Escribe José Castillo

La política central del gobierno sigue siendo negociar con el FMI el tsunami de vencimientos que se vienen. Mientras tanto, ya solo con lo que se pagó el año pasado, se podría haber duplicado la ayuda social

En 2020, en medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández se la pasó renegociando la deuda externa desde que asumió, en diciembre de 2019, hasta agosto de 2020, cuando pactó con los pulpos internacionales privados, donde se firmó un acuerdo leonino con los primeros pagos que aparecerán en julio de este año. Luego se enfrascó en la negociación con el FMI, en la que todavía está metido. En ambos casos, lo mejor que puede lograr es patear los vencimientos más importantes un par de años para adelante, claro que a costa de más ajuste, entrega de la soberanía y sometimiento a monitoreos constantes del Fondo. 

Solo para “avanzar” en las negociaciones hasta ahora, el gobierno ya ajustó a los jubilados (con la eliminación de la fórmula previsional a fines de 2019 y su reemplazo por otra que no toma en cuenta la inflación). Y aprobó un presupuesto 2021 donde se eliminan todas las partidas de ayuda social para la pandemia que se habían dado en 2020. Así se tiene que interpretar la afirmación del presidente Alberto Fernández de que “no hace falta otro IFE”. ¡No hay otro IFE porque se comprometieron así en las negociaciones con el FMI!

Lo que se pagó en 2020

Mientras se daban todas estas idas y venidas, el gobierno siguió pagando los vencimientos de deuda. Sumaron, en todo el año pasado, 6.000 millones de dólares. 

Detengámonos a compararlo con el gasto social asignado por la pandemia en 2020 que, como todos sabemos, fue claramente insuficiente. 

Se pagaron tres cuotas del IFE de 10.000 pesos cada una a nueve millones de personas. El monto total fue de 270.000 millones de pesos (1.800 millones de dólares).

Por la tarjeta Alimentar, que reciben los titulares de la asignación universal por hijo con niños a cargo menores de 6 años, se pagaron entre 6.000 y 9.000 pesos por mes a 1,6 millones de familias. Son 144.000 millones de pesos (960 millones de dólares).

Se destinaron además 15.000 millones de pesos a comedores escolares (100 millones de dólares).

Los planes sociales, que fueron agrupados bajo el programa Potenciar Trabajo, representan medio salario mínimo por mes (8.400 pesos hasta septiembre y 9.450 pesos desde octubre a diciembre) para 800.000 beneficiarios. Fueron 83.430 millones de pesos (556 millones de dólares). 

Por las becas Progresar (destinadas a estudiantes primarios, secundarios y universitarios, con montos de 2.100 pesos mensuales para terminar primaria y secundaria y luego variable hasta 6.900 en los universitarios) se gastaron 10.000 millones de pesos (67 millones de dólares).

A todo esto podemos sumarle los 236.377 millones de pesos (1.575 millones de dólares) gastados en ATP por medio de los cuales el gobierno pagó hasta 50% del sueldo de 2,5 millones de trabajadores privados (aunque este ítem debemos tomarlo con pinzas porque en la práctica terminó siendo más un subsidio a las patronales, que así “se ahorraron” pagar salarios que una real ayuda para los trabajadores). 

Todos los rubros citados suman 5.058 millones de dólares. Por contrapartida, como vimos, en vencimientos de deuda en 2020 se pagaron 6.000 millones de dólares, ¡casi 1.000 millones más!. Queda clarísimo lo que queremos plantear, si solo en 2020 se hubieran suspendido esos pagos se podría haber más que duplicado la ayuda social a la pandemia.

¿Cuál es la salida?

Entramos en 2021 y ya se empezaron a pagar nuevos vencimientos, en febrero se pagaron, cash, más de 300 millones. Y, como dijimos, en el propio presupuesto de este año se plantea un fuerte ajuste para ofrendárselo al FMI. 

El gobierno del Frente de Todos hace gala de su doble discurso. Acusa del endeudamiento al macrismo, dice que “no se puede pagar al FMI”, pero mientras tanto sigue abonando vencimientos, cerró el acuerdo con los bonistas privados y avanza en las negociaciones con el Fondo. 

Estamos en medio de la segunda ola de la pandemia y de una crisis brutal con un crecimiento astronómico de desocupados y pobres. El ejemplo de lo que se podía haber hecho en 2020 es clarísimo. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad insistimos, la única salida es dejar ya mismo de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares. 

Escribe Guido Poletti

La inflación de marzo, cuyo dato se conocerá el próximo jueves, volverá a estar en promedio alrededor de 4% (las proyecciones privadas dicen entre 3,9% y 4,5 por ciento). Con esto el gobierno acumula en el primer trimestre una suba de precios de 13%, cuando presupuestó para todo el año 2020 29 por ciento. 

Pero esto no es lo peor, el rubro alimentos y bebidas, el que más pega en el bolsillo del trabajador, volvió a subir en marzo otro 6%, a lo que tenemos que sumarle el fuerte ascenso de todos los precios de los bienes vinculados con la educación en el comienzo de las clases.

El gobierno “hace como que lucha” contra la carestía, pero son todas bombas de humo. La guerra de frases entre la secretaria de Comercio, Paula Español, y las cámaras patronales no sirve de mucho, si no se aplican de verdad precios máximos y se los controla con todo el peso de la Ley de Abastecimiento (que autoriza a clausurar, incautar mercadería y hasta expropiar a quien viole las disposiciones). De lo contrario los artículos seguirán subiendo en las góndolas. Ni “precios máximos” ni “precios cuidados” lograrán evitarlo frente a empresarios que se ríen en la cara de las reglamentaciones, cambiando etiquetas, presentaciones, o poniendo 10 o 20 gramos más o menos para justificar que “no es el producto de la lista” y por lo tanto su precio no está congelado. 

El gobierno del Frente de Todos, además, aporta lo propio a la inflación, autorizando subas de aquellos precios que están regulados. Así, acaba de permitir un incremento de 18% en el gas en garrafa, el que consumen los sectores más pobres, allí donde no llega la red de gas natural. O, por dar otro ejemplo, autorizó otra suba de un 10% para las prepagas.

Salarios: lo que se perdió… y lo que se sigue perdiendo

Los trabajadores hemos perdido entre 25% y 30% del poder adquisitivo de nuestro salario en los últimos tres años. Hoy en día el salario promedio en nuestro país es de 42.000 pesos, cuando según los trabajadores de ATE Indec la canasta básica asciende a 88.729 pesos. ¡Más del doble! Todo esto empeorado por el hecho de que muchísimos trabajadores en negro o precarizados cobran mucho menos que ese promedio.

En 2021 la situación no va a mejorar. El gobierno de Alberto Fernández, con la complicidad de la burocracia sindical de la CGT y las CTA, promueve acuerdos paritarios que no superen 33% o 34% (y encima en cómodas cuotas), diciendo cínicamente que así habrá una “recuperación del poder adquisitivo” contra una hipotética inflación de 29%, cuando todos sabemos que el índice de suba de precios nunca va a ser menor a 40 por ciento.

Los jubilados son una vez más el pato de la boda

Se trata de “los ajustados de siempre”. Después de una vida de trabajo, quedan sometidos a ingresos de miseria. Con 4 millones y medio de jubilados cobrando la mínima de 20.500 pesos (y a lo sumo sumándole un bono no remunerativo de 1.500 pesos en abril y mayo), este monto apenas alcanza a cubrir un tercio de la canasta de la tercera edad, calculada en 64.039 pesos. Eso es peor aún si tomamos en cuenta que hay otro millón y medio que cobra pensiones no contributivas (por discapacidad), o la pensión universal para adultos mayores (PUAM) que está entre el 70% y el 80% de la mínima, recibiendo apenas 16.647 y 14.400 pesos respectivamente. 

La situación se completa con otros dos millones de jubilados que, percibiendo montos por encima de la mínima, tienen haberes cercanos a los 40.000 pesos, también por debajo de la canasta de la tercera edad. En síntesis, estamos hablando de 7 millones y medio de personas adultas mayores sumidas en la pobreza.

¿Cuál es la salida?

La situación es insostenible. Hay que exigir un inmediato aumento de emergencia de salarios, generalizado, para todas y todos los trabajadores, para que nadie gane menos que los 88.729 pesos del valor de la canasta familiar. Al mismo tiempo, hay que reabrir todas las paritarias, sin tope ni techo y plantear que todos los salarios deben actualizarse mensualmente de acuerdo con el costo de vida. 

Al mismo tiempo, ningún jubilado debe ganar menos que el valor de la canasta de la tercera edad, de 64.000 pesos, también actualizado mensualmente por inflación. Y se debe implementar el 82% móvil para que los haberes sean acordes a los de los salarios en actividad. 

A todo esto se le debe agregar una auténtica batalla contra los abusos de las patronales con los valores de los productos en las góndolas, fijando un control de precios máximos de verdad sobre todos los artículos de primera necesidad y aplicando las duras sanciones que establece la Ley de Abastecimiento para quienes la violen. 

De esta forma, estaremos dando pasos en serio para que la crisis la paguen quienes se están beneficiando con la emergencia y no el que la sufre, el pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

El impuesto a la riqueza fue, siempre, un monumento al doble discurso. Desde que el presidente Alberto Fernández lo anunció, en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, durmió en el Congreso por casi diez meses. Cuando finalmente fue aprobado, se veía por todos lados su insuficiencia. La alícuota era ridículamente baja, no afectando en lo más mínimo a los millonarios que debían pagarlo. Sólo gravaba a los particulares, y con domicilio en nuestro país, por lo que las grandes transnacionales, que siguieron haciendo superganancias en medio de la pandemia, no aportaban ni un peso. Y finalmente, su destino no era exclusivamente atender a la pandemia, sino que una parte importante se le terminaba devolviendo a los propios empresarios bajo el eufemismo de “ayuda a las pymes” o el más grosero de “subsidios a la producción de energía” (léase a las transnacionales que saquean nuestro gas y petróleo).

Con el impuesto aprobado en el Congreso, el gobierno del Frente de Todos aspiraba a recaudar 300.000 millones de pesos (2.000 millones de dólares, un tercio de los 6.000 millones que se pagaron en 2020 por vencimientos de deuda externa). Muy lejos de lo que se necesitaba, tal como lo planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, cuando planteamos nuestro propio proyecto, que cobrando un impuesto de verdad con una alícuota del 10% a las grandes fortunas e incluyendo a las grandes empresas y sus superganancias, se proponía recaudar 15.000 millones de dólares.

Pero lo que sucede ahora ya es directamente escandaloso. Según reconoció la propia titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, apenas se ha recaudado el 10% de lo esperado, 30.000 millones de pesos. Sólo unos pocos de los millonarios alcanzados por el impuesto cumplieron y lo pagaron. El resto recurrió a chicanas jurídicas, planteando amparos ante la justicia, cambió su domicilio al exterior, o directamente ni siquiera presentó el formulario respectivo, confiado en que, como ha sucedido otras veces, no tenga ninguna sanción y todo termine en un blanqueo donde se le perdonen las deudas fiscales.

Todo esto ratifica más que nunca lo que venimos diciendo desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad. Hace falta un impuesto a las grandes riquezas de verdad, con alícuotas importantes, que afecten en serio las riquezas de los multimillonarios y que incluya a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Y con sanciones concretas para los que lo evadan, que llegue hasta la expropiación de sus bienes. Porque estamos en medio de la segunda ola del coronavirus, en una situación de crisis inédita, que más que nunca, deben pagarla aquellos que siguieron enriqueciéndose durante la misma. Y ese dinero, el que se recaude con ese impuesto, es fundamental, junto con la suspensión de los pagos de la deuda, para volcarlo a la resolución de las urgentes necesidades de las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Escribe Adolfo Santos

Uno de los sectores más afectados por las restricciones impuestas por la pandemia es el del pequeño comercio. Nos referimos a los pequeños comerciantes, dueños de talleres mecánicos, kioscos, librerías, negocios de indumentaria, entre otros. La situación está a la vista. Basta recorrer los barrios de Capital o el Gran Buenos Aires para ver la cantidad de locales desocupados que reflejan la falta de medidas de apoyo del gobierno y que llevaron al aumento del desempleo.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), desde que comenzó la pandemia hasta diciembre de 2020, en todo el país cerraron 90.000 comercios minoristas y quedaron millares de trabajadores desocupados. en estos meses de 2021, la tendencia no se detuvo. No son solo las dificultades generadas por las restricciones impuestas por el gobierno, también hay que considerar la caída de las ventas por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la presión impositiva y de los alquileres, que no afloja.

Hasta ahora el gobierno ha dedicado sus principales esfuerzos a salvar a los grandes empresarios. El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), auxilió sólo marginalmente a los pequeños comerciantes y cuentapropistas, yendo en su mayoría a parar a los cofres de Clarín, Acindar, Galeno, Ledesma, Burger King y las multinacionales Volkswagen, Toyota, Ford, Renault, Peugeot Citroën y Mercedes-Benz. Inconcebible. Estas empresas han facturado muchísimo en los últimos años, algunas enviaron remesas a sus matrices en el exterior y otras despidieron trabajadores. Es la demostración clara de que el gobierno de Alberto Fernández está al servicio de los grandes empresarios.

Exigimos que se implemente de forma urgente un plan de salvataje a los pequeños comerciantes y cuentapropistas. Que, con el compromiso de no despedir a sus trabajadores, se otorguen créditos a tasa cero a los que se pueda acceder rápidamente para evitar la ruina de este sector, que se suspendan el pago de impuestos y tasas  y que se condonen las deudas impositivas pendientes. En el caso de tratarse de cuentapropistas, que tengan acceso a un ingreso social mensual de 59.000 pesos, del mismo modo que todos los que realizan changas u otras actividades por cuenta propia hoy perjudicadas por la pandemia.

Escribe Adolfo Santos

El viernes 9 de abril el gobierno nacional estableció que los empleadores podrán convocar a retornar a la actividad laboral presencial a los trabajadores mayores de 60 años y pertenecientes a grupos de riesgo, como por ejemplo trabajadoras embarazadas, entre otros. La decisión, publicada en una resolución conjunta por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, determina que “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos catorce días de la inoculación” con apenas la aplicación de una dosis de la vacuna contra el Covid-19, vuelvan a trabajar.

Sin perder tiempo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, adhirió a la medida, que tuvo el apoyo del sindicato Sutecba. Los burócratas de ese sindicato, encabezados por Amadeo Genta, que fueron parte del vacunatorio vip, actuaron como verdaderos funcionarios del gobierno y amenazaron que perderán el presentismo quienes no se presenten. Es el colmo de la traición.

Es increíble que unos días después de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara en cadena nacional drásticas medidas restrictivas limitando actividades y la movilidad pública y que el gobernador bonaerense Axel Kicillof describiera la “segunda ola” como un verdadero tsunami, se obligue a los trabajadores de riesgo a exponer sus vidas.

“Es tremendo, los supervisores del Roca, en complicidad con la burocracia de la lista Verde, venían enviando mensajes citando a compañeros mayores de 60 desde antes que saliera este decreto. Un guarda de Plaza Constitución, de 64 años, que estaba de licencia por pertenecer a un grupo de riesgo, tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva contagiado de Covid-19 y está sumamente grave. Ahora puede ser peor”, nos contó un ferroviario. No se puede poner en riesgo la vida de los trabajadores por ceder a las presiones de los grandes empresarios.

Nos unimos a los trabajadores de la salud que rechazan esta decisión del gobierno nacional y de CABA y apoyaremos cualquier medida para revertir esta medida. No aceptamos un decreto que amenaza de muerte a los trabajadores que no tienen certeza del nivel de inmunidad de una sola dosis y no saben cuándo recibirán la segunda. Es inadmisible una medida de este tipo en momentos en que la segunda ola bate récord de contagiados. La CGT y los sindicatos deben hacer un claro pronunciamiento contra este decreto y exigir al gobierno del Frente de Todos a rever esta siniestra decisión.