Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

El domingo 24 de marzo convocamos a marchar masivamente. A 43 años del golpe seguimos diciendo “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”. Vamos a marchar contra el ajuste que aplican Macri y los gobernadores y la impunidad de ayer y de hoy. Por cárcel a los genocidas y sus cómplices civiles: los grandes empresarios, burócratas sindicales, la cúpula de la iglesia retrógrada que bendecía a los torturadores y los políticos patronales que apoyaron el golpe.

Miles de razones hay para volver a protagonizar una masiva marcha el próximo 24 de marzo. Y Macri en el gobierno le da un condimento especial. Un gobierno que negó el número de los desaparecidos, es el títere del FMI y amigo de Donald Trump, el jefe del imperialismo que comandó el golpe a través del Plan Cóndor. Un gobierno que se endeudó hasta la coronilla y paga una deuda externa brutal, de la que gran parte viene de la dictadura del 76. 

Mientras la familia Macri se enriqueció con la dictadura, el presidente gobierna para las ganancias capitalistas de empresarios mafiosos, como la multinacional Ford, la misma que tenía un campo de concentración en la fábrica. Un gobierno que mientras denuncia a las “mafias sindicales” pacta con una burocracia sindical traidora, como la del buchón de la dictadura Gerardo Martínez, espía del Batallón 601, y otros traidores que le daban las listas de los luchadores a las patronales para que los hicieran desaparecer.
El 24 marcharemos por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, contra el gatillo fácil, la doctrina Chocobar y la baja de la edad de imputabilidad de la ministra represiva Patricia Bullrich. En definitiva, llamamos a repudiar el brutal ajuste represivo de Macri, el FMI y los gobernadores, como Schiaretti, Manzur, Urtubey y demás cómplices de Cambiemos.

Y cuando hablamos de impunidad, también tenemos que referirnos al gobierno kirchnerista. ¿Qué pasó con los derechos humanos durante el gobierno de Cristina? Recordemos la desaparición de Julio López, la designación del represor Milani en el Ejército y los pagos puntuales de la deuda a los usureros internacionales que hace cuatro décadas se beneficiaban con el golpe (ver nota aparte).
El 8M hubo marchas multitudinarias de las mujeres que ahora se preparan para sumarse este 24. No es casual. Las iglesias (en especial la cúpula de la católica y los evangelistas) vienen de impedir junto a los políticos patronales la aprobación de la ley del aborto legal. Es la misma iglesia que apoyó a la dictadura, bendijo a los criminales y habla de “las dos vidas” cuando avaló las violaciones de mujeres en cautiverio y el robo de bebés y se viene beneficiando con las leyes de la última dictadura que les permiten a estos obispos pedófilos y repugnantes ganar sueldazos.

Este 24 marchamos entonces junto a las nuevas generaciones reivindicando la memoria de los 30.000 desaparecidos. Y la de nuestros caídos del Partido Socialista de los Trabajadores, nuestro partido antecesor, asesinados por la Triple A en los años 70 bajo un gobierno peronista, y los casi cien desaparecidos en la dictadura, quienes dieron la vida por un gobierno de los trabajadores y el socialismo.
La izquierda vuelve a marchar de manera independiente junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, organización unitaria que mantuvo bien alto las banderas contra la impunidad bajo todos los gobiernos.

En todos estos años la movilización consecuente logró victorias enormes: que el genocida Videla pasara sus últimos días en una cárcel común, que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que en la causa del centro clandestino La Perla, en Córdoba, se considerara delitos de lesa humanidad a los cometidos por la Triple A bajo el gobierno de Isabel Perón y López Rega, que se lograran fallos condenatorios para los asesinos de nuestra compañera del PST Ana María Martínez, y para los genocidas y ex directivos de la Ford, o que ya se hayan recuperado 127 nietas y nietos de los cuatrocientos niños apropiados. Pero la lucha debe continuar, por lo que nos queda y las tareas pendientes, los cambios de fondo para terminar con esta impunidad de décadas. Apoyándonos en esos avances extraordinarios vamos por más.

Convocamos a hacer charlas, recordatorios y todo tipo de iniciativas preparatorias para impulsar esta gran jornada. ¡Volvamos a copar las calles el 24 para que seamos miles y miles en Plaza de Mayo y en todo el país contra el ajuste y la represión de Macri, el FMI y los gobernadores!

La sola pregunta divide aguas. El gobierno anterior y los organismos de derechos humanos afines a él dicen que sí. Desde la izquierda, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), decimos que no.

Comprendemos que ante el gobierno represor de Macri o las barbaridades de los gobiernos anteriores sobre el tema (Obediencia Debida, indultos, asesinatos de luchadores como Carlos Fuentealba) el kirchnerismo aparezca como “algo distinto”. Pero durante los doce años de su gobierno se demostró que, más allá de su doble discurso, se violaron los derechos humanos.

Con el respeto que nos mereció Hebe de Bonafini durante décadas de lucha contra la dictadura, ante la asunción de Néstor Kirchner dijo “el enemigo ya no está en la Casa Rosada”. Con esto archivó las marchas de la resistencia y empezó a apoyar al gobierno kirchnerista. Lo mismo hizo Estela de Carlotto. En cambio, el EMVyJ mantuvo su independencia, ganándose el respeto y la autoridad por denunciar cada uno de los hechos aberrantes que se dieron durante el gobierno anterior.

El kirchnerismo se quiso apropiar de la bandera histórica de lucha por los derechos humanos. Hasta quiso simular que la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue obra suya, no de la heroica lucha de varias generaciones que la impusieron en el Congreso a través de un proyecto que había presentado la izquierda.

El gobierno kirchnerista que simbólicamente descolgó el cuadro del genocida Videla fue el que luego terminó encumbrando al represor César Milani, el primer jefe del Ejército que venía del escalafón Inteligencia. Esto fue para empalmar con el famoso Proyecto X de la Gendarmería, comandada por Berni y la ex ministra Garré, un plan para espiar y reprimir las luchas obreras y populares.

En el medio de esto la desaparición de Julio López fue emblemática. El testigo más importante en la causa Etchecolatz fue desaparecido cuando iba a ir a declarar y nunca más se supo de él. Aníbal Fernández dijo en su momento que podría estar “extraviado” o “con su tía tomando mate”, todo para encubrir un aparato represivo intacto que nunca se desmanteló.

A poco de asumir, con el 54% de los votos, lo primero que mandó a hacer votar Cristina Kirchner fue la Ley Antiterrorista, impuesta por el imperialismo, para simular que se combatía “al terrorismo” cuando se terminó aplicando contra luchadores antimineros o periodistas opositores.
Tampoco podemos olvidar que el kirchnerismo siempre se negó a aprobar la ley de desprocesamiento de los más de 6.000 luchadores sociales, criminalizó la protesta social, persiguió a los petroleros de Las Heras en lucha contra el impuesto a las ganancias, tildó a los docentes de “vagos” por su lucha en defensa de la educación pública, calificó a los paros generales como “de derecha” y metió preso al Pollo Sobrero acusándolo falsamente de “quemar trenes” para perseguir a los luchadores y como una manera de “compensar” el encarcelamiento del burócrata José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, sentenciado por ser el autor intelectual del cobarde asesinato de Mariano Ferreyra.

Y si hablamos de dictadura, debemos recordar la deuda externa que se implementó con 30.000 desaparecidos y el kirchnerismo pagó. Luego de que el Argentinazo impuso el no pago, el kirchnerismo lo reanudó, pagando 200.000 millones de dólares al contado con el verso de que nos estábamos “desendeudando”, cuando lo cierto es que quedó otra cifra similar como parte de una deuda ilegítima, fraudulenta y usurera que venía de la época de Videla y Martínez de Hoz.

Ahora Cristina montó la trampa de la “unidad con los pañuelos celestes” dándole la espalda a miles de mujeres y jóvenes que se movilizan por el derecho al aborto. Un pacto con la misma iglesia retrógrada que bendecía las torturas e impidió junto a los diputados y senadores patronales que el aborto seguro y gratuito sea ley.

Desde hace muchos años el peronismo kirchnerista ha dividido las marchas unitarias de cada 24 de marzo. Por eso hay dos marchas, una que llama a seguir luchando contra la impunidad de ayer y de hoy bajo todos los gobiernos convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que reúne a más de trescientas organizaciones políticas y sociales, y la otra, la que quiere seguir encubriendo lo que ocurrió con el gobierno anterior. Este 24 vení con las columnas del EMVyJ y la izquierda. J.C.G.

Escribe Martín Fú

La familia de los Macri son uno de los grupos empresarios más poderosos del país. Franco Macri, inmigrante italiano llegado en 1949 no tardó mucho tiempo en tejer y aceitar sus relaciones con los gobernantes de turno.

Casado con Alicia Blanco Villegas, hija de una familia de la aristocracia agrícola-ganadera de la provincia de Buenos Aires, rápidamente pasó de los negocios del campo y la exportación de carne, a ser en la década del ´70 uno de los principales contratistas del Estado. Con Onganía y Perón el grupo Macri obtuvo los primeros contratos con el Estado, la construcción de viviendas, plantas industriales, centrales eléctricas, etcétera.
Pero fue en el periodo 1976-1983 en donde el conglomerado de empresas, bajo el nombre Socma explotó en dimensión y en sus relaciones con el poder. El grupo sumó a sus negocios FIAT-Sevel, explotación petrolera (concesiones de YPF), bancos (Banco de Italia), recolección de residuos (Manliba, en acuerdo con el brigadier Cacciatore), Yaciretá y otras centrales hidroeléctricas, puentes (Posadas-Encarnación), entre otras grandes obras, sólo reservadas a un estrecho club de empresas con fuertes relaciones con la Junta Militar. La frutilla del postre fue la condonación de la deuda del grupo gracias a los oficios de Domingo Cavallo, en ese momento al mando del Banco Central, quien estatizó 700 millones de dólares de deuda de los Macri y, además, facilitó que los empresarios amigos de los militares pudieran “dibujar” y así licuar sus deudas: FATE (en asociación con Madanes) por 225.562.000, Socma por 148.578.000 y Fiat-Sevel por 170.578.000 de dólares. Los Macri pasaron de tener siete empresas en 1976 a cuarenta y siete en 1983. Los números hablan por sí solos.

Escribe Juliana García

En febrero de 2009, Juliana García encontró a su hermana que había sido apropiada por un suboficial de inteligencia en 1977. Actualmente son 128 los nietos restituidos pero se estima que fueron cerca de 500 los que nacieron en cautiverio. Al respecto, Juliana dice: “La búsqueda por encontrarlos es urgente y es ahora. Cada día que pasa, es un día más que la persona apropiada vive en una total mentira, sin conocer su identidad. Además, las abuelas, los tíos, las familias que los buscan, están muy grandes porque pasó mucho tiempo y eso es desesperante. La apropiación de bebes fue parte del terrorismo de estado que llevó adelante la última dictadura. El 24M marchamos para que se termine la impunidad. Por los 30.000 desaparecidos y por los nietos que faltan”.

Escribe Martín Fú

Desde 1974, con Perón en el poder, el PST venía siendo perseguido por las bandas paramilitares de la Triple A. El golpe de 1976 significó un salto cualitativo en el genocidio perpetrado por la Junta Militar. La profundización de la represión y proscripción del PST forzó el pase a la clandestinidad de nuestro partido antecesor. Tomando el decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975 (promulgado por el gobierno de Isabel), conocido como “de aniquilamiento de la subversión”, la Junta podía secuestrar, torturar y asesinar cualquier “elemento” que consideraran “delincuente terrorista”.

En la clandestinidad el PST continuó interviniendo en la lucha de clases con el objetivo de derribar a la dictadura militar junto con la clase trabajadora y sectores populares.

El partido siguió adelante, editando el periódico en la clandestinidad. La distribución fue adaptándose a esa situación, y nuestra prensa se hacía envuelta en paquetes de cigarrillos o de yerba, de esa manera se llevaba nuestra política a fábricas, universidades y barrios. Además, casamientos, cumpleaños y distintos eventos sociales servían como excusa para plenarios, reuniones o hasta congresos partidarios. La clandestinidad no hizo mermar nuestra militancia. Las huelgas de Luz y Fuerza, de ferroviarios, de los metalúrgicos, del Smata, de los portuarios, bancarios y tantas otras tuvieron al PST interviniendo desde adentro, organizando a los trabajadores o desde afuera, llevando nuestra solidaridad para que triunfen.

El carácter genocida y proimperialista de la dictadura era eje de nuestras denuncias, luchando junto a los familiares de los desaparecidos, coordinando acciones con los organismos de derechos humanos, reclamando y defendiendo a los presos políticos. Nuestro partido tuvo más de cien compañeros desaparecidos, otros tantos tuvieron que sufrir las torturas y el exilio.

Hoy, desde Izquierda Socialista continuamos la senda del glorioso PST, levantando las banderas de nuestra militancia y de los compañeros que ya no están. La pelea sigue siendo la misma, la construcción de un partido revolucionario, que luche por un gobierno de los trabajadores, socialista e internacionalista.

Ana María Martínez

Ana María fue militante del PST, obrera fabril, se reclamaba feminista y había sufrido la persecución en su Mar del Plata natal. Es por ello que el PST la reubicó en el norte del conurbano bonaerense. Estando embarazada de tres meses y trabajando en una fábrica de Munro, fue secuestrada por una patota en su casa de Villa de Mayo el 4 de febrero de 1982. Una semana después su cuerpo apareció en Dique Luján con signos de haber sido fusilada. Este 24 de marzo tendremos un motivo más para marchar y recordar a todos nuestros compañeros, luego de que tras años de movilización y organización, lográramos la primera condena a perpetua a dos genocidas por el asesinato. El general Norberto Apa y el teniente coronel Pascual Muñoz fueron condenados en diciembre de 2018, 36 años después del asesinato a cadena perpetua por su cobarde crímen. Esto lo logramos, organizados en la Comisión Ana María Martinez, durante años movilizados exigiendo justicia, recabando pruebas, marchando a tribunales, dando charlas, coordinando con otras comisiones de derechos humanos, usando las bancas obreras del Frente de Izquierda para denunciar la impunidad. Y vamos a seguir hasta que el último responsable sea condenado. Porque no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos con los genocidas, seguimos levantando bien en alto la bandera de Ana María y de todos nuestros compañeros caídos.