Escribe Diego Martínez

Una vez más, este 24 de marzo realizamos una masiva movilización a la Plaza de Mayo y las principales plazas del país repudiando las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy. En Buenos Aires, así como en las demás provincias, esta vez hubo un solo acto porque el peronismo no marchó.

La marcha fue convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el espacio que nuclea a los organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos y partidos patronales y a organizaciones de izquierda y sociales. 

En la ciudad de Buenos Aires, la movilización colmó la Plaza de Mayo. Del mismo modo, se dieron también convocatorias muy importantes en Córdoba, Rosario, Neuquén, Bariloche y otros lugares del país.

Las columnas más nutridas y entusiastas fueron las de los partidos que integramos el Frente de Izquierda Unidad, entre ellos Izquierda Socialista.

En Plaza de Mayo, se leyó el documento acordado en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en el que denunciamos la represión de ayer y de hoy. Una vez más repudiamos el golpe del ’76 , homenajeamos a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y exigimos la cárcel efectiva para todos los genocidas. “En estas cuatro décadas enfrentamos múltiples intentos de perpetuar la impunidad: teoría de los dos demonios, prescripciones, leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, indultos de Menem, designación de Milani, 2×1 de la Corte macrista, negacionismo, intentos de reconciliación y el llamado a ‘dar vuelta la página’ de Alberto Fernández”, decía el documento. De los 3.490 investigados por delitos de lesa humanidad hay 1.025 condenados y 1.182 que no fueron encarcelados por distintos motivos. ¡Basta de impunidad! ¡Cárcel común para todos ya! Que se abran de una vez por todas los archivos militares desde 1974 hasta 1983. Como dice el texto: “A cuarenta y cinco años del golpe genocida, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.

Repudiamos también la represión actual en Formosa a cargo del gobernador peronista Insfrán, la desaparición de Santiago Maldonado bajo el gobierno de Macri y la de Facundo Castro con Alberto Fernández en la presidencia, así como también la represión en el desalojo de Guernica, a cargo de Berni y Kicillof.

Denunciamos el pago de la fraudulenta deuda externa contraída a sangre y fuego por la dictadura y pagada de forma puntillosa por todos los gobiernos constitucionales desde 1983 a la fecha. La pagaron todos: los radicales, los peronistas y los de Cambiemos. Macri contrajo la agrandó sustancialmente, pero ahora Alberto, pese a su doble discurso y las críticas a Juntos por el Cambio, se apresta a pagarla.

Todos gobernaron para la misma clase capitalista que impulsó el golpe del ’76 y luego impuso los sucesivos planes de ajuste y entrega. 

El peronismo no movilizó

Sobraban razones para movilizarse este 24 de marzo. Pese a eso, las organizaciones ligadas al gobierno no lo hicieron. Le hacen el favor a Fernández de evitar que la bronca por la situación económica, por el ajuste en curso vía la inflación, por la falta de vacunas y otros problemas sociales se exprese en las calles. Es por eso también que la burocracia sindical deja libradas a su suerte las luchas de los trabajadores de la salud, los docentes y los de las fábricas que cierran.

En contraste con la inacción de las organizaciones sociales y políticas ligadas al oficialismo, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por centenares de agrupaciones independientes del gobierno, decidimos movilizarnos a 45 años del golpe genocida.

Porque cada 24 de marzo, hay que expresar en las calles la vigencia de la lucha por los derechos humanos y contra la dictadura genocida.

Hoy más que nunca tenemos que movilizarnos para denunciar el ajuste, la represión, los intentos de descargar la crisis de la pandemia sobre las espaldas de los trabajadores, y la falta de vacunas –que se producen de a millones en Garín– para el conjunto del pueblo trabajador. 

Eso hicimos desde Izquierda Socialista, que aportamos nutridas columnas en las marchas de todo el país. Tras el acto en Plaza de Mayo, nuestro compañero y diputado nacional Juan Carlos Giordano se dirigió a los militantes y amigos que nos acompañaron felicitando el esfuerzo y llamando a redoblar las peleas que se vienen. También saludaron referentes de la lucha de Klaukol contra la contaminación y delegados de Aerolíneas-Austral, que pelean contra los despidos y el vaciamiento.

Una vez más reafirmamos que la mejor manera de honrar la memoria de los 30.000 desaparecidos es continuar  la lucha para defender nuestros derechos y pelear por una Argentina y un mundo socialistas.

Escribe José Castillo

Comenzaron las audiencias para dar curso a los tarifazos. Un sector del gobierno quiere retrasarlos hasta después de las elecciones compensando a los dueños de las privatizadas con mayores subsidios. En ambos casos ganan ellos y pierden los trabajadores. La alternativa es la reestatización bajo gestión de trabajadores y usuarios.

El gobierno de Alberto Fernández dio inicio al mecanismo que habilita los nuevos incrementos de las tarifas de los servicios públicos. Comenzó por el gas, pero ya tiene en carpeta aumentos para la electricidad. Todo esto sin contar que algunos otros “precios” que dependen del gobierno vienen subiendo sin parar desde siempre, como las tarifas del transporte o los combustibles. 

En el caso del gas, donde la semana pasada se dieron las audiencias públicas requeridas por la ley como obligación previa a los incrementos, el argumento del gobierno fue clarísimo, “o aumentamos las tarifas en un 30% como mínimo o subimos los subsidios en una proporción de 50.000 millones de pesos”. Nos chantajean con esa disyuntiva. Nótese que en las dos opciones los ganadores son los mismos, los pulpos privados que vienen monopolizando el negocio y haciendo superganancias a costa de los usuarios.

La misma cuestión se plantea con las tarifas eléctricas. El martes próximo se llevará adelante la audiencia pública para habilitar las subas de tarifas de Edenor y Edesur. O, nuevamente, el otorgamiento de mayores subsidios. 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aboga por la suba de tarifas de acuerdo a lo que viene negociando con el FMI. Otros funcionarios, como el interventor en el Enargas, Federico Bernal, temeroso de las consecuencias electorales para el gobierno de un eventual tarifazo, buscan que el aumento sea menor y se lo reemplace por más subsidios para las privatizadas. 

Todo esto no es nuevo. Desde que se realizaron las privatizaciones, a comienzos de los años ’90, las empresas nunca perdieron. Hubo épocas que ganaron con tarifas dolarizadas y aumentos astronómicos, como al comienzo con el menemismo y luego en la era macrista. En otras ocasiones las tarifas no subieron tanto, pero los pulpos privados no dejaron de ganar, esta vez a través de suculentos subsidios. En ambos casos mientras brindaban servicios paupérrimos y no cumplían siquiera con las inversiones mínimas requeridas en las propias concesiones. Así, casi treinta años después de las privatizaciones, todavía todo el noreste argentino carece de conexión a la red de gas, lo mismo que montones de pueblos y barrios populares de las grandes ciudades. 

Las audiencias públicas ya realizadas, como se dio tantas otras veces, desnudan la mentira de la “participación popular” en la toma de decisiones. La inmensísima mayoría de los oradores se pronunciaron contra la suba tarifaria y contra el otorgamiento de mayores subsidios. Se cansaron de denunciar, con centenares de ejemplos, los abusos de las empresas. Sin embargo, la conclusión del gobierno peronista es, al igual que sucedía con idénticas situaciones durante el macrismo, hacer oídos sordos y continuar beneficiando a los dueños de las privatizadas.

La salida pasa, entonces, por dejar de engordar los bolsillos de los ganadores de siempre. Hay que rescindir todos los contratos de concesión, reestatizar las empresas públicas privatizadas y ponerlas a funcionar bajo control de sus propios trabajadores y usuarios. Solo así se podrá garantizar un acceso al servicio para todos, con la calidad adecuada y con tarifas populares cuando la situación lo requiera.  

Escribe Guido Poletti

Las audiencias públicas para autorizar aumentos en la tarifa del gas repitieron lo sucedido en oportunidades anteriores: centenares de usuarios, individuales y a través de asociaciones, trabajadores y la izquierda pronunciándose en contra. Pero la reunión resultó un mero trámite, porque los beneficios a las empresas ya están decididos. 

Nuestro diputado nacional por Izquierda Socialista Juan Carlos “Gringo” Giordano se solidarizó con los participantes en la audiencia y repudió el aumento que reclaman las empresas con la complicidad del gobierno. 

Giordano denunció que se les está reconociendo a estos pulpos un precio a boca de pozo definida por ellos mismos y totalmente por encima del verdadero costo de extracción y del valor internacional (piden una suba de 3,7 dólares por millón de BTU a 7,5, más del 100%). Denunció a los beneficiarios del denominado Plan Gas que van a recibir 5.000 millones de dólares de subsidios: Tecpetrol-Grupo Techint (Paolo Rocca), Pan American Energy (Bulgueroni), CGC (Hugo Eurnekian), la Francesa Total, Pampa Energía (Marcelo Mindlin) y Chevron, entre otros. Todos con el apoyo de los gobernadores de provincias petroleras y burócratas sindicales como Guillermo Pereyra que ya firmó la flexibilización laboral para los obreros de Vaca Muerta.

Giordano volvió a reafirmar la salida que postulamos desde la izquierda: anular las concesiones y reestatizar las privatizadas para que pasen a manos del Estado y sean puestas bajo control y gestión de sus trabajadoras y organizaciones de usuarios. Todo el sistema gasífero-petrolero debe ser parte de una gran empresa y una YPF 100% estatal que concentre la exploración, extracción, transporte y distribución garantizando el autoabastecimiento y un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador.        

Escribe Guido Poletti

Siguen subiendo los combustibles. El incremento de la nafta y el gasoil ya dejó de ser noticia. Hace meses que, prácticamente cada quince días, vemos como cambian los valores en los surtidores. Cuestión que, sabemos, no afecta solamente al que tiene auto. Detrás de cada suba vienen los aumentos de las tarifas del transporte. Y luego, a los pocos días, con la excusa de que “subieron los costos del transporte”, las listas de precios vienen con el incremento incorporado. O sea que, directa o indirectamente, cada suba de los combustibles es un robo directo al bolsillo ya enflaquecido del pueblo trabajador. 

YPF, sociedad anónima con un 51% de mayoría estatal, toma sus decisiones a partir de órdenes directas del gobierno nacional. Por eso nadie puede hacerse el distraído. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que YPF “pica en punta” anunciando los aumentos, que entonces son copiados por las otras empresas del sector. YPF es quién le justifica y garantiza las mayores ganancias a los pulpos del sector. 

Un argumento más para estatizar YPF al 100%, rescindiendo todas las otras concesiones. Una YPF que, a la vez, sea manejada por sus propios trabajadores, al servicio de una política de desarrollo para beneficio de la clase trabajadora y no del saqueo y las superganancias de los pulpos transnacionales. 

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Izquierda Socialista FIT-Unidad, Esquel-Chubut

Este lunes 22 de marzo, en el día mundial del agua, el diputado Nicolás del Caño de PTS presentó un proyecto de ley en el Congreso, según dicen, para “frenar la megaminería en todo el país”. Lo hizo acompañado de la firma de la diputada nacional Alcira Figueroa del Frente de Todos de Salta y sin que siquiera fuera anoticiado en la mesa nacional del Frente de Izquierda Unidad.

Desde Izquierda Socialista, atento el hecho consumado, estamos obligados a dar nuestra opinión ya que, lamentablemente, lo consideramos un proyecto equivocado.

En concreto, no se trata de que “prohíba la megaminería”, sino que sólo lo hace con algunas técnicas utilizadas habitualmente. Esto queda claro desde el propio título del mismo: “Prohibición del uso de sustancias químicas contaminantes en la megaminería metalífera y la minería a cielo abierto”. Es decir, el proyecto no es para terminar con la megaminería (ya que esta es más que la minería a cielo abierto) y el saqueo de nuestro suelo y bienes de uso común por parte de las multinacionales saqueadoras y contaminantes, sino del uso de sustancias contaminantes y de la explotación a cielo abierto.

El proyecto defiende una forma de explotación que es posible de realizar técnicamente. Algunos asambleístas también planean un marco regulatorio para que de esa manera la actividad no sea rentable económicamente para las multinacionales y así, estas defeccionen. Podría ser este el criterio que quiso utilizar el PTS, pero no lo explicita. Pero aunque sea así, también está equivocado. Es similar a las trampas que impulsan sectores afines a los gobiernos, particularmente del peronismo, para lograr la aprobación de una reglamentación con la que pueda comenzar la actividad y de ahí no salir nunca más. Por ejemplo, en la zonificación minera de Chubut que impulsa el gobierno, se prohíbe el uso de cianuro. Así, la explotación requerirá un poco más de inversión que deben hacer las empresas en pos de lograr la legitimidad y comenzar con la actividad. Pero eso ya es darle licencia al saqueo y por eso insistimos con la consigna que levanta masivamente el pueblo de Chubut: ¡No ES No! A todo proyecto megaminero, sea como sea.

El artículo 1° dice “se prohíbe en el territorio nacional el uso de sustancias químicas como […]”, y enumera un listado de sustancias que ni siquiera sabemos si es lo suficientemente exhaustivo. Pero aunque lo sea, lo que sí sabemos es que la actividad extractiva y saqueadora puede realizarse sin la utilización de estas sustancias. Así sucede en Bajo de La Alumbrera, Catamarca, donde la roca triturada es procesada (lixiviado) fuera de la Argentina. En este emprendimiento, la roca es transportada primero por un mineraloducto construido especialmente hasta Tucumán, luego en tren a Santa Fe y por último es exportada en barco. La Alumbrera realiza una actividad que estaría permitida por el artículo 1° del proyecto del PTS, contaminaría un poco menos, pero no elimina la contaminación y menos el saqueo de nuestras riquezas.

El artículo 3° prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pero deja la posibilidad de la explotación de la minería por galerías. El proyecto del Cordón Esquel planteaba inicialmente la explotación mixta (cielo abierto por arriba mientras desde abajo se comenzaba por galerías). Luego de nuestra gran lucha fue modificado y rebautizado como Suyai, con la intención de lograr licencia social, planteando la explotación total por galerías. También lo rechazamos. Pero ahora con este proyecto del PTS se permitiría la explotación del emblemático cordón Esquel, si es que se combina con la tecnología de La Alumbrera (la exportación del material extraído sin proceso de lixiviación in situ). En concreto, permitir el comienzo de una actividad minera en la ciudad de Esquel, sería el fin de todo el proceso nacional de lucha contra las megamineras.

El artículo 2° plantea que “las empresas que a la fecha posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos deberán adecuar sus procedimientos a las exigencias de la presente ley”.  Es decir, permite que sigan las concesiones, en todo caso propone “readecuar” su actividad, cuando lo que hay que hacer es expulsarlas porque son sinónimo de saqueo y contaminación. Desde la izquierda siempre luchamos planteando que se vayan las multinacionales saqueadoras, que se roban nuestra riqueza, hacen millones de dólares de superganancias y encima destruyen el ambiente: eso está planteado para la Barrick, para la Alumbrera de Catamarca y otras mineras privadas; para Chevrón con el fracking y también para la Pan American Silver que quiere instalarse en Chubut. No solo por contaminante sino porque está al servicio del saqueo, del oro, plata y otros metales preciosos o estratégicos. ¿Cómo no lo vamos a plantear cuando se trata de hacer un proyecto de ley?

Desde Izquierda Socialista estamos por la estatización de todo el negocio minero, que debe realizarse gestionado por sus trabajadores y en acuerdo con las comunidades involucradas. Para que haya una producción minera planificada que le sirva al país, al pueblo trabajador y que no contamine. En el caso de la megaminería, no se trata de prohibir algunas sustancias o técnicas específicas, sino la megaminería como tal, ya que es imposible que esta no sea contaminante y destructiva del ambiente.

Llamamos a la reflexión a los compañeros del PTS. Su proyecto está equivocado, alejado de los planteos programáticos de la izquierda en el tema y contrario al propio reclamo de la lucha chubutense.