Escribe Adolfo Santos

La complicidad del gobierno con los dueños de FATE quedó clara en la represión desatada el miércoles 4 contra quienes acompañaban la audiencia frente a la Secretaría de Trabajo, en Avenida Leandro N. Alem al 600. Con la justificación de supuestos “incidentes y enfrentamientos”, que nadie vio, la Policía de la Ciudad, apoyada por fuerzas federales, reprimió a trabajadores de FATE, dirigentes y activistas sindicales, sociales y políticos presentes en el lugar.

Fue una señal de apoyo del gobierno a la decisión de los dueños de FATE de cerrar la planta. Con equipos de combate y escudos, arremetieron golpeando con bastones y disparando gas pimienta y balas de goma contra una manifestación pacífica. Luego persiguieron a los manifestantes por varias cuadras, circulando con motos en contramano por la avenida Córdoba e incluso ingresando por la peatonal Florida, causando pánico entre transeúntes.

La persecución continuó por la Plaza San Martín hasta la Plaza Británica, mientras seguían disparando gas pimienta. Buscan disuadir a quienes resisten las medidas económicas del gobierno incluidas en el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Sin embargo, el gas no logra impedir que amplios sectores continúen desafiando al gobierno con movilizaciones, protestas e incluso con un paro general masivo, como ocurrió el 19F.

La diputada bonaerense Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista/FIT Unidad) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para prohibir los despidos y suspensiones en la provincia de Buenos Aires, en medio de la crisis laboral agravada por la motosierra del gobierno nacional.
La iniciativa se presenta tras el cierre de 22 mil empresas en el país y miles de despidos. En territorio bonaerense, durante los últimos, años cerraron 5.800 empresas y se estiman más de 62 mil despidos, con conflictos en fábricas y servicios como SFK en Tortuguitas, FATE en San Fernando y Whirlpool en Fátima. A esto se suman luchas en Granja Tres Arroyos, Lustramax, Dr. Ahorro, Línea 148, Morvillo, Sealed Air, Ilva, Acerías Berisso y la láctea Verónica.

El proyecto plantea medidas de emergencia para frenar esta situación. En su artículo 1° establece que “se prohíben los despidos y suspensiones contra cualquier trabajador de la provincia […] sean registrados o no” y que, en caso de producirse, serán declarados nulos, obligando a la reincorporación inmediata del trabajador.
El artículo 2° dispone que toda empresa que cierre o despida pase a la órbita del Estado provincial, bajo control de sus trabajadores, para garantizar la continuidad de la producción y las fuentes laborales.
El artículo 3º plantea el reparto de las horas de trabajo entre la mano de obra disponible, con reducción de la jornada laboral y salario equivalente a la canasta familiar.
El proyecto busca frenar las arbitrariedades patronales y apoyar las luchas obreras frente a la ola de despidos y cierres de empresas que golpea a la provincia.

* Ver texto completo del Proyecto aquí

Escribe Darío Leguiza, Nodocentes en Lucha, candidato a secretario de Hacienda y Finanzas.

El próximo 12 de marzo, las y los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires realizaremos la elección de Comisión Directiva. Se presentarán dos listas: por un lado la Lista 12 Unidad Nodocente, encabezada por el actual secretario general Luciano Cagnacci, y por el otro la opositora Lista 9 “Frente de Lucha Nodocente”, encabezada por Marcelo Bornand, delegado general de la Facultad de Ciencias Sociales.

Dos modelos de sindicalismo

Por un lado está el actual espacio de la directiva burocrática y, por el otro, el Frente de Lucha Nodocente, la Lista 9, como alternativa de oposición. Lo componen las agrupaciones Bordó (PO), Nodocentes del PTS, Nodocentes en Lucha (Izquierda Socialista e independientes), Nodo Trabajadores en Red (Exactas), Nodos de FADU en Lucha, René Salamanca e independientes de facultades e institutos como Derecho, Agronomía, Odontología, Medicina, Filosofía y Letras, Rectorado, CBC, Hospital de Clínicas, Veterinarias y el Instituto Vaccarezza, entre otros.

Este espacio se fortaleció cuando surgieron las autoconvocatorias por la defensa de la obra social para jubilados, tras la resolución del Consejo Superior que en 2022 les quitó el derecho a la permanencia. También se fortaleció con distintas acciones de visibilización, como los abrazos a los hospitales universitarios (Clínicas y Roffo) y la movilización que logró la Ley de Financiamiento Universitario, la cual estipula un aumento salarial del 51%.

Venimos denunciando el intento de un sector del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de abandonar dicha ley en favor de un proyecto que solo contempla un magro aumento del 12,3% en tres cuotas. Ante este escenario, el Frente de Lucha saluda la iniciativa de los gremios combativos, como AGD UBA, que ya han votado medidas de fuerza para el inicio de clases.

Paramos el 16 de marzo

La bronca por la situación salarial forzó recientemente un giro en la conducción de APUBA, que convocó al paro producto del repudio generalizado por haberse negado en dos oportunidades a acompañar una medida de fuerza nacional de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales por salario. Exigimos la continuidad con un llamado a asambleas para decidir un plan de lucha.

Por un sindicato al servicio de las y los trabajadores: la campaña de la Lista 9 ha recorrido cada rincón de la universidad con un programa claro: derrotar el ajuste mediante la coordinación en asambleas interclaustros y la unidad con otros sectores en lucha, como los trabajadores de FATE.
En las próximas elecciones se ratifica el rumbo que tomará nuestro sindicato. Por eso llamamos a ratificar el voto a la alternativa combativa, democrática y de lucha.

Escribe Nicolás Núñez, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Después de meses de bloqueo mediático, el crecimiento de la Campaña “La ley de glaciares no se toca” logró avanzar en instalar en el debate público que la modificación que promueve el gobierno es un favor a las multinacionales mineras. Si bien el gobierno obtuvo la media sanción en el Senado, en Diputados se vio obligado a convocar una Audiencia Pública que puede terminar siendo un revés para la avanzada extractivista.

El pasado jueves 26 de febrero el gobierno logró dar media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado. No lo hizo gracias a los argumentos de sus representantes, quienes como Enzo Fullone de Río Negro, esgrimieron ideas del tipo de que “los glaciares son rocas congeladas a 4.000 metros de altura que no sirven para nada”. Negando el rol de valiosísima e irrecuperable fuente hídrica para casi la cuarta parte del país. Tal como pasó con la Reforma Laboral esclavista, el avance legislativo de la ultraderecha tiene como condición necesaria el acompañamiento de sectores no sólo del radicalismo, el PRO y los partidos provinciales, sino también del peronismo. Y no se trató sólo del ya habitual acompañamiento de los alfiles legislativos de los gobernadores arrodillados ante Milei y Caputo. En esta ocasión al peronismo kirchnerista se le complicó blandir el discurso de la denuncia a “los traidores”, porque entre quienes avalaron la ley pro-multinacionales mineras se encontró la amiga personal de Cristina Fernández de Kirchner, la catamarqueña Lucía Corpacci. 

Delirando, Javier Milei anunció en su ordinaria apertura de sesiones ordinarias, que de la mano de dar luz verde a las mineras se crearían un millón de puestos de trabajo. Cuando la Ley de Glaciares únicamente protege al 1% del territorio nacional, y teniendo legalizada la explotación del restante 99%, el empleo minero apenas llega al 0.16% del trabajo registrado del país, unos 10.700 puestos que se ponen en pie destruyendo otros (de producción vitivinícola, agrícola-ganadera, turística, etcétera) y que se sostienen en base de frondosos subsidios sea directo o vía gastos tributarios, lo que el Estado deja de recaudar por legislaciones extremadamente benevolentes para las multinacionales como el Código Minero de los ‘90 y ahora el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Éste último les asegura a las multinacionales que no se le podrán aumentar las regalías ni imponer condiciones de cuidado ambiental… ¡por 30 años! Tiempo más que suficiente para acabar con el ecosistema irrecuperable de un glaciar.

La Audiencia Pública y la Calle

En paralelo a la aprobación del Senado, la Campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca” convocó a acciones en decenas de puntos de todo el país, con epicentro en la Plaza del Congreso. Por su parte, Greenpeace hizo una intervención en las escalinatas del Congreso, que con la represión posterior a la prensa y la ridícula detención de un camarógrafo de A24, terminó también colocando el tema en los medios de comunicación. Pero sigue siendo un punto que atenta contra la movilización la negativa del “ambientalismo popular” (Jóvenes por el Clima, Consciente Colectivo, entre otros) a salir a las calles, y limitarse solo a las redes.

En ese contexto, y al parecer por no contar con los votos asegurados al 100%, el gobierno terminó aceptando convocar a una Audiencia Pública desde la Cámara de Diputados el 25 y 26 de marzo. Si la jugada era blindarse de legalidad, cumpliendo con los requisitos formales del Acuerdo de Escazú, les salió mal: subestimaron la capacidad de organización de quienes rechazamos esta iniciativa, y que en pocos días logramos inscribir más de 20.000 personas para defender la Ley de Glaciares. Ahora el gobierno tiene que optar: o avala que se realice y entonces debería durar meses; o la bloquea total o parcialmente dando un fuerte argumento para una impugnación legal.
La pelea sigue abierta, sumate a darla junto a Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista en todo el país. 

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista

La semana del 16 de marzo comienza con un paro docente en todas las universidades nacionales. Luego de varias asambleas donde se ratificó la medida, incluso con un sector importante de docentes que votó en sus gremios el paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la Ley de Presupuesto Universitario sancionada en 2025 (AGD-UBA, ADULP, ADIUC). En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se convocó a una asamblea interclaustros que contó con 350 estudiantes, docentes y no docentes que se plegaron a esta medida.

Sabemos que, mientras la lucha universitaria se empieza a organizar, el gobierno de Javier Milei pretende impulsar la ley de desfinanciamiento universitario en las próximas semanas en el Congreso. Al mismo tiempo intenta acordar con un sector del Consejo Interuniversitario Nacional una miseria presupuestaria, lejísimos de lo que conseguimos con la Ley. Ante esto denunciamos, por un lado, a las burocracias sindicales que se pliegan a esta maniobra, como pasa con el gremio Apuba entre los no docentes, donde a días de la elección del sindicato se rompe la lista de la burocracia por su política de inmovilismo y carnereo a los paros nacionales convocados por Fatun.

En el movimiento estudiantil, la conducción de la FUA (Franja Morada) solo sacó un comunicado posicionándose contra la ley de desfinanciamiento e impuso unas caravanas informativas. Las federaciones que conduce el peronismo, como es la FULP, tampoco han hecho mucho para organizar a les estudiantes. El peronismo está jugando otra vez como contención del movimiento. Ante eso, desde nuestra Juventud pensamos que es fundamental el llamado a asambleas para la semana que viene, para involucrar a les estudiantes en el plan de lucha, coordinando actividades junto a docentes y no docentes y dando visibilidad al conflicto para construir la Cuarta Marcha Federal Educativa.

En estas semanas también estamos atravesados por la discusión del 50 aniversario del 24M. Ante este gobierno negacionista se redobla la importancia de una movilización unitaria que también sea un golpe contundente.