Sep 22, 2020 Last Updated 2:54 PM, Sep 20, 2020

Izquierda Socialista

En otra semana donde, nuevamente, siguieron aumentando los contagios y las muertes por coronavirus, la principal acción del gobierno peronista de Alberto Fernández fue otorgar, vía el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, un aumento de salarios a la policía bonaerense. Ni un peso para los trabajadores de la salud o para más infraestructura sanitaria. Todo en la misma semana en que sale a la luz que varios hospitales del propio conurbano están al borde del colapso. Situación que ya está siendo totalmente desbordada en varias provincias. El contraste entre el monto y la celeridad con que se respondió al reclamo de la policía bonaerense y el congelamiento del salario de los docentes, de los trabajadores de la salud, judiciales y estatales en general es vergonzoso.

Ya en semanas anteriores, en la misma provincia de Buenos Aires, se habían asignado 37.000 millones de pesos a un denominado “plan de seguridad”. Si le sumamos lo que ahora se destina a la policía bonaerense, terminan siendo 82.000 millones de pesos dedicados a reforzar el aparato represivo. En concreto, para reprimir las luchas y los reclamos, como ya se está viendo con la declaración de “ilegalidad” y los desalojos en tierras tomadas realizados en Ciudad Evita y los que se preparan en Guernica. Esta es la política concreta de los gobiernos, tanto nacional como provinciales.

Su máxima expresión han sido las declaraciones del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que le han sumado a su ya largo currículum represivo, a su encubrimiento a la policía del gatillo fácil (como en el caso de Facundo Castro), un ataque directo a los organismos de derechos humanos que ha provocado como respuesta un repudio masivo, al que por supuesto nos sumamos. Sin embargo, el gobierno de la provincia sigue sosteniendo a Berni y, como una señal muy clara, lo volvió a colocar en primera fila al anunciar los fondos para la policía. 

El dinero terminó saliendo de un “pasaje” de fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia. Esto dio lugar a una nueva pelea “en las alturas” entre las fuerzas políticas patronales en la figura de un enfrentamiento Larreta-Fernández. Sin embargo, no debemos confundirnos, más allá de los roces tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio comparten lo fundamental de la agenda patronal, el apoyo a la renegociación de la deuda externa, el congelamiento y la baja salarial y un largo etcétera. No se trata de un debate entre distritos ricos y distritos pobres. La plata que durante el gobierno de Macri se le destinó a la ciudad de Buenos Aires no fue a salud, educación ni salarios, sino a fortalecer el aparato represivo de la CABA. Ahora, que cambia de destino y va hacia la provincia, tampoco significa un peso para los docentes ni para los  trabajadores de la salud, ni para resolver el drama del déficit habitacional. 

A los salarios congelados, que cada día pierden más poder adquisitivo, se les suma la continuidad de las suspensiones y los despidos. A los más de 300.000 puestos de trabajo en blanco, con ejemplos emblemáticos como los de la multinacional Latam, se agrega ahora el drama de la amenaza de cierre de otra multinacional, Falabella, con miles de despidos más en la mira.

Mientras tanto, el gobierno avanza “silenciosamente” con la negociación con el FMI, como reconoció esta semana el propio ministro de Economía, Martín Guzmán. El gobierno de Fernández acaba de presentar el proyecto de presupuesto 2021 en el que reconoce que, para cumplir las exigencias del FMI, se realizará un nuevo y mayor ajuste. Que, numéricamente, será el más grande desde el año 2002. El déficit fiscal deberá bajar a 4,5% del PBI, desde el 8% actual, lo que significa un recorte de 1,6 billones de pesos, el total de lo que aumentó este año debido a la pandemia. En concreto, para llevar adelante este ajuste se pretenderá eliminar tanto el IFE como el resto de los gastos sociales actuales. Frente a esto, la burocracia de la CGT como la de las CTA siguen con su sostenimiento absoluto del gobierno, dejando pasar el ajuste. Peor aún, su esfuerzo ahora está en reclamar mayores descuentos a los salarios de bolsillo de los trabajadores con la excusa de la desfinanciación de las obras sociales.

Para confrontar con esta realidad, este jueves 17 se llevará a cabo una jornada nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo donde se visibilizarán y coordinarán todas las luchas. En la ciudad de Buenos Aires se culminará con un acto central a las 17 en la Plaza de Mayo, donde será orador Rubén “Pollo” Sobrero, por los ferroviarios del Sarmiento. Estarán presentes compañeros del Sutna, profesionales y trabajadores de la salud, docentes de Ademys y los Suteba combativos, estatales y trabajadores de Latam, entre otros. En la jornada se planteará la necesidad de salir a pelear por un aumento inmediato para los médicos y las enfermeras, los estatales, los docentes y los jubilados. De pararle la mano a las multinacionales Latam y Falabella, que después de obtener enormes ganancias en todos estos años cierran y dejan a miles en la calle. De denunciar a la CGT, que solo le preocupa la caja de las obras sociales y, junto con las CTA, dejan pasar el ajuste. Exigirles que rompan su pacto con el gobierno y llamen a enfrentar el ajuste. Reclamar un aumento salarial de emergencia, que se reabran las paritarias, se prohíban los despidos y un ingreso universal para todos los que lo necesiten de 30.000 pesos.

También es fundamental, frente al ajuste en curso y al mayor que se viene tras el acuerdo con el FMI, la necesidad de un plan de emergencia para combatir las dos pandemias, la del coronavirus y la de la crisis social que se descarga sobre el pueblo trabajador. Que se financie con un verdadero impuesto a las grandes fortunas de los multimillonarios y las ganancias de los bancos y multinacionales y con el no pago de la deuda. Por este programa venimos batallando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Te invitamos a sumarte.  

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Escribe José Castillo

El gobierno peronista de Alberto Fernández, a través del gobernador Axel Kicillof, le otorgó un importante aumento salarial a la policía bonaerense. El incremento, y la celeridad con que fue resuelto, contrasta con el panorama de lo que sucede con el resto del pueblo trabajador en la propia provincia de Buenos Aires y en todo el país. 

Comparemos primero la realidad de los trabajadores bonaerenses. A la policía Kicillof le dio un incremento que lleva el salario inicial de 36.785  pesos a 44.000, (19,6 por ciento). Pero si le sumamos el plus por equipamiento, que pasó de 1.130 pesos a 5.000, así como la triplicación del valor de las horas extras, el aumento supera el 40 por ciento.

Mientras tanto, el salario inicial de un docente sin antigüedad en la provincia de Buenos Aires alcanza  31.058 pesos. El de un auxiliar de escuela, 23.000 pesos. El de un trabajador de la administración central provincial, 27.000 pesos. Y el de un ingresante del Poder Judicial de la provincia, 29.800 pesos. Como vemos, todos salarios de miseria. 

La realidad de ingresos congelados y totalmente pulverizados por la inflación se repite en todos los sectores productivos y en todas las provincias, en la actividad pública y en la privada. 

De conjunto, apenas 19% del total de los trabajadores en blanco ha tenido algún tipo de recomposición paritaria. Claro que en todos los casos fue por debajo de lo que se perdió por la inflación entre el año pasado y este. Y se cobró en cuotas.  

Para el 81% restante no hubo más incremento que el bono de 4.000 pesos de principios de año, que encima no lo cobraron todos.

Esto hace que, en promedio, los trabajadores lleven un 35% de atraso salarial. Y la realidad sigue empeorando, ya que vamos a terminar este año con 40% de inflación, sin señales de reapertura de paritarias. O, peor aún, con anuncios, como el que se hizo con respecto a los trabajadores del Estado nacional o a los docentes universitarios, de que este año el aumento propuesto es de ¡cero por ciento!

A esto tenemos que sumarle que muchos trabajadores vieron reducidos sus salarios nominales 25% debido al acuerdo que lo autoriza, firmado entre la UIA, la burocracia de la CGT y el Ministerio de Trabajo. Y que a miles de trabajadores les han pagado el aguinaldo en cuotas o, peor aún, les abonan el propio salario en “pedazos”.

Toda esta realidad se repite, corregida y aumentada, con los trabajadores en negro. A los despidos, suspensiones, salarios no pagados y todo tipo de abusos que se viven por el aprovechamiento de la pandemia por parte de las patronales, hay que sumarle que el salario mínimo, vital y móvil, el único referente legal que tiene algún tipo de incidencia sobre los trabajadores en negro, está congelado en 16.875 pesos desde octubre de 2019, hace casi un año.

Como si todo esto fuera poco, hay millones que se han quedado sin ingresos y hoy tienen que vivir de los 10.000 pesos del IFE (que al ser bimestral son sólo 5.000 pesos por mes). Cuando venimos insistiendo en la urgencia de que todo el que lo necesite reciba al menos 30.000 pesos por mes.

No se soporta más esta situación. Tenemos que exigirle a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la complicidad con el ajuste. Hay que debatir en cada lugar de trabajo reuniendo a los compañeros, haciendo asambleas allá donde sea posible, sacando pronunciamientos de cuerpos de delegados. Reclamar un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculada por los trabajadores de ATE-Indec en 70.000 pesos. Al mismo tiempo, hay que reabrir inmediatamente todas las negociaciones paritarias, sin techo alguno. 

Es un hecho que la burocracia sindical ni siquiera hace reclamo alguno de recomposición de los ingresos de los trabajadores. Mucho menos va a plantear algún tipo de medida de fuerza o plan de lucha. Al contrario, en estos días se dirige a exigir que incremente el descuento a las obras sociales, con lo que todos los trabajadores percibirán menos aún en sus ingresos de bolsillo. 

El reclamo y la lucha han quedado en las manos de las conducciones opositoras y combativas, de los compañeros delegados y de las comisiones internas que, pegados a los reclamos de la base, son los mismos que en estos meses enfrentaron las suspensiones y despidos y exigieron el cumplimiento de los protocolos de seguridad, permanentemente violados por las patronales. Por eso el Plenario del Sindicalismo Combativo se juega a fortalecer y coordinar todas las luchas, reclamando de conjunto el aumento salarial y, al mismo tiempo, dar la pelea por una conducción para la clase trabajadora, democrática y combativa. Con este objetivo este jueves 17, realizará una jornada nacional del sindicalismo combativo, que culminará con un acto a las 17 horas en Plaza de Mayo.

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Escribe Adolfo Santos

Que la dirigencia sindical burocrática de la CGT está distanciada de sus bases todo el mundo lo sabe. Pero parece que en esta cuarentena esa distancia aumentó. Asistimos indignados al acuerdo alcanzado con los patrones, con el aval del gobierno, para reducir los salarios hasta 25 por ciento. No se les ha movido un pelo frente a los masivos despidos y las suspensiones y cierres de empresas, que dejan millares de trabajadores en la calle, como aconteció con Techint, el frigorífico Penta, o con Latam.

En estos días le han reclamado al gobierno más fondos para las obras sociales, una verdadera caja negra de donde salen ríos de dinero para mantener sus prebendas. No importa que los salarios se encuentran congelados o aquellos pocos que suben lo hacen por debajo de la inflación, los burócratas sindicales tienen una prioridad: aumentar los aportes de los trabajadores. Con ese propósito fueron al encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Asistieron los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto con Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Antonio Caló (UOM) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). No hubo un solo reclamo en favor de los trabajadores, solo se habló de cómo descontar sobre los miserables salarios.

No dudamos que en un país inflacionario como el nuestro, y con una brutal pérdida de puestos de trabajo, las obras sociales se tornen deficitarias. Sin embargo, no aceptamos que se adopte el camino más fácil para resolver este problema metiendo la mano en el bolsillo del trabajador. Rechazamos cualquier nuevo descuento sobre el salario. Que la dirigencia sindical organice la lucha para exigir mayores aportes a las patronales para cuidar la salud de los trabajadores. Que le exija al gobierno aumento del presupuesto para la salud pública para poder atender a las familias de los millones de desocupados.

Lamentablemente, la burocracia sindical hace todo lo contrario, se une al gobierno y la patronal para continuar desangrando a los trabajadores. Apoyaron abiertamente el plan del gobierno en la negociación con los usureros de la deuda conscientes de que ese dinero después iba a faltar para la salud pública, por eso también son responsables de la crisis de ese sector, del cual son parte las obras sociales. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud informan que desde enero hasta la fecha las obras sociales han recibido 44.900 millones de pesos. Nadie, además de los dirigentes sindicales, sabe cómo fue utilizado ese dinero y cuál fue su destino. No dudamos de las dificultades que están atravesando las obras sociales, pero no confiamos que saldrán de la crisis en manos de la corrupta burocracia sindical.

Exigimos transparencia, que se abran los libros de las obras sociales. Que los contratos con los prestadores sean revisados por comisiones de trabajadores elegidos por la base. Que las obras sociales sindicales no sean manejadas por los dirigentes sindicales burocráticos y sus allegados, o familiares. Mientras tanto, seguiremos luchando por un sistema de salud pública único, universal y gratuito. Para eso hay que poner fin a los subsidios a la salud privada y cortar el pago de la deuda externa para que haya el dinero suficiente.

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

 

El gobierno de Alberto Fernández decidió rebajar 1% la coparticipación de impuestos a la Ciudad de Buenos Aires para destinar esa plata al pago del aumento que le acaba de otorgar a la policía bonaerense. Larreta, por su parte, repudió la quita y apelará a la Corte. Hay fuego cruzado mediático entre ambos gobiernos. Uno, el nacional, diciendo que le saca a los distritos más ricos para darle a los más pobres, y el otro, de Larreta-Macri, de Juntos por el Cambio, afirmando, como lo hizo Patricia Bullrich, “mi defensa está con los tres millones de porteños”. Los dos mienten, porque tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad vienen usando la plata de la recaudación para beneficiar a las grandes empresas y multinacionales y fortalecer el aparato represivo, no para los trabajadores, los jubilados y el pueblo. Sin ir más lejos, cuando Macri aumentó los fondos para CABA lo hizo para pagar el traslado de la Policía Federal a la Ciudad. Y ahora Alberto Fernández hace lo mismo para pagar el aumento a la bonaerense de Berni y fortalecer el aparato represivo con más patrulleros y policías como si eso resolviera la inseguridad. Esa es su prioridad.

Fernández dijo: “Todas las políticas que nosotros tomamos no son en perjuicio de nadie sino pensadas en favor de las mayorías argentinas y necesitan auxilio del Estado para crecer y avanzar”. ¡Pero manoteó plata de la Ciudad para aumentarle a los policías mientras se la niega a los profesionales de la salud, a los hospitales y los estatales! Dijo también: “Acá estamos quitando la abundancia de algunos para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina”. ¿Acaso esa plata que le saca a la Ciudad es para construir viviendas populares para que miles de bonaerenses no tengan que ocupar un pedazo de tierra a riesgo de ser reprimidos para poder levantar, aunque sea, una choza con nylon o madera? Nada de eso.

Fernández habla de la “opulencia” de la capital y de “equilibrar un país con muchas desigualdades”, pero lo que está haciendo es un manotazo de ahogado para seguir con el doble discurso de que está gobernando para los más vulnerables. En las últimas décadas el peronismo lleva veintisiete años gobernando la provincia de Buenos Aires. En ese lapso aumentaron la pobreza, el hambre, los asentamientos precarios y la marginalidad social, no fueron solo Macri y Vidal. Hoy, entre desocupados y subocupados tiene 25%, 40% de jóvenes sin trabajo y 36% de trabajadores en negro. ¿De qué reparación está hablando Alberto Fernández con esta medida?

Lo mismo vale para Larreta. Cuando el jefe de Gobierno habla de defender a los porteños debería aclarar que se trata de los bancos, las multinacionales, los ricos y los mercaderes del negocio inmobiliario que viven en la Ciudad, no de los trabajadores. En todos estos años de gobierno de macrismo y PRO en CABA la pobreza y la indigencia aumentaron sideralmente, lo mismo que las personas en situación de calle, en un “distrito rico” con trabajadores pobres, jóvenes precarizados, salarios de pobreza y hospitales vaciados.

Esta pelea entre Alberto Fernández y Larreta es la misma que libran ante la reforma judicial, Macri puso a los jueces a su servicio cuando gobernó y ahora Alberto Fernández quiere hacer lo mismo. Nada progresivo hay entre ambos.

Cuando los gobiernos patronales dicen que “manejan o disponen plata de la Ciudad o de la provincia” mienten. Esa es la plata de los trabajadores. No hay distritos “ricos o pobres”. Lo que hay es una Argentina rica en naturaleza, alimentos y recursos naturales, pero los distintos gobiernos de turno la han postrado en la miseria y la decadencia, poniendo sus presupuestos nacionales y provinciales al servicio de pagar la deuda externa, cumplir con el FMI y subsidiar a las grandes patronales. No se salva nadie, desde Alfonsín, pasando por Menem, De la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner, Macri y ahora Alberto Fernández, más allá de sus matices y discursos. Todos les perdonaron impuestos a los de arriba y se los aumentaron al pueblo trabajador, radicales, peronistas o de PRO. Fue el propio Alberto Fernández quien retrotrajo la reducción del IVA que Macri estuvo obligado a tomar en forma desesperada al final de su mandato. Fernández dijo apenas asumió que no veía bien bajar el IVA. Estamos hablando del impuesto más impopular del mundo, que pagan tanto (21%) un trabajador o un jubilado como un gran empresario. O que se mantenga el impuesto al salario, Ganancias, contra millones de trabajadores. ¿Alguien los ve pelear a Fernández y Larreta por ver cómo cambiar algo de todo esto? No.

Un trabajador tiene que laburar la mitad del año para pagar impuestos. Mientras, los grandes evaden, tienen 400.000 millones de dólares en el exterior y hasta el día de hoy ni siquiera se les ha aplicado un verdadero impuesto especial y progresivo a las grandes riquezas y ganancias a los bancos, los grandes empresarios y las multinacionales, como propone el Frente de Izquierda. Y, por supuesto, tanto el peronismo gobernante como Juntos por el Cambio han coincidido en pagar una deuda externa usuraria a los bonistas y ahora al FMI. Esas son sus prioridades.

No hay que dejarse engañar. De la pelea Alberto-Larreta nada bueno hay para el pueblo trabajador. Por eso hay que luchar por medidas de fondo, como sostenemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

 

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Escribe Claudio Funes

La multinacional de capitales chilenos Falabella, con tiendas en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil y Uruguay planea irse del país. Emplea a 4.500 trabajadores y posee diez tiendas. Es el mismo grupo empresario dueño de las nueve sucursales de Sodimac y de la tarjeta financiera CMR, que tiene cerca de 300.000 clientes. La familia Solari también es propietaria del banco Falabella, con operaciones en Chile, Colombia y Perú.

Es considerado el grupo de retail (venta minorista) líder en Latinoamérica por su facturación multimillonaria. Llegó al país en 1993, donde abrió su primer local en la provincia de Mendoza. Además de sus propios locales cuenta con tiendas en distintos shoppings y tiene presencia en la ya citada Mendoza, Córdoba, Rosario y San Juan.

Preparando su salida, Falabella anunció el cierre de las sucursales de Florida 343 y Tortugas Open Mall, en el norte del conurbano bonaerense. Y dos tiendas de Sodimac, ubicadas en Villa Tesei y en Malvinas Argentinas. Los empleados ya recibieron el anuncio de despido bajo la forma de retiro voluntario. Recordemos que la familia Solari ya había cerrado, en febrero de 2019, uno de sus locales más grandes, en la calle Florida al 600.

Fuentes del grupo dijeron a varios medios que están en busca de un “socio estratégico” ya que la intención de los socios mayoritarios es abandonar el país. “La decisión está tomada, pero no sería inminente. Hay directores que sugieren ‘frizar’ toda la operación a un mínimo y ver qué pasa luego de las elecciones del año próximo, pero son minoría”, dijeron desde la gerencia.

Tal como ocurrió con la aeronáutica Latam, estos anuncios son decisiones de la casa matriz, que incluyen el despido masivo de personal con la excusa de no poder hacer frente a la crisis económica. Una falsa excusa. Solo “padecen” una merma en sus siderales ganancias y la buscan solucionar descartando trabajadores que durante décadas los enriquecieron.

Esta afirmación surge de lo que informó el propio grupo empresario. Entre enero y junio Falabella “perdió” 136 millones de dólares, frente a las ganancias de 205 millones de dólares del primer semestre del año previo. Y en lo que va del año las acciones de la firma cayeron en torno de 30 por ciento. Los ingresos bajaron 25% y totalizaron 2.140 millones de dólares en el segundo trimestre. Queda claro, es una baja en sus ganancias, no pérdidas.

Con la excusa del complejo contexto de la pandemia y sus consecuencias, Falabella y Falabella CMR también suscribieron con la burocracia del Sindicato de Comercio, Cavalleri, el esquema dispuesto por el gobierno a través del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, mecanismo que permite la negociación de suspensiones con rebaja de salarios y reducción de contribuciones patronales.

La burocracia sindical y el gobierno peronista de Alberto Fernández venían repitiendo, y repiten, que esa medida es para preservar los puestos de trabajo.

Queda demostrado que no. El verdadero objetivo de este gobierno es garantizar la ganancia capitalista, pero a las patronales, insaciables, nada les alcanza. Por eso Falabella despide trabajadores mientras el gobierno del doble discurso del Frente de Todos lo deja pasar.

Ya pasó con Latam. Y con las otras empresas que cerraron en estos meses. A pesar de que existe un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe los despidos, hubo 300.000 desde que empezó la pandemia. Con el guiño del gobierno y la burocracia de la CGT, que los dejaron correr. Se trata de hacer justamente lo opuesto: prohibir de verdad los despidos, y que cualquier empresa que viole esta disposición sea expropiada y puesta a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores.

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