Como si fuera una gran “dádiva” producto de su bondad, la presidente Cristina Fernández anunció el incremento jubilatorio que, según la ley, el gobierno está obligado a dar en marzo y setiembre. Esta vez el incremento fue de 590 pesos para la jubilación mínima, que se irá a 3.821,71 pesos. Apenas un 18,26% desde el anterior aumento en setiembre pasado. ¿Alguien puede creer que las cosas sólo subieron un 18% en estos últimos 6 meses? Recordemos que este monto es lo que percibe el 75% del total de los jubilados argentinos. Ni siquiera alcanza el monto del salario mínimo, vital y móvil fijado por el propio gobierno (4.400 pesos, suma que, como todos sabemos, no es ni “vital” ni “móvil” para nadie). Todo lejos, lejísimo, del verdadero costo de la canasta básica para un jubilado, que la Defensoría de la Tercera Edad calculaba, ya en noviembre pasado, en 6.700 pesos. Y, lo que es peor, con este monto nuestros viejos se tendrán que “arreglar” hasta setiembre, no importa lo que aumente la inflación en ese lapso.
El gobierno de Cristina se llena la boca diciendo que ellos fueron los que estatizaron las AFJP, quitándoles ese negociado a los bancos. Lo que le falta aclarar es que, desde entonces a esta parte, han utilizado sistemáticamente esos fondos, en primer lugar, para pagar los vencimientos de deuda externa, y, segundo, para financiar a sus grupos empresarios amigos (¡Si hasta la filial local de General Motors recibió un crédito del Anses!).
Frente a los miserables “aumentos” del oficialismo, y ante una oposición que protesta demagógicamente pero cuando gobernó, fue también campeona en hambrear a los jubilados, la única salida es el proyecto presentado en el Congreso por el Frente de Izquierda: todo jubilado debe cobrar el 82% del mejor salario que tenía cuanto estaba en actividad, actualizable mensualmente por la inflación real. Y la jubilación mínima nunca podrá ser inferior a la canasta básica para la Tercera Edad, cuyo monto citamos más arriba.
J.C.
