Cada aniversario del golpe genocida, a la cabeza de nuestra columna marcha el homenaje a nuestros queridas compañeras y compañeros desaparecidos y asesinados del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista. 

El glorioso PST comenzó a sufrir duros golpes represivos mucho antes del comienzo de la dictadura. Su férrea oposición al pacto social de 1973, su pelea contra la burocracia sindical aportando a la construcción clasista de la época, ya lo habían puesto en la mira de los grupos de ultraderecha. Que actuaban a la sombra de las triple A de López Rega y el propio Perón, con la colaboración de las patotas de la burocracia sindical. Así, en mayo de 1974 y septiembre de 1975 se produjeron respectivamente las masacres de Pacheco y La Plata, con varios compañeras y compañeros asesinados, a los que se sumaron otros casos antes del golpe.

Luego del 24 de marzo, el PST tuvo más de 100 desaparecidos, la mayoría de ellos mientras continuaban en la clandestinidad su militancia contra la dictadura. 

Las víctimas llegaron hasta febrero de 1982, cuando se produjo el último asesinato, el de Ana María Martínez, que, ya con la dictadura más debilitada, tuvo gran repercusión nacional e internacional. 

El PST forjó con su heroica militancia y sus mártires, a las generaciones de luchadores que les sucedieron. Por eso, cada año gritamos: “a los caídos no los vamos a olvidar; en cada lucha, ellos están; y con un mundo socialista volverán”.

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI.

La crisis de las vacunas es mundial, por estar en manos de algunas multinacionales las patentes de vacunas, que así llegan en cantidades ínfimas a los países semicoloniales y en general al pueblo trabajador y pobre. Paraguay recibió 4.000 vacunas y sigue esperando no se sabe hasta cuando un millón más procedente de Rusia y otros 4,3 millones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no está enviando casi ninguna a ninguno de los países a los que había prometido.

Y ahora Paraguay es el primer pueblo en rebelarse contra ese desastre.

El pueblo trabajador, médicos, enfermeras y la juventud, salieron a las calles denunciando el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, la faltante de vacunas y la crisis sanitaria en general, con faltas de suministros y los hospitales colapsados. Denunciando la corrupción del gobierno que robó millones fraguando gasto de tapabocas y más. Los sectores populares exigen fuera Mario Abdo Benítez (presidente de Paraguay).

A dos horas del inicio de la protesta del viernes, los manifestantes, en total unos 10.000, fueron expulsados con gases lacrimógenos y balas de goma por la policía antidisturbios, lo que derivó en una batalla campal en pleno centro de la capital paraguaya, con un muerto y 20 heridos. Los enfrentamientos concluyeron con una escena insólita: los policías antidisturbios levantando banderas blancas en son de paz, tras quedarse sin munición.

Renunció el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. El presidente anunció este sábado cambios en cuatro ministros de su Gabinete “en aras de la pacificación”. Y prometió “todo el esfuerzo posible para suministrar medicamentos”. Pero pocos le creen.

Entre tanto, las dos fuerzas políticas de la oposición, el Partido Liberal y el Frente Guasu, han anunciado propuestas de juicio político. El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, pidió “cesar las hostilidades”.

En la calle miles de manifestantes piden la renuncia de Benítez, derechista hijo de un alto funcionario de la dictadura de Strossner.

La movilización del pueblo trabajador paraguayo muestra el camino: sólo con la movilización y la lucha se pueden imponer soluciones de urgencia, responsabilizando a los gobiernos capitalistas cómplices de este desastre, y exigiendo un alto presupuesto para salud pública que paguen multinacionales, grandes capitalistas y oligarcas, y producción masiva de vacunas por parte de un acuerdo de países latinoamericanos, sobre la base de desconocer las patentes.

9/3/2021
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“Presentamos un proyecto para que la legislatura porteña repudie los hechos sucedidos en la Escuela de Cerámica Nº1 el lunes 22 de febrero, cuando trabajadores del Ministerio de Educación fueron a hostigar al equipo docente” declaró el legislador por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Pablo Almeida

En la Escuela de Cerámica Nº1, el día lunes 22 de febrero por la mañana, en horario escolar, el Sr. Claudio Messina, asesor de la Dirección de Educación Artística y reemplazante de la supervisora Alejandra Allevato, junto a la agente Maria Fernanda Forte, se presentaron por tercera vez consecutiva en la escuela de Cerámica Nº1 para hostigar a la conducción de la misma. El propósito fue reiterar a la conducción que debía aceptar la imposición de 100% de la concurrencia presencial de estudiantes y docentes a la institución a pesar de que ésta había manifestado por escrito que no existían condiciones edilicias según el protocolo de sanidad covid-19. 

Los funcionarios recurrieron a todo tipo de artimañas como afirmar con violencia que “5 ó 7 chicos en el aula no les rinde”, ni importarles el riesgo que esto implica para la salud de la comunidad educativa. El Sr. Messina habría colocado su celular con fuerza en la oreja de la directora para forzarla a hablar con la Dra. Ada Rissetto, mientras los otros la seguían increpando.  Los mismos atropellos, gritos y violencia, sufrió la psicóloga del establecimiento, Sra. Bárbara Orduch.

La conducción de la escuela había presentado un informe detallado de los metros cuadrados que cada aula posee, que son de 4x4 o sea 16 m2, lo que significa que no pueden permanecer más de 4 estudiantes y un docente. También comunicaron que el tipo de ventilación que tienen no es cruzada ya que son aulas que dan a un patio interno. El informe hizo una propuesta de funcionamiento para garantizar la salud del alumnado según las normas del propio protocolo del ministerio.

Pablo Almeida agregó “repudiamos este accionar violento de los empleados del Ministerio de Educación que quieren imponer la presencialidad del 100% a costa de la salud de estudiantes, docentes y  familiares. Incluso pasando por arriba del protocolo que ellos mismos diseñaron. En este sentido hemos presentado un proyecto para que la Legislatura porteña también repudie el hecho y exija el cese inmediato de éstas prácticas”.

“Una vez más se muestra a las claras cual es la política del Gobierno de la Ciudad respecto a la presencialidad en las escuelas. Buscan imponer que todo el alumnado vuelva a las aulas y no les importa en lo más mínimo el riesgo de contagio como tampoco les importa vacunar a los y las docentes”.

Alberto Fernández dijo: “Estoy feliz de ponerle fin al patriarcado”. La cruda realidad de las mujeres muestra el cinismo del presidente, que parece desconocer que durante el 2020 en Argentina 298 mujeres perdieron sus vidas en manos de femicidas[i]. Y en 2021 los números que no paran de crecer, ya que en los primeros meses hemos superado los 40 femicidios en el país. Esto es solo una muestra del abismo que nos separa del fin del patriarcado.

 Desde 2015 las mujeres venimos organizándonos en la Argentina y el mundo en contra de los femicidios, lo que entendemos es el último eslabón en la cadena de las violencias basadas en el género. Con la movilización en las calles que impusimos la consigna #NiUnaMenos en cada rincón del país. Pero aún estamos muy lejos de ponerles fin.

Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales buscan frenar la movilización con la creación de diferentes organismos como “ministerios”, “consejos”, etc, que resuenan en los discursos de los funcionarios como respuesta a los femicidios. Pero estos organismos, arrancados por nuestra presión, no significan un avance para las mujeres y las diversidades sexo-genérica, ya que no van de la mano de políticas públicas serias con presupuesto adecuado, personal capacitado y con condiciones laborales dignas. Entones terminan convirtiéndose en cáscaras vacías. Además, son organismos que solo centran su atención en el hecho consumado, pero no hacen nada sobre la promoción y la prevención de las violencias. Así lo demuestra el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidades liderado por Elizabeth Gómez Alcorta, quien a principios de febrero licitó 26 millones de pesos en catering para eventos -medida que tuvo que dar marcha atrás por las críticas públicas que recibió[ii]-, mientras los refugios y los centros de atención se cierran por falta de presupuesto. Es decir, no solo que el presupuesto es insuficiente, sino que se destina a cuestiones muy alejadas de las verdaderas necesidades de las mujeres y las diversidades sexo-genéricas. 

 Otro aspecto que también genera mucha bronca social y que demuestra la responsabilidad de los gobiernos en relación a las violencias de género es la altísima tasa de violentos y femicidas que pertenecen a las fuerzas represivas del Estado. Según la Correpi, uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por un miembro de estas instituciones[iii]. El caso de Úrsula Bahilo conmocionó al país porque ella solicitó el botón antipánico, el cual nunca se le entregó, pese a haber realizado 18 denuncias a su agresor, Matías Martínez, oficial de la bonaerense. Ni los gobiernos, ni la justicia, ni la policía hicieron algo para impedir su asesinato, sino que, al contrario, le garantizaron impunidad a Martínez y le dieron vía libre a su accionar.

Por eso desde Isadora - Mujeres en Lucha este nuevo 8 de marzo gritaremos “Ley de Emergencia en violencia de género ya, en base al no pago de la deuda externa y quita de subsidios a las iglesias”. Que se destine el presupuesto necesario para garantizar refugios y planes de vivienda a tasa cero para las mujeres y la se diversidades sexo genéricas víctimas de violencia machista. Por un real acompañamiento psicológico, económico, social y jurídico.

[i] (datos relevados por el Observatorio de Femicidios Ahora Que Si Nos Ven)

[ii] (https://www.mdzol.com/politica/2021/2/11/escandalo-marcha-atras-con-el-catering-de-51-millones-del-ministerio-de-la-mujer-138581.html

[iii] (Suplemento Las 12, 19/2/21).

Frente al covid-19 y la pandemia desde marzo del 2020 la crisis económica y social del sistema capitalista se ha agudizado a nivel mundial. Las mujeres trabajadoras somos las más afectadas por esta crisis, que no es nueva, pero que ahora golpea con más fuerza porque fuimos las primeras despedidas y las que nos tuvimos que hacer cargo del incremento de las tareas de cuidado con el aislamiento mientras nos la rebuscábamos con la economía o realizábamos teletrabajo.

En Argentina de Macri crecieron aún más de lo que estaban los índices de pobreza (siendo las mujeres las más afectadas), al igual que la inflación. Pero con Alberto Fernández, lejos han quedado las expectativas de millones de trabajadoras y trabajadores que siguen cayendo en más empobrecimiento, producto de su ajuste.

El gobierno descarga la crisis sobre las trabajadoras.

Salarios de pobreza, inflación imparable y recorte de licencias, son los tres elementos que forman parte de un descomunal ajuste del gobierno y las patronales con acuerdo de la burocracia sindical sobre nuestras espaldas.

Desde marzo del 2020, cuando se decretó el aislamiento, los salarios vienen en picada, la inflación es imparable, proyectándose 45/50% promedio anual para el 2021 (El Socialista N° 492). Además de avanzar en la quita de derechos como el recorte de las licencias por covid-19 junto a otros tipos de licencias (en el caso de la docencia ahorrando millones del presupuesto al no poner reemplazantes), garantizándoles las ganancias a las patronales.

Y han podido hacerlo gracias a las burocracias sindicales de todo pelaje- CGT, CTAs- que se alinearon con el gobierno en lo que llaman “Acuerdo de Unidad Nacional”, junto a los empresarios y la iglesia, dejando correr el brutal ajuste del gobierno del Frente de Todos.

No han convocado a plan de lucha y se han encargado de desmovilizar al conjunto de la clase trabajadora, parte muy importante compuesta por mujeres, siendo las más precarizadas y con los peores salarios.

Desde Isadora - Mujeres en Lucha llamamos a movilizar este 8M para poner en el centro de las reivindicaciones, junto con la implementación de la IVE y plata para erradicar la violencia machista, la pelea por aumento salarial: salario igual a la canasta familiar; y el derecho a las licencias para todas las trabajadoras mientras dure la pandemia para atender a nuestres hijes. Que la CGT y CTAs rompan su acuerdo con el gobierno y llamen a un paro general por nuestras demandas este 8M.

Exigimos al gobierno de Fernández y los gobernadores plata para las mujeres y trabajadoras/es, no para FMI y el pago de la deuda externa.