Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El paro del 9 fue contundente. Implicó otro revés contra el gobierno ultraderechista de Milei. El anterior cachetazo se lo había dado la marea humana de más de un millón de personas en defensa de la Universidad Pública. Dos acciones obreras y populares masivas a las cuales la CGT les tiene que dar continuidad. El gobierno acusó el golpe. La Ley Bases está en problemas, igual que el pacto entreguista del 25 de Mayo.

Millones están azorados ante la poda de sus salarios y jubilaciones y los impactos de la recesión. ¿Cuál es la salida ante semejante desastre nacional? El peronismo y Cristina Kirchner esperan el desgaste de Milei mirando las elecciones de 2025. El sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad postulan otra estrategia.

Argentina fue noticia mundial. No por alguna entrevista extravagante a las que nos tiene acostumbrados Milei en tal o cual tribuna ultraderechista (quien dicho sea de paso patinó ante la periodista de la BBC cuando lo intimó por el ajustazo que está llevando a cabo contra las y los jubilados), sino por el segundo paro general al cumplirse cinco meses de gobierno. “Dos paros y ninguna ley”, muestran al gobierno ultraderechista en problemas.

El primer paro fue el 24 de enero, tras el cual cayó la originaria Ley Ómnibus. Y venimos del gran 23 de abril con la colosal marcha universitaria, donde centenares de miles ganaron las calles propinando otro duro golpe a un gobierno que quiere exhibir “números favorables” a costa de podar presupuesto, salarios, jubilaciones, la obra pública, fondos a las provincias y una desinversión del 60% en los trenes llevando al choque del San Martín.

La salvaje campaña allanando locales de organizaciones sociales a quienes el gobierno les canceló la comida, además de una escalada en su política de odio hacia los que menos tienen, reflejando un manotazo de ahogado para tapar la contundencia del paro y el malhumor social que crece ante la desesperante situación social.

 

La postal de un feriado

El paro del 9 mostró que la clase trabajadora está de pie y cuando se la convoca a luchar responde de manera contundente. Esto va a contramano de lo que dice Cristina Kirchner, de que “la gente agacha la cabeza” ante lo que está ocurriendo.

Fue un parazo a pesar de la bronca contra la burocracia sindical ligada al peronismo, la campaña de que se trataba de un “paro político” o el miedo a los descuentos. Un gran paro que contó incluso con la adhesión de votantes de Milei. En la marcha universitaria participaron jóvenes que votaron al gobierno y en la asamblea del ferrocarril Sarmiento se vio a quienes lo vinieron apoyando anotarse en primera fila para defender su salario, sus puestos de trabajo y cuestionar la privatización.

El paro fue en repudio al brutal ajuste. El plan Milei es recesión más inflación. La pequeña baja del índice de precios en abril es a costa de la caída exponencial del consumo, los ingresos populares y la actividad económica. La construcción cayó 42% en marzo y la industria un 21%. Esto se ve en el crecimiento de los despidos, no solo de los 12.000 estatales sino de los 100 mil en la construcción, entre otros registros. Las perspectivas para los meses próximos se agravarán. El PBI caerá 3,5% en 2024. La recaudación se fue a pique, el gobierno hizo crecer la deuda externa en dólares, el FMI aplaude el ajuste pero no pone los billetes verdes para levantar el prometido Cepo que se posterga sin fecha, mientras se sigue pagando una deuda fraudulenta y se redobla el saqueo extractivista.
Todo esto genera un gran malestar no solo en el pueblo trabajador y pequeños comercios, sino en sectores patronales medios. Las pequeñas Pymes se oponen a la reforma laboral porque dicen que el problema radica en que no venden nada. La pérdida salarial y jubilatoria es sideral. Cada vez más trabajadores registrados caen bajo la línea de pobreza. La canasta de indigencia ascendió a 385.000 pesos y la de pobreza a 850.000, aumentó de nuevo el boleto de trenes, el subte se va a 574 pesos y el peso de la boleta de la luz, por ejemplo, es el más alto en treinta años.

El gobierno acusó el cimbronazo. Milei lo quiso desvirtuar diciendo “el paro fue un fracaso”. Patricia Bullrich jugó al ridículo subiéndose a un colectivo vacío de pasajeros. El lenguaraz vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó en falsa escuadra cuando le preguntaron sobre la propuesta de 36 horas que reclama el “Pollo” Sobrero. Postales de un gobierno desconcertado, que se mueve por las redes, donde el 80% considera que la situación económica es mala.

Lejos quedaron las fotos del gabinete saludando desde el balcón de la Casa Rosada a una supuesta multitud en Plaza de Mayo. La película es otra. El plan motosierra empuja cada vez más sectores a la lucha. Por eso los paros generales y las movilizaciones multitudinarias ya tienen números y letras que quedarán en el calendario de la protesta social con el 24E, el 8M del movimiento de mujeres, el masivo 24M, el extraordinario 23A y el contundente paro del 9M desde aquel 20 de diciembre en que el sindicalismo combativo y la izquierda ganamos el primer round a la motosierra y al protocolo represivo de la gendarme Patricia Bullrich haciendo el acto por el Argentinazo en Plaza de Mayo.
 
Crisis con la Ley Bases y el famoso pacto del 25 de Mayo

Ante el ascenso obrero y popular el gobierno postergó para más adelante parte de los tarifazos; tuvo que ponerle un techo a las prepagas y se sentó a dialogar con los rectores. Pero los problemas se siguen agravando.

Con la oposición patronal de los Pichetto, los radicales y PRO, el gobierno logró la media sanción de la Ley Bases en Diputados. Un “respiro precario” en vistas al deteriorado pacto colonial del 25 de Mayo, fecha del cual el gobierno ahora puso en dudas porque se le volvió a complicar en el Senado.

“Bartolo, me llevo una desilusión bárbara, pensé que iba a tener dictamen”, le dijo lamentándose un senador libertario de Formosa al presidente provisional del Senado días atrás. El Secretario de Energía, cuando fue a exponer, reconoció que desconocía un artículo de la Ley Bases (“no lo leí” dijo). El “tratamiento express” les fracasó.

Hay cuestionamientos al impuesto al salario, a artículos de la reforma laboral, a algunas privatizaciones (pasaron de cuarenta y uno a once), al blanqueo de capitales que permitirá la repatriación de fondos que podrían venir del narcotráfico y el lavado de dinero, y especialmente se cuestiona, hasta por la UIA, los inéditos premios fiscales, impositivos y aduaneros para las multinacionales y grupos de inversión a través del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), política que va en desmedro de pequeños empresarios, siempre con la mentira de que de esta forma “vendrían capitales que nos sacarán de la crisis”, augurando una luz al final del túnel que nunca llegará.

La Ley Bases, si bien se puede aprobar, seguro volverá con cambios y más menguada a Diputados, empañando “la fiesta patria libertaria” del 25 de Mayo. Las negociaciones son frenéticas. Entre estas idas y venidas se puede volver a colar el malhumor social ya que, a medida que se fueron conociendo los términos nocivos de la nueva Ley, ha crecido el sentimiento de que el día en que se trate en el Senado hay que ir masivamente a repudiarla, exigiendo a la CGT que convoque a marchar.

Milei dice que en caso de nuevos traspiés esperará que le vaya mejor en las elecciones del año que viene para poder avanzar “con las reformas estructurales”, evidenciando los problemas que tiene. Dicen que todo esto lo procesa en largas tertulias íntimas que se dan los domingos a las 20 horas en la Quinta de Olivos, escuchando Ópera y teniendo largas charlas con el devaluado economista Juan Carlos De Pablo, caminatas con la cuestionada ministra Petovello y su hermana, “el Jefe”, Karina Milei, y con almuerzos semanales con otro ultraderechista como lo es Espert. Un séquito cada vez más reducido, donde Karina, por ejemplo, se la vio presidiendo una reunión de gabinete la semana pasada. Ante el continuo desgaste gubernamental se habla de un cambio de gabinete próximamente. El FMI sigue preocupado por “la gobernabilidad”, lo mismo los grandes grupos económicos, los Pichetto y los radicales. Por eso le aconsejan al gobierno que haga buena letra, menos redes y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, volvió a manifestar su “preocupación por los más vulnerables”. Tienen terror de que se siga echando más leña al fuego ante un pueblo trabajador que viene dando enormes batallas.
 
El rol del peronismo y la salida de fondo que postula la izquierda

¿Qué hace la dirigencia peronista? Medios afines al peronismo reflejan cotidianamente lo que denominan “crisis de liderazgo”, de un peronismo que salió derrotado de las elecciones y viene teniendo una política cuestionada por sus propios seguidores. Mientras el PJ está acéfalo tras la renuncia de Alberto Fernández como máxima autoridad, Cristina Kirchner estuvo obligada a salir tres veces seguidas a decir algo con discursos que ya no cautivan. El gobernador Kicillof se florea en alguna manifestación para tratar de simular que no aplica el ajuste en la provincia y está en una dura pelea de aparato electoralista con La Cámpora y Máximo Kirchner. Las y los senadores de Unión por la Patria se la pasan repasando su tropa para que no pierdan algún voto como ya ocurrió con el bloque peronista en Diputados, que no pudo contener a varias de sus bancas que terminaron apoyando algunos capítulos de la Ley Bases.

Cristina Kirchner, si bien critica a Milei, dijo “que a Milei le vaya bien”, “estamos para ayudarlo”, bajo la consigna de que no hay que “ponerle palos en la rueda”. Es decir, el peronismo hace críticas parciales al gobierno pero su estrategia es dejar que Milei se desgaste, preparándose para intentar recuperarse en las elecciones del año que viene. Dicen que hay que reconstruir el peronismo, cuando fue el peronismo el que prometió en 2019 combatir a la derecha y terminó entregándonos al FMI generando el caldo de cultivo para el triunfo de Milei.

Esta “estrategia” peronista va a contramano de las necesidades de las y los luchadores que quieren enfrentar ahora y de manera consecuente el plan nefasto del gobierno, como lo sostiene el sindicalismo combativo y la izquierda dando la pelea en las calles y en el Congreso.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad seguimos llamando a la mayor unidad obrera y popular para enfrentar al plan motosierra de Milei y poder derrotarlo. Es la necesidad número uno del pueblo trabajador y demás sectores populares. Denunciando además su vergonzoso alineamiento con el estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Mostrando que se puede. Que luchar sirve. En un marco donde seguirán los duros enfrentamientos contra el gobierno. En Quimilí, Santiago del Estero, se rebelaron contra el tarifazo en la electricidad. Se moviliza masivamente la docencia en Misiones. Habrá expresiones de todo tipo. Luchas que hay que seguir dando en cada lugar de trabajo, barrio y universidad, y fundamentalmente con convocatorias masivas, como se lo venimos exigiendo a la CGT. Una CGT que no llamó a movilizar al Congreso cuando se aprobó la Ley Bases en Diputados, dedicándose a negociar algunos artículos de la reforma laboral. No hay nada que negociar con el gobierno. La CGT y las CTA tienen que llamar a un abandono de tareas para el día que se trate la ley en el Senado que permita movilizar masivamente. Y le tiene que dar continuidad a la pelea contra todo el plan motosierra de Milei con un nuevo paro de 36 horas y movilización. Es decir, con un verdadero plan de lucha nacional. Para eso peleamos y llamamos a coordinar con los sectores en lucha.
Y frente al rol del peronismo, postulamos una salida opuesta. Un plan económico que rompa con el FMI y deje de pagar la deuda externa, entre otras medidas de fondo, en la perspectiva de lograr un gobierno de las y los trabajadores y la izquierda, llamando para ello a sumarse a Izquierda Socialista para fortalecer al Frente de Izquierda Unidad.
 

Escribe Nicolás Nuñez

Tenemos que reforzar la movilización para frenar una ley que atenta contra todo tipo de derechos, le otorga superpoderes a Milei y habilita el avance de las multinacionales sobre nuestros territorios y bienes comunes.

Las últimas semanas se caracterizaron porque cada día salieron a la luz aspectos más escandalosos a los que podría dar lugar la aprobación de la Ley Bases de Javier Milei. Si bien se trata de una reedición achicada de lo que terminó rechazado en enero, y a pesar de haber tenido una aprobación express en la Cámara de Diputados, muchas denuncias que en un principio hizo en soledad el Frente de Izquierda Unidad fueron ganando terreno y siendo levantadas por distintos sectores. El repudio a esta reforma reaccionaria creció al calor de la marcha universitaria, los paros generales y los distintos conflictos en curso. El gobierno se enfrenta a la posibilidad o de un rechazo o de modificaciones que hagan regresar el proyecto a la Cámara baja. ¿Qué está en juego con la Ley Bases?

El punto de arranque del proyecto continúa siendo la entrega de superpoderes para legislar sobre aspectos centrales sin recurrir al Congreso. En materias administrativa, económica, financiera y energética, el presidente podría hacer y deshacer a gusto en algunos de los terrenos más requeridos por los negociados de las multinacionales. Luego continúa con la “reforma del Estado” lo que junto a los artículos dedicados a la habilitación de las privatizaciones son un verdadero homenaje a las nefastas políticas de los ´90.

Así, Milei podría avanzar en la reestructuración o desfinanciamiento total de organismos como el Conicet, el Incaa, el INTI o el Incucai, así como también seguir achicando la estructura de ministerios, secretarías y subsecretarías. Y como se prevé que esto dé lugar a menos puestos de trabajo, la ley habilita los despidos incluso de trabajadores estatales de planta permanente. Misma suerte podrían tener trabajadoras y trabajadores de Aerolíneas, ferrocarriles, Radio Nacional, Aguas Argentinas, y todo un listado de empresas estatales que quedarían disponibles para su entrega.

Pero la reforma laboral no se circunscribe al empleo estatal. La Ley Bases dejaría sin derecho laboral alguno a unos 600 mil trabajadores de empresas de cinco o menos empleados, aumenta los meses del llamado “período de prueba” (una invitación a tomar trabajadores por sólo ese período y luego echarlos sin indemnización), avanza en limitar el derecho a huelga de docentes y trabajadores de la salud, y habilita los fondos de indemnizaciones como el de la Uocra para que los patrones no tengan que hacerse cargo al despedir. De yapa, y contra lo que el propio Milei votó en el Congreso en campaña, se repone el impuesto a las ganancias para las y los trabajadores que no cobren salarios de pobreza.

Para completar los negociados, la “Ley Bases” plantea el blanqueo de fondos en “negro” más escandaloso de la historia argentina, sin requerimientos para quienes vienen eludiendo pagar impuestos y fugando frondosos montos de dólares al exterior. “El que fuga es un héroe” dijo Milei, y acá viene el premio al “heroísmo” de personajes como los narcotraficantes, que encontrarán un canal privilegiado para legalizar sus crímenes.

La Ley Bases y su Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (Rigi) (ver nota) no pueden pasar, ni así como está, ni con las modificaciones estéticas que quieren negociar el radicalismo, los gobernadores y un sector del peronismo. La CGT, las CTA, las asambleas barriales, las coordinaciones de lucha, el Frente Gremial Universitario, el movimiento socioambiental y de derechos humanos, todos tienen que estar cuando la ley se trate para rodear el Congreso y derrotarla.



 

Escribe Nicolás Nuñez

El capítulo más frondoso, y quizás el más escandaloso de la Ley Bases, es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Es difícil encontrar antecedentes de tal nivel de entrega de la Argentina plasmada en un proyecto de ley. Con el pretexto de atraer inversiones de 200 millones de dólares para arriba, se les otorgan llave en mano a las multinacionales los territorios y bienes comunes. El RIGI dispone de todos los beneficios que una empresa pudiera pretender y quizás más. Es tal el nivel de entrega, que incluso hay empresarios preocupados porque resulta tan indefendible que cualquier gobierno que venga después del actual debería pretender modificarlo.   

Por el volumen de inversión que se pretende regimentar, si bien el proyecto no delimita las actividades que se pretende promover, el gobierno y sus aliados han precisado con entusiasmo que están pensando en la explotación de combustibles fósiles (petróleo y gas) y la minería. Aunque también podría tratarse de negociados inmobiliarios en base a la apropiación de tierras fiscales.

Las empresas que entren al RIGI, a partir del tercer año perderán toda obligación de liquidar divisas en el país. Se la pueden llevar toda. Al punto de que la crítica del peronismo al RIGI, es que no deja dólares para pagar la deuda externa. Tampoco tendrán obligación de contratar mano de obra local, ni de utilizar proveedores nacionales, pudiendo importar maquinaria usada, e incluso traerla y venderla de forma libre de impuestos. En caso de escasez de bienes comunes requeridos para la explotación, como ser los enormes caudales de agua que derrocha la megaminería, las empresas incluídas en el RIGI tendrían prioridad en el uso por sobre las localidades. Y al pasar a considerar estas inversiones como de “interés nacional” toda legislación local que pudiera interferir con la actividad pasa a ser tomada como nula; lo cual podría dar por tierra con la legislación vigente en provincias como Mendoza o Chubut que bloquea el avance de las mineras.

Y la cereza del postre de la entrega es el marco legal. El RIGI dispone total estabilidad a las inversiones por treinta años, y que en caso de darse un litigio por el desarrollo de la explotación (como ser por un accidente, derrame o superexplotación laboral) las empresas podrán acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un apéndice del Banco Mundial que siempre defiende los negociados y en el que Argentina es una perdedora serial de juicios. Conclusión: una entrega total del país a las multinacionales.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El proyecto de Ley Bases que se está discutiendo en el Senado, incluye una reforma jubilatoria que afecta particularmente a las mujeres, mostrando nuevamente por qué el gobierno de Milei representa la reacción patriarcal.

De aprobarse este proyecto, se derogaría la moratoria previsional y se la reemplazaría por una Prestación de Retiro Proporcional (PUAM), destinada a personas que cumplieron 65 años y no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Pero además se pasaría a cobrar, a partir de esa edad, un haber que equivale al 80% de una jubilación mínima: una prestación de indigencia que ni siquiera permite a las y los beneficiarios acceder a una canasta básica de consumo. En los hechos, este proyecto eleva la edad jubilatoria para la mayoría de las mujeres que solo logran acceder a una jubilación a través de estos regímenes especiales: si la reforma pasa, nueve de cada diez mujeres solo cobrarán la PUAM, y recién a sus 65 años.

 Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el 75% de quienes acceden a una jubilación por moratoria somos mujeres. Esto es así debido a que el sistema capitalista patriarcal consolidó históricamente una división sexual del trabajo que feminizó las tareas domésticas no remuneradas (el 75% son realizadas por mujeres versus el 25% por varones) y que produce una inserción de las mujeres en las ramas productivas más precarizadas como el empleo doméstico, arrojando al 39% de las trabajadoras a la informalidad. Esta combinación, hace que muchas mujeres no tengan aportes jubilatorios suficientes y que sólo puedan acceder a una jubilación con regímenes especiales. De aprobarse la Ley Bases de Milei, la mayoría de las adultas mayores llegarán, con suerte, a jubilaciones de indigencia a una edad mayor, obligándolas a trabajar más años y sometiéndolas a condiciones de vida totalmente deshumanizantes.

 Desde Isadora Mujeres en Lucha, rechazamos este proyecto de ley, y llamamos al conjunto de les trabajadores, y en particular a las mujeres, a salir a las calles a defender los derechos conquistados y movilizarnos el día que este proyecto se vote en el Senado para que caiga.

 
 

Escribe Pablo Almeida, delegado general junta interna del ministerio de Economía

Entre los múltiples segmentos en que está dividida la nueva versión de la Ley Bases se destaca el de Empleo Público. En el mismo el gobierno de Milei intenta introducir modificaciones al marco regulatorio de las y los trabajadores estatales que permita profundizar su política de despidos.

En un marco donde más de 12 mil estatales con distintas modalidades de contratación precarias han sido despedidos en los primeros seis meses de presidencia de Javier Milei, las modificaciones a la Ley de Empleo Público apuntan a ampliar el universo de futuros posibles despedidos a los 120 mil trabajadoras y trabajadores de planta permanente del Estado nacional.

 En el artículo 52 del Capítulo IV de la Ley Bases modifica la Ley Marco de Empleo Público estableciendo que : “El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”. Una redacción muy pomposa y enroscada para pasar por encima del régimen de estabilidad consagrado por la Constitución Nacional.

En un marco de despidos masivos, la incertidumbre y hostigamiento que significan que más de 55 mil contratos se renuevan cada tres meses y una profundización de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación es imperioso organizar las fuerzas de las y los trabajadores del Estado para enfrentar el ajuste en curso y los nuevos embates que se avecinan. Exigimos a las conducciones de ATE que abandonen las grandes declamaciones que solo devienen en acciones testimoniales y cada vez más aisladas. Y reclamamos la convocatoria a instancias democráticas con mandatos de las asambleas de base para poner en pie un verdadero plan de lucha para derrotar el ajuste.