Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

La vicepresidenta dijo desde La Habana que el Fondo Monetario violó sus reglas al prestarle recursos al gobierno de Macri para financiar la fuga de capitales. El FMI lo negó, generándose una polémica. Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina.

De los 44.149 millones de dólares que el FMI le prestó al gobierno de Macri, 37.149 millones se utilizaron para pagar servicios de la deuda en moneda extranjera, según reconoció el propio gobierno de Cambiemos. Es decir, sea por fuga o para pagar vieja deuda, ese dinero nunca entró para beneficio del pueblo trabajador. Un claro motivo para no pagar. ¿Pero Cristina usa ese argumento para no pagar? No. Lo hace para decir que como el FMI ayudó a financiar la fuga de capitales debería ahora aceptar una quita en lo que le tiene que pagar Argentina, algo que por ahora se negaría, mientras el FMI sí reclama una quita a los bonistas privados.

Ya Cristina se había referido al tema de la deuda en la 29º Feria Internacional del Libro de La Habana cuando presentó su libro Sinceramente, ante la presencia del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez. Explicó que en 2015 dejó un gobierno con cero pesos de deuda con el FMI (le pagó 10.000 millones de dólares de contado) y cuatro años después el macrismo nos endeudó en 44 mil millones de dólares. Y propuso: “De la misma manera que Alfonsín entendió que había una deuda con la democracia en materia de derechos humanos, tiene que haber un ‘Nunca más’ sobre la deuda”. ¿Qué sería el Nunca Más de Cristina? ¿Rebelarse contra el FMI? ¿Dejar de pagar con un frente de países deudores latinoamericanos? ¿Usar ese dinero para combatir la pobreza? Nada de eso. Su postura se limita lisa y llanamente a pedir una quita, como si eso fuera una solución.

En Cuba también dijo que “el no haber investigado es lo que permitió volver a hacer lo mismo con los mismos personajes. Sturzenegger estuvo en el megacanje, vino por segunda vez como presidente del Banco Central y volvió a hacer lo mismo. Hoy está dando clases en una universidad americana”. Pero se olvidó que la deuda ya se investigó por el juez Ballesteros que en junio de 2000 emitió un fallo determinando que la deuda era ilegítima y fraudulenta. A pesar de ello y al Argentinazo que impuso el no pago, Néstor Kirchner reanudó los pagos mediante dos canjes y una “quita”. En los doce años de gobiernos kirchneristas se pagaron 200 mil millones de dólares dejando casi un 30% de pobreza y salarios y jubilaciones por debajo de la inflación.

Cristina terminó diciendo en Cuba la misma cantinela que Alberto: “No podemos pagar si no nos dejan crecer”. O sea, crecer para pagar una deuda que la misma Cristina califica de “ilegal”. Detrás de toda esta fraseología, al peronismo del Frente de Todos lo mueve una misma consigna, ser pagador serial de una deuda que el pueblo no contrajo, aunque la cobije detrás de un discurso anti FMI.

El gobierno acaba de aplicar un nuevo ajuste contra los jubilados. Alberto Fernández sigue los consejos del FMI. Un “ahorro” para pagar la deuda.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández miente descaradamente al afirmar que con los jubilados “no hay un ajuste”. Vamos a los números concretos, 2,7 millones de jubilados tendrán un aumento menor al que le hubiera correspondido de acuerdo a la ley de movilidad derogada por el nuevo gobierno peronista en diciembre pasado. Todos tendrían que haber percibido un aumento de 11,56%. Sin embargo, aquellos que tienen jubilaciones y pensiones desde 16.195 pesos para arriba cobrarán sustancialmente menos.

Así, los que cobran 20.000 pesos recibirán apenas 9,8% de aumento perdiendo 352 por mes en comparación a lo que hubieran cobrado con la fórmula original. Los que cobran 30.000, dejarán de cobrar 1.278 mensuales, ya que para ellos el aumento será menor aún, de 7,3%, y así sucesivamente. Y nótese que estamos hablando de jubilados que, en todos estos casos, cobran menos que la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría en 38.000 pesos. Eugenio Semino, titular de dicha Defensoría ha denunciado que con los sucesivos cambios de fórmula jubilatoria, los jubilados ya han perdido más del 20% de sus haberes.

La “justificación” del gobierno es que buscó “priorizar” a los jubilados que cobran la mínima. De esta manera, los que en la actualidad reciben 14.067 pesos pasarán a cobrar 15.891, un incremento de 12.96%, o sea 197 pesos más que con la fórmula derogada en diciembre. ¡La famosa “mejora” o “prioridad” no llega a 200 pesos por mes! El kilo de pan, comprado con la tarjeta alimentaria, está a 65 pesos: un jubilado de la mínima tendrá el “privilegio” de comprar tres kilos más de pan. A eso se reduce todo.

Lo concreto es que el gobierno se “ahorra” de pagar 5.500 millones de pesos por mes. Aun restando otros aumentos (como AUH o asignaciones familiares, que salen de la misma caja), el ajuste es de 5.100 millones mensuales. De marzo a diciembre son 10 meses: 51.000 millones de pesos que les correspondían a los jubilados e irán a las manos de los usureros de la deuda.
Pero la cuenta es peor aún: en junio se deberían volver a ajustar las jubilaciones, ahora por otro 14%. Pero, como la ley de diciembre derogó la fórmula, otra vez será reemplazada por alguna “suma fija” similar a la actual. Ya sabemos cómo terminará esto: el gobierno le volverá a robar a los jubilados otros 50.000 millones de pesos.

Todos estos números son tan claros que incluso fueron calculados por el Centro de Economía Política (CEPA), consultora cercana al oficialismo (ver https://centrocepa.com.ar/informes/244-el-impacto-del-aumento-de-las-jubilaciones-en-marzo-de-2020.html). Claro que, ante la difusión pública de estos datos, la propia consultora y el presidente Fernández salieron a decir que “se los había sacado de contexto” y empezaron a “sumar” otros montos para tratar de justificar que no había existido tal ajuste. Pero ni aun así lo lograron: incluso si sumamos el bono por dos meses que se les pagó a los que percibían la mínima, el gobierno terminará pagando en concepto de jubilaciones 50.000 millones de pesos menos que lo que hubiera resultado si se ajustaba como marcaba la ley.

En la campaña electoral Alberto Fernández había prometido: “el 10 de diciembre vamos a aumentar un 20% las jubilaciones”. No pasó. Como vemos, ni siquiera se cumplió con los reajustes previamente establecidos. A los jubilados se los “reperfiló” a la fuerza. ¿Para qué? Sobre esto no caben dudas: para “ahorrar” para tener fondos para pagar la deuda. El mismo gobierno que dice que “no hay ajuste” para la tribuna, al mismo tiempo se reúne con el FMI y los acreedores externos y, en el marco de la renegociación de la deuda, les pone como ejemplo de que están haciendo los deberes todo lo que están “ahorrando” por haber eliminado la cláusula de reajuste jubilatorio.
Los jubilados vienen cobrando importes miserables desde siempre. Cristina, cuando era presidenta, llegó a vetar una ley que establecía el 82% móvil. Macri les robó escandalosamente con el cambio de fórmula en diciembre de 2017. Ahora, cuando por única vez esa fórmula iba a resultar favorable, Alberto Fernández la deroga y la reemplaza por este “aumento”. Otra vez pierden los jubilados. Por eso decimos: ¡basta de robo! Plata para jubilaciones, no para la deuda. Exigimos un aumento de emergencia para que ningún jubilado cobre menos que la canasta de la tercera edad (38.000 pesos), que se apliquen las fórmulas indexatorias que corresponden, y de allí en adelante, el 82% móvil de acuerdo al salario en actividad.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

En pocos días se deberían iniciar las clases pero el gobierno, que anunció con bombos y platillos “el regreso de las paritarias”, aun no hizo ninguna propuesta salarial y patea la paritaria para la próxima semana, siendo nuevamente el principal responsable si no hay acuerdo y no comienzan las clases. Y sus pocas declaraciones sobre salarios son inaceptables: quiere retirar la cláusula gatillo que conquistamos con luchas contra el macrismo. Ya varios gobernadores directamente se niegan a pagar las cuotas que correspondían en enero (Tucumán, Salta) o lo hacen con recortes (Kicillof, Buenos Aires). Hablan de pagar un “monto fijo”, que no iría al básico y achataría la grilla salarial (como a los jubilados). Y se comenta que sólo serían 1.500 pesos o hasta 4.000 en el año. En Santa Cruz ofrecieron 2.000 pesos, en Chubut nada. Kicillof ofreció 3.000 pesos a los estatales… Además, no hay nada sobre arreglar todas las escuelas y aulas destruidas y ni hablar de un plan de construcción de nuevas. Tampoco sobre un aumento real en plata para comedores (¡en Buenos Aires 37 pesos por alumno!) ni más cupos. Las obras sociales siguen desfinanciándose e incumpliendo las prestaciones. En síntesis, salvo palabras, no hay ninguna solución a los graves problemas salariales y laborales de los docentes ni plata para la educación pública. Al contrario, se retoma y profundiza el plan de ajuste que Cristina y Macri aplicaron. Por eso ya en varias provincias se anuncian medidas de fuerza si no hay propuestas ni soluciones.

La medalla de oro de “chupamedias” se la llevan los dirigentes de CTA, Ctera, Suteba, Amsafe, etcétera. Tanto Yasky como Baradel y otros burócratas, ahora dicen que “están a favor de quitar la cláusula gatillo”. Y los fundamentos son ridículos: que “hay que quitar las expectativas de mayor inflación” (ahora los salarios son los que generan inflación) o que “con Macri y Vidal la cláusula gatillo era para defendernos de una alta inflación. Ahora no son necesarios porque con Fernández le vamos a ganar a la inflación”. Una vergüenza.

Con la oposición docente en todo el país nos estamos organizando para exigir al gobierno aumento salarial inicial igual a la canasta familiar y cláusula gatillo. Plata para infraestructura y educación pública, no para la deuda. El reclamo a Ctera y los sindicatos que organicen ya el No Inicio y plan de lucha si no hay respuestas. Y el apoyo y coordinación con las provincias que salgan a la lucha.

El pasado 16 de diciembre la UTA, gremio que nuclea a los choferes de colectivos, fue noticia cuando su secretario general, Roberto Fernández, estuvo atrincherado en el edificio del sindicato mientras un numeroso grupo de choferes tomaban las instalaciones y pedían su renuncia. Fueron convocados por Bustinduy, histórico aliado de Fernández, que luego de presentar lista opositora en la última elección fue desplazado de la conducción del gremio. Aprovechando el odio generalizado a Fernández producto de la tremenda pérdida salarial, las malas condiciones de trabajo y el desastre de la obra social, entre otras cosas, Bustinduy viene encabezando un enfrentamiento a Fernández. Pero lejos de representar un proyecto en defensa de los choferes, solo busca favorecer a DOTA, uno de las empresas que más líneas concentra. Fue así que el pasado 11 de febrero, luego de que las patronales no cumplieran con el pago del aumento de 18,3%, Bustinduy impulsó un paro sin el aval de la conducción del sindicato. Pero a diferencia de la jornada del 16 de diciembre, esta vez no contó con un apoyo importante de los choferes. Fue tan evidente la alianza con DOTA en la acción que fueron pocas las líneas que se volcaron masivamente al paro. En general fue el grupo DOTA quien garantizó el paro, sacando las unidades de servicio y evitando en muchos casos que los choferes puedan montar los colectivos. De fondo existe una pelea por el reparto de los subsidios y los planes expansionistas del grupo.

Durante el paro se expresaron sectores que quieren salir a luchar por todos los reclamos, pero que ven la maniobra de Bustinduy y Dota. Los choferes autoconvocados, la línea 540 de zona sur entre otras, intervinieron en la jornada con asambleas y cortes de calle, reclamando el pago del aumento y mejoras laborales, pero denunciando a ambas facciones del sindicato por defender a distintos sectores de la patronal. Exigiendo un verdadero plan de lucha y elecciones democráticas para barrer a Fernández y construir una verdadera alternativa a las distintas alas burocráticas. Ese es el camino.

Corresponsal

Escribe José Castillo

Algunos analistas, buscando defender al gobierno, han desempolvado viejas discusiones. Sin ponerse colorados, empiezan a utilizar los mismos argumentos que hasta hace pocos meses usaban quiénes justificaban a Cambiemos.
Dicen que no se pueden aumentar las jubilaciones porque el sistema “está quebrado” debido al aumento de la esperanza de vida, que ese es un problema mundial, que los actuales pagos jubilatorios son insostenibles porque hay apenas 1,5 activos por cada pasivo, etcétera.

Son todas mentiras. El Anses tiene problemas de financiamiento, es cierto. Pero se debe centralmente a que, desde los años ‘90, Cavallo y Menem redujeron sustancialmente los aportes patronales. ¡Y ninguno de los gobiernos posteriores los repuso! También a que más del 30% de los trabajadores lo hace en negro, y por lo tanto sin aportes, con la vista gorda y hasta la incentivación por parte de los distintos gobiernos, que incluso tienen trabajadores en negro en sus propias plantillas del estado. Y finalmente a que la caja del Anses (incluyendo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad) está siendo sistemáticamente usada para cualquier otra cosa además de lo que debería ser su utilización exclusiva: con ella se pagó deuda en la época del kirchnerismo, se llegó a realizar préstamos a empresas multinacionales (como la General Motors) y se la llenó de bonos basuras. ¡Y durante la presidencia de Macri el Fondo perdió el 30% de su valor!
En síntesis: reponiendo los aportes patronales, eliminando el trabajo en negro, haciendo que los fondos del Anses y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se usen exclusivamente para las jubilaciones y pensiones y, por sobre todo, dejando de pagar la deuda externa, alcanzaría y sobraría para que los jubilados cobren por encima de la canasta de la tercera edad y para que sus haberes se ajusten de acuerdo al 82% móvil.