Escribe Mariano Barba

Tres días antes de la asunción del presidente Milei, se firmó la paritaria de las y los trabajadores aceiteros. El acuerdo lo firmaron las cámaras empresarias del sector y la Federación Gremial de Trabajadores Aceiteros, encabezada por Daniel Yofra del Sindicato de Aceiteros de Rosario.

Una declaración emitida por el sindicato detalla los términos del acuerdo, donde se ajusta el salario de diciembre a una inflación anual del 179 % y se fija un salario inicial para enero del 2024 de 888.715 pesos, además de una cifra fija de 576.863 pesos que se abonará en dos cuotas, en enero y febrero.  Y se agrega, como otro elemento del acuerdo, que si la inflación acumulada del 2023 superará el 179 % por Indec se modificaría el salario mínimo de enero. De esta forma el poder adquisitivo de las y los aceiteros se mantendría en un momento de altísima inflación que empeorará según las declaraciones del propio Milei.

El sindicato de aceiteros es un sindicato que viene defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de sus afiliados con asambleas y medidas de fuerza desde hace varios años. Su capacidad de negociación también se explica por el sector industrial y el tipo de actividad que se desarrolla a partir de la producción de harina, aceite de soja, maíz, biodiesel, trigo y sus derivados.  Es una rama de la producción que está en el centro de las utilidades extraordinarias que embolsa la oligarquía agroalimentaria y las multinacionales, que además contaron durante el presente año de un dólar preferencial por parte del ex ministro peronista Massa. Ahora con Milei y su plan ya deben estar destapando champagne anticipándose a la navidad. Esas empresas de la “zona núcleo” especulan con el precio internacional de los commodities en alza y manejan la totalidad del negocio y nada dejan para cubrir las necesidades del país en materia de alimentos básicos a precios accesibles para el pueblo trabajador. Las principales son: Cargill, A.D.M. Agro y Bunge, Cofco, Aceitera General Deheza (AGD) y Vicentín. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad  saludamos a las y los compañeros aceiteros por su triunfo, fruto de la movilización y la lucha, mientras seguimos planteando la expropiación y estatización de todas estas empresas para que se termine el negocio privado monopólico y antinacional de los alimentos.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) Izquierda Socialista / FIT-Unidad

El gobierno ultraderechista y reaccionario de Javier Milei junto a Victoria Villaruel asumió anunciando una motosierra contra el pueblo trabajador. Tal como lo planteó en el discurso inaugural ese ajuste “inevitable” se hará sobre las áreas de educación, salud y trabajo, al servicio de pagarle al FMI. Desde el movimiento feminista nos tenemos que preparar para enfrentar en unidad lo que se viene y defender los derechos conquistados.

El cierre del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue una amenaza que Milei ya adelantaba durante su campaña electoral. La reducción a secretarías de los ministerios de Educación y Salud, también. Recordamos aquel video que se hizo viral de él quitando papelitos al grito de “afuera” La mayoría de quienes trabajan en las áreas de educación y salud, son mujeres muchas de ellas precarizadas. Es decir que hay una especial saña del gobierno contra las trabajadoras, nos quiere despedidas engrosando las filas de la desocupación. Por eso, el movimiento feminista debe abrazar cada una de estas luchas en defensa de la educación, la salud pública y todos sus puestos laborales.

También es conocida la misoginia de Milei quien niega la brecha salarial, la violencia de género como problemática social y está en contra del derecho al aborto. Por eso, seremos las mujeres y las disidencias quienes debemos estar en la primera línea enfrentando cada uno de sus ataques a nuestras conquistas. Debemos estar a la altura de las circunstancias y desarrollar un movimiento feminista potente que frené la reacción patriarcal.

Que la fuerza de las pibas y pibis le gane a las fuerzas del cielo

Desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad hemos venido impulsando durante todos estos años la movilización de las mujeres y disidencias de manera independiente de los gobiernos y del FMI. Siempre exigimos mayor presupuesto para combatir la violencia de género, para el pleno cumplimiento del derecho al aborto, para la igualdad salarial y para el cupo laboral, entre otras demandas.

Lamentablemente, organizaciones que se reivindican del feminismo popular se fueron acomodando en cargos dentro de ministerios, abandonando la movilización callejera como motor insustituible de cualquier lucha. Posicionamiento político que debilitó la potencia del movimiento feminista para enfrentar cualquier ataque a nuestras conquistas.

Ahora, Milei invocó a “las fuerzas del cielo” para ejecutar su plan motosierra contra el pueblo trabajador y en particular, contra las mujeres y disidencias. Ante ello decimos que es con la fuerza de las pibas y pibis en las calles que debemos enfrentarlo. Te invitamos a dar la pelea con Isadora e Izquierda Socialista en el FIT-Unidad porque no es momento de resignarse. Al revés, es momento de organizarse para enfrentar en unidad lo que se viene y defender cada uno de los derechos conquistados.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista / FIT-Unidad

Milei comenzó su mandato como presidente llevando adelante una de sus principales amenazas de campaña: el cierre del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que pasará a ser Secretaría bajo la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano. La nueva cartera estará a cargo de Sandra Pettovello, defensora de la “familia y la vida” y ex presidenta del partido de la Ucedé.

En oposición al movimiento feminista, la visión de Pettovello representa la reacción patriarcal y atrasada en materia de libertades para las mujeres y disidencias. Por eso debemos prepararnos para enfrentar cualquier ataque a nuestros derechos.

Un balance necesario

Desde la creación del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en 2019 nuestra agrupación Isadora junto con un sector del movimiento feminista que se mantuvo independiente al gobierno peronista de Alberto Fernández, Cristina y Massa,  venimos denunciando la falta de presupuesto para combatir la violencia de género. Hemos debatido con quienes utilizaron a dicho ministerio como forma de cooptación de referentes feministas que dejaron de denunciar la responsabilidad del gobierno frente a los femicidios y transfemicidios y junto a ello, el perjuicio que significa para las mujeres y disidencias el acuerdo con el FMI.

En lo que va del 2023, en el país del #NiUnaMenos la violencia patriarcal se llevó la vida de 315 mujeres y disidencias según el Observatorio Lucía Perez. Sin embargo, el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tenía uno de los presupuestos más bajos: de  los 19 ministerios, estaba ubicado en el puesto 17, y recibió el 0,2% del total de gastos previstos para el 2023. Casi la totalidad de su presupuesto, estaba destinado al programa “Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género”, que incluye los programas Acompañar, Acercar Derechos y la Línea 144, entre otros.
De acuerdo con esta base de datos del Indec, el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tenía hacia julio de este año un total de 1.263 personas empleadas, pero sólo 50 en planta permanente, entre las que se encuentran las trabajadoras de la línea 144. Es decir, más de 1.200 trabajadoras y trabajadores que están en total riesgo de perder su empleo, entre ellas personas travestis-trans producto de la precarización laboral heredada del gobierno peronista.

Ni un despido, ni un programa menos

Durante estos cuatro años exigimos presupuesto para el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Siempre dijimos que la solución estaba en dejar de pagar la deuda externa para  que ese dinero se pueda destinar a solucionar los problemas de las mujeres y disidencias. No será quitando derechos, eliminando programas que funcionan de manera insuficiente o cerrando el ministerio, que se resolverán los problemas.

Con claridad decimos que el cierre del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es parte de un intento de ofensiva contra nuestros derechos, que solo reforzará el vaciamiento presupuestario y el desamparo de las mujeres y disidencias que sufrimos la discriminación y la violencia en todos los ámbitos. Por eso ante el cierre del ministerio y su conformación como secretaría, reclamamos derechos laborales plenos y estabilidad en sus puestos de trabajo, ningún despido de trabajadoras y ningún recorte del ya insuficiente Plan Acompañar, en la línea 144  y las políticas  para combatir la violencia de género.

Desde Isadora e Izquierda Socalista en el FIT-Unidad estaremos acompañando cada una de las luchas de las y los trabajadores ante los despidos o cierre de programas. Con la organización, la movilización y la unidad de acción en las calles podremos derrotar todos los planes de ajuste y cualquier intento de atacar nuestros derechos por parte del gobierno ultraderechista y reaccionario de Millei-Villarruel.

El Procurador del Tesoro de la Nación designado por Milei no solamente tiene un pasado vinculado al nazismo sino también es un vocero a favor de la penalización del aborto. En su juventud, participó de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, una organización política ligada al Movimiento Nacionalista Tacuara, cuya tendencia estuvo relacionada al nazismo. En los años 90, Barra ejerció como ministro en la Corte Suprema de la Nación durante el gobierno privatizador y hambreador de Carlos Menem. Desde el 13 de mayo hasta el 24 de agosto de 1994, fue Convencional Constituyente Nacional y fue quien propuso que la prohibición del aborto tenga rango constitucional. Desde el 19 de noviembre de 1997 se desempeñó como asesor presidencial para las cuestiones vinculadas a la protección de los derechos de la persona por nacer. Un declarado antiderechos de las mujeres y disidencias.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista/FIT Unidad)

La nueva Conferencia anual de las Partes, que reúne a los gobiernos de la casi totalidad de los países del mundo para discutir sobre compromisos ante el calentamiento global, se dio cita en Emiratos Árabes, un país esencialmente petrolero. Allí fueron justamente las multisectoriales del sector de los combustibles fósiles las que terminaron haciendo pesar sus intereses.

El 2023 será el año más caluroso jamás registrado, probablemente el más caluroso desde que existe la historia de la humanidad como tal. El impacto de fenómenos estacionales planetarios (cíclicos) como “El Niño”, si bien en nuestro país generan un mayor caudal de lluvias (como las que vimos las últimas semanas), a nivel mundial impactan tirando hacia arriba la temperatura, y se combina con el propio proceso de calentamiento global fruto de la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI). Contaminación generada, centralmente, por la quema de petróleo, gas y carbón para sostener la anarquía de la producción capitalista mundial y la búsqueda de ganancias de las multinacionales.

Así, al primero de diciembre la temperatura global promedio del año se estaba ubicando en 1,46° por encima de la temperatura preindustrial. Al terminar de incorporar los registros de diciembre, se estaría llegando en torno al 1,5° (al menos para el registro del 2023). La cifra es significativa dado que la COP de París de 2015 se había puesto como meta no transgredir ese grado y medio debido a la gravedad e incertidumbre que desataría de cara a fenómenos planetarios de todo tipo (sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor, deshielo, aparición de nuevas enfermedades, etcétera). De allí que “estamos viviendo el colapso climático en tiempo real”, haya sido la sentencia con la que el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, abrió la COP28.

En 2015 se estimaba que, de no tomar medidas al respecto, el 1,5° sería transgredido sin vuelta atrás en 2045. Sin embargo, a pesar de los acuerdo firmados, la COP28 inició ocho años después con un informe de Copernicus (el sistema meteorológico de la Unión Europea) que daba cuenta que las escasas reducciones de gases de efecto invernadero y fenómenos climáticos extremos de los últimos años (como ser incendios masivos que agregan todavía más GEI a la atmósfera), habían hecho que de 2045 la fecha estimada de transgresión del 1,5° se adelante a 2034. Otro informe, del Global Carbon Budget (presupuesto global de carbono), señalaba de forma complementaria que hay un 50% de chances de que sea antes de 2030.

En conclusión: todos los pronósticos respecto de la gravedad de la crisis climáticas difundidos por el imperialismo en la última década han resultado ser demasiado optimistas y la dinámica de la crisis es mucho más grave de lo esperado. Las medidas requeridas entonces para hacer frente a la catástrofe que nos amenaza resultan hoy mucho más drásticas que las que hubiesen sido necesarias en caso de haber avanzado hace diez o veinte años en la descarbonización de la economía mundial. El problema es que esas medidas se han enfrentado a un enemigo poderosísimo: las petroleras y sus gobiernos patronales.

COP28: el anfitrión pone las reglas

El sultán, Al Jaber, ministro de Industria y cabecilla de la empresa petrolera estatal de los Emiratos Árabes, fue designado como mandamás de la nueva conferencia climática. Desde esa posición, actuó con el acompañamiento de distintos gobiernos patronales(desde Estados Unidos hasta Bolivia) y los negociadores de las multinacionales. El sultán, contra el abrumador consenso al respecto, se encargó de decir que no hay evidencia científica que avale el reclamo del fin de la quema de combustibles fósiles. Y en ese punto centralmente se trabaron las negociaciones, según trasciende al momento de cerrar estas líneas. No habría consenso en incorporar en el documento final la recomendación de avanzar hacia la “eliminación de los combustibles fósiles” que reclaman la ciencia y el activismo climático en todo el planeta.

De hecho, no había generado mayor resistencia al inicio de la conferencia la aprobación del “fondo de pérdidas y daños” para hacer frente a las consecuencias del calentamiento global. Ahora bien, dicho “fondo” es de una pobreza absoluta. Amnistía Internacional señaló que los ingresos declarados (700 millones de dólares) solo alcanzarían al 2,6% del total de los costos económicos del huracán “Otis” que viene de golpear las costas de Acapulco, en México. Todo eso mientras se calcula en 7 billones de dólares los subsidios de estos mismos gobiernos a la industria petrolera.

Por otro lado, de la COP28 emergería un compromiso de un centenar de países de triplicar las energías renovables para 2030. Dicha promesa nada precisa respecto del saqueo extractivista de litio y minerales diversos requeridos para esa “transición”, y sus consecuencias ambientales.

Sea cual sea el resultado del documento final de la COP28, está claro que combatir el calentamiento global no puede hacerse sin ir a fondo contra el bloque de las multinacionales, petroleras, automotrices y el capital financiero que siguen apostando a sostener sus ganancias. El acceso a la energía debe dejar de ser un negocio para que el planeta siga siendo habitable. Estatizar los recursos energéticos y minerales para ponerlos al servicio de una transición energética dirigida por la clase trabajadora y los sectores populares, es el freno de mano requerido ante el dramatismo que va tomando la crisis climática. En última instancia, la disyuntiva no es solo “las petroleras o el planeta”, sino más bien “Socialismo o catástrofe”.