El Frente de Izquierda Unidad repudia enérgicamente los bombardeos y todos los ataques del Estado de Israel contra el pueblo palestino, que al 12 de mayo habían dejado ya alrededor de 50 muertos, entre ellos 14 niños.

La nueva andanada de agresiones viene precedida del intento de desalojo de varias familias palestinas en Sheikh Jarrah y otros barrios de Jerusalén Este, en favor del desarrollo de nuevas colonias; de movilizaciones de grupos ultranacionalistas al grito de “muerte a los árabes”; y del despliegue de tropas militares e instalación de vallados en sitios de rezo de la comunidad musulmana, con el pretexto de la pandemia (esto, mientras se toleran todo tipo de infracciones por parte de los judíos ultraortodoxos).

Estas agresiones desencadenaron las movilizaciones más importantes de la población palestina en los últimos años. En Jerusalén Este, la represión ha dejado ya cientos de heridos. Apoyamos estas manifestaciones y rechazamos la represión y las detenciones.

Todos los episodios mencionados son la última muestra de una política de anexión y limpieza étnica por parte del Estado sionista, que cercena crecientemente el territorio de los palestinos y los va condenado a vivir en una serie de cantones entrecortados y vigilados por las fuerzas militares israelíes. El año 2020 marcó el récord en una década en la construcción de nuevos asentamientos sobre territorio palestino, con la autorización de más de 12 mil nuevas viviendas para colonos en Cisjordania. En el caso de Jerusalén Este, ya son más de 200 mil personas instaladas en esos asentamientos, mientras los barrios palestinos sufren el hacinamiento y la amenaza de demolición.

Uno de los últimos capítulos de esta política de anexión es el “acuerdo del siglo”, suscripto por Netanyahu-Trump, que busca dar un salto en la colonización, incluyendo la apropiación del valle del Jordán, y que ha sido suspendido pero no abandonado. A esto debemos sumar el cerco criminal sobre Gaza, transformada en una prisión a cielo abierto; y las represiones contra las manifestaciones del retorno en 2019 (que dejaron más de 250 muertos).

El imperialismo norteamericano y la Unión Europea son cómplices de las masacres del sionismo, dado que éste les sirve como una herramienta para el control del Medio Oriente. Joe Biden continúa la política de alianzas de su predecesor Donald Trump, al punto que ha mantenido la embajada en Jerusalén. Ahora, EE.UU. y la UE han realizado condenas genéricas a la violencia, que solo encubren las raíces del conflicto y buscan situar en el mismo plano los bombardeos criminales del sionismo y la resistencia del pueblo palestino.

Impugnamos, asimismo el planteo del gobierno argentino, que se ha referido a un “uso desproporcionado de la fuerza” por parte del Estado de Israel, es decir que cuestiona los “excesos” y no las agresiones mismas, al mismo tiempo que desenvuelve una especie de “teoría de los dos demonios” que omite mencionar la política de anexión y limpieza étnica que el estado de Israel viene desarrollando  inescrupulosamente. El pronunciamiento del gobierno, además, no dice una palabra sobre las movilizaciones del pueblo palestino. Esta postura no nos extraña, toda vez que el primer viaje internacional que realizó Alberto Fernández fue a Israel en momentos en que se  proclamaba el “acuerdo del siglo” entre Netanyahu y Trump.

Rechazamos también los planteos de Juntos por el Cambio, que directamente avala la política masacradora de Netanyahu poniendo a los palestinos en el lugar de los agresores, mientras que los medios de difusión a ambos lados de “la grieta” victimizan al Estado de Israel e invisibilizan las penurias y los sufrimientos a los que está sometido el pueblo palestino.

Apoyamos las movilizaciones de solidaridad que empiezan a darse en distintos lugares del mundo y denunciamos la política de restablecimiento de relaciones con Israel por parte de las burguesías árabes, así como la política de cooperación por parte de la Autoridad Palestina, que viene de restablecer los acuerdos de seguridad con las fuerzas sionistas. Nos pronunciamos por el derecho al retorno del pueblo palestino a su territorio  histórico y por la libertad de todos los presos políticos. El cuadro planteado en la región refuerza la necesidad de acabar con el Estado sionista.

Abajo los bombardeos contra el pueblo palestino
Abajo la política de colonización y “limpieza étnica” del sionismo
Libertad a los presos palestinos.
Que el gobierno argentino rompa las relaciones con Israel
Por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el retorno incondicional a su territorio histórico.

Frente de Izquierda y de los trabajadores - Unidad

Desde las movilizaciones en las calles de Colombia nos envían un saludo y un llamado a la solidaridad internacional: Miguel Vivas, dirigente de la asociación judicial del Valle del Cauca, y Joaquín Lineros, presidente del sindicato de docentes de Santa Marta. Integrantes de Colectivos Unidos, Organización hermana de Izquierda Socialista.

Por Miguel Angel Hernández (dirigente de la UIT-CI)

En la reunión del consejo general de la Organización Mundial de Comercio, celebrada entre el 5 y el 6 de mayo, Estados Unidos anunció su decisión de apoyar la renuncia a las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra la Covid-19. En concreto, la administración de Biden se sumaría a los países que han planteado la suspensión temporal de las patentes de dichas vacunas, que hoy están en manos de las grandes transnacionales farmacéuticas.

Estados Unidos junto a la Unión Europea, Inglaterra, Noruega, Suiza, Canadá, Australia, Japón, Chile, Colombia y Brasil, en su mayoría productores de la vacuna, se habían negado insistentemente a liberar o suspender las patentes. Fueron los principales defensores de los intereses de las transnacionales farmacéuticas en el seno de la OMC.

¿Por qué EE.UU. cambió de posición?

Sin lugar a dudas, este cambio se debe a la creciente presión internacional por la debacle social que significa la pandemia. Esa presión se ha venido generando desde el mes de octubre del año pasado cuando India y Sudáfrica liderizaron una iniciativa que agrupaba a unos 99 países que solicitaron ante la OMC que se liberaran temporalmente las patentes de las vacunas.

Desde entonces el clamor mundial en ese sentido ha crecido. Hoy más de 100 países acompañan a India y Suráfrica. A este movimiento mundial creciente se unen unas 170 personalidades mundiales como los expresidentes del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, y reconocidas organizaciones internacionales como Médicos sin Fronteras, Oxfam, Amnesty International, Frontline Aids y Global Justice Now. Recientemente se hizo pública una iniciativa por una “Vacuna del Pueblo” encabezada por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, secundada por otros premios Nobel, a la que se han sumado más de 2 millones de firmas, entre las que destacan los actores George Clooney y Forest Whitaker, y la actriz Sharon Stone. Desde la UIT-CI hemos venido impulsando desde hace meses una campaña que se suma a la presión mundial por la eliminación de las patentes de las vacunas del Covid-19.

La nueva posición adoptada por Biden está determinada también por la situación social en los propios Estados Unidos. Donde todavía hay unos 10 millones de desempleados y con una economía que tuvo una contracción de 3,5% del PBI en el 2020, la peor desde la segunda postguerra.

El descontento social se ha expresado en las huelgas de los maestros en Oklahoma, Kentucky, Virginia Occidental, Los Angeles y Chicago; las protestas de enfermeras y médicos en el marco de la pandemia en distintas ciudades; la huelga de General Motors, así como el poderoso levantamiento popular antiracista en el 2020 por el asesinato de George Floyd, son las razones internas que explican este cambio en la posición del gobierno yanki respecto a las vacunas y las patentes.

Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos después de la derrota del gobierno ultraderechista y reaccionario de Trump, precisamente como consecuencia de este levantamiento. La administración demócrata sabe que está montada en un polvorín, en un país donde el descontento social se ha venido incrementando en los últimos años.

No todo lo que brilla es oro

La representante comercial de Estados Unidos se apresuró a decir que el gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual. Que no quede lugar a dudas que el gobierno norteamericano defiende los intereses de las farmacéuticas. Y agregó que “el proceso será lento”, que las negociaciones en la OMC llevarán tiempo. Es decir, que no hay que hacerse muchas ilusiones con una liberación rápida de las patentes que hoy siguen controlando las grandes transnacionales farmacéuticas.

Ya la multinacional Pfizer salió a oponerse al anuncio de Biden. Lo mismo hizo Angela Merkel, premier de Alemania, defendiendo los intereses del laboratorio alemán BioNTech, socio de Pfizer.

El gobierno de Biden dice estar de acuerdo con suspender las patentes. Si fuera consecuente con esto podría liberar las patentes en su propio país, específicamente con las vacunas de Pfizer y Moderna, laboratorios con sede en ese país.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 87% de las dosis de vacunas administradas globalmente, hasta principios de abril, se inyectaron en los países más ricos, mientras que los países de ingresos bajos sólo recibieron un 0,2% de las vacunas producidas hasta ahora contra el coronavirus. La Universidad de Duke, calcula que en Estados Unidos hay 300 millones de dosis de vacunas sobrantes, sin embargo, el gobierno de Biden no dona a los países más pobres los millones de vacunas que adquirieron y ahora les sobran.

Por otra parte, el cambio de posición de Estados Unidos en momentos que hay un nuevo rebrote de la pandemia a escala mundial, es un reconocimiento tácito al hecho de que las patentes son un obstáculo para el acceso a las vacunas, y una camisa de fuerza a la producción mundial de las mismas. Lo que impide una distribución más equitativa de las vacunas entre todos los países.

El otro elemento es que Estados Unidos necesita que su economía se recupere a los niveles previos a la pandemia, así como en general, requiere que la economía capitalista mundial salga de la crisis económica más profunda experimentada desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional decimos que el anuncio del gobierno de Biden sobre las patentes no es ninguna garantía de que estas efectivamente sean liberadas. Hoy más que nunca hay que arreciar la campaña mundial que desarrollan distintas organizaciones exigiendo que se eliminen o suspendan las patentes para procurar en el marco de la emergencia, que todos los laboratorios del mundo estatales y privados produzcan a máxima capacidad, única forma de lograr una vacunación masiva en todo el mundo.

Por nuestra parte seguiremos impulsando la campaña que desarrollamos desde hace ya varios meses, haciendo unidad de acción con otras organizaciones, sumando médicos, especialistas, enfermeras y trabajadores de la salud en todos los países donde tenemos presencia. Sólo con la movilización mundial de las trabajadoras y trabajadores, y los pueblos, lograremos eliminar o suspender las patentes de las vacunas del Covid-19.

7/5/2021

✊Con @miguelsorans dirigente de la UIT @uit_ci (Unidad Internacional de las trabajadoras y trabajadores- Cuarta Internacional) e @izqsocialista sección argentina de la UIT-CI

?HOY viernes 7/5 - 20hs
¡Pedinos el link del ZOOM!

?FUERA DUQUE
?BASTA DE REPRESIÓN

#colombia #fueraduque #bastaderepresion

Desde el 28 de abril Colombia está viviendo intensas jornadas de lucha contra el gobierno del derechista Iván Duque con paros nacionales y movilizaciones masivas. Decenas de miles han copado las calles de Bogotá, Cali, Medellín y cada rincón del país. Jóvenes, trabajadores, pueblos originarios, campesinos se enfrentan a la brutal represión militarizada del gobierno de Duque. Las bandas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asesinan, golpean y abusan con total impunidad. Detrás de este accionar brutal de las fuerzas de seguridad está el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Duque, representante de la narcopolítica y el terrorismo estatal y paraestatal.

Ese miércoles 28 el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Fecode (Federación de docentes), convocó a un paro nacional al cual también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y organizaciones de diversas comunidades rurales y urbanas.

Pero tal era la bronca que el paro desbordó a las direcciones y se extendió después del 28 de abril. Se expresó en las principales ciudades del país a través de masivas movilizaciones. El epicentro ha sido la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, donde las protestas han sido particularmente masivas y el paro es casi total con cortes de caminos y rutas hacia las zonas aledañas. Un verdadero levantamiento popular en todo Colombia.

La reacción de las clases dominantes y su Estado no se hizo esperar. Al menos 30 manifestantes fueron asesinados por la policía, hay centenares de heridos y detenidos, decenas de desaparecidos y diversos organismos de derechos humanos denuncian distintos tipos de abusos y vejaciones por parte de las fuerzas represivas.

De manera demagógica, hasta el gobierno de Joe Biden ha manifestado su preocupación por la violación a los derechos humanos. Hipocresía total por parte del mismo imperialismo norteamericano que ha financiado la guerra sucia contra las FARC con el “plan Colombia”, permitido la masacre sistemática de dirigentes sindicales y sociales (solo en el 2020 se acusa de 320 asesinatos por fuerzas paramilitares) y que hoy ve peligrar a uno de sus principales aliados en su patio trasero. Lo mismo vale para los gobiernos derechistas de America Latina  nucleadas en el bloque de  Lima. Denunciamos, asimismo   el silencio cómplice del gobierno argentino de Alberto Fernández  y  mexicano  de López Obrador enrolados en el grupo Puebla  frente a  esta masacre.

Colombia viene atravesando una profunda crisis sanitaria, económica y social, profundizada por la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos y se cobra la vida de unos 500 colombianos por día.

La situación es catastrófica para el pueblo trabajador. El desempleo se ubica en el 17%, crece la precarización y el trabajo informal y el acceso a la salud es un privilegio para unos pocos. En el segundo año de la pandemia, la pobreza ya alcanza el 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos/as no pueden cubrir sus necesidades básicas.

A todo esto, se suma el reclamo por el retraso en la campaña de vacunación que había prometido el gobierno, que apenas ha llegado a menos del 10% de la población, de acuerdo a las propias cifras oficiales.

La gota que colmó el vaso e hizo estallar la bronca y el descontento que se venían acumulando fue la reforma impositiva que intentó imponer Duque para hacer que los trabajadores y los sectores populares paguen los costos de la crisis y preservar las ganancias de los grandes empresarios. Con esta reforma tributaria, conocida como “Ley de solidaridad sostenible”, el gobierno neoliberal de Duque pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares para “sanear” las arcas del Estado y mantener la calificación crediticia de las agencias de calificación de riesgo internacional. El 73% de ese dinero iba a salir de un impuesto a la renta de las personas que ganen 633 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares, y de un  aumento del IVA. Un ataque en regla contra los y las trabajadores, sectores populares y las clases medias empobrecidas.

Las multitudinarias movilizaciones que pusieron al gobierno contra las cuerdas, obligaron a Duque a retroceder. El 2 de mayo, anunció el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para descomprimir. Esa primera victoria de la rebelión popular ha tonificado la lucha que no se ha detenido, pese a brutal represión.

El Comité Nacional del Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC) y la Fecode (federación de educadores) mantuvo el llamado al paro nacional del 5 de mayo y otras acciones presionados por la enorme disposición a la lucha de sus bases. Sin embargo, hasta ahora su política es convocar a acciones de un día y no preparar y organizar una verdadera huelga general que tire al gobierno de Duque. Pero la realidad es que desde el 28 de abril hay una huelga de hecho, con millones en las calles, con cientos de bloqueos de rutas y calles y marchas masivas en todo el país.

Hasta el momento toda su política ha sido, luego de intensas movilizaciones, dar treguas y pactar, como lo vimos en todo el largo procesos de “dialogo” con el Gobierno luego de las jornadas del 21N de 2019, que fue lo que le dio un respiro a Duque y conseguir desmovilizar. Se transforman así en un dique de contención.

Ante la agudización de la situación, el gobierno lanzó la propuesta de un “diálogo social y político”, una trampa para dividir a las masas en lucha, salvar al gobierno y al régimen que la oposición de centro izquierda nucleada en la Coalición Esperanza y el “Pacto Histórico” de Gustavo Petro ven con simpatía. Solo están esperando el momento oportuno para entregar la movilización.

La política del régimen es doble: la trampa del diálogo y la represión contra los sectores de vanguardia, a los que Uribe acusa de “saqueadores”, “vándalos” y “narcos”. De esta manera buscan aislar a los sectores más combativos con la campaña en contra de la “violencia” poniendo un signo igual entre la represión de la policía y la justa resistencia obrera y popular.

La derrota del gobierno producto de la acción combativa de la clase trabajadora y los sectores populares sería un triunfo enorme que alentaría las luchas obreras y populares contra los planes fondomonetaristas y de “ajuste” en toda Latinoamérica y modificaría sustancialmente la correlación de fuerzas para ir por más. Es necesario desarrollar las asambleas de trabajadores y sectores populares y otras instancias de organización democrática que están surgiendo al calor del proceso  e impulsar la  convocatoria  a un Congreso o Encuentro Nacional de trabajadores  para llevar la rebelión en curso  a la  victoria y discutir una salida de la clase obrera frente a la crisis nacional.

Defendemos el justo derecho de los trabajadores y sectores populares a organizar su autodefensa para enfrentar la brutal represión de los escuadrones de la muerte de la policía militarizada.

Es necesario con la fuerza de la movilización poner en pie Comités de huelga en cada fábrica, colegio, localidad para extender la huelga general hasta que caiga el gobierno de Duque.. Contra las trampas del régimen ya sea de la extrema derecha uribista o de la centroizquierda, que intenta contener y desviar el proceso con las elecciones del año próximo para salvar al conjunto del régimen y estado burgués, luchamos por el desarrollo de la huelga general para sacar a Duque e imponer un gobierno de la clase trabajadora. Que reorganizase el país sin paquetazos de ajuste, sin represión heredada del Plan Colombia y con una economía obrera y popular que rompa la subordinación del país al imperialismo y a las multinacionales, comenzando por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, el no pago de la deuda y la implementación de un fuerte impuesto a todas las grandes fortunas, para atender las demandas sociales.

Quienes integramos el Frente de Izquierda Unidad nos solidarizamos con el levantamiento del pueblo colombiano contra sus explotadores y opresores. Y llamamos a la más amplia movilización latinoamericana e internacional contra la brutal represión del gobierno de Duque.

EL triunfo de los/as trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los pueblos originarios de Colombia será un triunfo para todos los explotados de América Latina.

Viva el levantamiento del pueblo de Colombia

Abajo el paquetazo contra el pueblo

Abajo el gobierno de Duque

Basta de represión. Castigo a los responsables de los asesinatos de manifestantes

Abajo el “plan Colombia”. Fuera el imperialismo de Colombia y América Latina. Por la Unidad Socialista de Latinoamérica.

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U)
5/5/21