Escribe Marcelo Brizuela, del barrio Procrear 2 de La Reja Grande

En medio de la pandemia, el gobierno de Mariel Fernández, del Frente de Todos, quiere instalar una planta de transferencia de basura frente a barrios densamente poblados, lo cual traerá consecuencias devastadoras.

Con la excusa de abaratar costos, el municipio, con este proyecto, va a poner en riesgo la salud de los vecinos, exponiéndolos a enfermedades infectocontagiosas, problemas respiratorios, dérmicos, de zoonosis, agudizando la ya crítica calidad de vida porque aún no contamos con cloacas, agua potable y asfalto. Prioriza el ajuste a costa de la salud del pueblo trabajador. Una política repudiable.

El tratamiento de los residuos en esta clase de plantas produce emanaciones de fluidos tóxicos (lixiviados) que contaminan el suelo y las napas de agua, situación que llevaría a la proliferación de enfermedades cancerígenas.

El constante tránsito de cientos de camiones por día también producirá contaminación sonora y del aire.

Este proyecto forma parte del programa Gestión Integral de Residuos y Sólidos Urbanos (Girsu) llevado adelante por el gobierno peronista nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, y genera las condiciones legales para armar estos negocios. Así, el gobierno de Alberto Fernández tomará deuda pública por 215 millones de pesos para financiar un proyecto en manos de empresas privadas. En la misma línea, Cambiemos (Asseff en Moreno), siendo consecuente con su política de negociados con la basura, coincide con el proyecto oficial, diferenciándose solo en el pedido de relocalización pero manteniendo el negocio privado.

Es clave en estos proyectos el código de zonificación, que se encuentra desactualizado y desconoce a miles de vecinas y vecinos que viven alrededor del inmenso predio donde pretenden poner la planta de residuos.

Para lograr la relocalización, frenar el negociado capitalista y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, los cortes de ruta, la difusión y, sobre todo, las asambleas de vecinas y vecinos.

Exigimos la relocalización de la planta de transferencia, bajo gestión y control estatal, con la supervisión y el monitoreo de las y los vecinos, trabajadores, organizaciones ambientalistas, políticas y sociales. Nos pronunciamos por la creación de un programa eco-educativo que tenga como objetivo la reducción y reciclaje de basura, y que genere a su vez fuentes de trabajo genuinas. Este proyecto debería ser financiado dejando de pagar la fraudulenta deuda externa. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha de Moreno venimos acompañando esta pelea y llamamos a la más amplia solidaridad para triunfar.

Escribe Valeria de Haro, del barrio Lanusse 

El acceso al agua potable es un derecho inalienable, pero no es la realidad de los barrios de Luján. Desde septiembre, los cortes de suministro y la falta de presión son un problema en los barrios, agravado en diciembre por el aumento de la temperatura.

Ante esta emergencia nos organizamos por medio de un grupo de Whatsapp constituyéndonos como “vecinas y vecinos autoconvocados sin agua y en pandemia”. Estamos en asamblea permanente para exigir una solución concreta, impulsamos distintas actividades y una movilización a la municipalidad, a la que acudieron un centenar de vecinos. Los funcionarios del municipio inventaron una cantidad de excusas absurdas, culpan a los vecinos y vecinas por un supuesto mal uso del recurso, acusaron a los trabajadores municipales (que se encontraban de paro en ese momento) de boicotear las bombas y hasta hicieron distintas promesas, como realizar una obra integral en toda la red. Allí nuestra compañera Daniela Cooper y otros vecinos rebatieron cada una de las excusas de los funcionarios y exigieron un plan de contingencia mientras se resuelve el problema de fondo. Así los barrios organizados conseguimos la distribución de agua potable en bidones y agua para aseo, como primera medida. Pero la exigencia de fondo es por un plan de obras para renovar y ampliar la red de agua corriente y erradicar el problema que viene de años de abandono y desinversión.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para que triunfe. El agua es un derecho humano, principalmente en medio de la pandemia. Plata para obras hay, los gobiernos la destinan al FMI y al pago de la deuda externa.

Desde que se supo el mes pasado que el gobernador Arcioni le prometió al gobierno nacional de Fernández habilitar la megaminería en Chubut, se redobló la movilización en todas las ciudades y pueblos provinciales.

Escribe Agustín Gigli

Arcioni presentó en la legislatura un proyecto de ley firmado por todos sus ministros y escrito para la Panamerican Silver, la empresa canadiense que hoy saquea el petróleo y quiere la plata del “Proyecto Navidad”. El proyecto pretende apoyarse en la Ley 5001 que habilitaba una zonificación provincial para la actividad minera. Pero como viene pasando desde que se presentó la minera en Esquel, hace 20 años, todo el discurso y los argumentos mineros del gobierno y las empresas se van descascarando al ser estudiados por los vecinos de las asambleas ambientalistas. A diferencia de lo que sucedía años atrás, cuando se frenó el proyecto del Cordón Esquel, hoy está toda la provincia movilizada y con la conciencia que, si entra una, el saqueo y la contaminación no se detendrán.

Arcioni ahoga salarial y económicamente a los trabajadores estatales y a los pobladores de la meseta (zona central de la provincia), planteando que la única solución económica para la provincia es que aceptemos la megaminería. Actualmente está debiendo dos meses de salario y el aguinaldo de junio. Dice que su gobierno va a poder controlar la contaminación del río Chubut como ninguna provincia lo ha hecho, río del que se proveen los productores del valle y da agua potable a las ciudades de Rawson, Trelew, Madryn, entre otras.

El proyecto de Arcioni zonifica la provincia, creando una “zona de sacrificio” en los departamentos de Gastre y Telsen. Pero el artículo 7 dice que “en caso que se determine la necesidad de actualizar o ampliar la zonificación minera […] dicha propuesta será elevada a la Legislatura para su tratamiento”, confirmando que, una vez que se instale, la megaminería se seguirá desarrollando.

Sabemos que el negocio megaminero deja saqueo y contaminación en la provincia. Pero a algunos les significa un negocio redondo. Por el Proyecto Navidad se obtendrían 6.000 millones de dólares. Y por regalías quedarían en la provincia sólo 170 millones en los 17 años de explotación. Con la diferencia, pueden pagar muchas voluntades. Así, se conoció el audio de una diputada del oficialismo que dice que se pagaron 10 millones de pesos a cada diputado para que vote por la zonificación y un video de un diputado del PRO que solicita a una empresa minera 100 mil pesos para su empresa Bridges. A estos se suma el audio del gerente minero y conductor de radio de Esquel, Bustos, que pide se presione a la presidenta de la UCR para que sus dos diputados voten por la zonificación. Es la contaminación institucional que generan los capitalistas mineros que salen a luz desde el interior mismo del peronismo y Cambiemos.

Ante esto, Arcioni dio una conferencia de prensa diciendo que no va a retirar el proyecto de la legislatura, porque es lo único que “salvará” a los chubutenses. Está asustado, viendo que el pueblo de Chubut está dispuesto a enfrentar en la calle a la megaminería y no dejarla entrar a la provincia.

Para frenar el saqueo y la contaminación ambiental hay que mantener firme la movilización, nacionalizando aún más la lucha. Hay que lograr la derogación del código minero, aprobado durante el menemismo y aún vigente. Es el saqueo de las multinacionales a nuestras riquezas naturales, dejando miseria y destrucción ambiental.

Escribe Pilar Barbas, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista y de Ambiente en Lucha

Entre el 8 y el 13 de diciembre la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones impulsó acciones en todo el país contra las políticas de saqueo y depredación del ambiente, que el gobierno de Alberto Fernandez, con apoyo de los gobiernos provinciales, llevan a fondo, para las ganancias de las multinacionales, las grandes corporaciones del agronegocio, y para juntar dólares para pagar la deuda. En toda la Argentina se escucharon los reclamos contra la megaminería y el fracking, contra el acuerdo porcino con China y la quema de los humedales y bosques nativos y el conjunto de los reclamos del movimiento socioambiental. Desde Ambiente en Lucha participamos activamente de las acciones en Rosario, Santa Cruz, La Plata y el festival y acampe impulsado en Plaza de Mayo desde el 11 al 13 de diciembre.

La Coordinadora demostró que sigue avanzando en la unidad y coordinación de organizaciones ambientalistas, antiespecistas, de pueblos originarios y partidos de izquierda. Cada vez más se busca expresar con una extensión plurinacional, la coordinación de activistas y colectivos que históricamente se unían en las calles, pero que no tenían un espacio para la discusión de un plan de lucha a lo largo del tiempo, que tome  los reclamos y las luchas específicas del territorio y las extienda en todo el país, como hicimos rodeando de solidaridad la lucha del pueblo de Chubut contra la megaminería.
 
Más doble discurso

El domingo 13, tras la convocatoria de la Coordinadora, “casualmente”, se hizo pública una reunión del 25 de noviembre en la que Liz Solari (modelo y referente vegana) le entregó al presidente más de medio millón de firmas en contra del acuerdo porcino con China. El gobierno intentó posar como “abierto al diálogo”, y circuló un comunicado en el que Fernández afirmaría que “no impulsan modelos industriales de producción de ganado porcino que pueda poner en riesgo la salud pública”. Pero rápidamente, tuvieron que salir a aclarar a través del ministro de Producción, Matías Kulfas, que el proyecto sigue en pie. Las declaraciones de Alberto, sin embargo, afirmando que “no se iban a autorizar” desde el gobierno nacional instalaciones “contaminantes para el ambiente”, lo han comprometido ahora políticamente, dado que su ministro Cabandié venía lavándose las manos diciendo que cada provincia contaba con autonomía para firmar lo que quiera. La Coordinadora redoblará esfuerzos para lograr que se frenen estos proyectos devastadores en todo el país.

El año que viene tendremos que seguir luchando y denunciando que en este sistema capitalista y con sus gobiernos, no hay soluciones para ninguno de los dramas ambientales y sanitarios que amenazan al planeta entero. Tenemos que seguir organizándonos contra las políticas extractivistas y contaminantes, y para esta pelea fundamental te invitamos a organizarte con Ambiente en Lucha y la Coordinadora BFS.

Esta multinacional suiza, con un doble discurso de cuidar el ambiente en su país de origen, traslada la contaminación a la planta que se encuentra en una zona postergada de La Matanza, arroja al ambiente sus desechos, causando enfermedades y en más de cien casos, la muerte. El propio organismo provincial que debería que controlar la polución le da una categoría 3, por lo tanto es una industria que no puede estar a menos de 8 kilómetros de cualquier zona urbana. Es por esto que los vecinos del barrio aledaño a  la fábrica, hace más de 11 años que vienen peleando por la reubicación de Sika-Klaukol. Pero en el municipio de La Matanza que gobierna el peronista Fernando Espinoza ignoran sus planteos  al punto de decri que la empresa no contamina. La justicia no hace más que responder al poder político y la causa no avanza. Los medios de comunicación también lo ocultan. Por esta razón desde Ambiente en Lucha venimos acompañando a Susana Aranda referente de esta lucha para visibilizar el conflicto y sumar más protagonistas, para que la multinacional se vaya, porque como dicen los vecinos #klaukolnosmata.

Corresponsal