Esta semana estamos transitando los nueve días de restricciones fijadas por el gobierno nacional de Alberto Fernández. Es más que obvio que estamos en lo peor de la pandemia, en medio de lo que se denomina la segunda ola. Todos los días escuchamos reportes de récords de contagiados, muertos y porcentajes de ocupación de terapias intensivas cercanas al colapso. La foto de la joven que terminó falleciendo en Santa Fe después de esperar horas para ser atendida acostada en el piso ganó la tapa de los diarios.

En este escenario, una enorme preocupación recorre al pueblo trabajador, ¿es esto todo lo que se puede hacer? Porque el jueves pasado el gobierno peronista de Alberto Fernández, con el apoyo de todos los gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, anunció medidas, claramente insuficientes. También prometió más vacunas, sin especificar cantidades ni fechas precisas. Más allá de que en estos días han vuelto a llegar algunas partidas, el ritmo de vacunación sigue extremadamente lento ante la velocidad de los contagios. 

Tenemos que ser claros, la verdadera solución a esto no pasa por las peleas entre las distintas multinacionales farmacéuticas y sus negociados. Ni ir a negociar con López Obrador una partida mayor de las vacunas de AstraZeneca que hoy están en México, ni pedirle más Sputnik a Putin, o Sinopharm a Xi Jinping. Mucho menos lo que plantea Juntos por el Cambio, en relación con la compra a la multinacional Pfizer como salida, denunciando corrupción kirchnerista. La salida es más directa y está mucho más cerca, en Garín, a unos pocos kilómetros de la Casa de Gobierno. Ahí se encuentran las millones de vacunas que produce Hugo Sigman, el amigo del presidente Alberto Fernández, y que las envía al exterior por su convenio con AstraZeneca. Incautándolas tendríamos de verdad vacunas para todas y todos y se podrían salvar miles de vidas.

El presidente, en vez de resolver la lentitud en la vacunación, insiste en exhortar a “cuidarse”, “quedarse en casa”, pero termina poniendo énfasis en lo que viene repitiendo hace meses, que los contagios son por los encuentros sociales o los descuidos de la gente. Lo que invisibiliza es que los contagios se producen porque millones se ven obligados a salir a trabajar, a amontonarse en medios de transporte público, porque las fábricas siguen abiertas a pedido de las grandes patronales que no quieren resignar un centavo de sus ganancias. ¡Hasta los propios empresarios han tenido que reconocer que ha aumentado muchísimo el ausentismo por los casos positivos de Covid!

La realidad, entonces, más allá de los discursos, es que nos encontramos con sistemas de salud colapsados, con vacunas que llegan a cuentagotas y con una inmensa masa popular que se ve obligada a enfrentar las restricciones sin plata, o con ingresos absolutamente insuficientes.

Muchos compañeros que tienen expectativas en el gobierno del Frente de Todos nos plantean que el gobierno hace “lo que puede”. Pero la realidad es que su política está fracasando. No logra detener la pandemia. Y al mismo tiempo aumenta la inflación y se pulverizan los salarios y las jubilaciones, acrecentando la pobreza y la marginación social, que llegan ya a niveles históricos.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, decimos que todas estas medidas son claramente insuficientes. Es más, denunciamos que para cumplir con el ajuste reclamado por el FMI son inclusive menos que las del año pasado, de hecho ni siquiera existe el IFE. Por eso planteamos la necesidad de un programa de emergencia que ataque a las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Las podemos resumir en cinco medidas para frenar la pandemia y la pobreza que van directo al corazón del problema: 

1– Hay que incautar las millones de vacunas que se están produciendo en Garín que son enviadas al exterior. ¡Ahí están las dosis que hacen falta para vacunar ya mismo a todas las personas de riesgo que faltan y para avanzar masivamente sobre el resto de la población.

2– Centralizar el sistema de salud, ya al borde del colapso. Para esto se requiere poner al servicio de la atención de la pandemia todos los recursos que hoy tiene la salud privada, unificándolos con el sistema público y el de las obras sociales para que sea realmente un servicio social y no un negociado al servicio de las ganancias de las patronales. 

3– Otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. Que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE-Indec en 96.800 pesos. Y que ningún jubilado gane menos del valor de la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos.

4– Que se le dé un ingreso de emergencia a todo el que lo necesite, un IFE de 40.000 pesos, así como ayuda a los pequeños comerciantes afectados por las restricciones. 

5– Financiar todas estas medidas partiendo de la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, rompiendo todos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI. A esto, agregarle un auténtico impuesto a las grandes riquezas para que sean los grandes empresarios, las multinacionales, las farmacéuticas que están amasando ganancias multimillonarias con la pandemia, las alimentarias que siguen subiendo los precios de los productos de primera necesidad y los banqueros los que paguen la actual crisis. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El gobierno peronista y los gobernadores de la oposición patronal de Juntos por el Cambio se niegan a tomar las medidas drásticas que la situación exige, la centralización y ampliación de la totalidad del sistema de salud público y privado, sostenimiento económico de la población para garantizar así las medidas de aislamiento y la vacunación masiva de todas y todos. El plan original de vacunación, también, es un fracaso. Tampoco en este aspecto ni el gobierno nacional del Frente de Todos ni los distintos gobiernos provinciales adoptan las medidas que la situación impone.

El ritmo de vacunación es menor que el de Chile y Uruguay, que ya han inoculado con una dosis a 94% y 92% de su población respectivamente, y aún menor que el de Brasil, que vacunó a 37%, mientras que la Argentina sólo alcanza al 28 por ciento. Menos aún que la media sudamericana, que es 31 por ciento. La realidad es que solamente 6% de los 45 millones de habitantes completó la vacunación con la segunda dosis, unos 2,5 millones, y 22%, 8,7 millones, tiene una sola dosis aplicada. A pesar de que el gobierno pagó 54% de los 48 millones de vacunas reservadas, solo recibió un cuarto y en las próximas semanas entrarán (según dicen) y como máximo cerca de 6 millones más. Una insignificancia que no evitará que se sigan produciendo tremendos sufrimientos y, sobre todo, miles de muertes por el Covid-19.

La estafa de Sigman-Slim-AstraZeneca y la rapiña de Pfizer

Cuando en agosto de 2020 el presidente peronista Alberto Fernández dio a conocer el acuerdo tripartito para producir la vacuna Oxford, a cargo del millonario amigo del peronismo kirchnerista Hugo Sigman y el magnate mexicano Carlos Slim, anunció que antes de fin de ese año se empezaría a vacunar y que en febrero de este 2021 serían millones las dosis que se dispondrían. Sin embargo, la primera vacuna producida en la Argentina recién se aplicará en una fecha desconocida de las próximas semanas, seis meses después del primer plazo anunciado. En la planta de Garín sigue en marcha una producción que ya ha alcanzado unos 77 millones de dosis, pero la vacuna no apareció hasta ahora por los irracionales acuerdos empresariales entre México y la Argentina para su elaboración.

La acusación de exigir coimas a Pfizer que hizo Patricia Bullrich, titular de PRO, contra el ex ministro de Salud Ginés González García, obligó a la multinacional a desmentir la especie, pero reveló la verdadera raíz de la disputa de esta empresa con el gobierno. Pfizer quiere cambiar una ley a pesar de que se hizo a pedido de los monopolios y que, con el voto oficialista y opositor de Juntos por el Cambio, determinó que el Estado podía acordar condiciones de indemnidad patrimonial para los laboratorios, salvo “aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”. Esta última salvedad, dicen los voceros de la empresa, es la que impide a Pfizer firmar un contrato con la Argentina. Quieren más garantías que las ya conseguidas junto a las demás multinacionales.

Debe incautarse la producción de mAbxience para terminarla en el país

La irresponsabilidad e irracionalidad del trío Sigman-Slim-AstraZeneca y la rapiña descarada de Pfizer muestran a las claras que la producción de las vacunas que el mundo necesita no puede quedar monopolizada por un puñado de monopolios capitalistas gracias a las patentes. Es necesario suspenderlas para que haya vacunas para todas y todos. El gobierno peronista de Alberto Fernández debe incautar la producción de mAbxience y envasarla en la Argentina, disponiendo de todos los laboratorios con capacidad. Esta capacidad es muy grande porque tenemos una industria farmacéutica muy desarrollada, como lo certifica el contrato firmado por Richmond para envasar la vacuna Sputnik localmente. Hace falta una decisión política para hacerlo, decisión que este gobierno solo tomará si logramos imponerla con la movilización, como lo están reclamando personalidades de distintos sectores, diversas organizaciones de trabajadores, el Plenario del Sindicalismo Combativo y el FIT Unidad.

Escribe Fabián Torres, médico y delegado provincial de Asspur

Estamos atravesando la segunda ola del Covid-19 y el sistema de salud está colapsado, esta vez en una situación desesperante, con hospitales saturados, con las guardias y los pasillos ocupados con pacientes cada vez más jóvenes que necesitan asistencia mecánica respiratoria y en camas improvisadas en catres, como en el hospital de Cinco Saltos. Situación muy grave con faltante de vacunas, aun para esenciales y personas de riesgo. Panorama que se repite en Bariloche, Viedma, General Roca y demás departamentos, con intendentes de distinto color político que han hecho oídos sordos, al igual que la gobernadora Arabela Carreras, de Juntos Somos Río Negro, a los reclamos por más presupuesto, infraestructura y aumento salarial promovidos por la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur), sindicato antiburocrático de los trabajadores de la salud provinciales.

Hay 800.000 habitantes en toda la provincia y solo 211 camas en terapia intensiva que no alcanzan, como los respiradores, tanto en el sistema público como en el privado. Deja al descubierto también la crisis de las obras sociales y las prepagas que se descarga sobre el hospital público, donde se atiende cada vez más a personas que se quedaron sin obra social ante la crisis económica y social mientras los sanatorios privados siguen siendo subsidiados por el gobierno provincial.

En Neuquén, la histórica lucha de los trabajadores de la salud pública dejó al descubierto el desmantelamiento del sistema por años de abandono y desinversión, responsabilidad del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que deriva pacientes hacia las clínicas privadas y paga cifras astronómicas por la atención que no se puede brindar en los hospitales. En cualquier nosocomio de la provincia se ven los pacientes oxigenados en camillas en las guardias esperando que se desocupen camas en terapia intensiva. El Castro Rendón, hospital central de la provincia que cuenta con cuatro quirófanos y una antigua y larga lista de espera de pacientes para cirugías programadas, anunció que dos de esos quirófanos serán reconvertidos en camas de casos de Covid. El hospital Horacio Heller, el último construido en la capital, transformó la guardia en el lugar de internación para pacientes Covid. En el hospital Centenario contaban con veinticinco camas de internación en 2020, ahora hay solo trece, y encima  los enfermeros intensivistas fueron “castigados” por luchar y enviados a centros periféricos. El hospital de Picún Leufú no tiene quirófano ni ecógrafo, siendo una ciudad alejada de los grandes centros urbanos. Y así con el resto. Todo agravado por la persecución del gobierno a los luchadores, que los sanciona con descuentos salariales, sumarios y causas penales. Una verdadera tragedia de la que es responsable el gobernador Omar Gutiérrez en medio del avance de la pandemia.

En las dos provincias se repiten las escenas y las carencias, jornadas interminables de trabajo bajo un permanente estrés y sin descanso, sumadas a la falta de personal y la necesidad de recurrir a “cargarse” con más guardias por los bajos salarios, la falta de insumos y los graves problemas de infraestructura de los hospitales que hacen insostenible la situación para los trabajadores de la salud. 

Encima intentan otorgar recomposiciones salariales por detrás de la inflación en medio de la pandemia. Pero se puede enfrentar tanto desastre como lo demostraron los autoconvocados de la salud de Neuquén, que es el ejemplo a seguir, ya que con unidad y coordinación lograron conquistar un 53% de aumento salarial para todos los estatales. Y también necesitamos cambios de fondo para salir del colapso, mayor presupuesto para salud sobre la base del no pago de la deuda externa y un impuesto a las grandes fortunas. Centralización del sistema de salud, unificando el sector público y el privado bajo un mando y una administración única estatal con criterios sanitarios y no de lucro. Todo bajo control de los trabajadores de la salud y los usuarios.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

Nuestro país está hoy entre los primeros del mundo en cantidad de contagios y muertes. El sistema sanitario está saturado y faltan camas en varias provincias. Una verdadera catástrofe que va a continuar mientras no se avance con una campaña de vacunación masiva. Mientras, las trabajadoras y los trabajadores de la salud seguimos en la primera línea de combate al virus y luchando desde el inicio de la pandemia por salario, condiciones de trabajo y presupuesto.

Todos los días, desde el inicio de la pandemia, en los medios se habla del nivel de ocupación de camas y el peligro de colapso del sistema sanitario. Ahora se insiste con el número de vacunados y los plazos para la llegada de nuevas partidas. Datos estadísticos que solo muestran la punta del iceberg de la crisis del sistema porque, de fondo, no reflejan el principal problema que existe en los hospitales y las clínicas privadas, que es el total abandono del recurso más importante, las trabajadoras y los trabajadores. A más de un año de iniciada la pandemia, seguimos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza, recurriendo al pluriempleo para llegar a fin de mes, sobreexigidos por la falta de personal e impedidos de gozar un mínimo descanso. Más los despidos por los cierres de clínicas, la persecución gremial y las presiones para terminar con las licencias de los grupos de riesgo. Así no se puede seguir.

Por eso, en medio de la segunda ola, en dieciocho provincias hay conflictos en el sector de la salud por reclamos salariales y se multiplican las luchas en todo el país. La política sistemática de desinversión y ataque a la salud pública, por un lado, y la voracidad de los dueños de clínicas y sanatorios privados, por el otro, continúan y se profundizan mientras luchamos contra el Covid. Y la única respuesta de Alberto Fernández es un bono de 6.500 pesos que aún no se cobró. Al igual que Larreta, de Cambiemos, y todos los gobernadores de distinto signo político que insisten en amedrentar al personal de la salud cuando sale a reclamar. Así fue el caso de Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, que metió presos a enfermeros que acampaban frente a la casa de gobierno, una barbaridad. En Córdoba, Schiaretti despidió a setenta compañeras y compañeros que trabajaban precarizados. El reclamo por su reincorporación continúa. Mientras, los sueldos de enfermeros y médicos de esa provincia rondan los 35.000 pesos, una locura. En el Larcade siguen de paro y enfrentando la persecución, una lucha heroica. En La Matanza se mantienen las medidas contra el acuerdo salarial de los municipales. En Neuquén, luego del triunfo de la histórica huelga de sesenta días y la conquista del 53% de aumento salarial, rechazan los sumarios del gobernador Omar Gutiérrez, del MPN, y exigen que les paguen los días caídos. ¡Enfrentamos al virus y a los gobiernos!

El acuerdo entre el gobierno nacional y la burocracia de ATE y UPCN, de cerrar una paritaria de 35% en cuotas, es un nuevo capítulo del ataque que venimos sufriendo. Intentan usarlo como caso testigo para imponerlo en todas las provincias, consolidando salarios de pobreza. A pesar de estar transcurriendo la segunda ola de contagios, las trabajadoras y los trabajadores de la salud seguiremos luchando por una verdadera recomposición salarial y en defensa del sistema público de salud. En estos días, en Cicop, estamos convocando asambleas en todos los hospitales y centros de salud de cara a un nuevo congreso de delegados. El acuerdo salarial del año pasado ya se licuó por la tremenda inflación y debemos salir nuevamente a las calles. Así como lo impusieron los elefantes neuquinos, la organización y la lucha son el único camino.

Escribe Guido Poletti

Ya es un secreto a voces. El gobierno de Alberto Fernández está reduciendo en términos reales el gasto público por debajo, no solo de 2020, sino incluso de 2019, cuando aún gobernaba el macrismo. Esta es una de las exigencias básicas del FMI para firmar el acuerdo que busca el Frente de Todos. De hecho, esa reducción del gasto, y del déficit fiscal, es mostrada orgullosamente en cuanta reunión se hace con funcionarios del organismo.

Esta es la forma concreta con que el gobierno está cumpliendo el reclamo principal del FMI apenas se iniciaron las negociaciones en septiembre del año pasado, reducir el déficit fiscal desde 8% a 4,5% tal como se votó en el presupuesto 2020.

De hecho, en los primeros cuatro meses de 2021 el gasto solo subió 14% con respecto a igual período del año pasado. Solo para compensar la inflación tenía que haberse incrementado 42 por ciento. Con respecto al gasto social, los números apenas reflejan una parte del ajuste, ya que el gasto en subsidios a empresas privatizadas siguió creciendo, lo mismo que el pago de intereses de deuda. Por lo tanto, todo el peso de la reducción real del gasto se debe al ajuste que se ha realizado sobre las jubilaciones, con incrementos bien por debajo de la inflación, y con la directa desaparición de programas para atender las consecuencias sociales de la pandemia, como el IFE y el ATP.

Esta tendencia no se modifica con los nuevos anuncios del gobierno, que contemplan la suba de los montos de la tarjeta Alimentar, en las asignaciones universales por hijo (AUH) y en los montos de los Repro, que en realidad es un subsidio a empresas, ya que abonan una parte del salario de los trabajadores de las empresas involucradas. El gobierno miente cuando dice que con todo esto se aumentará el gasto en ayuda social al Covid en 480.000, 1,3% del PBI. Incluye en ese monto partidas anteriores, e incluso los costos de compra de vacunas.

La realidad del ajuste es visible. En lo que va de 2021, los alimentos básicos subieron 20% más que los salarios del sector público y las jubilaciones, que ya venían perdiendo desaforadamente contra la inflación en períodos previos. El gobierno incluso demoró todo lo que pudo la reglamentación de la ya votada ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 150.000 pesos (y así hacer que menos trabajadores lo paguen). Y cuando lo hizo, informó que la devolución de lo ya retenido este año será devuelto en cinco cuotas mensuales, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. ¡Así el ministro Guzmán logra sumar números del ajuste a su favor y hacer méritos ante el FMI!

Hoy, en medio de la segunda ola de la pandemia, es urgente terminar con este ajuste y revertirlo. Hay que poner todos los recursos necesarios para atender la pandemia sanitaria y también la social. Hay que otorgar un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia, otorgar un IFE de 40.000 pesos para el que lo necesite y ayuda para los pequeños comerciantes. ¡Plata para atender la pandemia, no para el FMI!