Escribe Claudio Funes

El gobierno de Juntos por el Cambio de Larreta utilizó el sistema de reconocimiento facial, a través de las cámaras que saturan la ciudad, para llevar adelante actividades de espionaje ilegal sobre millones de personas. Una medida de persecución, no de seguridad.

La investigación judicial determinó que las tareas fueron ejecutadas en el marco del sistema de datos biométricos para la búsqueda de prófugos. Excediéndose en el acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), que solo le permitía abarcar un universo de 40.000 individuos con orden de captura judicial, el gobierno de Larreta lo extendió al monitoreo de más nueve millones de personas entre el 25 de marzo de 2019 y el 20 de diciembre de 2021, por fuera de la lista original de los buscados.

Las pericias sobre los equipos informáticos demuestran que se efectuó un seguimiento sobre dirigentes políticos opositores y personalidades de los medios de comunicación. La larguísima lista incluye, por ejemplo, a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Berni, Estela de Carlotto, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y al periodista Alejandro Bercovich, entre otros. Por supuesto no podían dejar de ser espiados los referentes del Frente de Izquierda Unidad. Ninguno de los nombrados, que sepamos, está prófugo.

Larreta repite una práctica común a todos los gobiernos patronales. Recordemos que Macri, con Arribas y Patricia Bullrich, espió a opositores, a periodistas, a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de Santiago Maldonado, y al mismo Rodríguez Larreta. Tampoco debemos olvidar a la “Gestapo” antisindical durante el gobierno de María Eugenia Vidal. ¡Son muy PRO!

El peronismo kirchnerista lo hizo con su Proyecto X de Gendarmería, comandado por Aníbal Fernández y el genocida César Milani. El “espionaje estratégico”, como lo presentaron, destinó un enorme presupuesto a la persecución y criminalización de la protesta. Por su parte, Alberto Fernández, apenas asumió, puso un infiltrado en una asamblea de los trabajadores en lucha del INTI e implementó el “ciberpatrullaje” de la ex-ministra Frederic.

Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. Basta de abusos policiales.
Sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste.

Escribe Claudio Funes

Sin las respuestas de fondo buscadas, las organizaciones sociales combativas declararon que retomarán la movilización tras la reunión que mantuvieron con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. El gobierno se mantiene firme en contra de incorporar más beneficiarios al plan Potenciar Trabajo y aumentar sus montos, entre otros reclamos.

El acampe de 48 horas sobre la Avenida 9 de Julio, junto con diversas medidas de lucha, lograron que el Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta se reuniera con las organizaciones sociales combativas el pasado 11 de abril.

Pero solo hubo un avance mínimo; se consensuó incrementar la calidad y entrega de alimentos a comedores barriales. No se logró destrabar la cuestión de fondo, el gobierno se mantiene firme en su postura de no incorporar más beneficiarios al plan Potenciar Trabajo, aumentar sus montos y nada propone sobre la creación de trabajo genuino que reclaman las organizaciones en lucha.

Es que Alberto Fernández y el Frente de Todos responden a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el achique del gasto social pactado, como parte de las “reformas estructurales” sobre trabajadores y sectores populares.
El ajuste, que viene desde que asumieron, ubica hoy al plan Potenciar Trabajo en un monto de 16.500 pesos mensuales (la mitad de un Salario Mínimo), dicho de otra manera, 550 pesos por día, una suma insignificante. Por otro lado, el Salario Mínimo Vital y Móvil, de 33.000 pesos, recibirá una recomposición del 45% y en cuatro cuotas, para llegar el 1° de abril a 38.940 y en diciembre a 47.850 pesos. Un aumento en dosis homeopáticas, mínimas.

Un lento progresar que promete 23.925 pesos en el plan Potenciar Trabajo de diciembre, 797,50 pesos por día. La diferencia a favor es de, tan solo, 247,50 pesos por día.

La política  del gobierno de Alberto Fernández es la de consolidar la pobreza. Los trabajadores de ATE-Indec calculan que al 31 de marzo de 2022, el salario mínimo para una pareja con dos hijos menores debería ser de, por lo menos, 145.456 pesos. El changuito de supermercado está muy lejos de las familias de trabajadores desocupados.

“Basta de apretar a los argentinos”, fueron las palabras del ministro peronista Zabaleta contra el acampe. En el mismo sentido, el jefe de gobierno de CABA y dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta, los quiere castigar. Se indigna porque interrumpen la circulación del Metrobús. Calificó de “extorsionadores” y “cobardes” a quienes realizan manifestaciones y acampes en la ciudad. Mientras afirma, con odio, que por ello habría que “sacarles los planes sociales”.

Los extorsionadores, apretadores y mentirosos son ellos, el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal, que aplican los dictados del FMI. Quieren hacernos creer que ellos no son responsables de nada y que los movimientos sociales en lucha son los culpables de todo.

La falta de respuestas llevó a la Unidad Piquetera a retomar la movilización. En el contexto de un plan de lucha nacional, el miércoles 13 de abril miles marcharon a la Plaza de Mayo y, frente a la Casa Rosada, realizaron un acto. En el futuro, entre otras acciones, se prevé una marcha federal.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con el movimiento de desocupados combativo. Proponemos como salida de fondo la generación de trabajo genuino a partir de un plan de construcción de viviendas populares, financiado con los fondos que se destinan al pago de la deuda externa.

Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci):

En la provincia de Buenos Aires, los alimentos aumentaron 20% en el primer trimestre.
La alimentación básica se encareció 158% desde que asumió Alberto Fernández.

El Socialista entrevistó a Fernanda López, dirigenta de Unión y Lucha Barrial, agrupación nacional independiente de desocupados.
Esto nos dijo:

ES.- ¿Cómo está la situación social en los barrios?

Fernanda López: Cada vez peor. Lo más complicado es el aumento de los precios. Nosotros vemos cómo se refleja eso en nuestros comedores y merenderos. Hay gente que va al comedor a buscar la vianda para ahorrarse una comida. No vienen solamente los que no tienen trabajo sino también jubilados y otros que trabajan pero no les alcanza el sueldo. Hay quienes con su sueldo no les alcanza para pagar un alquiler, los medicamentos y además la comida.

Además de esa gente nueva que viene a los comedores están los que ya venían de antes, pero los recursos que recibimos son los mismos. Aumenta la cantidad de personas que asisten a los comedores pero no la mercadería que nos giran. Estamos trabajando con la misma cantidad de recursos que el año pasado. Encima hay veces que la mercadería no viene completa. Tanto Nación como Provincia como el Municipio (La Matanza) no cumplen con la entrega de la totalidad de los recursos. La mercadería no alcanza. Antes los vecinos colaboraban con un paquete de azúcar o leche en polvo pero ahora con la situación que estamos viviendo eso no se da más, porque estamos todos muy afectados.

Te repito. Antes atendíamos a la gente más humilde, pero ahora atendemos también a laburantes e inclusive a comerciantes como un mecánico o un almacenero. La situación es muy complicada. La plata no alcanza. Todo está carísimo. Incluidos los gastos que ellos tienen en sus trabajos.

ES.-¿Qué opinás de la decisión del gobierno de dar de baja los planes Potenciar?

FL: Para mi es algo que no tiene sentido. Todavía hay un montón de gente que no tiene trabajo y otra que se las rebusca como puede, haciendo changas o vendiendo en la calle. Supuestamente el plan Potenciar servía para que esas personas complementen su ingreso teniendo un ingreso fijo. Al haber cerrado el plan Potenciar muchos quedan en la lona. El mismo gobierno había creado el ReNaTEP (Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular) a nivel nacional, supuestamente con el fin de que todos los trabajadores de la economía popular cobraran el plan. Hay muchos trabajadores que se registraron pero nunca lo cobraron ni lo van a hacer. Me parece muy mal. El hecho de que el gobierno haya cerrado el plan Potenciar después de dos años de Pandemia y con la inflación que hay, demuestra que no es un gobierno popular como dice serlo.

ES.- ¿Y de los planes de emprendimientos productivos que el gobierno dice que van a dar trabajo genuino?

FL: El gobierno dice que va a crear “Bancos de Herramientas” para producir y dar trabajo. Nosotros, por ejemplo, queremos producir puertas y ventanas. Pero el tema es que nos ponen miles de trabas burocráticas para acceder al plan. Solo acceden las agrupaciones más grandes afines al gobierno. Y aun así, si logramos implementarlo, en esta situación con lo caro que está todo, incluyendo los insumos, ¿a quién le venderíamos lo que hagamos? Tenemos que enviar un presupuesto ahora pero recién lo aprobarían en cuatro meses. Cuando yo vaya a comprar los insumos en cuatro meses ese precio no existe. Yo no lo veo viable.

Entrevistaron Nahuel Páez y Diego Martínez

El 11 de mayo serán las elecciones de Suteba. La Multicolor, que unió a toda la izquierda y agrupaciones antiburocráticas, se presenta provincialmente y en 36 seccionales. La encabeza Romina del Plá (La Matanza) y nuestra agrupación “Docentes en Marcha” lleva a Graciela Calderón como secretaria gremial y 22 candidatas más. Hablamos con Silvia Fernández, directiva de Suteba Tigre, y con Paola Mariani, candidata a secretaria general en Malvinas Argentinas.
 
ES.- ¿Cómo ven las elecciones?

Silvia Fernández: La Multicolor tiene un gran desafío: sostener las seis seccionales donde dirigimos, fundamentalmente La Matanza, la seccional más grande e importante. Y pelear para recuperar otras seccionales. Acá ganamos hace años Tigre y Escobar. Al poner la seccional al servicio de la docencia, luchando por el salario, infraestructura, actos públicos presenciales, salarios no cobrados, persecuciones a docentes, IOMA, de todo, la docencia sabe que cuenta con nosotras.
 
ES.- ¿Y eso se reflejará electoralmente?

SF: Sin dudas. Tigre era una de las joyitas para la burocracia Celeste. Nunca creyeron que iban a perder. Pero la docencia asimiló que era posible otro modelo sindical, democrático, de lucha, independiente de los gobiernos. Hoy la Celeste está muy repudiada. Va a dar pelea y poner el aparato del gobierno, de la municipalidad, plata y presiones, para revertir la elección. Pero creemos que la docencia valorará el enorme cambio Multicolor y se movilizará para defenderlo.
 
ES.- ¿Y en Malvinas Argentinas cómo es?

Paola Mariani: Aquí es lo opuesto. Desde que la burocracia ocupó el Suteba General Sarmiento (que ahora se dividió en tres, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel) podría decirse que lo cerró. Durante los 45 días de huelga del 2014, las sedes tenían un cartel “cerrado por paro”. ¡Literal! Miles de docentes se desafiliaron. Esto hacen en las seccionales que dirigen. Ni llaman a asambleas, imaginate en pandemia, menos. Al punto que la docencia, para luchar, se tuvo que autoconvocar. En Malvinas Argentinas se conformó Docentes Autoconvocados, para juntarnos, hacer asambleas, organizar acciones. Autoconvocados movilizamos más que la Celeste, cuando hay luchas. Ahora queremos llevar ese modelo democrático a Suteba, poner el sindicato al servicio de la docencia.
 
ES.- ¿Y cómo va la campaña?

PM: En las escuelas de Malvinas Argentinas nos conocen, apoyan y alientan. Nuestra lista de unidad tiene dirigentas de reconocida trayectoria, como Isabel Guzmán o Sandra Pedemonte. Y una nueva camada de luchadoras. Tenemos que lograr una fuerte movilización el 11 de mayo, y fiscales, porque sólo con una votación masiva podremos quebrar el fraude del padrón que controla la burocracia.
 
ES.- ¿Y en los otros distritos de la zona?

SF: En Escobar tenemos una pelea especial. El secretario general, José Magallanes, se vendió a la burocracia y va con la Celeste. Una traición enorme. Habrá tres listas, porque otro pequeño grupo se presenta solo, dividiendo el voto opositor. El PO, aunque va en la Multicolor provincial, no quiso integrarse en la seccional por una pelea de cargos, una vergüenza. Pero hay unidad de las principales agrupaciones y, encabezadas por Julieta González dirigente del Suteba, la Multicolor le dará pelea a la Celeste y a Magallanes. Es fundamental mantener la seccional como Multicolor y evitar que la Celeste la burocratice.
 
PM: En José C Paz vamos a dar que hablar. Y en San Martín en 2017 sólo perdimos por un fraude escandaloso. En Pilar la burocracia está asustada y, después de oficializar la lista Multicolor, presionó a dos docentes a renunciar y quiere impugnarla. También nos presentamos en San Miguel, San Fernando, Vicente López, San Isidro. Lo que es seguro es que la Multicolor saldrá con una gran fuerza y organización. Que será fundamental para después de las elecciones, porque con la coordinación Multicolor desde las seccionales que ganemos, saldremos a dar pelea contra el ajuste de Fernández, Kicillof y el FMI y las capitulaciones de Baradel y la Celeste.

Escribe Pablo Almeida, delegado general de ATE-Mecon y legislador electo de CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las y los trabajadores del Estado Nacional venimos transitando una situación de enorme atraso salarial, que año a año se profundiza con las paritarias por debajo de la inflación que las conducciones sindicales burocráticas vienen firmando con los distintos gobiernos.

La pérdida del poder adquisitivo del salario para la mayoría de las y los estatales ronda el 40% en los últimos 7 años. Y el acuerdo firmado por el gobierno con el FMI sienta las bases para que no exista recomposición salarial en los próximos años. Para graficar la situación, quien entra a trabajar al Estado nacional gana hoy entre 40 y 45 mil pesos cuando la línea de la pobreza medida por el Indec se ubicaba en febrero de este año (aun no se conocen los datos de marzo) en 83.800 pesos y el monto mínimo que necesita una familia tipo para vivir en el AMBA, calculado por la Junta Interna de ATE de este mismo instituto llega a 145.456 pesos.

En medio de esta tremenda situación y con una escalada inflacionaria que registra niveles record que no se veían hace 20 años, la Secretaría de Empleo Público ha decidido en forma unilateral la vuelta al trabajo presencial al 100% de decenas de miles de estatales que aun realizaban sus tareas en forma bimodal, o sea alternando el trabajo en las reparticiones y el trabajo remoto. La bronca en los sectores de trabajo ha crecido en forma exponencial. Para miles de compañeros y compañeras con salarios de pobreza, el trabajo remoto significaba un ahorro en los viáticos diarios, en la delegación de las tareas de cuidado o directamente la posibilidad de utilizar parte del tiempo ahorrado en viajes para conseguir un mango más a través de alguna changa.

Desde Estatales en Marcha acompañamos la organización que va surgiendo desde distintos sectores como los ministerios de Economía o Trabajo encabezados por sus juntas internas combativas. Señalamos que es imprescindible que la lucha por las condiciones de trabajo esté inexorablemente ligada a la lucha por el salario. Tenemos que organizar desde abajo la pelea por imponerle a las conducciones de nuestro gremio el rechazo a las paritarias de hambre que vienen firmando junto a UPCN y el gobierno de Fernández. E ir preparando las condiciones para poner en pie un plan de lucha en todo el Estado nacional para conquistar una verdadera recomposición salarial y la lucha por el conjunto de nuestros derechos.