Fuente: Cámara Electoral Nacional

Escribe José Castillo

El mismo domingo a la noche, mientras se conocían los resultados electorales, el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso Nacional, en los primeros días de diciembre, un programa económico para que sea acordado con las demás fuerzas políticas. La novedad: que su extensión sería de varios años y que contendría los números del ajuste exigido por el FMI. Ya lo anticipamos: el FIT Unidad se opondrá rotundamente.

Lo venimos denunciando durante toda la campaña electoral: apenas cerrados los comicios, el gobierno de Alberto Fernández se apresura a cerrar el acuerdo con el FMI, que significará un mayor ajuste por sobre el actual. Y ese acuerdo terminará siendo apoyado por Juntos por el Cambio y también por los nuevos diputados de ultraderecha de la bancada de Milei y Espert.

Todo esto empezó a tomar cuerpo el mismísimo domingo por la noche. Ahí el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un “programa plurianual preacordado con el FMI”. Detengámonos sobre esto. Acá está la hoja de ruta del plan de ajuste que hambreará al pueblo trabajador y saqueará nuestras riquezas en el futuro inmediato. Primero: se trata de un programa “plurianual”, lo que quiere decir que no estamos hablando simplemente de un presupuesto de ajuste para el 2022. Por el contrario, es todo un programa que se extenderá por varios años, en concreto hasta 2025. Segundo: será, como ya lo confesó el propio presidente Fernández, un plan que seguirá las exigencias del Fondo. De ahí el eufemismo “preacordado con el FMI”.

No existe un plan del Fondo con “inclusión social”

Desde el Frente de Todos insisten en que el acuerdo con el Fondo será “preservando el crecimiento económico y la inclusión social”. Lo tenemos que decir con todas las letras: eso no será así. Es mentira.
No existe ninguna posibilidad de un acuerdo con el FMI que no sea de ajuste. Así lo certifica toda la historia del organismo. Los 22 acuerdos anteriores de gobiernos argentinos con el FMI, de 1956 a esta parte, han sido, sin excepción, durísimos planes de ajuste. Lo mismo sucede si miramos cualquiera de los planes del Fondo con cada país del planeta. Para muestra basta recordar uno sólo: el que se intentó imponer a Ecuador pocos meses antes de la pandemia, y que fue derrotado con una enorme insurrección popular.

El propio gobierno lo sabe, aunque esquiva cuidadosamente cualquier referencia a la palabra “ajuste”. Para eso utiliza otra expresión: “convergencia fiscal”. En concreto, con esto se quiere decir exactamente lo mismo: el FMI exige reducir el déficit fiscal a 1,5% del PBI el año próximo, a déficit cero en 2023 y a superávit en los años siguientes, todo para generar el “ahorro” en dólares suficiente para cumplir con los pagos al propio Fondo.
Esto tiene consecuencias concretas: reducción de las partidas en salud, educación y gasto social, tarifazos y devaluación (con la consecuente suba inflacionaria). Y la exigencia por parte del Fondo de avanzar en las llamadas “reformas estructurales”, léase flexibilización laboral, mayor ajuste en las jubilaciones (empezando por liquidar los regímenes especiales, como el docente) y reducción del gasto de las provincias.

¿Qué se busca con el “diálogo”?

La realidad es que al gobierno se le acaban los tiempos. El 20 de diciembre tiene que pagar 1.900 millones de dólares. Un nuevo desembolso que pone las pocas reservas que quedan en manos de los usureros internacionales, postergando las urgencias populares.

El problema es que la deuda externa es una bola de nieve sin fin. En 2022 hay vencimientos por 19.000 millones de dólares. De ellos, hay que pagar casi 4.000 millones antes de marzo. Y el gobierno del Frente de Todos, aunque quiera, ya no tendrá los dólares para afrontar esos vencimientos. Llegó la hora de la verdad: o acuerda, en el cortísimo plazo, con el Fondo, o rompe.

Al gobierno se le acaba también el doble discurso. Porque, y así lo han dejado claro el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina y el ministro de Economía Martín Guzmán, la única opción que evalúan es acordar con el FMI. Por eso se insiste en el programa “preacordado” con el organismo.

La única salida: romper con el FMI y dejar de pagar la deuda

Todos los partidos patronales, los economistas del establishment, los voceros de las cámaras patronales, los burócratas sindicales de la “reunificada” CGT y también de la CTA, coinciden en un punto: que, “sí o sí”, hay que acordar con el FMI. Allí se acaban todas las grietas y las denuncias sobre “castas políticas”. Todos se someten al amo imperialista, en la figura todopoderosa del Fondo.

Una vez más, sólo el Frente de Izquierda Unidad dice que ese es un camino seguro para que se incremente la pobreza, la desocupación, la marginación social y el deterioro mayor aún de la educación y la salud pública. Por eso, somos categóricos: los diputados nacionales del FIT Unidad se opondrán al acuerdo con el Fondo y a este “programa plurianual”. También a cualquier “diálogo” o “acuerdo” que lo incluya, denunciando que esta es exactamente la exigencia del Fondo, que pide explícitamente un “amplio consenso político y social”.

Nos opondremos y nos pondremos a la cabeza de la movilización para enfrentar el ajuste, postulando una vez más que la única salida es otro programa, alternativo, obrero y popular. Programa que comienza justamente por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para así poner todos esos recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

El jueves anterior a las elecciones se conoció el índice de precios al consumidor del mes de octubre: volvió a dar 3,5%, igual que el mes anterior. Ya es una realidad, la inflación de 2021 terminará cerca o arriba de 50%. Y estamos hablando del indicador promedio, ya que sabemos que muchísimos productos de la canasta básica de consumo popular subieron mucho más. La carne, por ejemplo, está arriba de 60%. Lo mismo las frutas, verduras y el pan. Ni que hablar de los medicamentos, donde recién ahora el gobierno toma nota e incorpora a aquellos “con receta” dentro del listado de productos congelados hasta enero. Por supuesto que nada se hace con los muchísimos remedios de venta libre que llevan subas escandalosas en el último año.

Los precios congelados, anunciados con bombos y platillos a principios de octubre por el secretario de Comercio Roberto Feletti, evidentemente no tuvieron efecto: la suba de precios continúa. Lo más grave es que, terminadas las elecciones, es un secreto a voces lo que se viene, en el marco de las exigencias del FMI: tarifazos de los servicios públicos, nuevas subas de los combustibles y la más que cercana posibilidad de un salto devaluatorio que, como todos sabemos, termina casi enseguida trasladado a precios.

Frente a esta realidad, ¿qué pasa con los salarios? Increíblemente, desde el gobierno de Alberto Fernández hay quiénes quieren hacernos creer que en estos últimos meses “se le ganó a la inflación”. Para esto, hacen algunas cuentas estrafalarias sumando algunos incrementos en cuotas y tratando de compararlo con tal o cual inflación mensual. La realidad es muy distinta: los aumentos negociados en las paritarias, por las burocracias de los distintos gremios del sector privado, no recuperaron ni de lejos lo que se perdió el año pasado y los incrementos son en cómodas cuotas. En muchos casos recién se “empataría” la inflación que ya lleva este año en marzo o abril de 2022 (cuando obviamente, los precios habrán pegado un nuevo salto y otra vez estaremos perdiendo). Mucho peor es el panorama en los trabajadores del sector público (incluyendo en esto al conjunto de los estatales, nacionales, provinciales y municipales, a los docentes y a los trabajadores de la salud) que firmaron paritarias escandalosamente a la baja. Y ni que hablar de los tercerizados o directamente informales (mal llamados trabajadores “en negro”) que directamente cobran salarios cercanos a la indigencia.
Como muestra, mientras los trabajadores de ATE Indec calculan que la canasta básica para no ser pobre es de 112.243 pesos, el promedio salarial en nuestro país supera apenas los 50.000.

Es urgente exigir un aumento generalizado, de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de dicha canasta, que debe actualizarse mensualmente de acuerdo a la inflación. Al mismo tiempo, es necesario que se reabran inmediatamente todas las paritarias, sin techo ni restricción alguna. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y desde el sindicalismo combativo le exigimos a la CGT recientemente reunificada y a las CTA que rompan su tregua con el gobierno y llamen a un plan de lucha por estos reclamos.

Escribe Pablo Almeida, legislador porteño por Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegado general ATE Ministerio de Economía

La semana pasada, días antes de las elecciones legislativas, Parque Norte fue escenario del Congreso Nacional de la CGT, en donde se terminó de erigir un nuevo triunvirato. Unificada y con los sectores de mayor peso a la cabeza, el gobierno y los empresarios tienen una nueva conducción sindical alineada a las necesidades de profundizar las políticas de ajuste y el postergado acuerdo con el FMI.

Luego de idas y vueltas, y de una cuota de cacareo entre los caciques sindicales de diferentes orientaciones políticas, todos ellos burócratas de pura cepa, se definió que Hector Daer de Sanidad, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio y Pablo Moyano de Camioneros encabezan la nueva conducción tripartita de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta nueva conducción buscará apuntalar al gobierno, golpeado y en crisis, que tiene por delante dos años más de gestión en medio de la crisis económica y social que sacude a la mayoría de los trabajadores, con salarios a la baja y la carestía generalizada.

El recién estrenado triunvirato fue gestado para representar a los sectores más atornillados de la CGT y del entramado peronista: “los gordos”, representados por Daer; Acuña alineado al gastronómico Barrionuevo; y Pablo Moyano en representación de Camioneros y otros gremios cercanos a Hugo Moyano. Antonio Caló de la UOM, fuera del encabezado principal, quedó al frente de una de las secretarías que fueron repartidas entre los gremios con más peso: Smata, Comercio, Upcn, entre otros. Como deslizó por debajo de la mesa el vocero de la CGT, “es preciso contener a todos los sectores del movimiento obrero en el contexto de una unidad integral, en especial ante el difícil momento de la vida nacional” (Ambito Financiero, 11 de noviembre).

Todos ellos son viejos conocidos de los trabajadores, porque son quienes vienen firmando paritarias a la baja, mirando para otro lado cuando se votan leyes antiobreras o haciéndose los desentendidos frente a los despidos. Como triunvirato, entre sus miembros suman años de experiencia en darle la espalda a los laburantes, y estar pegados a los gobiernos de turno y sus políticas a favor de los empresarios y las multinacionales. En esta oportunidad, serán los escuderos que el gobierno y las patronales necesitan para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y así pagar los compromisos con el organismo, a costa de más hambre y saqueo, descargando más ajuste sobre los trabajadores y sectores populares. Ya lo han hecho durante el gobierno de Macri, reforma previsional de por medio, entregando el salario y derechos laborales, por dar algunos ejemplos. La posibilidad de una futura reforma laboral, pedida por gran parte de la oposición patronal y de los empresarios, encontrará seguramente en este triunvirato “renovado” un aliado a la hora de plasmar una nueva ley de trabajo que contenga todas las demandas de las patronales. Por eso somos claros: nada nuevo y bueno para los trabajadores desembarca  con esta CGT. La bronca contra estas direcciones sindicales viene aumentando, y se refleja parcialmente en la derrota electoral del gobierno y en el surgimiento de nuevas conducciones sindicales.
Por ello es necesario seguir apostando y desarrollando estas nuevas experiencias sindicales democráticas y combativas, con dirigentes elegidos por voto directo y que encabecen cada una de las luchas por venir. Este nuevo e incipiente modelo sindical, como el caso de ATEN Neuquén con Angélica Lagunas, el Sutna con Crespo, los ferroviarios del Sarmiento con el “Pollo” Sobrero, la Multicolor de Suteba, entre otros, muestran que es posible y necesario. Desarrollemos un nuevo polo de organización sindical antipatronal y antiburocrática, apostando a fortalecer el sindicalismo combativo y el Plenario Sindical Combativo, como experiencias de organización opuestas a la vieja y entregadora burocracia sindical peronista. Bregamos por una organización sindical al servicio de las luchas, como una herramienta para que las mismas triunfen, no como un privilegio.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Entre los días 7 y 10 de noviembre estuve en Tierra del Fuego. El objetivo de mi viaje fue llevar apoyo y solidaridad a varios sectores de trabajadores que luchan por sus derechos, y respaldar a los compañeros del Frente de Izquierda Unidad en el final de la campaña.

Mi primera conclusión es que en nuestro país, de norte a sur, los problemas de los trabajadores y los sectores populares se repiten con la misma intensidad. La pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la precarización laboral y las jubilaciones de miseria son una constante, con gobiernos que atienden prioritariamente los intereses de los grandes empresarios y el FMI.

El domingo 7, apenas arribada a Ushuaia y junto con mis compañeros de Izquierda Socialista, almorzamos en la planta Ambassador Fueguina con los trabajadores de esa fábrica y los dirigentes portuarios de la Lista Naranja, que luchan por la recuperación del sindicato, y Joana Reta del Programa de Educación Laboral (PEL), que reclaman por el pase a planta permanente. Ambassador está ocupada por sus trabajadores que llevan veintidós meses sin cobrar. Los compañeros denunciaron el rol traidor de la dirigencia de la UOM de Ushuaia, que públicamente tildó de ilegítima la ocupación, y agradecieron el apoyo brindado por Izquierda Socialista.

El lunes, después de una conferencia de prensa en Río Grande junto a los militantes del FIT Unidad que integran la lista de candidatos del PO, visitamos la Planta de Digital Fueguina ocupada por sus trabajadores (patronal del Grupo Garbarino, a cuyos trabajadores en conflicto también estamos acompañando en Buenos Aires). El relato de uno de los operarios fue conmovedor: “hace ocho meses que no cobramos y, a pesar de las gestiones ante el Ministerio de Trabajo y la audiencia con el gobernador, continuamos sin respuestas”.

El martes 9 realizamos otra conferencia de prensa en Ushuaia, y por la tarde nos reunimos con dirigentes del Sindicato Municipal Suoem, con la participación de trabajadores de Ambassador. Se debatió sobre la situación de la provincia, las luchas en curso de Ambassador, Digital Fueguina, Brightstar del Grupo Mirgor de Caputo, y la flexibilización laboral impulsada desde el oligopolio Newsan que chantajea con rebajar las condiciones de trabajo, salario y derechos si quieren seguir trabajando. Otro escarnio es la precarización impuesta por el programa de gobierno PEL, donde los y las trabajadoras cobran 4.000 pesos por cuatro horas de trabajo en una provincia cuya canasta básica supera los 160 mil pesos. Discutimos el saqueo de los recursos naturales por parte de las multinacionales, principalmente de la pesca y el petróleo, y la necesidad de estatizar el puerto. También sobre la crisis de la salud pública y de la lucha por recuperar OSEF, la Obra Social de los estatales que actualmente se encuentra intervenida por el gobierno, en estado crítico por el uso de los recursos para otros fines.

El último día nos reunimos con el Secretario General del Sindicato de Oficiales y Capitanes Navales, quienes reclaman la instalación de una escuela de capacitación para marinos  en todas las especialidades. Una reivindicación correcta, porque como no hay mano de obra capacitada, se cubren las vacantes con mano de obra extranjera. Mientras tanto, miles de desocupados reclaman poder trabajar.

Un cúmulo de problemas, en una provincia con una promoción industrial que beneficia a las patronales con el recorte de impuestos y regalías, que se van cuando quieren dejando una altísima desocupación y una gran crisis social como demuestran el 40% de pobreza y 54% de desocupados. Sin embargo, regresé llena de optimismo. Por un lado, por la incansable lucha de los trabajadores de esa región, que demuestra que la movilización es la mejor herramienta para defender sus derechos, por otro, por las posibilidades que se le abren al Frente de Izquierda y en especial a nuestro partido para construirse alrededor de esas luchas.

La Isla Grande desmiente la propaganda de los partidos patronales de que tenemos que traer capitales de afuera y flexibilizar las leyes laborales para crear más puestos de trabajo. Tierra del Fuego es un emblema de esas políticas. Sin embargo, nos encontramos con los mismos problemas de todo el país. No hay salida con estos gobiernos patronales. Tenemos que apostar con todo a la lucha y a una alternativa de los trabajadores y el pueblo pobre para salir de esta crisis. Esa es la propuesta del FIT Unidad, y por eso se consolida como la tercera fuerza nacional.