Escribe José Castillo

El gobierno de Macri viene insistiendo en que con Vaca Muerta la Argentina se transformará en una nueva “Arabia Saudita”, proveyendo más dólares que los actuales de la soja, y generando empleo y prosperidad. Nada más alejado de la realidad: lo que se viene es más saqueo de nuestros recursos, desastres ambientales y flexibilización laboral.

Vaca Muerta es una enorme “placa” de 36.000 kilómetros cuadrados, ubicada centralmente en la provincia del Neuquén, en parte de Mendoza y Río Negro, con una capacidad productiva estimada en 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas: una de las mayores reservas de ambos recursos del mundo. 

El gobierno de Macri insiste en que se trata de una gran oportunidad, que ya están llegando las inversiones y que crecen y se revitalizan los pueblos de la región. Idéntico discurso desarrolla el gobierno neuquino del MPN. Se señala incluso que, gracias a Vaca Muerta, la producción de gas creció este año 3,5% y que en 2018 comenzamos a exportar, tras años en que no llegábamos al autoabastecimiento energético.

Efectivamente, hoy ya el 36% de la producción total de gas viene de estos yacimientos llamados “no convencionales”. Y las transnacionales del sector están llegando en masa a la zona. ¿Por qué? Porque se trata de un gigantesco negociado que pagamos todos.

A las empresas que operan en Vaca Muerta se les garantiza un precio de 7,5 dólares el millón de BTU (medida internacional utilizada para el gas), totalmente por encima del costo de extracción en la zona e incluso de lo que se abona por yacimientos no convencionales similares. Tal el caso de Eagle Ford, en los Estados Unidos, donde se paga 3 dólares el millón de BTU. Las empresas que operan en Vaca Muerta se llevarán así, solamente de subsidios, 2.865 millones de dólares en 2018.

Que Vaca Muerta contiene una inmensa riqueza de recursos no renovables está fuera de toda duda. Pero lo que se está haciendo es regalárselo a los pulpos privados, generando un auténtico saqueo. Encima sin tener el más mínimo cuidado ambiental, dados los peligros que genera la tecnología del fracking, tanto ambientales como sobre la propia seguridad de los trabajadores. Ni al gobierno ni a las empresas esto le importa. Hay una “desesperación” por extraer gas y petróleo a toda costa, no deteniéndose ante nada, generando accidentes fatales y desastres ambientales como los que relatamos en esta misma página.

Cristina antes, y Macri ahora, vendieron Vaca Muerta como “la gran salvación”, que generaría decenas de miles de puestos de trabajo y millones de dólares en exportaciones. Por eso, cuando se estatizó YPF, el entonces ministro Kicillof firmó un “contrato secreto” con la transnacional yanqui Chevron para la explotación de ese yacimiento. Macri avanzó más aún, y hoy la zona está objetivamente repartida entre todos los pulpos del negocio gasíferopetrolero, lanzados con todo al saqueo.

Vaca Muerta no nos va a salvar. Es otra mentira, parecida a aquella con la que no hace muchos años se decía de la explotación megaminera. Hoy el yacimiento estrella de la Barrick Gold se encuentra prácticamente cerrado y los “miles de puestos de trabajo” se transformaron en miles de nuevos desocupados.

El gas y el petróleo son recursos estratégicos y no renovables. Hay que parar con el saqueo. Rescindir todas las concesiones, convencionales y no convencionales, y poner todas esas reservas en manos de una empresa ciento por ciento estatal que monopolice la actividad, como lo fueron en su época YPF o Gas del Estado. Así se podrá decidir en función de los intereses nacionales qué se extrae y qué no, con qué métodos, cuidando el ambiente y respetando a las comunidades originarias. Con trabajadores que tengan salarios y condiciones de trabajo dignas y que además sean la cabeza de la administración y gestión de esas empresas estatales, con centro en el desarrollo y resolución de las necesidades del pueblo trabajador y no, como sucede actualmente, al servicio de las superganancias de las multinacionales.

Desastre ambiental y muerte de obreros

Escribe José Castillo

El 19 de octubre se produjo un derrame en el yacimiento de Bandurria Sur, parte del complejo de Vaca Muerta. Se tardó más de una semana en dar a conocer un informe oficial sobre el tema. Fue un desastre ambiental grave: hubo un serio riesgo de que se desatara un incendio de proporciones inusitadas e incluso todavía no puede descartarse que el fluido que quedó “rociando” la zona no genere algún peligro de accidente.

Según denuncias de organizaciones ambientalistas, el derrame cubrió 8,5 hectáreas con otras 77 parcialmente afectadas. Se calcula que la limpieza del desastre requerirá un trabajo de al menos ocho meses.

El gobierno de Neuquén, hipócritamente, salió a anunciar que impondrá a YPF una “multa histórica” que podría llegar a 28 millones de pesos. La realidad es que este monto es trece veces menor que lo que se le impuso en San Juan a la Barrick en 2016 ante el derrame de cianuro sobre el río Jáchal (145 millones de pesos).

Los riesgos de la explotación no convencional no son sólo ambientales: en los últimos meses se han producido las muertes de dos operarios, uno en un pozo de San Francisco del Chañar, golpeado por una maquinaria de gran tamaño, y otro en el bloque La Ribera, envuelto en un incendio desatado en el lugar.

Se verifica, una vez más, el carácter contaminante y altamente riesgoso de la explotación vía fracking, así como la negligencia de controles y sanciones por parte de los gobiernos de Neuquén y el nacional.

Escribe José Castillo

Entre el gobierno nacional de Macri, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, las empresas que operan en Vaca Muerta, los gremios de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducidos por Guillermo Pereyra, y el del Personal Jerárquico que dirige Manuel Arévalo, acaban de acordar el “segundo convenio” de Vaca Muerta, declarándola “política de Estado”, restringiendo hasta el extremo el derecho de huelga en el sector. 

Esto se suma al primer convenio firmado por los mismos actores en enero de 2017 que barrió con conquistas históricas de los trabajadores del petróleo. Se eliminaban las horas extras, se dejaban de cobrar los tiempos de traslado a los pozos, se achicaban las dotaciones mínimas por cada pozo y se incorporaba el trabajo nocturno de montaje y la posibilidad de trabajar con viento (ambas cosas prohibidas por razones de seguridad). Se trataba, en síntesis, de todo un modelo de flexibilización laboral y superexplotación.

No fue casualidad, entonces, que a partir de ese momento, tanto el gobierno de Cambiemos como el conjunto de las patronales mostraran el ejemplo del “convenio de Vaca Muerta” como el paradigma de flexibilización laboral a imponer a escala nacional.

Una vez más, el modelo laboral de Vaca Muerta será usado como globo de ensayo para generalizarlo a nivel nacional. Así un burócrata sindical vinculado al gremio nacional de los petroleros adelantó, preservando su anonimato: “Vaca Muerta es un recurso estratégico para la economía del país. Lo que firmó Pereyra, para que no haya paros, está bien y lo acompañamos”.

Escribe José Castillo

El 19 de octubre se produjo un derrame en el yacimiento de Bandurria Sur, parte del complejo de Vaca Muerta. Se tardó más de una semana en dar a conocer un informe oficial sobre el tema. Fue un desastre ambiental grave: hubo un serio riesgo de que se desatara un incendio de proporciones inusitadas e incluso todavía no puede descartarse que el fluido que quedó “rociando” la zona no genere algún peligro de accidente.

Según denuncias de organizaciones ambientalistas, el derrame cubrió 8,5 hectáreas con otras 77 parcialmente afectadas. Se calcula que la limpieza del desastre requerirá un trabajo de al menos ocho meses.

El gobierno de Neuquén, hipócritamente, salió a anunciar que impondrá a YPF una “multa histórica” que podría llegar a 28 millones de pesos. La realidad es que este monto es trece veces menor que lo que se le impuso en San Juan a la Barrick en 2016 ante el derrame de cianuro sobre el río Jáchal (145 millones de pesos).

Los riesgos de la explotación no convencional no son sólo ambientales: en los últimos meses se han producido las muertes de dos operarios, uno en un pozo de San Francisco del Chañar, golpeado por una maquinaria de gran tamaño, y otro en el bloque La Ribera, envuelto en un incendio desatado en el lugar.

Se verifica, una vez más, el carácter contaminante y altamente riesgoso de la explotación vía fracking, así como la negligencia de controles y sanciones por parte de los gobiernos de Neuquén y el nacional.

Escribe Gabriel Massa

Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), estrechamente vinculado al Papa Francisco, encabezó el 27 de octubre en Mar del Plata el lanzamiento del Frente Patria Grande, que tiene como objetivo enfrentar el “neoliberalismo”, derrotando a Macri en las elecciones de 2019. Para ello llama a constituir una amplia alianza encabezada por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner pero, “sin corruptos”, junto con otros políticos patronales del peronismo. ¿Esto es una salida para los trabajadores, las mujeres y la juventud?

La idea de un frente “contra el neoliberalismo” para enfrentar a Macri puede resultar atractiva a muchos compañeros. Pero veamos en concreto lo que significa esta propuesta de Grabois.

Para llevar adelante la lucha “contra el neoliberalismo”, Grabois propone una amplia alianza con todos los que quieran enfrentar a Macri, incluyendo al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa con su Frente Renovador, el ex gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, etcétera. Los diputados y senadores que responden a estos políticos peronistas le han votado más de doscientas leyes a Macri, incluyendo, en el caso de muchos de ellos, la reforma de las jubilaciones y el presupuesto 2019 del FMI.
El peronismo, de donde provienen todos los dirigentes que entrarían en la alianza antineoliberal que propone Grabois, tiene el triste “honor” de ser quien impuso la política “neoliberal” en la Argentina en la década de 1990 con Menem a la cabeza, con privatizaciones, despidos masivos y un endeudamiento feroz.

No podemos olvidarnos que Néstor y Cristina Kirchner fueron puntales de esas políticas neoliberales en los “90 desde la gobernación de Santa Cruz, siendo los abanderados de la privatización de YPF y la entrega del petróleo y la minería a las multinacionales. Política que continuó bajo los gobiernos de Néstor y Cristina con los acuerdos con la Barrick Gold y el pacto secreto con Chevron por Vaca Muerta, mantenido y profundizado hoy por Macri.

En debate con Grabois decimos: el problema de fondo es el capitalismo, en su versión “neoliberal” o en su versión de gobiernos “progresistas” de doble discurso que terminan gobernando para los de arriba. Basta ver el desastre que han hecho en Brasil los gobiernos del PT de Lula y Dilma, Maduro y el chavismo en Venezuela, o el kirchnerismo, dejando 30% de pobres y 40% de trabajadores en negro en la Argentina.

¿Cristina sin corruptos?

La propuesta de “Cristina sin corruptos” puede despertar simpatía. A Grabois le valió una durísima crítica de la propia ex presidenta, La Cámpora y Julio De Vido, que desde la cárcel lo acusó de “ortiva” del gobierno. No es casualidad que Cristina y los suyos reaccionen así.
El kirchnerismo, con la ex presidenta a la cabeza, está metido en el barro de la corrupción. Hasta Grabois lo reconoce.

“El kirchnerismo sin corruptos” no existe. No hay ningún partido ni gobierno patronal capitalista que esté libre de corrupción. Pensemos tan sólo en los negociados con los ferrocarriles encabezados por Cristina y De Vido que terminaron en la masacre de Once, los Panama Papers de Macri o la tremenda corrupción capitalista en Brasil por los contratos entre Lula y Odebrecht. Así es el capitalismo y sus gobiernos en todo el mundo.

Lo que hace Grabois con su propuesta es difundir la falsa y reaccionaria ilusión de que puede haber un capitalismo “bueno”, sin corrupción, cuando la versión que propone es la utopía de “un capitalismo más humano” al servicio de seguir gobernando para las multinacionales, los bancos y los pagos de la deuda, sin que esto toque la estructura semicolonial del país.

Una salida obrera a la crisis

Grabois -que además sigue la política reaccionaria del Papa contra el aborto (ver nota en esta página)-, se apoya en la CTEP y sus cientos de activistas para impulsar el proyecto de una amplia alianza electoral peronista que inevitablemente, si llega al gobierno, será otra experiencia frustrante de ajuste, corrupción y entrega.

El kirchnerismo dice que en caso de ser gobierno no anulará el pacto con el FMI, renegociará la deuda y la seguirá pagando. Tampoco dice que hay que terminar con las privatizaciones, ni que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, ni nacionalizar el petróleo y el gas. ¿Cómo va a haber entonces salario, trabajo, independencia nacional y combate a las corporaciones? Imposible.

Lo que necesitamos los trabajadores y el pueblo es una salida opuesta al capitalismo. Que gobiernen los trabajadores y la izquierda. Con un plan económico alternativo para sacar a millones de la pobreza. Para esto necesitamos la unidad, pero de la izquierda y de los trabajadores, no la “unidad del peronismo”. Por eso llamamos a fortalecer la construcción del Frente de Izquierda como alternativa política que pelee por las transformaciones de fondo que los trabajadores, las mujeres y la juventud necesitan.

Escribe Malena Zetkin

Grabois lanzó el Frente Patria Grande. El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la CTEP, que se une ahora con el frente VAMOS, la agrupación femi­nista Mala Junta, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), el Movimiento Popular La Dignidad y la agrupación La Colectiva de Cecilia Merchán. Se trata de un frente que en palabras del propio Grabois “[…] se hizo para juntar votos para Cristina: no el 35% que ya tiene, eso sería pescar peces en la pecera: hay que ir a buscar al sector que está en el medio, hay que convencer a la tía gorila de que no es tan mala”.

Grabois se la tira de progre, de intentar nuclear a la generación “sub 40”, como dicen, pero fue un claro opositor al derecho al aborto legal junto a instituciones poderosas y repudiables como la Iglesia y los políticos de todos los partidos de la oposición patronal que se opusieron a ese derecho fundamental. Solo el Frente de Izquierda estuvo ciento por ciento con todos sus diputados a favor del aborto legal en el Congreso y fundamentalmente movilizando a miles en las calles para conquistarlo.

Grabois llama a hacer un frente con Cristina, la que nos negó ese de­recho fundamental siendo gobierno. Y si Cristina tuvo que cambiar su voto cuando se debatió el aborto legal en el Senado, fue por la enorme movi­lización que la obligó, no por algún cambio progresista de su parte.

En concreto, Grabois le propone a miles de mujeres activistas y lu­chadoras que estuvieron en las calles siendo parte de la marea verde, que dejen de lado la lucha por el aborto legal en pos de la unidad anti Macri.

Como emisario del papa Fran­cisco y del Vaticano, Grabois se ha encargado reiteradas veces de pro­nunciarse en contra del aborto con falaces argumentos, tales como sos­tener que se trata de un problema solo de mujeres de clase media y que las pobres están en contra de abortar. No solo las mujeres pobres y trabajadoras deciden abortar, sino que son ellas las que mueren por abortos clandestinos y más padecen la ilegalidad. Por eso miles de mujeres trabajadoras y de los barrios salieron a pelear en la marea verde y centenares comenzaron a romper con la reaccionaria Iglesia Católica a través de la apostasía -renuncia a la institución- sumándose a la campaña por la efectiva separación de la Iglesia y el Estado.

Frente al camino que están comenzando a transitar muchas referentes y activistas de la marea verde junto con Grabois, el Vaticano y Cristina, las llamamos a reflexionar críticamente sobre la perspectiva de ese rumbo político. No hay lugar para conquistar nuestros derechos de la mano de la milenaria Iglesia Católica, principal institución encargada de legitimar el dominio del cuerpo y la vida de las mujeres a través de los mandatos religiosos. Son quienes históricamente se opusieron a nuestro derecho a decidir, los que hoy encabezan la campaña que rechaza la educación sexual integral mientras defienden a los curas pedófilos, y los que mañana seguirán poniéndole freno a nuestras peleas si no los derrotamos.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y desde la agrupación de mujeres Isadora llamamos a todas las mujeres luchadoras que hoy tienen expectativas en el Frente Patria Grande a seguir en las calles, a no renunciar a la lucha por el aborto legal y a construir una verdadera alternativa política, feminista y socialista para conquistar nuestros derechos.