Oct 25, 2020 Last Updated 12:36 PM, Oct 23, 2020

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Nuevamente, los gobiernos volvieron a cerrar filas contra los docentes y las familias y habilitaron la posibilidad del retorno a las escuelas. En CABA, la ministra Soledad Acuña anunció el retorno progresivo a las aulas o a los patios de las escuelas y montó la payasada de dar dos horas de clases a dieciocho alumnos (sí, 18), de dos escuelas técnicas. Era el tan mentado “retorno a las escuelas”. Ridículo.

Lo irónico es que mientras los peronistas kirchneristas y los sindicatos de Ctera critican duramente a Larreta y Acuña por su irresponsabilidad e improvisación, tratan de desconocer que quien aprobó el protocolo de retorno a clases fue Trotta, o sea Alberto Fernández. Y no es el único caso. Kicillof en la provincia de Buenos Aires lanzó el programa ATR para que miles de docentes y estudiantes de profesorados vayan a las casas de los alumnos, lo que sin dudas acrecentará la circulación del virus, cuando el promedio semanal de contagios supera los 14.000 casos y centenares de fallecidos diarios.

También lo están impulsando en otras provincias porque la decisión es del gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Trotta, en el Consejo Federal de Educación, con los ministros de Educación de todas las provincias, peronistas y de Cambiemos, desnudando que en esta cuestión tampoco hay grieta.

Es que la escuela es quizás el último lugar donde aún hay cuarentena y la política de Alberto y los gobernadores es que todo vuelva a la “normalidad”, que nadie deba quedarse en casa y no ir a trabajar con el argumento de que “hay que aprender a convivir con la pandemia”. Eso solo podrá generar un aumento exponencial de contagios y muertes.

Muchas familias tienen dudas de mandar a sus hijos a las escuelas, conociendo mejor que nadie en qué condiciones se encuentran y por el gran número de casos diarios, pero además porque junto con los docentes se preguntan quiénes se harán responsables de semejante decisión.

El ministro Trotta plantea que la decisión de volver a clases presenciales es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Pero estos la delegan en las direcciones de las escuelas. Y además dicen que cada familia podrá definir si sus hijos asisten o no. Esto quiere decir que, si algún niño se contagia o transmite a los grupos familiares el virus, será consecuencia de la decisión de la familia y no del gobierno que adoptó la medida.

Nuevamente vemos cómo se repite el abandono, de parte de los gobiernos, de la educación pública y de nuestros pibes. ¿Por qué creer que un gobierno que durante seis meses no escuchó el reclamo de las maestras y las familias sobre la necesidad de contar con computadoras y conectividad para garantizar la continuidad pedagógica ahora se preocuparía por ellos?

Necesitamos que el gobierno garantice la conectividad y las herramientas tecnológicas para seguir estudiando desde las casas mientras invierte fondos para poner en condiciones los edificios escolares y que haya la cantidad necesaria de docentes y auxiliares en cada establecimiento. Para esto es necesario no pagar la deuda externa y dejar de subsidiar a las escuelas privadas.

 

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Luego de semanas con movilizaciones, cortes de rutas y asambleas masivas en toda la provincia, los sindicatos en lucha y el movimiento de docentes autoconvocados lograron arrancarle al gobierno provincial un importante porcentaje de incremento al sueldo básico.

Una docente de la provincia de Misiones cobraba un salario inicial de 20.000 pesos, con un básico miserable de 7.000 pesos, el resto en negro. Este enorme retraso salarial, pese al histórico reclamo de recomposición y blanqueo, fue acordado por el gobierno peronista de Ahuad en acuerdo con la burocracia sindical encabezada por la dirección Celeste de la UDPM-Ctera.

Los sindicatos docentes opositores no fueron convocados a las negociaciones con el argumento de “no tener personería” y la docencia en asamblea decidió rechazar el acuerdo y exigir 12.800 pesos de básico y blanqueo salarial.

Así fue que se multiplicaron las acciones con las maestras, realizando bloqueos en las principales rutas de la provincia, 12 y 14, y en los accesos a la ciudad de Posadas, sumándose a estas actividades también sectores indígenas, campesinos y tareeros, con sus propios reclamos.

La docencia explotó contra años de traiciones de parte de la burocracia sindical y así fue como se sumó un sector importante de afiliados al principal sindicato y se integró a la pelea como “autoconvocados”, uniéndose a la lucha de los sindicatos opositores, como el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), UTEN y Udnam, entre otros.

Finalmente, el gobierno tuvo que sentarse con los sindicatos opositores y autoconvocados, ofreciendo un salario básico de 10.500 pesos y un inicial de 30.000 pesos, oferta aceptada en una masiva asamblea abierta en Posadas. Este aumento, si bien no resuelve el problema salarial de fondo debido al atraso que vienen padeciendo, fue tomado como una victoria por la base docente.

Ademys acompañó desde un primer momento a la docencia misionera con la difusión del conflicto en CABA, en el Plenario Sindical Combativo, en la oposición nacional docente y realizó un aporte de 20.000 pesos de su fondo para apoyar la lucha misionera.

Desde Docentes en Marcha realizamos una campaña nacional de difusión en apoyo a esa pelea. También impulsamos la transmisión de un saludo del secretario general del MPL, Rubén Ortiz, en el acto realizado en Plaza de Mayo por el Plenario del Sindicalismo Combativo. Ortiz denunció claramente la complicidad del gobierno nacional, que impone techos a los salarios en las provincias, y la ausencia de la dirección nacional sindical en el conflicto, sosteniendo de este modo la tregua con los gobiernos que insisten en ajustar a los trabajadores. Es que la docencia misionera no tuvo apoyo de la conducción Celeste de Ctera, de las CTA ni de la CGT. Todas dieron la espalda a esta tremenda lucha.

Insistimos con la exigencia a la Ctera de ponerse a la cabeza de todos los conflictos provinciales por salario y condiciones laborales que se están desarrollando en todo el país, algunos desde hace más de un año, como es el caso de Chubut, a los que se suman los conflictos en La Rioja, Catamarca, CABA y provincia de Buenos Aires, entre otros. Urge la convocatoria a un paro nacional y plan de lucha junto con la mejora inmediata de los presupuestos provinciales y el nacional sobre la base del no pago de la deuda externa y un fondo de emergencia basado en un impuesto a las grandes empresas.

Este triunfo, como el logrado por los trabajadores del neumático del Sutna, demuestra que, con direcciones combativas, con democracia y organización para luchar se puede ganar. Mientras que donde se depende de las conducciones burocráticas, las luchas terminan siendo derrotadas por las patronales y los gobiernos. ¡Sigamos el ejemplo de los docentes y los trabajadores misioneros!

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys

Semana tras semana, Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, hacen alguna propuesta de retorno a las clases presenciales en las escuelas porteñas. Estas sugerencias son tan absurdas y ridículas, tan alejadas de la realidad, que el propio ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, fanático de “protocolos burbujas” para el regreso a clases presenciales, se las tiene que “rechazar” por impracticables.

Trotta ya impuso sus protocolos en San Juan y a la semana se llenaron de casos de Covid-19, tuvieron que cerrar las escuelas y retrotraer el aislamiento social a fases anteriores. Pero Trotta insiste en otras provincias (La Pampa, Córdoba, Santa Cruz, etcétera), por lo que el rechazo a las propuestas de Acuña no es por alguna “interna política contra Larreta”, sino porque lo de Acuña es inaceptable, hasta para Trotta.

El objetivo de Larreta y Acuña no es pensar en los niños y en la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje, como fundamentan. En realidad, ellos saben que sus propuestas son impracticables. Fueron desde los protocolos “burbuja” con niños separados por dos metros, con barbijos, alcohol en gel, pañuelos de papel, baños impecables, lavandina, sin contacto entre ellos ni siquiera fuera del aula, con “salas sanitarias” ante posibles sintomáticos, “trabajo en equipo con sectores de la salud” (que ni siquiera dan abasto en los hospitales). Cuestiones higiénicas que deberían ser cotidianas en cualquier escuela, pero que en las escuelas públicas del país no están garantizadas, ni siquiera el funcionamiento de los baños, agua potable, aulas con vidrios, techos sanos y un gran etcétera que ni antes ni ahora los gobiernos resuelven.

Después, entre otras propuestas, plantearon clases con doble modalidad, con algunos chicos en la escuela y otros en sus casas, de manera virtual. No supieron explicar nunca qué docentes darían las presenciales y al mismo tiempo las virtuales. O si iban a nombrar el doble de docentes para esa tarea doble, algo también absurdo, ya que ni siquiera han nombrado a miles de docentes que quedaron fuera del sistema porque los actos públicos de nombramientos se suspendieron por la cuarentena (dejándolos sin salario), “ahorrándose” el gobierno el presupuesto de salarios.

Hace poco, bajo la supuesta preocupación por miles de niños a los que el gobierno no les está garantizando la educación virtual (por falta de conectividad gratuita o de computadoras), largaron la nueva “brillante” idea: la “escuela ciber”. Ahora, miles de esos niños irían a las escuelas a “estudiar” dos horas, para hacer en las escuelas con las computadoras de las escuelas, las clases virtuales. Saltaron claramente otros problemas, como quiénes llevarían a esos niños (¿los mismos familiares que no garantizan que puedan hacer la virtualidad en la casa?), con qué computadoras (no hay esa cantidad de computadoras en las escuelas), cómo llegarían (muchos viven lejos de sus escuelas), quienes abrirían las escuelas, les darían de comer y un gran etcétera que nunca fue respondido y también cayó en saco roto.

Ahora, la última, son las “escuelas canchas de fútbol”, donde irían los alumnos a canchas de fútbol, básquet, o parques, al aire libre. Esta vez, lo absurdo llevó a decenas de memes, qué pasaría cuando hiciera frío o lloviera, u horas bajo el sol, cómo sería la conexión a internet o de luz, en qué árbol deberían ir las niñas para hacer sus necesidades y a cuál los niños, y los mismos interrogantes anteriores (quiénes darían clases presenciales, quiénes virtuales, cómo llegarían, etcétera) nunca respondidos.

Estos proyectos, además de demostrar que en el gobierno hay gente a cargo de la educación que nunca ha pisado una escuela pública para dar clases, refleja otra cuestión, política.

El objetivo de Larreta y Acuña es buscar ganar políticamente la simpatía de base  social en vistas a consolidar su masa de votantes en la perspectiva de 2021 y con la política de apertura total de la economía a costa y riesgo de los trabajadores y sectores populares y las escuelas como guarderías. Aunque se montan sobre un problema que preocupa a muchísimas familias, sus soluciones son impracticables.

Lo cierto es que todas esas propuestas esquivan la única y necesaria solución para atacar los problemas educativos en plena pandemia: garantizar, con inversión de mayor presupuesto, conectividad y tecnología gratuita para docentes y estudiantes para retomar y profundizar la educación virtual.

Desde el mes de marzo es lo que Ademys y el conjunto de la docencia venimos denunciando, más la falta de trabajo para suplentes al no cubrir cientos de cargos existentes y vacantes en el marco de la profundización del ajuste. Reiteramos los problemas de infraestructura y falta de auxiliares para garantizar la higiene en las escuelas. Esta política de abandono es lo que está profundizando a niveles escandalosos la deserción escolar.

Esto es lo que deben garantizar tanto el gobierno de la Ciudad como el nacional. Seguiremos profundizando el vínculo de los docentes con las familias para resistir los embates de Larreta y Acuña y convocando a todas las medidas de acción necesarias para garantizar que, mientras exista la pandemia, se tomen las medidas necesarias para lograr una educación virtual para todos.

 

 

 

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

La docencia misionera salió a pelear por un aumento del sueldo básico y el blanqueo salarial para recuperar el escalafón docente. Hoy una maestra cobra un salario inicial de 25.000 pesos y recién mejora después de quince años de antigüedad. El salario básico actual es de 7.000 pesos y el gobierno, en complicidad con la burocracia de UPDM-Ctera a la cabeza, quiere aumentarlo solo a 9.200 pesos. Esto fue rechazado por la docencia en lucha, que exige un básico de 12.800 pesos. La situación se agrava porque el gobierno no ha realizado ninguna propuesta para resolver la situación de los docentes.

El conflicto se fue extendiendo a otros sectores empobrecidos como consecuencia del tremendo ajuste que se está aplicando, y hoy hay bloqueos en las rutas 12 y 14, sostenidos por la docencia junto con movimientos de indígenas y campesinos y tareferos, quienes rechazan un emprendimiento empresarial de plantación de eucaliptos en las tierras donde ellos siembran. La crisis se profundiza aceleradamente en una provincia donde, antes de la pandemia, se había decretado la “emergencia alimentaria”, reflejando el hambre creciente en amplias franjas de la población. De no haber respuestas favorables a los que luchan, esta semana se realizaría el bloqueo en la zona norte de la provincia, en Montecarlo, lugar histórico y emblemático donde se desarrollaron y ganaron varias luchas de los trabajadores y campesinos misioneros.

La conducción nacional de Ctera y CTA, al igual que lo hace la CGT, ha dejado abandonados a los docentes y sectores en lucha. Es urgente que rompan la tregua y llamen a una medida de fuerza nacional para apoyar a la docencia y al pueblo de Misiones. Y no sería solo por Misiones, sino por Chubut, desde hace un año sin aumento salarial y con pagos en cuotas y atrasados,  sin cobrar el aguinaldo y con miles de suplentes que acaban de ser despedidos. En La Rioja hace nueve semanas que están de apagón virtual por aumento salarial. Los docentes de CABA también rechazaron un bono por única vez, que ofreció el martes pasado Larreta, como en Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Buenos Aires y demás provincias, que exigen aumento, trabajo y condiciones laborales e infraestructura escolar.

El gobierno nacional es el principal responsable del estado de la situación educativa en todo el país. Para resolver esto necesitamos de manera urgente un fondo de emergencia que grave a las grandes empresas y que se deje de pagar la deuda externa.

Desde Docentes en Marcha llamamos a organizar lo antes posible una reunión nacional de la oposición para apoyar a la docencia misionera y exigir y coordinar un plan de acción nacional e impulsar una campaña de fotos y una movilización a la Casa de la Provincia de Misiones. Este conflicto será tomado en la jornada del 17 de septiembre del Plenario Sindical Combativo, que culminará con un acto en la Plaza de Mayo.

Escribe Jorge Adaro, secretario general adjunto de Ademys

La respuesta de la docencia porteña ante el anuncio del gobierno de Larreta de iniciar el retorno a la presencialidad en las escuelas en medio del pico de la pandemia es contundente. Primero el gobierno utilizó la excusa de darles la posibilidad a los 5.000 niños que, por falta de conectividad, no habían podido sostener el proceso educativo en la pandemia. Luego dijeron que eran 10.000. Hasta que finalmente admitieron que la habilitación de las “ciberaulas” era para todos los niños cuyas familias así lo consideraran. Se derrumbó la mentira de Larreta que repitió durante meses, de que el 95% de los niños tenían conectividad. Y quedó claro que la intención del gobierno es habilitar las escuelas como “guarderías” para poder continuar con la apertura de toda la actividad económica en la ciudad, respondiendo a los intereses de los empresarios y dejando totalmente expuestos a los alumnos, docentes y auxiliares a la posibilidad del contagio.

Pero la protesta de la docencia obligó al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, a rechazar el protocolo presentado por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aunque ya informalmente le había dado su apoyo. Lejos de calmar las aguas y ante el empecinamiento del gobierno de Larreta de insistir, entre martes y jueves de la semana pasada miles de docentes deliberaron en asambleas distritales impulsadas por los supervisores y donde no las convocaban surgían asambleas autoconvocadas. De manera unánime se rechazó la posibilidad de regresar a las escuelas y la consigna “con pandemia no se vuelve” inundó los celulares y las redes sociales de las maestras.

Sin ninguna duda es un triunfo parcial de la docencia y de las familias, que han sido parte de las campañas de rechazo organizadas escuela por escuela.

Ademys viene siendo parte fundamental en la pelea por el sostenimiento de la cuarentena, denunciando a la vez tanto al gobierno de Fernández como al de Larreta. Ambos no garantizan las condiciones materiales para que los trabajadores y los sectores populares puedan cumplir el aislamiento sin verse obligados a tener que salir a buscar el sustento diario y advirtiendo también que tanto los estudiantes como los docentes no teníamos los recursos para sostener el vínculo pedagógico en la pandemia. Basta recordar que la única medida propuesta por Trotta fue ofrecer que los docentes nos endeudáramos tomando créditos para comprar nuestras herramientas de trabajo. Estuvimos en la calle manifestándonos contra la precarización laboral y el congelamiento salarial habilitado por la sanción de la “ley de emergencia” de Larreta, contra el cese de los suplentes y ahora contra el regreso en medio de la pandemia.

El rol de la burocracia Celeste de UTE-Ctera en las asambleas distritales fue restringir todos los reclamos a la conectividad y provisión de elementos tecnológicos. UTE se negó a sacar resoluciones que tomaran otros aspectos que nos aquejan como trabajadores y que se han profundizado en la pandemia, como la exigencia a la reapertura de las paritarias, incluso no tomando la consigna “Fuera la ministra Acuña”. Esto demuestra que son parte del acuerdo de unidad nacional Fernández-Larreta que permite que siga pasando el ajuste contra los trabajadores en todo el país. Así fue como Ctera avaló con sus sindicatos de base el regreso a las aulas en varias provincias gobernadas por el peronismo. Como Formosa, donde no garantizaron siquiera los elementos de cuidado y prevención que corrieron a cargo de los docentes. Como Santiago del Estero o San Juan, donde a los pocos días tuvieron que suspender la medida en varios departamentos por el aumento de los contagios.

Desde la conducción Multicolor de Ademys vamos a seguir incentivando la realización de asambleas que profundicen la organización de la docencia para no permitir que el gobierno logre mandarnos a las escuelas cuando tenemos arriba de 8.000 infectados diarios y más de 200 muertos por día a causa del Covid. También proponemos continuar con la articulación de acciones con las familias y con los trabajadores de la salud que se han sumado a las campañas contra el regreso a la presencialidad, siendo conscientes de los límites del sistema sanitario, que se profundizarían sin dudas con la exposición de miles de niños y trabajadores en las escuelas. Y tal como se votó en una nueva asamblea con centenares de docentes, participar de las acciones impulsadas por el Plenario Sindical Combativo y parar el próximo lunes 7 de septiembre si Larreta y Acuña intentan ese día la vuelta a la presencialidad realizando una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Educación.

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