En el marco del pacto fiscal del gobierno de Macri con los gobernadores y la tregua de la CGT, el intendente Valenzuela aprovecha para cerrar salitas en los barrios más humildes del municipio, despedir a parte del coro municipal y ajustar en el Capacyt (entre otras áreas como Deportes).

Los más de 200 trabajadores despedidos se vienen organizando en el Colectivo de Trabajadores Precarizados de Tres de Febrero, realizando asambleas y diversas actividades. Entre ellas, organizamos un festival en la plaza de Caseros con el ballet nacional (cerrado por el ministro de Cultura) y el coro municipal. Desde Izquierda Socialista repudiamos una vez más el ajuste y decimos que para que ésta y todas las luchas se ganen hace falta la mayor unidad de acción, y que la CGT y la CTA llamen a un paro y plan de lucha para derribar este ajuste que ataca a los más necesitados.

Escribe Mariano Soria

Nuestro compañero Sebastián Sancevich, integrante de la APDH y del equipo de abogados que representa a la familia de María de los Ángeles Paris (la docente que murió en custodia policial el pasado 3 de mayo) recibió una denuncia en su contra impulsada por la directora del Instituto Médico Legal Alicia R. Cadierno ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.

Se acusa a Sancevich de “intimidación” a los funcionarios, por haber exigido que cesara el impedimento del ingreso al perito de parte de la familia para la reautopsia de su cuerpo, hecho motivado por las múltiples irregularidades que hubo en la primera autopsia.

Es sabido que el Instituto Médico Legal tiene en su haber numerosas denuncias por encubrimiento del accionar policial y no es la primera vez que funcionarios de este organismo realizan denuncias intimidatorias a abogados de las víctimas.

El Instituto Médico Legal y los sectores de la Justicia y el gobierno que buscan la impunidad para el caso de María de los Ángeles quieren silenciar a quienes vienen impulsando la lucha por esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables. La sanción del Tribunal de Ética podría significar la pérdida de matrícula para Sancevich, convirtiéndose en un precedente muy peligroso.

Desde Izquierda Socialista llamamos a todos los que defendemos las libertades democráticas a impulsar una campaña unitaria, exigiendo que el Colegio de Abogados desestime el pedido de sanción de Sebastián Sancevich en el caso mencionado y por el castigo para los responsables de la muerte de María de los Ángeles.

Escribe José Castillo

Cualquier trabajador sabe que lo que gana por mes cada vez le alcanza para menos. Basta ir al supermercado o al negocio del barrio o recibir la boleta de la luz o del gas.

Esta fue la realidad de los dos primeros años del gobierno de Macri, donde los salarios perdieron contra la inflación. En 2016 lo reconocen incluso los economistas oficialistas, que tratan de minimizarlo diciendo que la pérdida promedio fue de 5%. En realidad fue mucho más, de alrededor de 10%. Para 2017, el gobierno directamente miente diciendo que el año pasado “los salarios le ganaron levemente a la inflación”. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) demuestra que, incluso los gremios que tenían cláusula gatillo, terminaron por debajo de la inflación de 24,8%. Los bancarios, por ejemplo, habían firmado por 19,5% y tuvieron que ir a la Justicia y movilizarse para que, recién en enero de este año, les reconozcan la diferencia. Comercio había acordado por 20%. La construcción por 22%. Ambos quedaron por debajo del aumento real de precios. Los de los aceiteros, camioneros y metalúrgicos apenas lograron “empatarle” a la inflación. El resto terminó por debajo. El sector público, incluyendo a los docentes, perdió muy fuertemente. Ni hablar de los trabajadores tercerizados o en negro (curiosamente, el Indec inventa un supuesto “aumento de salarios” que se habría efectivizado para los trabajadores en negro entre noviembre y diciembre para justificar que los salarios “fueron más altos que la inflación en 2017”). Se mida como se mida, el poder adquisitivo de los salarios está muy por detrás de lo que era a fines de 2015.

Para 2018, el gobierno dice que la inflación va a ser de 15%. No se la creen ni ellos mismos. Todos los economistas, incluso los que más simpatizan con el gobierno, avisan que no bajará de 20% como mínimo. Así lo demuestran estos primeros meses del año. La inflación oficial de enero dio 1,8%. Pero dejó sin contar el tarifazo del gas y la última suba de los combustibles. Por eso terminamos febrero con un valor entre 2,5% y 3%. En marzo también seguirán subiendo los precios, impulsados por la canasta escolar. Para abril tendremos el nuevo tarifazo del gas. Terminaremos los primeros cuatro meses del año con una suba de precios que ya dará 10%. ¿Alguien se cree que de ahí a diciembre se llegará con sólo 15%?

El planteo del gobierno de ponerle techo a las paritarias en 15% en cuotas y sin cláusula gatillo tiene el objetivo de que los trabajadores perdamos (y por mucho) frente a la inflación. El gobierno y las patronales están jugados a que pase esto: por eso le ofrecen 9% a los bancarios, buscando “marcar la cancha para el resto del sector privado”. A los docentes les ofrecen aumentos de miseria, como 15% en provincia de Buenos Aires o 12% en Capital, tratando también de que quede “como testigo” para el resto del sector público. Por eso resulta criminal el rol de los burócratas que ya acordaron por 15% sin cláusula gatillo o por menos, ratificando así su tregua con el gobierno. Tal el caso de Lingieri (Obras Sanitarias), el Sutecba de Genta (que firmó por 12%) o Fernández de la UTA, que firmó por 15% y en cuotas.

Nos encontramos frente a una gran pulseada. Romper o no el techo salarial de 15% que pretenden imponer el gobierno y las patronales se resolverá en las próximas semanas. Más que nunca, hay que reclamar paro general y plan de lucha para unificar y fortalecer esta pulseada.

Escribe Claudio Funes

El 28 de febrero comenzará el juicio a Facundo Jones Huala. El proceso que se llevará adelante en Bariloche podría concluir con su expulsión y entrega a las autoridades chilenas, en caso de que el juez dictamine su extradición por los delitos que se le imputan en ese país. Huala fue detenido el 26 de junio de 2017 durante un operativo especial de la Gendarmería Nacional Argentina. Este arresto fue parte de los acuerdos alcanzados entre Mauricio Macri y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en ocasión de la visita oficial que el presidente realizó al país trasandino. El pedido de extradición ya había sido desestimado en septiembre de ese mismo año por el juez federal Guido Otranto y apelado por la Procuración.

Huala ya lleva un año preso a la espera de este juicio. Se trata de una causa tan trucha que, en el caso de ser juzgado en Chile, lo más probable es que Jones Huala deba ser dejado rápidamente en libertad. Es que los otros miembros del grupo del que supuestamente habría formado parte el lonko, acusados por el incendio de una propiedad en Pisu Pisué, cerca de Valdivia, en el año 2013, quedaron libres por falta de pruebas en noviembre de 2014. Se desmienten así los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se la pasó afirmando que “Huala y los mapuches son terroristas, gente peligrosa a la que hay que combatir”. El único objetivo del gobierno es justificar así la persecución al pueblo mapuche que reclama por sus tierras y favorecer a los grandes terratenientes como Benetton, que se las han apropiado.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, continúa agitando la campaña de difamación contra los mapuches. Recientemente manifestó con respecto al día del juicio que “a la luz de todos los hechos violentos que se han vivido a partir de estas organizaciones, estamos realmente preocupados por lo que pueda llegar a suceder”. Buscan así provocar y generar un clima represivo que apuntale la condena a Jones Huala.

El 28 de febrero Izquierda Socialista junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y organizaciones de los pueblos originarios exigiremos la no extradición y la libertad de Jones Huala.

El diputado Peressini viajó al juicio

El diputado de Izquierda Socialista y presidente del bloque del Frente de Izquierda de Córdoba, Ezequiel Peressini, viajará a Bariloche para estar presente en el juicio a Jones Huala y en las movilizaciones exigiendo su libertad.

Escribe Angélica Lagunas, Diputada Izquierda Socialista/FIT

La denuncia publicada en el diario español El País sobre depósitos en el Banco de Andorra, que implica al ex gobernador del MPN Jorge Sapag en actos de soborno, no es más que la confirmación de una sospecha que recorre la provincia. En estos días el comentario es que al fin saltó la corrupción petrolera y empezó por lo más alto del poder político. Los funcionarios son socios en la corrupción, por eso este acto está vinculado con el ex subsecretario general de la Presidencia macrista, Valentín Díaz Gilligan.

Además de la investigación que corresponda para aclarar la magnitud del robo y la sanción penal, desde nuestra banca le exigimos al ex gobernador que devuelva inmediatamente los 5 millones de dólares, porque si no los colocó en ese banco bien debe saber dónde los tiene guardados. Que los devuelva para que vayan, por ejemplo, a los servicios de pediatría en los hospitales públicos que están en estado de coma por responsabilidad de su gestión.

Durante décadas de gobierno del MPN se han regalado los recursos hidrocarburíferos, por eso el caso de Sapag es una muestra de lo que reciben a cambio los políticos patronales por hacer favores a las empresas nacionales y extranjeras que sacan las riquezas del suelo y fugan la plata del país.

En esa oportunidad se trata de las empresas que participaron de licitaciones a medida desde el año 2008 usando a GyP S.A., firma creada por el gobierno para otorgar en nombre del Estado las concesiones de las áreas más jugosas. Fue la antesala para que luego se impusiera el conocido pacto YPF-Chevron que se votó en la Legislatura a libro cerrado, con cláusulas secretas y balazos de goma en las calles. No por nada también está involucrado en esta denuncia el ex ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.