobierno compró 22,4 millones de dosis y ya hizo un pago anticipado de 60% (reconocido en la interpelación), ni una sola dosis fue destinada a la Argentina o a Latinoamérica como se prometió. Luego hizo la siguiente pregunta: “¿Va a hacer algo el gobierno ante esto? ¿O va a dejar correr como hasta ahora el negocio que hacen los empresarios Sigman-Slim y la multinacional AstraZeneca con la vacuna?”.

Nuestro diputado puso de ejemplo a Italia, que impidió que se exporten 250.000 dosis de AstraZeneca, procediendo a destinarlas al pueblo de ese país. “En concreto –dijo Giordano–, ¿el gobierno piensa tomar alguna medida en la emergencia para que las vacunas que se producen en Garín se envasen y usen acá?”.

La ministra, luego de decir que “no culpó a la gente de los contagios”, señaló que si bien es interesante la preocupación de la izquierda por la vacuna, “no es tan sencillo que se envase acá”. O sea, dijo que el gobierno no va a incautar las vacunas en Garín y, por lo tanto, que ninguna de esas dosis va a ir para los trabajadores y el pueblo, que las necesitan para salvar sus vidas.

Corresponsal

Los índices son escalofriantes. La pobreza subió al 42%; llegó al 51% en el conurbano y al 57,7% entre los menores de 0 a 14 años. Cifras que se acercan a las alcanzadas con la hiperinflación de los años 90 o la crisis de 2001.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT-U, destacó: “El gobierno dice que todo esto es culpa de la pandemia de Macri y del coronavirus. Y le agrega ahora 'la pandemia de la inflación'. Claro que Macri gobernó con tarifazos y ajuste. Pero Alberto Fernández  no toma medidas de fondo. Solo es doble discurso. Si la inflación crece es porque el Frente de Todos es cómplice de los grandes empresarios que aumentan todos los días con total impunidad los alimentos, bebidas y medicamentos. Es el propio gobierno el que aumenta los combustibles de YPF, los precios cuidados, la telefonía celular o ahora que se vienen las subas en la luz y el gas. Y es el gobierno el que de la mano de la CGT y la CTA impulsa salarios a la baja en las paritarias, lo que lleva a aumentar los índices de pobreza. Lo mismo dejando pasar los despidos y suspensiones. Es decir, el gobierno es el responsable de esta situación”.

Giordano prosiguió: “Los salarios perdieron un 8% desde que comenzó la cuarentena. Y las jubilaciones ya son de indigencia. La canasta de los jubilados llegó a $64.039 y la mínima está más de tres veces menos, en $20.500. Más del 80% de los mayores no pueden cubrir sus necesidades básicas. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno, que fijó una movilidad sin tener en cuenta la inflación. Un robo salarial y jubilatorio que va directo al bolsillo de las patronales y para seguir pagando la deuda externa”.

Giordano finalizó: “A todo esto ya estamos con la segunda ola del Covid y el gobierno sigue dejando que las 24 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que se producen en Garín se sigan yendo a México y a Estados Unidos. Se tienen que quedar acá y envasarse en el país para inmunizar ya mismo al pueblo trabajador. Ya son 80.000 los trabajadores de la salud infectados y 500 los fallecidos. Por eso hemos presentado desde el Frente de Izquierda Unidad un proyecto de ley que declara de utilidad pública al laboratorio mAbxience del empresario Sigman, se prohíba la exportación de la vacuna y se inicie una producción nacional como también lo reclaman científicos, médicos y distintas personalidades”.

Contacto
Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo
Facebook: Juan Carlos Giordano
Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente brindó en estos días una sorpresiva cadena nacional para justificar la falta de vacunas en el país. Lo que no dijo es que en la provincia de Buenos Aires se producen 24 millones de dosis mensuales de la vacuna AstraZeneca y que ninguna de ellas se usó en el país a pesar que el gobierno le compró 22 millones de dosis.

Garín es un partido ubicado en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Allí, en el laboratorio mAxbience del Grupo Insud-Pharma, de propiedad del millonario empresario Hugo Sigman y bajo licencia de AstraZeneca, se producen alrededor de 20 millones de dosis que se envían a México a otro laboratorio, el Liomont, patrocinado por el magnate Carlos Slim -dueño del grupo Claro que actúa en la telefonía, entre otros-, que la fracciona y envasa para distribuirla por toda América Latina, menos Brasil, un negocio tripartito infernal que se lo quedan Sigman/Slim/AstraZeneca, mientras la vacuna no aparece para la población argentina.

Todo este recorrido es para mostrar al lector que la vacuna AstraZeneca (el principio activo) se produce aquí, pero no contamos con esas vacunas, provocando que millones de argentinos sigan arriesgando su vida con contagios o muertes cuando se podrían vacunar si hubiera una decisión política para ello.

Alberto Fernández cuando habló en el foro económico de Davos dijo que la vacuna tiene que ser un “bien público mundial”, pero no hace nada para lograrlo. Además, Argentina es firmante de un documento junto a 99 países encabezados por India y Sudáfrica que le piden a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se liberen las patentes para que las vacunas se puedan producir en cada país aprovechando su tecnología, científicos y demás recursos propios. ¿Qué hace el gobierno? Nada. Es cómplice.

¿Cómo puede ser que en Argentina se produzcan millones de dosis y no se destine gran parte de ellas para vacunar a los adultos mayores, personal de salud, docentes y trabajadoras y trabajadores esenciales? El sábado pasado hubo un ruidazo convocado por el Defensor de la Tercera Edad, Doctor Eugenio Semino, diciendo que los mayores adultos y grupos de riesgo “no queremos morir en silencio” antes de la llegada del frío y de una nueva ola de Covid. Es desesperante.

Cuando el presidente viajó a México visitó personalmente el laboratorio de Slim justo cuando se revelaba que el mismo tenía millones de dosis paradas porque no poseía los “insumos” para envasarla. ¡No tenía los frasquitos! O sea, es un laboratorio parásito. ¿No estaba enterado de esto Alberto Fernández?

También se conoció que AstraZeneca vendió millones de dosis a Estados Unidos y que el presidente Biden las tiene acaparadas sin usar, porque en el máximo país imperialista aún no han autorizado la misma. El periodista especializado en vacunas, Walter Goodbar reveló que el propio empresario argentino Hugo Sigman mandó 12,8 millones de vacunas a una planta de los Estados Unidos, porque AstraZeneca tiene una planta ociosa en Ohio, dado que la vacuna Oxford aún no fue autorizada en los Estados Unidos. ‘Nosotros no podemos dejar que siga saliendo el material’, sentenció Goodbar.

Las vacunas están en Garín, tienen que destinarse a quienes la necesiten de forma inmediata. Como propone el Doctor Medardo Ávila Vázquez en esta página (ver recuadro), “se deben incautar las vacunas de Oxford que Sigman tiene en Garín, envasarlas a través de la industria pública y/o contratando-alquilando los laboratorios privados que hagan falta y colocarlas (voluntariamente) en nuestra población”. Incluso en el país, hay una industria del vidrio centenaria donde el sector de envases, por ejemplo, trabaja entre el 60% y el 80% de su capacidad, la cual es necesario reactivar para producir los frascos necesarios para envasar las dosis que se producen en Garín y empezar a vacunar con ella a los esenciales acá. Laboratorios públicos tienen capacidad técnica y física para manejar productos biológicos inyectables, como el Instituto Biológico de La Plata o el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros. Es falso que no se puedan envasar las vacunas que necesitamos, el conocimiento lo tienen nuestros institutos públicos y distintos laboratorios que fabrican insulina, adrenalina, morfinas y oncológicos endovenosos dentro del país.

El gobierno debe tomar esa medida en la emergencia, obligando al Grupo Insud a que destine la vacuna en el país bajo apercibimiento de estatizarlo, e iniciar una gran producción de vacunas para Argentina y América Latina unido a otros que lo quieran impulsar. Llamamos a seguir uniendo voces con este urgente reclamo.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Se deben incautar las vacunas de Oxford que Sigman tiene en Garín, envasarlas a través de la industria pública y/o contratando o alquilando los laboratorios privados que hagan falta y colocarlas en nuestra población. No podemos seguir vacilando y simulando que vacunamos con pequeñas cantidades de dosis mientras en nuestras narices se llevan las vacunas de nuestros pacientes.” Esto dice muy acertadamente Medardo Ávila Vázquez, médico, ex Subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba y Coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (LaNuevaMañana, 23/03/2021).

Como argumento a su postura el profesional agrega: “El gobierno italiano incautó un cargamento de 250.000 dosis que AstraZeneca enviaba a Australia y se las colocó a su población denunciando que no podían permitir que vacunas fabricadas en su país se enviaran a otros”.

Ávila Vázquez, de esta manera, sale al cruce con una tercera opción, opuesta tanto a la del gobierno como a la que predica Juntos por el Cambio. Dice: “La oposición, desde su manual neoliberal reclama liberar el acceso, que provincias y municipios compren por su lado lo que consigan y que las personas compren su vacuna a sus cadenas de farmacias amiga o por prepaga u obra social premiun, replicando un modelo criminal para la salud colectiva. Por otro lado, el gobierno nacional trata de conseguir remanentes de vacunas intentando quedar bien con Dios y con el Diablo cuando la pandemia quema, está atrapado en las miserias de una distribución nebulosa […]”. Saludamos al profesional por su valioso planteo.

Escribe Guido Poletti

Las audiencias públicas para autorizar aumentos en la tarifa del gas repitieron lo sucedido en oportunidades anteriores: centenares de usuarios, individuales y a través de asociaciones, trabajadores y la izquierda pronunciándose en contra. Pero la reunión resultó un mero trámite, porque los beneficios a las empresas ya están decididos. 

Nuestro diputado nacional por Izquierda Socialista Juan Carlos “Gringo” Giordano se solidarizó con los participantes en la audiencia y repudió el aumento que reclaman las empresas con la complicidad del gobierno. 

Giordano denunció que se les está reconociendo a estos pulpos un precio a boca de pozo definida por ellos mismos y totalmente por encima del verdadero costo de extracción y del valor internacional (piden una suba de 3,7 dólares por millón de BTU a 7,5, más del 100%). Denunció a los beneficiarios del denominado Plan Gas que van a recibir 5.000 millones de dólares de subsidios: Tecpetrol-Grupo Techint (Paolo Rocca), Pan American Energy (Bulgueroni), CGC (Hugo Eurnekian), la Francesa Total, Pampa Energía (Marcelo Mindlin) y Chevron, entre otros. Todos con el apoyo de los gobernadores de provincias petroleras y burócratas sindicales como Guillermo Pereyra que ya firmó la flexibilización laboral para los obreros de Vaca Muerta.

Giordano volvió a reafirmar la salida que postulamos desde la izquierda: anular las concesiones y reestatizar las privatizadas para que pasen a manos del Estado y sean puestas bajo control y gestión de sus trabajadoras y organizaciones de usuarios. Todo el sistema gasífero-petrolero debe ser parte de una gran empresa y una YPF 100% estatal que concentre la exploración, extracción, transporte y distribución garantizando el autoabastecimiento y un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador.