Escribe Claudio Funes

Desde que Alberto Fernández con el decreto 329/2020 formalmente prohibió los despidos, allá por marzo de 2020, estos no cesaron de crecer.
A finales del año pasado el desempleo llegó a 11% y alcanzó a 2.1 millones de trabajadores, el índice más alto desde 2004. La pérdida de puestos de empleo registrado neta desde que comenzó la pandemia se acerca a 900.000 (fuente Indec, marzo 2021).

Desde la Universidad Católica Argentina (UCA) dan otra cifra, 13,9% de desempleo, y aclaran que este porcentaje que relevaron se debe principalmente a que la gente no podía circular y buscar trabajo porque, de no existir ese impedimento, la desocupación treparía más aún, a 28 por ciento.
Es que, el gobierno de Alberto Fernández, más allá de los discursos sobre “defender el empleo”, nunca hizo nada para evitar de verdad la pérdida de puestos de trabajo. De hecho el ministerio de Trabajo, con la complicidad de la burocracia sindical, avaló a las patronales en innumerables conflictos por despidos o directamente cierres de fuentes de trabajo. Sucedió incluso con empresas que escandalosamente estaban cobrando el ATP (“para no despedir”) y se terminaron yendo, como con la transnacional Latam.

Las patronales continúan despidiendo. La pregunta del millón es: ¿cómo despiden si está prohibido? La respuesta es sencilla. Por un lado, porque el decreto lo permite si hay acuerdo con la dirigencia sindical burocrática. Por el otro, porque muchas patronales hacen caso omiso al decreto con la seguridad de que el propio Ministerio de Trabajo terminará avalando las cesantías. A esto debemos agregar los despidos encubiertos en los que las patronales, con la colaboración de la burocracia sindical peronista, fuerzan al trabajador a aceptar un “retiro voluntario” sabiendo que un reclamo ante la Justicia llevará años.

Así se explican los 1.450 despidos de Techint, homologados el 6 de abril de 2020; los de la multinacional Acindar, los de Falabella, Sodimac, Coto, Penta y, más recientemente, los de ArreBeef.
Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos que se prohíban de verdad los despidos durante toda la emergencia sanitaria y que, ante la violación de esta disposición, se estatice la empresa y esta pase a funcionar bajo control de sus trabajadores.

Escribe Claudio Funes

La pandemia y las restricciones de la cuarentena profundizaron la pobreza que los trabajadores y los sectores populares venimos padeciendo.
Producto de esto, también se perjudican los pequeños comerciantes que se ganan la vida en kioscos, panaderías, talleres mecánicos, bares, locales de venta de indumentaria, librerías, etcétera. Nos estamos refiriendo centralmente a los comercios de barrio y los minoristas. Los diferenciamos tajantemente de algunas pymes que son satélites de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales.

Más de 90.000 cerraron en todo el país, lo que provocó además la pérdida de miles de puestos de trabajo directos. En muchísimos casos por no poder afrontar el pago de alquileres, impuestos y servicios.
Las provincias más afectadas son Chubut, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Recorrer la Capital y los barrios de la provincia de Buenos Aires nos da una clara idea de la crisis que padece este sector. El Programa de Recuperación Productiva (RePro), para cuya inscripción se exigen trámites sumamente engorrosos, resultó claramente insuficiente. Termina siendo apropiado por las grandes empresas, ya que las pequeñas nunca llegan a cumplir con los requerimientos establecidos.
Es lo que sucede actualmente con el Repro II. Así como el año pasado con el Programa  de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), donde los principales beneficiarios fueron grandes empresas y multinacionales como  Clarín, Renault, Acindar, Burger King y alimentarias como el Ingenio Ledesma, de la familia Blaquier, Molinos Río de la Plata, grupo de la familia Perez Companc y el Grupo Arcor, de Luis Pagani.

Los pequeños comerciantes que quiebran y los ricos que se hacen cada vez más ricos demuestran con quién está el gobierno supuestamente “nacional y popular”.
Por estos motivos, los pequeños comerciantes se movilizan en todo el país diciendo “queremos trabajar”, una demanda que expresa la desesperación del sector.
Desde Izquierda Socialista le exigimos al gobierno de Alberto Fernández que implemente con urgencia un plan de ayuda a los pequeños comerciantes con el otorgamiento de créditos a tasa cero, la suspensión del pago de los distintos impuestos y la condonación de las deudas pendientes con el fisco.
Esto se puede hacer. La plata hay que sacarla de la suspensión de los pagos de la deuda externa y de la aplicación de un verdadero impuesto a las grandes fortunas.

Escribe José Castillo

El 25 de mayo pasado, un conjunto de dirigentes políticos, sindicales y personalidades vinculados al kirchnerismo dieron a conocer un texto en el que plantean la suspensión de los pagos de deuda durante la pandemia. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno de Alberto Fernández sigue negociando el ajuste con el FMI.

Los principales firmantes del documento fueron Fernanda Vallejos (presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados), gobernadores, intendentes, Víctor Hugo Morales, los dirigentes sindicales Pablo Moyano, Hugo Yasky y Héctor Daer, entre otros. En la proclama se exhorta al gobierno a suspender los pagos de deuda con el FMI y el Club de París hasta que se termine la pandemia. El texto explica que “la deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”. Y reclama la inmediata suspensión de los pagos y otras medidas para atender los problemas de salud, educación, vivienda, trabajo y reducción de la pobreza.

¿Cuál es la política del gobierno?

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad saludamos que un amplio espectro de dirigentes políticos, sindicales y de otros sectores se pronuncien por la inmediata suspensión de los pagos de la deuda externa. Desde el comienzo mismo de la pandemia venimos proponiendo que esa plata se tiene que usar para atender la emergencia sanitaria y el hambre y la pobreza crecientes. Por ello, si bien la declaración del 25 de mayo no contiene la totalidad de nuestra propuesta, podría transformarse en un primer paso si todos los que acordamos con ello nos movilizamos para imponerlo. Más aún cuando entre los firmantes están los principales dirigentes de la CGT y las CTA.

Los firmantes son parte sustancial de la alianza gobernante del Frente de Todos. Y ahí aparece el primer interrogante. Porque en el mismo momento en que sale este documento, el propio presidente Alberto Fernández estaba en plenas negociaciones con la canciller alemana Ángela Merkel discutiendo acerca del acuerdo con el FMI y el Club de París. Más aún, tanto en días anteriores como posteriores, el presidente Fernández y su ministro de Economía ratificaron una y otra vez que su política prioritaria es el acuerdo con el Fondo. Y, a tal efecto, hasta el día de la fecha han pagado todos los vencimientos de intereses con este y otros organismos internacionales hasta llegar a la suma de 7.100 millones de dólares desde que están en el gobierno. Y, para demostrarle al FMI su voluntad de negociación, están llevando adelante en 2021 un plan de ajuste que se verifica en una reducción de los gastos destinados a la pandemia con respecto a 2020 y en una reducción muy fuerte en el poder adquisitivo de las jubilaciones. ¿Los firmantes del documento apoyan o no estas políticas? ¿Están dispuestos a movilizarse junto a todos los que decimos que hay que suspender ya mismo los pagos de deuda? Estos son los interrogantes más importantes, de lo contrario, como ya ha venido sucediendo otras veces, este texto no será más que un nuevo doble discurso en el típico “declamar una cosa, mientras se hace lo contrario”.

Suspender solo los pagos durante la pandemia o romper con el FMI y dejar definitivamente de pagar la deuda

Pero queremos ir a la discusión de fondo con los compañeros que tienen confianza en el kirchnerismo y han visto con simpatía esta declaración. Como dijimos antes, si estuvieran dispuestos a movilizarse para imponer la suspensión de los pagos sería un paso importante. Pero sinceramente dudamos, dada la historia previa, de que se planteen hacerlo.
Y ahora queremos ir a otra cuestión. Porque esa suspensión de los pagos debe ir seguida por una decisión política para desconocer el pacto contraído por Macri con el FMI por 50.000 millones de dólares. Y el resto de la deuda externa que, como lo explicamos miles de veces, es inmoral, ilegal y usuraria. Solo dejando de pagarla y rompiendo todos los lazos de sometimiento y dependencia con el Fondo Monetario Internacional se podrán dar los pasos básicos para combatir los males sociales usando esa plata para resolver las más urgentes necesidades populares. Porque la plata para enfrentar la pandemia y resolver los más acuciantes problemas populares está. Es la que se está usando ahora mismo para cumplir con los actuales vencimientos. Y también la que se hipotecará a futuro si se renegocian nuevos pagos a costa de un mayor saqueo y ajuste.  

Escribe José Castillo

Esta semana venció una deuda con el Club de París por 2.400 millones de dólares. Al no pagarse, empezó a correr el plazo de sesenta días antes de que formalmente se decrete el “default” y se nos carguen intereses punitorios por 2.000 millones de dólares más. La “alternativa” es que se avance con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, renegociar un mayor ajuste a cambio de una pequeña prórroga en el plazo para pagar esa deuda.
La deuda externa argentina con el Club de París (apenas un pedazo, hoy menor) de toda la deuda argentina, es un ejemplo en sí mismo de lo inmoral e ilegítimo de todo este auténtico monumento al saqueo.
El Club de París es una organización informal de los países imperialistas creada para cobrar conjuntamente las deudas bilaterales a los países dependientes o semicoloniales. Son miembros los países más importantes del mundo: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

El origen de nuestra deuda con este grupo es desopilante y sería cómico si no fuera por la tragedia de que se paga con el hambre y la miseria de nuestro pueblo. La mayoría de los créditos que se renegocian en el Club de París básicamente son garantías de créditos de exportación de los países centrales a sus propias empresas transnacionales en la época de la dictadura militar. O sea, préstamos de países imperialistas a sus empresas, que no se pagaron, que luego, en 1982, fueron estatizados por Domingo Cavallo y endilgados al Estado argentino.

Alemania, principal país acreedor, también lo es por préstamos otorgados, nuevamente en la época de la dictadura militar, para la compra de armamento, telecomunicaciones y energía nuclear, entre otros rubros. La deuda también incluye 900 millones de dólares a Holanda por el gasoducto a cargo de la sociedad Cogasco, un préstamo privado que se transformó en el principal beneficiario de la estatización de la deuda externa por parte de Cavallo en 1982. Hay, además, 60 millones de dólares de un crédito de España  al Banco Nacional de Desarrollo (Banade) para financiar la compra de una planta de cemento en el Noroeste argentino a una firma que quebró antes de finalizar su tarea.
Pero tal vez el hecho más escandaloso de todos sea el de la deuda de 80 millones de dólares por dos helicópteros que la Argentina le encargó en la dictadura a la empresa británica Westland, con financiamiento europeo, pero que nunca llegaron debido a la guerra de Malvinas. ¡Sin embargo, todos los gobiernos argentinos posteriores aceptaron que correspondía la deuda por los helicópteros!

Después de la dictadura, el gobierno de Alfonsín reconoció como válidas todas estas estafas en la negociación con el Club de París de 1985 y 1987. También lo hizo Menem, en tres nuevas renegociaciones, en 1989, 1991 y 1992.
En 2001, producto del Argentinazo, la deuda con el Club de París estuvo dentro de lo que se dejó de pagar. La nueva negociación la llevó adelante Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Fernández, aceptando que la deuda se incrementara de 6.000 a 9.000 millones de dólares, una tasa de interés astronómica y el mecanismo de que, en caso de que el país nuevamente incurriera en atrasos en los pagos, se aplicarían multas que prácticamente duplican la cuota a pagar en cuestión. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos.
El Club de París es una anécdota más, tal vez la más escandalosa, de la estafa de la deuda externa argentina. Una demostración blanco sobre negro de que no tenemos salida si no repudiamos inmediatamente y dejamos de pagar de una vez por todas estas deudas ilegales, inmorales y, además, absolutamente impagables.

Escribe Guido Poletti

Mientras el gobierno del Frente de Todos mantiene como prioridad la renegociación de la deuda externa (el año pasado con los acreedores privados y ahora con el FMI), viene cumpliendo con todos y cada uno de los vencimientos que le van cayendo.
Así, al día de hoy, nuestro país ha abonado en concepto de pagos de deuda 7.100 millones de dólares. Esto incluye los 6.000 millones que se pagaron el año pasado y los 1.100 de este año por vencimientos de cuotas de intereses con el propio FMI.
Se trata de más de un billón de pesos. Con ello prácticamente se podría haber duplicado todo el dinero que se puso para atender la pandemia. ¡Ahí está la plata para atender tanto la emergencia sanitaria como la social!