Escribe Claudio Funes
Según el diario El País de España, la constructora brasileña Odebrecht pagó 200 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos en ocho países de la región a través de la Banca Privada d’Andorra. Las autoridades de ese país arribaron a esta conclusión luego de examinar las cuentas de 145 clientes de Odebrecht en esa institución. El País confirma que, entre otros, la empresa constructora realizó pagos ilegales para participar del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Estos sobornos están siendo investigados por el juez Martínez de Giorgi, al que la Cámara Federal le ordenó el pasado 6 de noviembre que disponga “medidas rápidas y eficaces” sobre el patrimonio de las empresas investigadas (inhibición general de bienes), entre ellas Odebrecht, Iecsa -que durante el período bajo investigación pertenecía al primo de Macri, Angelo Calcaterra- y la italiana Ghella, hoy propietaria del 70% del soterramiento. El fiscal de la causa había advertido que entre 2005 y 2014 hubo un “habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales” para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.
Las investigaciones sacan a la luz la práctica “normal” de los grandes empresarios ligados a la obra pública. Generan una estructura específica para administrar el pago y cobro de sobornos, esta se organiza con la participación de instituciones bancarias para abrir cuentas secretas, y con sociedades establecidas en paraísos fiscales como Panamá, islas Vírgenes, Bermudas u otros para realizar los pagos. Esta es la forma en que estas empresas se aseguran las superganancias en el actual capitalismo imperialista.
Para poder continuar con estos negociados y salvar a los empresarios corruptos fue que Macri envió al Congreso el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que el 8 de noviembre, con el apoyo de la oposición patronal, se convirtió en ley. Nuestro diputado Juan Carlos Giordano votó en contra, porque para la izquierda la corrupción tiene dos caras: el empresario corruptor y el funcionario corrupto. Ambos deben ir presos.
Claudio Funes
