Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Hugo Sigman publicó el 16 de abril una carta pública bajo el título “Algunas aclaraciones sobre la vacuna”. Sigman es el empresario fundador del Grupo Insud, propietario del laboratorio mAbxience instalado en la localidad bonaerense de Garín, donde se producen 24 millones de dosis por mes de la vacuna Astrazeneca que se van a México y a Estados Unidos, sin que ninguna de ellas, hasta ahora, se haya destinado a Argentina y a Latinoamérica como se prometió. El gobierno había anunciado a finales del año pasado un contrato diciendo que entre febrero y marzo de este año llegarían 22 millones de esas vacunas. Pero a pesar de que el propio gobierno compró esa cantidad y habiendo pagado ya el 60% por adelantado (60 millones de dólares), la vacuna no aparece.

Luego de meses de silencio, Sigman tuvo que salir a dar explicaciones. Esto solo se explica por el éxito de la campaña que iniciamos desde hace meses desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, junto a otras organizaciones sindicales, políticas y personalidades de la salud, como la Fesprosa, el epidemiólogo Carlos Ferreyra, el doctor Avila Vázquez, los periodistas Walter Goobar y Rolando Graña, entre otros, denunciando esta situación que tanto el gobierno como Sigman escondían y millones desconocían.

Sigman responde que existe una “intoxicación de noticias falsas”. Trata así de lavarse las manos del ya evidente escándalo público de que no tengamos esos millones de vacunas que se producen en su laboratorio. Pero las noticias falsas son las que dice Sigman. Desmenucemos su carta.
Sigman dice que “El equipo científico y técnico de mAbxience que se encarga de producir el principio activo de la vacuna de AstraZeneca trabaja contrarreloj desde noviembre del 2020” y que puso “toda su capacidad de producción del año 2021 y parte del año 2022”. Está reconociendo que su laboratorio hace la vacuna y que produce millones de dosis desde noviembre del año pasado. Pero esas dosis no llegaron aún al país.

La explicación “técnica” de la “demora” que da Sigman, ya la conocemos: que en México el laboratorio Liomont, del magnate Carlos Slim, tuvo problemas para envasar las dosis. Faltaron “los equipos e insumos específicos”, es decir, faltaron frasquitos y otros elementos. Una respuesta insólita que muestra la irracionalidad del negocio capitalista. Pero ante el reclamo de que se paren los envíos de millones de dosis de Garín y se envasen de emergencia en el país, Sigman responde que eso es imposible. “Prohibir la exportación del principio activo, como reclaman algunos, implicaría poner en cuestión un proyecto que tiene como objetivo garantizar que América Latina acceda a la vacuna de manera equitativa y económica”, dice. Pero el proyecto está cuestionado desde su origen. Si las dosis se mandaron a México para fraccionar y envasar allá y las tenían que reenviar a Argentina, ¿qué pasó? El proyecto fue claramente para fomentar las ganancias de su Grupo.

Sigman agrega: “Hasta donde tengo conocimiento ninguna planta activa hoy en Argentina puede realizar esta tarea de manera inmediata”. Lo cual es una mentira. Hay muchos especialistas que dicen lo contrario. Hay decenas de laboratorios e institutos que lo podrían hacer acá, como el Hemoderivados de Córdoba o el Tomás Perón de La Plata, entre otros. Y en todo caso, si hiciera falta, se podría poner a producir al cien por ciento la industria del vidrio que hay en el país.

Sigman dice que acá no se podría envasar, pero el problema es que en México con el negocio que hizo con Slim y AstraZeneca, no la han envasado. Esto se llama “incumplimiento de contrato”. Y no se trata de un contrato para producir caramelos o alfajores, sino vacunas para combatir una pandemia que lleva millones de contagiados y muertos en Argentina y el mundo. Por eso, ante la emergencia sanitaria y ese incumplimiento, lo que corresponde es incautar los millones de dosis que se producen en Garin y planificar un envasamiento masivo en el país con los laboratorios mencionados, empresas del vidrio y los recursos que hagan falta, junto a nuestros profesionales y científicos. En Argentina se envasan vacunas todos los días y hay personal especializado al respecto.

Sigman dice que la vacuna no se puede terminar acá, pero al mismo tiempo se pisa al reconocer que mAbxience se dedicaba a otra cosa, “pero cuando nos solicitaron reconvertirla para producir el principio activo de la vacuna contra el Covid-19 lo hicimos con entusiasmo”. Es decir, se reconvirtió para producir la vacuna contra la pandemia, mecanismo que podría usar cualquier laboratorio si hubiera una decisión política del gobierno para ello. Ahora ya se anunció que un laboratorio privado empieza a envasar la vacuna rusa Sputnik V, por ejemplo.

A su vez, Sigman se quiere salvar diciendo “mAbxience no es la propietaria de la vacuna, ni la encargada de venderla, cobrarla, ni de firmar los contratos con los gobiernos o establecer las fechas de entrega”. Sigman debería aclarar entonces quien firmó el contrato con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sigman acaso no es parte del negocio? ¿Tampoco cobra nada? No suena creíble que trabaje gratis. Su fortuna personal de 2.000 millones de dólares fue difundida en estos días por la revista Forbes, lo desmiente. Sigman trabaja para AstraZeneca. Es con ella y el magnate mexicano Slim con quienes hizo el negocio. Con ellos y el gobierno peronista del Frente de Todos cubren el secretismo del contrato.

Sigman miente cuando en su carta dice que no se puede terminar la vacuna en el país. Defiende de esta manera a su socia, la multinacional inglesa AstraZeneca, y su negocio capitalista, de negar la liberación de la patente de su vacuna. Niega que la vacuna sea un bien público de la humanidad, igual que lo hacen Pfizer, Moderna y demás multinacionales farmacéuticas que marginan de la vacuna a la mayor parte de los pueblos del mundo.

En resumen, la carta de Hugo Sigman no hace más que confirmar lo que venimos proponiendo desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad  junto a médicos y distintas organizaciones, que ese laboratorio debe ser declarado de utilidad pública. Y que se debe proceder a frenar la exportación de las vacunas, envasarlas acá y que el gobierno inicie un inmediato plan de emergencia de producción nacional de millones de ellas para vacunar a todas y a todos en Argentina y en Latinoamérica.

Importante intercambio del diputado Juan Carlos Giordano y Liliana Olivero, diputada provincial (m.c.) de Córdoba con Carolina Heidenhain y Josefina Martorell (directoras de Comunicación y general, respectivamente, de Médicos sin Fronteras) en pos de fortalecer la campaña por liberar las patentes de las vacunas Covid-19.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente sigue haciendo gala de su doble discurso. Habló en cadena durante diez minutos el pasado miércoles 7 de abril y, a pesar de disponer medidas completamente insuficientes para enfrentar la segunda ola, dijo que eran eficientes para “cuidar la salud y recuperar la economía”. Ni una cosa ni la otra. Las pruebas están a la vista.

Arranquemos por lo primero. Cuando el presidente dijo “me preocupa el relajamiento social”, le está echando la culpa a los trabajadores y al pueblo de los contagios. Lo mismo dijo la ministra Vizzotti cuando señaló que el personal de los hospitales se contagia al cambiarse la ropa de trabajo o al tomar mate. Pero fue la política del gobierno, avalada por Juntos por el Cambio, la responsable de los mayores contagios al abrir todas las actividades industriales y comerciales para resguardar las ganancias de los grandes empresarios. Luego el gobierno dispuso las clases presenciales a cualquier costo, coincidiendo con Larreta y Patricia Bullrich, empujando a casi 15 millones de personas entre estudiantes, docentes y padres a circular. Esto provocó que en el transporte público se viaje como ganado.

Segundo, médicos, epidemiólogos y especialistas hablan de “colapso sanitario” y que lo peor ya está ocurriendo. La Argentina se encuentra entre los quince países con más contagios y muertes acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria global. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) reconoció que en el AMBA las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 93 por ciento. “Estamos cerca del 100%”, señaló Rosa Reina, presidenta de esa institución. Saturación o al borde de estarlo. “Esto es explosivo y los contagios afectan ahora a los menores de 40”, señalan los profesionales. Intendentes de Ensenada y Berazategui piden el cierre de las escuelas. Lo mismo el especialista Rachid, asesor de Kicillof. Pero el gobierno nacional apela a medidas cosméticas. No hay testeos suficientes ni seguimiento para aislar los casos. En cada lugar de trabajo hay que pelear para que se cumplan los protocolos. Tampoco apeló a centralizar el sistema de salud para enfrentar en mejores condiciones a la pandemia cuando esa medida ya la han tomado otros países hace meses, como el gobierno conservador de Irlanda.

Por otra parte, desmentimos que el gobierno diga “estamos en plena vacunación”. La vacuna solo aparece a cuentagotas. Solo se ha vacunado a 1,6% de la población con las dos dosis. El gobierno dice que hay un 10% inmunizado con una dosis, pero aun así cualquiera se puede contagiar igual, como le ocurrió al propio presidente con las dos dosis.

Lo cierto es que todavía no ha sido vacunado el 100% del personal de salud con la primera dosis y solo se vacunó a un tercio de los mayores.

¿Y las vacunas de Garín?

Hemos interpelado desde nuestra bancada a la ministra Vizzotti en el Congreso haciéndole una sencilla pregunta. ¿El gobierno va a hacer algo para impedir que se sigan yendo de nuestro país 24 millones de dosis que se producen por mes en Garín de la vacuna AstraZeneca? La ministra contestó que no y otras evasivas. Ahora siguen las voces oficiales diciendo que no se puede hacer nada.

Sonia Tarragona es la actual jefa de gabinete de Salud y ex titular de la Fundación Mundo Sano, de la esposa de Hugo Sigman, el millonario empresario del laboratorio mAbxience de Garín donde se producen las vacunas. En un extenso reportaje, Tarragona dijo sobre los países que vacunan primero a los suyos y después distribuyen algunas dosis por el mundo: “Pienso que nosotros, si tuviéramos la posibilidad, haríamos lo mismo. Antes de sacarlas afuera atenderíamos a nuestra población”. Agregó también que si se liberaran las patentes “Brasil y Argentina podrían” producirlas (Página/12, 12/4). La pregunta sería ¿qué dice la funcionaria sobre producirlas acá entonces? Lo mismo que Vizzotti. Que llevaría mucho tiempo y un largo blablá. Leamos sus dichos: “Todo eso no es automático, por eso me llama la atención cuando se hace este planteo de expropiar mAbxience para quedarnos con las vacunas. Es de una simpleza que me preocupa, no se le puede dar curso a una idea semejante”, dice Tarragona.

Esta funcionaria de Alberto Fernández desecha esta idea por la suya, que es la de seguir produciendo vacunas para una multinacional sin siquiera destinar una sola dosis en el país. Es decir, ser cómplice del negocio privado, que encima se incumplió. Porque el gobierno compró 22 millones de esas dosis y ya pagó el 60% de (60 millones de dólares)… ¡y la vacuna no aparece! ¿Esta es la brillante idea del gobierno? De esta manera no solo le está dando la espalda a la izquierda cuando planteamos que se declare de utilidad pública al laboratorio e incautar las dosis, envasarlas acá y vacunar a todos los necesitados, sino a centenares de profesionales de la salud que opinan lo mismo.

El gobierno, a pesar de adherir al pedido de noventa y nueve países encabezados por India y Sudáfrica que reclama a la Organización Mundial de Comercio liberar las patentes en la pandemia para posibilitar la producción de millones de vacunas en el mundo por parte de cientos de laboratorios que están impedidos de hacerlo porque rigen las patentes, no solo que no hace nada sino que deja que millones de dosis se vayan del país.

Para finalizar, tampoco el presidente tomó medida social alguna. Es más, hasta sacó el IFE. Por eso tenemos que seguir luchando por verdaderas medidas de emergencia para combatir la pandemia del coronavirus y la pobreza. Que se incauten las vacunas de Garín debe ser el primer grito en esta pelea, además de que se aumenten los salarios y las jubilaciones, que se otorgue un seguro de desempleo, que se asista a los pequeños talleres, comercios y kioscos. Para eso hay que suspender los pagos de la deuda e imponer un fuerte impuesto a las ganancias de bancos, multinacionales y grandes empresarios. Esta es nuestra lucha.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional, Izquierda Socialista/FIT Unidad

¿Sabías que en la Argentina se producen 24 millones de dosis mensuales de la vacuna AstraZeneca y se van a los Estados Unidos? ¿Sabías, además, que ninguna de esas dosis se usó en el país, ni en Latinoamérica, como prometía el gobierno? Estas preguntas, a modo de disparadores, son para llamar la atención sobre lo que ocurre en el país con la complicidad del gobierno nacional.

El gobierno compró 22 millones de dosis (ya pagó el 60%, reconocido por funcionarios de Salud -ver interpelación a la ministra Vizzotti en esta nota-) y Alberto Fernández, en vez de reclamarlas, está dejando que se las lleven.

Cuando anunciaron el proyecto de hacer la vacuna en el país decían que era una gran iniciativa “pública-privada” entre los gobiernos de Alberto Fernández y López Obrador (México) y los empresarios Hugo Sigman (Argentina), Carlos Slim (México) y la multinacional AstraZeneca para producir millones de dosis para Latinoamérica. ¿En qué quedó esto? En nada.

Las 24 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca se producen en el laboratorio mAbxience de Garín, provincia de Buenos Aires, perteneciente al empresario Hugo Sigman, del Grupo Insud-Pharma. Esas dosis van a México, donde un laboratorio del empresario Carlos Slim tiene que envasarlas y reenviarlas. Pero al día de hoy no ha mandado una sola dosis y no se sabe cuándo lo hará. Argumenta problemas de insumos. Pero acá en la Argentina hay dos plantas con capacidad de envasarlas, como el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba y el Instituto Biológico Tomás Perón, de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma capacidad y una industria centenaria del vidrio que se podrían poner a producir al ciento por ciento.

Hay que incautar ya esas vacunas y prohibir que se las lleven del país. Esto también lo dicen científicos y médicos especializados. Para así poder inmunizar ya a los adultos mayores, profesionales y trabajadores de la salud, docentes, personas en riesgo y al resto del pueblo trabajador. Es la batalla que estamos dando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Para ello hicimos un acto frente a las puertas del laboratorio en Garín y presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con ese planteo (ver en esta nota). Es parte de la lucha contra las multinacionales y por la liberación de las patentes en el mundo para terminar con la escasez de vacunas.

Alberto Fernández se la pasa hablando contra el neoliberalismo de Macri y de que hay que impulsar un mayor “rol del Estado”, pero protege el negocio privado que hacen estos empresarios y laboratorios con la vacuna. Por la misma razón Macri, Larreta y Juntos por el Cambio guardan silencio.

A pesar de que la noticia de que se producen en el país millones de dosis no es tomada por los grandes medios nacionales, nuestra campaña está incomodando al gobierno. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, dijo que le parecía “una falacia” e “ignorancia” el planteo por parte de lo que llama “un grupo poco identificado de médicos y algunos grupos de izquierda”. Dice que no se puede impedir la exportación de esas dosis de vacunas porque “la vacuna es de AstraZeneca, no de la Argentina, así que impedir su exportación sería algo así como expropiarlas”. Y que “en Argentina no tenemos la capacidad tecnológica y humana” para ello (Perfil, 5/4/2021). En definitiva, este representante del gobierno miente para salir en defensa del negocio privado Sigman-Slim-AstraZeneca, diciendo que el gobierno solo tuvo “contratiempos y meros retrasos” mientras reconoce que de acá se va la vacuna a granel.

Más de doscientos referentes de la salud y personalidades, entre ellos la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y Nora Cortiñas, le han enviado una carta al presidente que dice que “la Argentina produce millones de vacunas y lxs argentinxs están sin vacunar”. Piden que se suspendan las remesas al exterior y se autorice a los laboratorios públicos y privados a envasar esa vacuna en la Argentina. Cicop (gremio de los profesionales de la salud de Buenos Aires) exige que “la vacuna sea declarada de utilidad pública, fraccionada y envasada en laboratorios públicos nacionales”.

Llamamos a impulsar pronunciamientos para que las vacunas que se producen en nuestro país se usen para inmunizar a nuestra población. Y que el gobierno impulse un plan de producción nacional de millones de dosis. A hacer actos, protestas, marchas y otras iniciativas con todos aquellos dirigentes y organizaciones que peleamos por lo mismo. Llamamos a Fesprosa, Cicop y a dirigentes de la CTA Autónoma y de otros gremios que se han pronunciado a coordinar distintas acciones. Estamos en emergencia. No se puede esperar más. Que aparezca la vacuna y se use para vacunar a todas y todos en nuestro país y en Latinoamérica.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Es imprescindible el rol del Estado para prevenir y dar tranquilidad. Un Estado presente en salud es la mejor manera de cuidar a todos”, dijo recientemente el presidente Alberto Fernández en cadena nacional. “Habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más”, les decía a los jubilados en un discurso de enero de este año. Varias veces también se lo escuchó hablar de “reconfigurar el rol del Estado” para beneficiar a los más vulnerables. Pero con el tema de la vacuna el gobierno está haciendo lo opuesto. Porque en vez de intervenir, como se lo estamos reclamando desde numerosas organizaciones de médicos, científicos y desde la izquierda para evitar que se sigan yendo las vacunas que se producen en nuestro país, el gobierno usa al Estado para encubrir el negocio privado entre Hugo Sigman, Carlos Slim y la multinacional AstraZeneca. El gobierno habla contra el neoliberalismo y “la pandemia de Macri” y termina haciendo más o menos lo mismo que hubiera hecho un gobierno de los CEOs.

Alberto Fernández dijo que la vacuna tiene que ser un “bien público global”, incluso la Argentina es firmante junto a 99 países, encabezados por India y Sudáfrica, de un pedido a la Organización Mundial de Comercio para que libere las patentes para producir masivamente la vacuna. Entonces que actúe en consecuencia.

¿Cómo puede ser que el Frente de Todos haga gala de un doble discurso hablando del rol del Estado mientras es cómplice y protector de ese negocio capitalista con la vacuna? ¿Cómo que no puede intervenir para evitar que las dosis se vayan afuera y se envasen en la Argentina en los laboratorios públicos que podrían hacerlo? ¿Cómo puede ser que, en plena segunda ola, no se haya siquiera centralizado el sistema de salud para hacer frente a los mayores contagios y evitar más muertes como sí lo ha hecho el gobierno conservador de Irlanda?

No le estamos reclamando al gobierno medidas de izquierda, sino que cumpla con lo que dice. Lo más lógico es que, si habla de un mayor rol del Estado, tome las medidas que están a su alcance para que haya vacunas para el pueblo trabajador.

Ocurre que estos gobiernos, denominados “nacionales y populares”, ya gobernaron en Latinoamérica y han puesto al Estado para salvar las ganancias capitalistas de bancos y multinacionales, no al servicio de las mayorías populares. Un ejemplo es que el peronismo en el poder no reestatizó las empresas privatizadas y sigue pagando una deuda externa usuraria y fraudulenta. Con lo cual ratificamos que para hacer lo opuesto habrá que conquistar un gobierno de los trabajadores y la izquierda, como lo peleamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.