Desde el pasado fin de semana, la empresa Fate que tiene como principal accionista a Madanes Quintanilla, dueño de Aluar- viene realizando un salvaje lockout en la planta de San Fernando, impidiendo que los 1.700 puedan tomar servicio. El conflicto se inició el sábado, cuando los trabajadores resolvieron un paro en rechazo a sanciones, persecución laboral y la suspensión de 150 trabajadores.

Este lockout se da en el mismo momento donde el sector empresario debería estar discutiendo con el Sutna el acuerdo paritario para 2018. Hace dos semanas todo el gremio del neumático llevó adelante una asamblea general de los trabajadores de Fate, Bridgestone y Pirelli, donde mandataron a la dirección nacional del Sutna a pedir un 30% de aumento y una cláusula de “protección” que permita reabrir la negociación en cualquier momento si la inflación licua los salarios. 
Este nuevo ataque de la patronal convocó a una gran cantidad de trabajadores, que luego de discutir en asamblea, resolvieron marchar al Ministerio de Trabajo, donde no fueron recibidos ante una inmensa custodia policial. Los compañeros mantienen el bloqueo de los portones y la empresa parece profundizar esta provocación.

Enfermeros, técnicos, administrativos, empleados de mantenimiento y médicos están siendo despedidos en la fundación Favaloro. Son ya cincuenta los trabajadores que han sido notificados por la empresa que, debido a las políticas de ajuste, que afectan entre otros, al sector de medicina prepaga en particular, no serán más parte de la Fundación que el doctor René Favaloro creó en 1975. Los despedidos, tanto de la fundación como los de la Universidad Favaloro se encuentran en estado de asamblea permanente.

La propietaria de Radio del Plata, Electroingeniería, una de las empresas mimadas del kirchnerismo que creció al calor de la obra pública y la pauta oficial, continúa despidiendo trabajadores. Profundizando el plan de vaciamiento de la empresa, que adeuda salarios y no paga cargas sociales desde 2016, los despedidos luchan por su fuente de trabajo. Los cesanteados, que no fueron notificados con preaviso o telegrama, se enteraron en la puerta de la emisora, donde la patronal colocó una “lista negra” con todos los cesanteados. Repudiamos estos despidos, exigiendo la reincorporación de todos.

Escribe Mónica Méndez Secretaria de organización y finanzas de Cicop

El pasado viernes 29, en el marco de un nuevo paro, los profesionales de la salud instalamos la carpa sanitaria en el Congreso, la cuarta bajo el gobierno de Vidal y Macri. Fue un paro con altísimo acatamiento en los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Pero la gobernadora sigue insistiendo con un mísero 15% de aumento en cuotas, lo cual rechazamos de plano. A su vez continúa un ataque feroz sobre la salud pública, cierre de servicios y guardias descubiertas, reducción de presupuesto y falta de nombramientos en todos los hospitales, a lo que se suman problemas edilicios de suma gravedad. Es por ello que nuestro plan de lucha continúa y estamos preparados para una pelea larga, ya que los dirigentes de la CGT y la CTA no unifican las luchas y nos dejan aislados, jugándose al desgaste y evitando la coordinación y unidad que necesitamos todos los trabajadores. El paro que convocaron para el 25 de junio solo fue un hecho aislado que no rompe la tregua con el gobierno.

La carpa sanitaria fue un éxito. Hubo gran cantidad de compañeros y delegaciones destacadas de residentes y jóvenes profesionales de planta. Hubo distintas actividades y un acto central, donde recibimos la solidaridad de distintas organizaciones. Se hicieron presentes los compañeros del Garrahan, el Sindicato de Trabajadores Sociales de CABA, compañeros del Subte, Sutna, AGD-UBA, del hospital Muñiz, que vienen luchando contra el 3 por 1, y los diputados de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano y Laura Marrone, entre otros. Finalizamos con un pañuelazo, preparándonos para una nueva marea verde para el 8 de agosto, y dos asambleas, una de género y otra de residentes. 
Salimos fortalecidos y con la convicción de seguir profundizando nuestro plan de lucha para defender la salud pública y seguir peleando por la más amplia unidad en la acción para enfrentar el ajuste de Macri y Vidal. Seguiremos en las calles al grito ¡de gobernadora Vidal, la salud no puede esperar!

El 3, 4 y 5 de julio votá 1+3
En medio del plan de lucha vamos a elecciones en el gremio. Es una nueva oportunidad para salir fortalecidos. Desde la actual conducción (lista 1+3) apostamos a seguir consolidando un funcionamiento democrático, basado en los plenarios de delegados y asambleas de hospitales. Y a la vez ir sumando a los nuevos activistas y dirigentes que van surgiendo al calor de la lucha. Lamentablemente una vez más lo que la lucha unió hay quienes lo dividen a la hora de las elecciones. Hubo dos listas que se negaron a la unidad y se presentaron solas. Una orientada por el PTS y otra por el dirigente de Fesprosa Jorge Jakowsky. Una vez más primó la mezquindad política. Llamamos a todos los compañeros a darle la espalda y a seguir apostando por la unidad. Abajo el ajuste de Macri y Vidal. Por una salud pública y gratuita de calidad Vota la 1+3.

Escribe Agustín Gigli Izquierda Socialista, Esquel

La provincia del Chubut se encuentra atravesada por una crisis que ha paralizado a gran parte de las actividades del estado provincial. Estatales, docentes, médicos y viales vienen realizando distintas medidas, enfrentando al gobierno peronista de Arcioni que, alineado con el gobierno nacional, aplica un ajuste feroz y con represión hacia los trabajadores.

El peronista Arcioni llegó al gobierno como vicegobernador de Das Neves, el candidato a vicepresidente de Duhalde en 2011. Cuando Das Neves murió el año pasado, diputado nacional, Arcioni se quedó con la gobernación y comenzó a construir alianzas para mantenerse en el cargo. Como candidato del peronismo dasnevista de Chubut Somos Todos (ChuSoTo), firmó el pacto fiscal con Macri que resultó en un feroz ajuste sobre los trabajadores y una provincia cercada desde hace cien días por medidas de protesta. En ese marco, el martes de la semana pasada hubo una violenta represión de la infantería a estatales y docentes que reclamaban aumento de salario frente a la Casa de Gobierno en Rawson.
Pese a ser la principal productora de petróleo, Chubut está paralizada por la crisis que ha provocado el ajuste, con paritarias a la baja y por decreto. El gobierno insiste en que “no hay fondos” para aumentar los salarios de los trabajadores, pese a que en el primer trimestre del año se obtuvo un superávit de 1.400 millones de pesos producto de las regalías petroleras, y que se prevé que aumentará a 1.600 millones en el cuatrimestre. Aprovechando esta coyuntura, desde los medios oficialistas se promueve que la única salida para Chubut es la minería a cielo abierto -prohibida en territorio chubutense desde 2003 por la lucha de movimientos sociales y vecinos autoconvocados por el no a la mina-, en claro acuerdo con el macrismo y aun con el kirchnerismo, que impulsa una nueva ley provincial que habilite el extractivismo minero en la zona central de la provincia.
Frente a las cuentas en rojo y el altísimo nivel de endeudamiento con el que asumió en Chubut -en medio de causas de corrupción que tienen presos a muchos funcionarios dasnevistas-, Arcioni ordenó un fuerte recorte del gasto público centrado en la premisa “paritaria cero” para los trabajadores estatales, con un aumento de solo 6,6% en 2018 y de 5% en 2019, además de reducir en 2,8% los fondos municipales. Su gestión vino impulsando el congelamiento salarial, los incrementos salariales por productividad, la eliminación de horas extras, horas guardia y horas cátedra, la privatización de servicios, la reducción de personal y las jubilaciones anticipadas. 
Las últimas negociaciones salariales estatales se dieron en el segundo semestre de 2017, y todas contemplaron la cláusula gatillo para compensar la inflación, pero ninguna se ajustó como fijaba el acuerdo. Con una inflación patagónica interanual de alrededor de 26%, los estatales chubutenses perdieron como mínimo 9%. El detonante de la crisis social fue la imposición del pago escalonado de los salarios estatales en tres tramos. 
Las protestas fueron creciendo con el paso de los meses y ya llevan cien días de medidas de fuerza en las principales ciudades de la provincia, con paros, movilizaciones, ocupaciones de edificios públicos y cortes de rutas. La burocracia de algunos sindicatos estatales terminó pactando en la reapertura de paritarias en la última semana de junio. Por su parte, los gremios docentes rechazaron el aumento –una suba de 14% al básico de 8.400 pesos para el docente inicial– y mantuvieron las protestas, reclamando una suba de 1.500 pesos, aunque sin tener en cuenta otros puntos exigidos por las bases desde el inicio de la lucha (como la recuperación del transporte estudiantil gratuito, aumento retroactivo a julio, eliminación del pago escalonado, aumento de partidas para las escuelas, plan de mantenimiento edilicio y otros). Finalmente el gobierno cerró las negociaciones y fijó por decreto el último incremento ofrecido.
La repercusión nacional de la brutal represión sobre los trabajadores de la educación que se manifestaban por aumento salarial el martes pasado frente a la Casa de Gobierno en Rawson, forzó a la Ctera a un paro en todo el país este martes 3 de julio. Desde Izquierda Socialista en el FIT acompañamos la medida de fuerza, así como también nos sumamos el viernes pasado a la movilización en repudio a la Casa de la Provincia del Chubut promovida por el Plenario Sindical Combativo de Lanús. Denunciamos que el ajuste del gobierno peronista de Arcioni es parte del que lleva adelante Cambiemos, y llamamos a los trabajadores chubutenses a seguir movilizados para enfrentarlo. ¡Plata hay!¡Que el gobierno utilice las regalías petroleras para salario, trabajo, educación, salud y vivienda!