Aug 09, 2020 Last Updated 3:25 PM, Aug 7, 2020

Escribe José Castillo

Finalmente, el gobierno de Fernández cerró el acuerdo con los pulpos acreedores en el capítulo de bonos bajo legislación extranjera. Para preguntarse a quién beneficia, no hay más que ver los eufóricos festejos de los mercados internacionales, los especuladores, los banqueros y la aprobación de los economistas del establishment. 

Cada día se va haciendo más transparente que no puede haber una negociación “progresista” donde se crezca, haya trabajo, mejores salarios y jubilaciones y, a la vez, se pague la deuda a los acreedores.

Los detalles de la entrega

En un comunicado conjunto, los tres bloques en los que se organizaron los grandes acreedores se mostraron “complacidos”. Así lo expresaron BlackRock, el mayor fondo especulativo del mundo, y los otros usureros involucrados, como Templeton, Greylock o Pimco. No hay, por si a alguien le quedaba alguna duda, ningún “pequeño ahorrista” entre ellos. Y no es para menos que expresen su complacencia con el acuerdo.

El gobierno termina reconociendo 54,8 dólares por cada 100, 15.500 millones de dólares más que en la primera propuesta que hizo Alberto Fernández, donde ofrecía 33. Incluso por encima de lo “recomendado” por el propio FMI (que había planteado en marzo que cualquier valor por encima de 50 dólares era “insustentable”). Y también por arriba de la misma propuesta del gobierno de principios de julio, que ya era tan favorable a los acreedores que se llevó el aplauso de Luis Caputo y del mismísimo Domingo Cavallo. 

En el acuerdo la quita de capital es casi inexistente (inferior al 2%) y el promedio de intereses que se pagará será del 3% anual (en dólares, por supuesto), cuando hoy en el mundo, los bonos de deuda de otros países pagan tasas de entre el 0 y el 0,5%.

Nuestro país, que lleva pagados 5.000 millones de dólares desde que asumió Fernández, comenzará a abonar vencimientos a partir de julio de 2021. ¿En qué quedó la afirmación del presidente de que la Argentina no tenía ninguna posibilidad de pagar nada durante cuatro años? ¿No era que se iba a priorizar a los jubilados y al bolsillo de los trabajadores?

Los pasos que siguen

Pero acá no termina la historia. Inmediatamente comenzará otra negociación, esta vez con el Fondo Monetario Internacional. En esto queremos ser clarísimos, no existe ningún acuerdo “progresista” posible con el FMI. El Fondo es uno de los principales organismos del orden capitalista imperialista internacional. La Argentina tiene que pagarle al organismo casi 49.000 millones, comenzando en septiembre de 2021, y con vencimientos gigantescos entre 2022 y 2023. Sin quita posible. Lo que se negociará será un nuevo “préstamo” para patear la deuda para adelante. A cambio, el Fondo reclamará un nuevo ajuste y la puesta en marcha de lo que llama “reformas estructurales”: fiscal (menos impuestos para los ricos y achicamiento en el gasto social), previsional (liquidando las cajas y hambreando más aún a los jubilados) y laboral (destruyendo convenios colectivos y flexibilizando al máximo a los trabajadores).

Al mismo tiempo, se han conocido las pautas para la renegociación de los bonos de deuda bajo legislación local. Se trata de un monto no menor, 40.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones están en manos de grandes acreedores, y una parte muy importante en poder de un solo dueño, Pimco, uno de los mayores fondos de especulación del mundo. Este es el motivo por el que, increíblemente, se les permitirá a estos bonistas, que tienen títulos en pesos, dolarizar su acreencia.

En conclusión, toda esta renegociación, con sus distintos capítulos, nos lleva a más saqueo, colonización, miseria y explotación. Nuestro país no tiene salida mientras siga girando alrededor de esta bola de nieve imparable. Por eso insistimos en que la única salida es dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos internacionales y poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades del pueblo trabajador. 

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández quiere convencernos de que, una vez terminada la actual renegociación de la deuda con los pulpos, quedará resuelto “definitivamente” el problema de la deuda externa. Simplemente tendremos unos vencimientos perfectamente “sustentables” y fáciles de pagar en el futuro. 

Pero no es esto lo que sucederá. En la actual negociación lo que se discute son más de 60.000 millones de dólares en bonos donde cualquier conflicto se terminará discutiendo en el juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York. El mismo donde, hasta hace pocos años, estaba el temible juez Thomas Griesa, el que siempre fallaba contra la Argentina y le daba la razón a los fondos buitres y, a partir de lo cual, el macrismo, con el apoyo del peronismo, terminó pagando 10.500 millones de dólares a principios de 2016.

Hoy, ya retirado Griesa, ese juzgado está a cargo de Loretta Preska. La nueva jueza le hace honor a su predecesor. Acaba de decidir que la Argentina tiene que pagar 224,2 millones de dólares a bonistas que no entraron en los canjes 2005 y 2010 y no estaban contemplados en el pago a los buitres efectuado en 2016. Se trata de deudas por bonos emitidos entre 1997 y 2001.

Con razón algún compañero puede preguntarse ¿pero no se había pagado todo cuando se canceló esa deuda con los buitres? Y acá está la sorpresa, no. Así, el fondo buitre Attestor Master Value cobrará 67,9 millones de dólares y Trinity Investment, 156,3 millones de dólares. 

Pero eso no es lo peor. Quedan otros acreedores, buitres que todavía están “pendientes” para cobrar. Los abogados del estudio yanqui Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan a la Argentina, le pidieron a la jueza que “acelere el listado de bonistas que aún tienen en su poder bonos en default 2001”. ¿Cuántos y quiénes son? No se sabe. Algunos dicen que se trata de 300 millones de dólares, otros de 800. Sebastián Maril, director de Fin.Guru, asegura que puede llegar a 3.000 millones. Increíblemente, el escrito presentado por los abogados que representan a la Argentina dice que están dispuestos a pagar para demostrar “respeto por las leyes norteamericanas y a la investidura de la magistrada” (Ámbito Financiero, 9/7).

Y aun cuando paguemos todo eso, no terminarán ahí los juicios contra nuestro país que tiene en sus manos la jueza Preska. El fondo buitre Burford le reclama a la Argentina un monto indeterminado de un mínimo de 3.000 millones de dólares y un máximo de 12.000 por la estatización de YPF. ¿Qué tiene que ver ese buitre con YPF? La historia es increíble, cuando se produjo la estatización en 2012, el Grupo Petersen (de Eskenazi, que ingresó gratis en YPF de la mano de su amigo Néstor Kirchner) le reclamó al mismo gobierno peronista kirchnerista una “indemnización” por la estatización. Y lo hizo en los tribunales de Nueva York. En 2015 Petersen quebró y le vendió la deuda al fondo buitre Burford, que ahora reclama que se le pague ante la jueza Preska.  

La jueza también tiene en sus manos otro juicio contra nuestro país. El del fondo buitre Aurelius, que reclama cobrar el cupón PBI de 2014, que no se pagó porque la Argentina ese año creció menos de 3,2 por ciento. Pero Aurelius alega que ese PBI estuvo “mal medido” y que entonces le toca cobrar, por supuesto, con intereses y punitorios. 

Dejamos todo en manos de “William Boo”

Hace décadas, hubo un exitoso programa de lucha en la televisión argentina que se llamaba Titanes en el Ring. Allí las peleas eran en realidad un show donde había “buenos y malos”. Lo mismo sucedía con los árbitros. El peor se llamaba William Boo, que dejaba “hacer” y ganar siempre a los malos. 

Que la deuda argentina se tenga que dirimir siempre en los tribunales yanquis (más aún, siempre en el mismo) es exactamente lo mismo. Griesa y Preska son William Boo. Ya sabemos, sus fallos siempre van a ser, por definición, a favor de los buitres y contra nuestro país. 

La deuda externa es una bola de nieve 

Todo lo anterior está directamente relacionado con la actual negociación. El gobierno de Alberto Fernández ya le cedió 15.000 millones de dólares más a los pulpos acreedores desde que lanzó la primera propuesta. La quita de capital es prácticamente cero, se acepta abonar el doble de intereses que en la propuesta original y se empezará a pagar a partir de 2021, y no con “tres años de gracia” como se decía antes. 

Sin embargo, puede darse que, aun después de ceder todo esto, queden bonistas que no acuerden y quieran más. Y vayan a juicio con Preska. Entre ellos hasta puede estar BlackRock, el fondo más poderoso del mundo. ¿Nos imaginamos cómo terminará este reclamo?

Recapitulemos. Por todo esto decimos que la deuda externa argentina es una estafa permanente y que no hay salida si seguimos pagando. Vamos a terminar pagando una fortuna a estos bonistas tras la reestructuración. Y luego seguirá lo que “arreglemos” en la renegociación con los bonistas bajo legislación local. Y después vendrá la discusión de cómo pagamos los 49.000 millones que le “debemos” al FMI.

Y cuando termine todo eso todavía faltarán las deudas provinciales. Y el Club de París. Y, aun cuando paguemos todos estos vencimientos seguiremos siendo declarados “deudores” por la jueza Preska que nos exigirá todo lo que explicamos más arriba. Más lo que reclamarán en el futuro los nuevos buitres. Y así hasta el infinito. 

Por eso insistimos. La única salida es repudiar de una vez la totalidad de esta deuda externa, que es ilegal, ilegítima e inmoral. Que no tiene “sustentabilidad” que valga. Sin vueltas, hay que dejar de pagarla y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.




Escribe José Castillo

Esta semana sigue el partido de póker de la renegociación de la deuda. “Hay disposición mutua para alcanzar un acuerdo”, dicen tanto los funcionarios del Ministerio de Economía como los voceros de los bonistas. Más allá de cómo termine esta anécdota de la renegociación, que tiene un final pautado para este viernes 22, pero, como ya se anticipa, “podría alargarse un poco más de mutuo acuerdo”, algunas cuestiones vienen quedando claras. Son las que queremos destacar.

Primero y principal, ya nadie esconde quiénes son los famosos “bonistas”. Acá no hay ningún jubilado ni pequeño ahorrista. Se trata de lo peor del establishment financiero internacional, los buitres de los buitres, los especuladores que sobrevuelan el mundo haciendo ganancias parasitarias colosales. Tienen nombre y apellido, e incluso se han agrupado en “clubes de acreedores” para así presionar y sacar mejor tajada. Así, los pesos pesados BlackRock y Fidelity encabezan el autodenominado Grupo Argentina Ad Hoc (Ad Hoc Bondholders Group), junto con otros buitres menores como Ashmore y T. Bowe Price. Los sigue el Comité de Acreedores de la Argentina (Bondholders Group) coordinado por otro gigante, Greylock Capital, al que se sumaron Gramercy y Fintech, dos “viejos conocidos”, que fueron los grandes ganadores de los canjes kirchneristas de 2005 y 2010, y ahora vienen por más. Y, por si todo esto fuera poco, queda un tercer club de acreedores, el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina (Exchange Bondholders Group), donde están agrupados otros fondos de inversión que también participaron en los canjes 2005-2010, como Monarch, HBK Capital, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group. Por fuera de estos “comités” o “clubes” de acreedores, también están al acecho otros grandes tenedores de deuda argentina, Pimco y Templeton.

¿En qué consiste la actual “negociación?

La sintetizamos: el gobierno argentino lanzó una oferta muy buena y amigable para estos pulpos acreedores (confesada así por los propios funcionarios), casi nada de quita de capital, intereses muy por encima de los que hoy se pagan en el mundo y un “período de gracia” (tiempo que transcurre hasta que se hacen los primeros pagos) de tres años. Todo muy lejos del discurso inicial de Alberto Fernández de “no podemos pagar con el hambre del pueblo”. Los buitres acreedores, por su parte, negocian fuerte y presionan porque no quieren ninguna quita de capital, más intereses y que se empiece a pagar antes de los tres años, más algún “premio extra”, como el que en su momento les dieron Kirchner y Lavagna en 2005, con los llamados cupones PBI, que generaban pagos adicionales de deuda si el país crecía más allá de un determinado porcentaje (en ese momento 3,2 por ciento).

La respuesta del gobierno es que está abierto y “flexible” para negociar todo. Traducido, acepta que se analice empezar a pagar antes de 2023, menos (o ninguna) quita de capital, más pago de intereses y discutir algún “premio” para los acreedores (incluyendo algún pago “al contado” en un momento próximo).

¿A dónde nos lleva todo esto?

La deuda es una auténtica bola de nieve de la que así no saldremos más. Vamos a dar un par de ejemplos didácticos: el próximo viernes vencen 503 millones de dólares de los bonos “globales” 21, 26 y 46. ¿De dónde salieron estos bonos? Fueron una emisión de Mauricio Macri en 2016 que generaron nueva deuda por un total de 14.500 millones de dólares. De hecho, entraron al país apenas 13.000 millones. Lo interesante es ver en qué se usó esa plata. La mayoría, 9.300 millones, fueron para pagarle a los holdouts, o sea a los fondos buitres que ya venían litigando contra la Argentina. Recordemos que ese famoso pago fue autorizado en los comienzos del gobierno de Macri con el voto positivo de la inmensa mayoría de la bancada peronista de entonces. Como vemos: deuda para pagar deuda anterior.

Sigamos el hilo del razonamiento, que nos llevará al segundo ejemplo ilustrativo. Los fondos buitres eran los que no habían aceptado los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. ¿Era acaso que el resto de la deuda ya se había arreglado y, como sostenía la propaganda oficial de aquellos años, “nos habíamos desendeudado”? De ninguna manera, y como mejor muestra tenemos que ahora mismo, en la reestructuración, aparecen fondos como titulares de esos bonos 2005 y 2010, unidos en dos de los grandes grupos de acreedores que presionan por una “mejor propuesta”. Traducido, que se les pague más, con más intereses y en plazos más cortos.

Esto es apenas un pantallazo de la deuda que venimos pagando infinitamente. Deuda cuyo origen último está en la dictadura militar genocida, luego reconocida y renegociada por todos los gobiernos posteriores, sin excepción. “Canjeada” por Menem, primero, y por los Kirchner después. Siempre generando nuevos vencimientos, sumas de intereses sobre intereses, y provocando que, para “pagarla”, se tome nueva deuda de los pulpos del establishment, como en los casos citados. Pero además de organismos internacionales, centralmente el FMI, y otros, como el Banco Mundial y el BID. Incluso reconociendo deudas pendientes directamente con otros Estados, como el caso del llamado Club de París, que se originó en préstamos que los gobiernos europeos de entonces le hicieron a la dictadura de Videla.

En síntesis, de cualquier manera que termine este capítulo de renegociación de la deuda, nada se solucionará. Quedará una inmensa hipoteca a seguir pagando a estos mismos buitres. Y apenas será la antesala de otras dos “negociaciones”: la que se hará con los “tenedores de bonos bajo legislación local”, que en la mayoría de los casos son los mismos pulpos, en este caso encabezados por Fidelity. Y luego, la que vendrá con el Fondo Monetario Internacional, por nada más ni nada menos que 49.000 millones de dólares y donde el propio organismo ya anticipó que con ellos no corre ningún tipo de “quita”. Para que quede claro, todo esto implica miles de millones de dólares en pagos que ya quedan pautados de acá a los próximos cien años. Hambre, miseria, saqueo y marginación para cuatro generaciones del pueblo trabajador argentino.

Todos unidos a favor de pagar. Solo nos oponemos desde la izquierda

A pesar de que decenas de economistas, estudiosos del tema del endeudamiento y líderes sociales de todo el mundo salen permanentemente a alertar sobre las consecuencias de endeudamientos astronómicos como el argentino y la imposibilidad de pagarlos, existe actualmente una macabra coincidencia política: el gobierno peronista, la oposición de Juntos por el Cambio, las centrales patronales, la burocracia de la CGT y las CTA, todos, sin excepción, están por pagar, diciendo que lo peor que nos puede pasar es “caer en default”. A este coro se sumó en estos días la Iglesia Católica, en la voz de Stefano Zamagni, presidente de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, quien sostuvo en una reciente teleconferencia organizada por la Universidad de Tres de Febrero que hay que “convencer a algunos bancos de aceptar el plan de reestructuración, en especial al fondo BlackRock, que tiene una fuerza de trillones de dólares”.

Del otro lado quedamos solamente la izquierda y el sindicalismo combativo. Insistiendo una y otra vez que así nos hundiremos una vez más, que no podemos pagar ni ahora, ni en 2024, ni nunca. Que la única salida es dejar de pagar inmediatamente esta ilegal, inmoral e ilegítima deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos financieros internacionales. Si los pulpos del establishment forman clubes de acreedores, nosotros tenemos que llamar a conformar un gran club de deudores a todos los países de Latinoamérica, siguiendo el ejemplo de lo hecho por varios países africanos, que se juntaron para plantear la condonación total de sus deudas externas. En medio de la emergencia de la pandemia del coronavirus, más que nunca se impone utilizar todos esos recursos que hoy están yendo a manos de los buitres especuladores para destinarlos a un gran fondo de emergencia y así atender las más urgentes necesidades sanitarias y de la crisis social. 

Escribe José Castillo

Pasada la fecha del 8 de mayo, autoimpuesta por el gobierno para el “cierre” de la renegociación de la deuda, tal como se esperaba, todo se pospuso hasta el viernes 22. Seguirá en estos días la partida de póker de mentirosos, entre un gobierno que dice “para la tribuna” que no pagará nada a costa del pueblo, mientras por detrás guiña el ojo y le dice a los buitres acreedores que presenten una contrapropuesta, y los propios fondos que, con toda la experiencia del establishment internacional, aceptan el juego y también sostienen para afuera que “la propuesta es inaceptable”, a la vez que se disponen a contraofertar y así seguir el juego con la seguridad de que al final serán los que saldrán ganando.

En medio de tantas idas y venidas es lógico que surjan dudas que recogemos entre nuestros compañeros de trabajo, de estudio, amigos, vecinos y familiares. Hay una enorme confusión acerca de qué es “renegociar la deuda”. ¿Se trata acaso de “dejar de pagar”? ¿Es una especie de moratoria (decisión unilateral de un país de no abonar por una serie de años)?

Nada de eso. Digámoslo con todas las letras, renegociar es pagar. “No queremos caer en default”, “nuestro objetivo es tener un esquema que nos permita cumplir con los acreedores”, son frases textuales del ministro Guzmán y del propio presidente Fernández. Por eso, pongamos orden en tanto palabrerío. Todos están por pagar, Alberto Fernández, Macri, los empresarios, la Sociedad Rural, la CGT. También, por supuesto, todos aquellos visitados por Alberto en busca de apoyo: Merkel, Macron, el papa Francisco. Y, obviamente, aunque increíblemente se busque ahora disfrazarlo de “progresista”, el FMI. 

De acá sacamos entonces una primera conclusión: la izquierda y el sindicalismo combativo somos los únicos que estamos en contra de la “renegociación”, simple y claramente, porque insistimos en que no hay ninguna salida si seguimos pagando la deuda, el objetivo explícito de toda la negociación.

“Renegociar” implica, previamente, reconocer como legítima a la deuda y sus acreedores. ¡Eso es lo que está haciendo el gobierno de los Fernández! Reconoce la deuda de Macri después de haber dicho una y mil veces que solo sirvió para aceitar la bicicleta financiera. Pero además está reconociendo toda la deuda anterior (aceptando de paso, aunque no lo diga, que era mentira que “nos habíamos desendeudado”, como afirmaba mentirosamente el kirchnerismo). Ahí están, como mudos testigos, los bonos de los canjes de Néstor y Cristina de 2005 y 2010, metidos también en la actual renegociación. Y, por sobre todo, y nunca nos olvidemos, se está reconociendo una vez más la totalidad de una deuda cuyo origen está en la genocida dictadura militar, inmoral, ilegal, ilegítima y fraudulenta, tal como lo estableció la propia Justicia en el año 2000 con el fallo del juez Ballesteros. 

Va entonces la segunda conclusión. Nosotros, la izquierda, seguimos siendo los que, coherentes con nuestra denuncia de ese carácter del endeudamiento, nos negamos a reconocerla y por eso también exigimos dejar inmediatamente de pagarla.

“Renegociar” no es “resolver definitivamente” el drama del endeudamiento argentino. Lo que hoy se está discutiendo con los acreedores son 66.000 millones de dólares. Es apenas una porción de los 330.000 que debe el Estado nacional y menos aún de los casi 400.000 millones de dólares si le sumamos las deudas provinciales y la del Banco Central. Cualquier arreglo con los pulpos acreedores, hoy sentados a la mesa de negociación (que, insistimos, no le saldrá para nada gratis a nuestro país), dejará pendiente a los que siguen en la fila: los bonistas con legislación local, ¡el FMI!, que vendrá por sus 49.000 millones, y un sinfín de letras y bonos repartidos en manos de diversos grupos de pulpos acreedores. 

Insistimos, y es nuestra tercera conclusión. Decimos que no hay que pagar no por tozudez, o por decir cosas “utópicas”. La utopía reaccionaria es la de aquellos que sostienen que hay alguna salida pagando y que mienten sosteniendo que así se resuelve el problema de la deuda. 

Toda la experiencia histórica, nacional e internacional,  nos da la razón. Nunca hubo una renegociación de la que saliéramos ganando. Limitando nuestro análisis a la deuda actual generada por la dictadura, el primer “canje” lo hizo Menem en 1993. Fue el llamado “Plan Brady”, nos quedamos sin ferrocarriles, teléfonos, gas ni petróleo mientras la deuda siguió creciendo. Luego tuvimos el “megacanje” de De la Rúa que solo sirvió para aumentar el monto de endeudamiento en 50.000 millones de dólares. Por último, estuvieron los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. A contramano del doble discurso del “desendeudamiento”, los Kirchner llegaron al poder debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron durante sus mandatos 200.000 y cuando dejaron el gobierno en 2015 debíamos 240.000. Estos ejemplos, o los internacionales, como los casos cercanos de Grecia y Portugal, nos demuestran que ninguna renegociación sirvió a los pueblos para librarse del mal de la deuda externa, solo terminaron trayendo más ajuste y saqueo.

Cuarta y última conclusión: se puede, y se debe, no pagar la deuda externa. Se puede, como lo demuestran los más de 250 casos de cesación de pagos que se dieron en el mundo en los últimos dos siglos (estudiados y citados por los economistas de Harvard Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff). Se puede, como lo impuso la movilización popular del Argentinazo en 2001. Se puede, llamando a conformar un club de países deudores latinoamericanos para así enfrentar cualquier intento de represalia del capitalismo imperialista, tal como lo hace hoy África, donde hay un llamamiento conjunto de varios países para el desconocimiento de sus deudas. 

Se puede y se debe, finalmente, porque en medio de la pandemia del coronavirus no cabe ninguna duda de que hay que poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares. La deuda externa, la cadena más sólida de nuestro sometimiento al imperialismo, el motivo más importante de nuestra decadencia, de la miseria y el hambre de nuestro pueblo, debe romperse. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a hacerlo, conformando la más amplia unidad con todos aquellos dispuestos a avanzar en este sentido.  

Escribe José Castillo

En medio de la pandemia, y al mismo tiempo que se sigue con el doble discurso de “no pagaremos con el hambre del pueblo”, Alberto Fernández le abonó al Fondo Monetario Internacional 320 millones de dólares el lunes pasado. Es tan vergonzoso y opuesto a todo lo que se está diciendo que, increíblemente, se trató de mantener la operación “en secreto”. De hecho, fue dada a conocer por la agencia internacional Bloomberg y repudiada por nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano antes de que la noticia finalmente apareciera en el diario La Nación, único medio que lo registró.

El pago corresponde a un vencimiento de intereses del pacto firmado por Macri con el FMI en 2018, por el cual la Argentina terminó endeudada por 44.000 millones de dólares con el organismo. Este pago, como otros subsiguientes fijados para agosto y noviembre, ni siquiera reducen el monto, ya que son en concepto de “intereses” (por eso supuestamente le debemos al Fondo 49.000 millones, ya que 5.000 corresponden a estos intereses que engrosan la deuda). Recordemos que el propio Alberto Fernández, al igual que las autoridades del FMI, reconocieron que la totalidad del préstamo se utilizó para financiar la fuga de capitales de los especuladores financieros amigos del ex presidente. 

Denunciamos que, en medio de las necesidades generadas por la pandemia del coronavirus, el gobierno destine ese dinero al FMI. Con esos 320 millones de dólares se podrían haber contratado por un año (con salarios de 50.000 pesos por mes) a 3.200 trabajadores de la salud, o comprado 32.000 respiradores u ocho millones de barbijos. Es una vergüenza que se priorice el pago de la deuda por encima de las más urgentes necesidades populares. Por eso seguimos insistiendo, hay que suspender ya mismo todo pago de deuda externa, incluyendo el acuerdo con el FMI, y destinar todos esos recursos a un fondo de emergencia para atender los requerimientos sanitarios y sociales del coronavirus. 

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