Escribe Malena Zetnik

Empezó el debate en la Cámara de Diputados con diferentes proyectos. El de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es el único que expresa el reclamo de la mayoría de las mujeres. Hay que seguir en las calles para que se apruebe.

En una histórica jornada, este 20 de marzo sesionó por primera vez un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para dar inicio al debate sobre la legalización del aborto. Durante dos meses se realizarán audiencias públicas en donde se expresarán las diferentes posiciones en torno del tema que se trataría en junio en la Cámara baja.

El principal proyecto presentado es el elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con 71 firmas de diputados de diferentes bloques, desde el Frente de Izquierda (el único que lo apoya unánimemente) pasando por PRO, el kirchnerismo y los distintos sectores del PJ. Propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y que se garantice su realización de manera gratuita en todo el sistema de salud, desde los hospitales públicos hasta las empresas de medicina prepaga.

Sin embargo, a pesar de ser éste el proyecto con más firmas y con el contundente apoyo de centenares de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país el pasado 8 de marzo, existen otros proyectos presentados para “embarrar la cancha” y tratar de cercenar nuestro reclamo.

Los diputados Wisky y Lipovetzky, junto con otros siete diputados de PRO y la UCR proponen una modificación del artículo 86 del Código Penal para incluir entre las causales de aborto no punible a la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación y a las malformaciones fetales graves. De esta manera, solo se despenalizaría el aborto, pero no se legalizaría, es decir, el Estado no regularía la práctica y las mujeres deberían pagar, manteniéndose las mismas desigualdades para las mujeres pobres. A su vez, los mismos diputados presentaron otro proyecto complementario sobre el procedimiento para la interrupción legal del embarazo. Allí proponen una serie de pasos por los que debería pasar una mujer que decide abortar, como la creación de un equipo interdisciplinario que debería intervenir de manera obligatoria y le ofrecería a la mujer propuestas como la adopción u otras modalidades de apoyo económico para que continúe el embarazo, lo que sin dudas constituye una forma de violencia cuando la mujer ya ha tomado la decisión. En este mismo sentido se redactó el proyecto de Marcelo Wechsler, de PRO, presentado junto con otros dos legisladores. Además, se plantea la existencia de la objeción de consciencia individual, dando lugar al reclamo de la Iglesia para que los médicos puedan exceptuarse de intervenir en un aborto.

A la vez se presentaron dos proyectos que abogan directamente por la prohibición del aborto: uno cuenta con veintiuna firmas de PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el PJ y Córdoba Federal y el segundo solo con dos firmas de diputadas de Unidad Justicialista de San Luis.

Ambos plantean la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la embarazada y de los niños por nacer, lo que incluiría una asignación universal por hijo por nacer (cuestión que ya se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández) y otras medidas de protección a las mujeres embarazadas como el transporte público gratuito y apoyo telefónico 24 horas. Ante los casos de violaciones, el planteo de ambos proyectos es la adopción o el acompañamiento de comités de bioética para convencer a las mujeres de que crien al posible bebé. Es decir, incluso se plantea un retroceso respecto de los derechos actuales de las mujeres que, desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal plantea como abortos no punibles al caso de violación o peligro de vida o la salud de la mujer.

Frente a todos estos proyectos, es importante tener claro que el único que garantiza terminar con la muerte de mujeres jóvenes y pobres y que les permite decidir sobre sus propias vidas es el proyecto de la campaña nacional. Proponer solo la despenalización del aborto no alcanza. Y utilizar la protección de los derechos de las personas que quieren ser madres o dar en adopción a sus hijos para contraponerlo al derecho al aborto es una burda maniobra de los mismos sectores religiosos que son financiados por el gobierno y que defienden a los curas abusadores.
No tenemos que depositar ninguna confianza en las maniobras parlamentarias que buscarán “consensuar” los distintos proyectos. Ni en Macri, que junto con la mayoría de sus ministros sigue diciendo que está en contra; ni en Cristina, que durante todo su mandato no habilitó el debate y sigue sin pronunciarse. El único camino es la movilización. Por eso, hoy más que nunca tenemos que seguir en las calles hasta lograr la legalización del aborto. Ni una muerta, ni una presa más por abortar. Vivas y libres nos queremos.

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Se viene otro 24 de marzo. Una gran oportunidad para volver a repudiar a los genocidas y sus cómplices. Sumate a la columna de nuestro partido y del Frente de Izquierda contra el ajuste y la represión.

Este 24 de marzo llamamos a marchar en todo el país. A 42 años del golpe militar de 1976 volvemos a gritar que “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”. Lo haremos de manera independiente de los gobiernos de turno de la mano del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, después de importantes debates (ver esta página).

Denunciaremos a los cómplices civiles de los golpistas, es decir, a los grandes empresarios, la cúpula de la Iglesia Católica, la burocracia sindical que vendía a los compañeros que daban pelea en sus lugares de trabajo, y a los políticos patronales de la UCR y el PJ que golpearon la puerta de los cuarteles. El 24 también será una oportunidad para repudiar al imperialismo yanqui, hoy comandado por el racista millonario amigo de Macri, Donald Trump, que ordenó el golpe en la Argentina y América latina a través del denominado Plan Cóndor.

Marcharemos contra la impunidad de ayer y de hoy. Y contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores. Exigiremos cárcel común y efectiva para los militares asesinos. Que Etchecolatz se pudra en la cárcel. Abajo las prisiones domiciliarias a quienes asesinaron, torturaron y robaron bebés en cautiverio.

Marcharemos el 24 por justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Contra el gatillo fácil y la doctrina Chocobar de Macri y la ministra de la Gendarmería, Patricia Bullrich. Contra la persecución a los que luchan y la represión y militarización en los conflictos obreros y populares, como están haciendo en el INTI. Contra los despidos, el robo salarial, para que se deje de pagar la deuda externa y contra Macri, cuya familia se enriqueció con la dictadura.

Venimos de una rebelión popular contra el robo jubilatorio en diciembre y de una masiva marcha de mujeres el 8M. ¡Seamos centenares de miles el próximo 24 de marzo contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores!

El “no olvidamos” incluye también la impunidad que hubo bajo el gobierno anterior. Por eso también marchamos por Julio López (desaparecido durante el kirchnerismo), para que César Milani siga en la cárcel, contra la ley antiterrorista votada por Cristina Kirchner, a la vez que repudiaremos los 200.000 millones de dólares que pagó el gobierno kirchnerista por una deuda ilegítima que viene de la dictadura de Videla-Martínez de Hoz.

Nos dirigimos a las nuevas generaciones que se vienen movilizando cada año contra la impunidad y los gobiernos de turno. Vamos a reivindicar la memoria de los 30.000 desaparecidos que este gobierno niega. Y la de nuestros caídos del glorioso PST, nuestro partido antecesor, que tiene asesinados por la Triple A de Isabel y López Rega y más de cien desaparecidos que dieron la vida por un gobierno de los trabajadores y el socialismo.

Con esas banderas llamamos a marchar el 24. A hacer charlas debate, recordatorios e iniciativas preparatorias de otra gesta masiva en las calles contra este gobierno entreguista, antiobrero y reaccionario de Macri apoyado por los gobernadores del peronismo y los vendidos de la CGT.

Izquierda Socialista te invita a marchar juntos y a participar de sus columnas para fortalecer una alternativa política opuesta a la de los partidos del ajuste y de la impunidad, como lo estamos haciendo con el Frente de Izquierda. Para pelear por una salida de fondo al servicio del pueblo trabajador por la cual lucharon nuestros desaparecidos. ¡Este 24 mantengamos bien alto las banderas contra la impunidad y movilicémonos en todo el país!

Escribe Nicolás Núñez Legislador electo CABA Izquierda Socialista/FIT

Este 24 de marzo estuvo cruzado por un importante debate dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Este espacio convoca a marchar los 24 “contra la impunidad de ayer y de hoy”, de manera independiente de los gobiernos de turno.
Organizaciones como el PCR-Liberpueblo, Venceremos (que impulsa Correpi) y el MST, entre otras, plantearon que este año había que ir hacia “un acto común” con el kirchnerismo. Más allá de que finalmente esta iniciativa no prosperó, creemos que dio lugar a un importante debate que corresponde aclarar con vista a acciones futuras. Las organizaciones que planteaban un acto común, con el argumento de “no dividir” ante Macri, sostuvieron que no se podía denunciar a los gobernadores.

El MST reconoció que la aparición de la palabra “gobernadores” en el documento dificultaba su intento de acuerdo con el kirchnerismo. ¡Precisamente los gobernadores que aplican el ajuste y la represión en sus provincias al mejor estilo macrista! 
Desde Izquierda Socialista y el FIT reivindicamos que hay que movilizarse unitariamente como viene haciendo el Encuentro en todos estos años cuando se trata de repudiar hechos de impunidad y represión. Lo hicimos ante el fallo vergonzoso del 2x1 de la Corte en beneficio de los genocidas, o en las convocatorias de la familia de Santiago Maldonado. Ahora decimos que el centro del 24 debe ser contra el ajuste y la represión del gobierno reaccionario y proimperialista de Mauricio Macri. Para que los Etchecolatz se pudran en la cárcel igual que los asesinos de Rafael Nahuel. Para derrotar la “doctrina Chocobar” y el gatillo fácil y contra el procesamiento a los luchadores populares. Pero una cosa es esto y otra lavar la cara a los actuales gobernadores peronistas y al gobierno anterior.
“La impunidad de hoy”, precisamente, incluye a los cómplices de Macri. No podemos silenciar que los gobernadores peronistas y kirchneristas firmaron el Pacto Fiscal para robarle a los jubilados; el asesinato de un chico de 12 años en la provincia de Tucumán, gobernada por el ex-ministro kirchnerista Manzur, ni el ajuste y la represión a los docentes por parte del gobierno de Alicia Kirchner.
Con su postura, el PCR y el MST también se olvidan de la “impunidad de ayer”, la que siempre el Encuentro denunció durante los 12 años de gobierno kirchnerista. No podemos olvidar a Julio López, al represor César Milani que está preso por el repudio popular, la ley “antiterrorista” aprobada por Cristina o los 200.000 millones de dólares que pagó el kirchnerismo reconociendo una deuda que viene de la dictadura de Videla.
El 24 es una jornada de lucha para repudiar tanto al gobierno de turno como al conjunto del régimen político de la impunidad. “A los milicos los salvaron sus amigos, la democracia peronista y radical”, se canta correctamente desde hace décadas.
Hacer un acto con el kirchnerismo es meter debajo de la alfombra parte de la historia que venimos denunciando. Tan equivocado es el planteo de un supuesto acto “de unidad” con el kirchnerismo que La Cámpora contestó que está muy bien el acto común “solo si se dice lo que nosotros queremos”. Esto es, reivindicar los años de gobierno kirchnerista y omitir la complicidad de los gobernadores con el ajuste.
Llamamos a la reflexión al conjunto de las organizaciones sobre lo equivocado que es intentar cambiar la autoridad ganada en 22 años del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en un acuerdo con el kirchnerismo. Tras una dura pelea y la propia realidad, esta política capituladora de estos sectores de la izquierda reformista ha sido derrotada: no habrá acto “único” con el kirchnerismo. Llamamos entonces a marchar reivindicando que no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos con los genocidas, la Iglesia, ni los empresarios, ni los partidos patronales cómplices.

El de Macri fue uno de los grupos empresariales más beneficiados por la dictadura entre escándalos y corrupción. El grupo Socma (Sociedades Macri), creado en 1976 con Franco Macri a la cabeza y su hijo Mauricio como uno de los principales directivos, pasó de tener siete empresas con una facturación anual que no superaba los 100 millones de dólares, a transformarse en uno de los emporios empresariales más importantes de la Argentina, con 47 empresas.

El gran salto fue resultado de la obtención de grandes contratos de obras públicas para el Banco Hipotecario Nacional a través de una de las empresas del grupo, Sideco, que le reportaron ganancias por 1.700 millones de dólares sólo hasta 1979 (entre otras obras: la represa Yacyretá, el puente Posadas-Encarnación, las centrales termoeléctricas de Río Tercero y Luján de Cuyo). Sin embargo, la mayor conquista fue la creación de Manliba junto con el contrato por diez años para la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires en 1980 que los Macri acordaron con el brigadier Osvaldo Cacciatore, el intendente de la dictadura.

En 1979, el grupo compró el Banco de Italia gracias a la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, en una maniobra oscura que una posterior investigación del fiscal Guillermo Moreno Ocampo calificó de una estafa al Banco Central por 110 millones de dólares. Pero la gran maniobra vendría en 1982 con la compra de 65% de las acciones de Sevel (una fusión de las automotrices Fiat y Peugeot para Argentina) por el irrisorio valor de 30 millones de dólares. El misterio tenía su razón, y es que Macri logró que la deuda de Sevel con acreedores extranjeros por 170 millones de dólares fuera estatizada por el Banco Central dirigido por Domingo Cavallo. Mientras Macri y otros grandes empresarios amasaban fortunas, la dictadura ejecutaba un genocidio y sometía al pueblo y los trabajadores a un plan de hambre y saqueo y a la condena de la deuda externa. Lamentablemente, a partir de 1983, los distintos gobiernos de la democracia no impidieron que los negocios del actual presidente siguieran expandiéndose. M. M

Escribe Guido Poletti

La imagen de Néstor Kirchner haciendo bajar el cuadro de Videla en el Colegio Militar de la Nación y, mucho más todavía, las innumerables declaraciones de Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini reivindicando la política de derechos humanos de Néstor y Cristina, ha generado en muchos honestos luchadores la imagen de que se trató de un gobierno que, por primera vez desde el fin de la dictadura llevó adelante efectivamente la lucha contra la impunidad.

Nada más lejos de la realidad. Si en el año 2003 se logró la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final se debió a un proyecto presentado en el Congreso por la izquierda que terminó siendo votado en medio de una fuerte presión popular. La continuidad de las luchas y movilizaciones fue también la que obligó a la Corte Suprema de Justicia a derogar los indultos de Menem.
Los juicios a los genocidas avanzaron trabajosamente hasta el día de hoy gracias a la persistencia de la lucha de familiares, abogados y militantes de distintas organizaciones que fueron salteando los mil y un obstáculos que se le ponían delante. Justamente fue en medio de uno de los juicios más emblemáticos, a Etchecolatz en La Plata, que se produciría en 2006 la desaparición de Jorge Julio López, luego de que éste declarara como testigo. La respuesta del gobierno kirchnerista fue terrible. El entonces ministro Aníbal Fernández llegó a poner en duda que estuviera desaparecido: “A lo mejor está en la casa de la tía”, afirmó. Desde ese momento, ni Néstor Kirchner hasta su muerte, ni después Cristina, nombraron a Jorge Julio López. 

En 2010 se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria de Pedraza, la misma que había concurrido días antes a un acto en la cancha de River con Néstor Kirchner. El autor material, Christian Favale, tenía profusión de fotos con los principales dirigentes K para los que hacía campaña. 

Durante eso años se dio un ataque sistemático al pueblo qom de Formosa, incluyendo varios asesinatos. Los qom tuvieron que instalar durante años una carpa en la avenida Nueve de Julio, mientras pedían infructuosamente ser recibidos por el gobierno de Cristina.

Mientras ella era presidenta, también se implementó el espionaje interno con el proyecto X, acompañado por la ley antiterrorista. El peronismo K fue el responsable de innumerables represiones a luchas obreras y populares. Las más recordadas son las que se produjeron en la Panamericana a los obreros de Kraft y años después a los de Lear, Gestamp y la línea 60, o en Puerto Madero a los trabajadores del casino. Menos prensa tuvieron las del interior del país, siendo particularmente feroces las represiones en Santa Cruz, la provincia natal del kirchnerismo. Como consecuencia de todo esto, los gobiernos K terminaron con un saldo de 5.000 luchadores populares procesados.

Finalmente, Cristina nombró al general César Milani, un probado represor de la dictadura, como jefe del Ejército. Un final emblemático para un gobierno peronista que llevó adelante un doble discurso donde por un lado “reivindicaba” los derechos humanos y la militancia de los años ‘70 y por el otro continuaba con la impunidad y la represión.