Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de Cicop

La vacuna de Oxford se fabrica en nuestro país en virtud de un acuerdo tripartito entre la multinacional AstraZeneca, que posee la patente, y los empresarios Carlos Slim y Hugo Sigman.

¿Qué es AstraZeneca?

Esta compañía es la unión de dos grandes multinacionales, una británica y la otra sueca que se asociaron con la Universidad de Oxford, inventora de la vacuna. Antes de entrar en la fase III de prueba en poblaciones, la multinacional ya había firmado acuerdos de producción con sociedades mixtas público-privadas para vender a los gobiernos 3.000 millones de dosis, localizadas en Europa, Estados Unidos, India, Corea del Sur, Brasil, México y Argentina. Solo la Unión Europea había firmado un contrato por 400 millones de dosis destinadas a Alemania, Francia, Italia y Holanda. Parte de esa política global de la multinacional es el acuerdo firmado con Carlos Slim y el Grupo Insud, de Sigman.

¿Quiénes son Sigman y Slim?

La revista Forbes le adjudica una fortuna de 2.000 millones de dólares a Hugo Sigman, un multimillonario que proclama su adhesión al peronismo kirchnerista. Su entusiasmo por el matrimonio Kirchner se justifica. En 2009, en plena pandemia de gripe A, el mismo Sigman logró que el gobierno de Cristina Kirchner y su ministro de Salud, Juan Manzur, financiara una planta industrial en Garín para que la sociedad entre la multinacional Novartis y su Grupo Insud produjeran la vacuna antigripal A. El Estado también se comprometió a comprarle hasta la actualidad 10 millones de dosis por año de la vacuna, incluida desde entonces en el calendario oficial. El acuerdo establecía que, pasados tres años, Sinergium Biotech, otra empresa del grupo, se quedaría con la planta, la tecnología y el mercado.

El mexicano Carlos Slim hizo el trato inicial con AstraZeneca y se supone que financiará buena parte del desarrollo de la vacuna en la región. Forbes calcula su fortuna en 66.000 millones de dólares y entre sus propiedades figura 17% del New York Times. Una de sus empresas, el laboratorio Liomont, es el encargado de completar en México el proceso de fraccionamiento y distribución del principio activo procesado en Garín. Aduciendo ahora la falta de insumos, en esta empresa se encuentra el eslabón roto de la cadena de producción de la vacuna Oxford latinoamericana.

La búsqueda incesante de la ganancia de los empresarios ha llevado a esta tremenda contradicción, la Argentina produce el principio activo y tiene la capacidad industrial para fabricar los insumos necesarios, pero no puede completar la elaboración en virtud de los acuerdos comerciales -por otra parte secretos- que obligan al irracional traslado a México.  Para poner fin a esto planteamos que el gobierno peronista debe intervenir para completar el proceso en el país y ponerlo rápidamente a disposición no solo de la Argentina sino del resto de América latina.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En una reunión convocada por la Confederación Sindical Internacional, de la que participaron organizaciones sindicales de todo el mundo, incluyendo la CGT y las dos CTA argentinas, se pidió la “suspensión de las patentes sobre las vacunas contra Covid-19, a través de los mecanismos previstos en las legislaciones nacionales o dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Por nuestro país firmaron la CTA y la CTA Autónoma, la Asociación de Empleados de Farmacia, la CGT de la República Argentina, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, más el Movimiento Centroamericano 2 de Marzo y distintas organizaciones de Alemania, Austria, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Italia, Marruecos, Mauritania, Namibia, Nigeria, Panamá, Perú, República Dominicana, Senegal, Sudáfrica, Turquía y Venezuela.

Nos parece bien que se haya producido este pronunciamiento que va en el mismo sentido que los reclamos que se están haciendo sentir en todo el mundo. Pero el problema de las declaraciones es que son solo eso, declaraciones. Ningún gobierno, repleto de funcionarios obedientes a las multinacionales, va a enfrentarlas por más declaraciones que hagan los sindicatos y organizaciones por más justas que sean. Es necesario traducirlas en acciones que cambien la relación de fuerzas con estos gobiernos sumisos a los monopolios. En nuestro país la CGT y las dos CTA, además de denunciar la acción de las multinacionales, deben convocar a los trabajadores y a sectores populares a movilizarse para exigir al gobierno del Frente de Todos que suspenda las patentes y se ponga a fabricar vacunas para todas y todos.

Escribe Adolfo Santos

En medio de una escalada de contagios y muertes por el coronavirus producida por una segunda ola especialmente agresiva, la mesa nacional de Juntos por el Cambio emitió un bochornoso comunicado. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Miguel Ángel Pichetto, entre otros dirigentes, salieron a cruzar las nuevas medidas decretadas por el gobierno. “Estamos convencidos de que debemos defender la mayor normalidad posible, que implica garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales”, dicen en el comunicado.

Hablar de normalidad cuando la situación se ha vuelto crítica es propio de dirigentes políticos patronales alejados del sufrimiento que esta tragedia está causando. Es claro que las políticas del gobierno de Alberto Fernández no han ayudado a resolver la crisis epidemiológica, por un lado por la falta de vacunas, pero también porque ha seguido con la apertura de la economía sin que se respeten las medidas de protección que ahora estamos lamentando con la segunda ola. Por eso las propuestas de Cambiemos no son una solución, ni tampoco tienen autoridad para proponerse como alternativa. Ellos son parte del problema. Son los que durante el gobierno de Macri profundizaron la crisis en la salud pública dejando de invertir en infraestructura, en salarios y en contratación de personal y beneficiaron a los mercaderes de la salud privada y de las prepagas. No tienen ninguna autoridad para hablar.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio rechazan las medidas del gobierno, aunque en el fondo tienen un objetivo común, que esta crisis la pague el pueblo pobre y trabajador. “Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”, agrega el comunicado de esta oposición patronal. ¿Qué nos proponen? En nombre de las “libertades fundamentales” que ellos tantas veces han violado, quieren que se abra todo, las escuelas, las fábricas, el comercio, el transporte, con “la mayor normalidad posible” sin que se respeten los protocolos. Una irresponsabilidad.

Abrir todo es activar una bomba de tiempo. Es generar nuevos focos de contagio. Es lo contrario de lo que recomiendan los epidemiólogos. Las medidas de Cambiemos nos llevarían rápidamente a la situación de Brasil, donde la “apertura de la economía”, para satisfacer las demandas de los grandes empresarios, ha modificado los grupos de riesgo. Según el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), actualmente, la mayor letalidad y contagio no es de los adultos mayores, sino de los sectores negros, menores de 60 años y concentrados en la limpieza urbana y en el transporte de pasajeros. Son los trabajadores más humildes que están en contacto con las aglomeraciones. A eso nos llevarían las propuestas del macrismo.

A diferencia de Juntos por el Cambio, desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad nos oponemos a la apertura indiscriminada de la economía. Exigimos mayores medidas de seguridad para proteger a la población trabajadora y los sectores populares y la vacunación urgente de todas y todos. Demandamos que se vuelva a implementar un IFE acorde al costo de la canasta familiar y que se distribuyan alimentos suficientes para los comedores populares y para las familias que lo demanden para evitar el sufrimiento de los sectores más vulnerables. Denunciamos las concesiones hechas a los grandes empresarios que, en complicidad con la burocracia sindical, se aprovecharon de la pandemia para retirar derechos, suspender y despedir trabajadores y no implementar las condiciones para evitar los contagios. Uno de los casos más emblemáticos es el del transporte público. Mientras el gobierno prohíbe las reuniones familiares, los trabajadores viajan hacinados para no perder el empleo o para buscar una changa que les permita subsistir. Como graficó la dirigente ferroviaria del Sarmiento y diputada nacional Mónica Schlotthauer: “Cada vagón del tren es comparable a una fiesta clandestina”.

Escribe Pablo Almeida, legislador CABA, Izquierda Socialista/FIT Unidad

La ciudad de Buenos Aires tiene registros récord de contagios. Para hisoparse hay que  hacer cuadras de colas. La atención en los hospitales públicos se encuentra colapsada y las obras sociales y prepagas advierten que tienen ocupadas casi la totalidad de las camas de terapia intensiva. En medio de ese colapso el Gobierno de la Ciudad sigue sin dar respuesta alguna a las necesidades populares. Larreta y sus ministros privilegian, una vez más, el marketing político y piensan en cómo posicionarse para las elecciones del segundo semestre.

La situación que se podía prever con los aumentos de casos de contagios de Covid-19 del último mes ha pegado un salto llevando a la ciudad a batir récords día tras día. Por poner solo un dato que seguramente quedará “viejo” en poco tiempo, el lunes 12 de abril en la ciudad se contabilizaron 3.185 casos solo entre los residentes de la ciudad. A diario, los medios de comunicación reflejan el estado, al borde del colapso, del sistema de salud, tanto en hospitales públicos como en obras sociales y prepagas.

Pero esta escalofriante situación no le mueve un pelo  al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Todo lo contrario, su único afán es mostrarse más aperturista y menos restrictivo que el gobierno nacional. Lo hace basándose en la especulación electoral, ya que correctamente millones asocian las restricciones a la circulación con el padecimiento del encierro y sobre todo la imposibilidad de trabajar para quienes viven de changas o son cuentapropistas. Se asocia también con la realidad vivida en 2020 donde miles de trabajadores vieron reducidos sus salarios, fueron suspendidos o directamente despedidos. Y a su vez buscan dar una señal para que todas las patronales puedan seguir obligando a sus trabajadores a viajar en transportes atestados y a trabajar sin verdaderos protocolos exponiéndose a los contagios en un contexto de un sistema de salud colapsado.

Con esos objetivos en mente el gobierno de Larreta no ahorra esfuerzos en función de ocultar lo inocultable. Sus funcionarios repiten en cada ocasión que se les presenta una falsa visión de la realidad, como sucedió esta semana en la Legislatura de la Ciudad en las comisiones de Salud y de Educación. En esa visión, basada en estadísticas dibujadas y amañadas, repiten la máxima de la ministra de Salud nacional, Carla Vizzoti, que sostiene que en los lugares de trabajo y de estudio no se producen contagios. Y a esto le agregan que el sistema sanitario está lejos de colapsar.

Desde nuestra banca venimos desde principios de la pandemia denunciando al gobierno de Larreta por no haber tomado ninguna medida para cuidar la salud del pueblo trabajador que reside y a quienes a diario trabajan en la ciudad. A principios de año denunciamos también, junto con los distintos actores de la comunidad educativa, la irresponsable vuelta a la preespecialidad que impulsaba la ministra Acuña en sintonía con el ministro nacional Nicolás Trotta. Seguiremos por ese mismo camino peleando junto a quienes, como las y los docentes convocados por el combativo sindicato Ademys, enfrentan las medidas negacionistas y criminales del gobierno de Larreta.

Escribe José Castillo

La política central del gobierno sigue siendo negociar con el FMI el tsunami de vencimientos que se vienen. Mientras tanto, ya solo con lo que se pagó el año pasado, se podría haber duplicado la ayuda social

En 2020, en medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández se la pasó renegociando la deuda externa desde que asumió, en diciembre de 2019, hasta agosto de 2020, cuando pactó con los pulpos internacionales privados, donde se firmó un acuerdo leonino con los primeros pagos que aparecerán en julio de este año. Luego se enfrascó en la negociación con el FMI, en la que todavía está metido. En ambos casos, lo mejor que puede lograr es patear los vencimientos más importantes un par de años para adelante, claro que a costa de más ajuste, entrega de la soberanía y sometimiento a monitoreos constantes del Fondo. 

Solo para “avanzar” en las negociaciones hasta ahora, el gobierno ya ajustó a los jubilados (con la eliminación de la fórmula previsional a fines de 2019 y su reemplazo por otra que no toma en cuenta la inflación). Y aprobó un presupuesto 2021 donde se eliminan todas las partidas de ayuda social para la pandemia que se habían dado en 2020. Así se tiene que interpretar la afirmación del presidente Alberto Fernández de que “no hace falta otro IFE”. ¡No hay otro IFE porque se comprometieron así en las negociaciones con el FMI!

Lo que se pagó en 2020

Mientras se daban todas estas idas y venidas, el gobierno siguió pagando los vencimientos de deuda. Sumaron, en todo el año pasado, 6.000 millones de dólares. 

Detengámonos a compararlo con el gasto social asignado por la pandemia en 2020 que, como todos sabemos, fue claramente insuficiente. 

Se pagaron tres cuotas del IFE de 10.000 pesos cada una a nueve millones de personas. El monto total fue de 270.000 millones de pesos (1.800 millones de dólares).

Por la tarjeta Alimentar, que reciben los titulares de la asignación universal por hijo con niños a cargo menores de 6 años, se pagaron entre 6.000 y 9.000 pesos por mes a 1,6 millones de familias. Son 144.000 millones de pesos (960 millones de dólares).

Se destinaron además 15.000 millones de pesos a comedores escolares (100 millones de dólares).

Los planes sociales, que fueron agrupados bajo el programa Potenciar Trabajo, representan medio salario mínimo por mes (8.400 pesos hasta septiembre y 9.450 pesos desde octubre a diciembre) para 800.000 beneficiarios. Fueron 83.430 millones de pesos (556 millones de dólares). 

Por las becas Progresar (destinadas a estudiantes primarios, secundarios y universitarios, con montos de 2.100 pesos mensuales para terminar primaria y secundaria y luego variable hasta 6.900 en los universitarios) se gastaron 10.000 millones de pesos (67 millones de dólares).

A todo esto podemos sumarle los 236.377 millones de pesos (1.575 millones de dólares) gastados en ATP por medio de los cuales el gobierno pagó hasta 50% del sueldo de 2,5 millones de trabajadores privados (aunque este ítem debemos tomarlo con pinzas porque en la práctica terminó siendo más un subsidio a las patronales, que así “se ahorraron” pagar salarios que una real ayuda para los trabajadores). 

Todos los rubros citados suman 5.058 millones de dólares. Por contrapartida, como vimos, en vencimientos de deuda en 2020 se pagaron 6.000 millones de dólares, ¡casi 1.000 millones más!. Queda clarísimo lo que queremos plantear, si solo en 2020 se hubieran suspendido esos pagos se podría haber más que duplicado la ayuda social a la pandemia.

¿Cuál es la salida?

Entramos en 2021 y ya se empezaron a pagar nuevos vencimientos, en febrero se pagaron, cash, más de 300 millones. Y, como dijimos, en el propio presupuesto de este año se plantea un fuerte ajuste para ofrendárselo al FMI. 

El gobierno del Frente de Todos hace gala de su doble discurso. Acusa del endeudamiento al macrismo, dice que “no se puede pagar al FMI”, pero mientras tanto sigue abonando vencimientos, cerró el acuerdo con los bonistas privados y avanza en las negociaciones con el Fondo. 

Estamos en medio de la segunda ola de la pandemia y de una crisis brutal con un crecimiento astronómico de desocupados y pobres. El ejemplo de lo que se podía haber hecho en 2020 es clarísimo. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad insistimos, la única salida es dejar ya mismo de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares.