1.      Triplicación del presupuesto en salud en todo el país

2.      Recomposición salarial de todo el personal a partir de un sueldo inicial igual a la canasta familiar fijada por el personal del Indec. Rechazo a los bonos temporarios por la duración de la pandemia

3.    Reposición de todas los vacantes existentes en el sistema público, que solo en la provincia de Buenos Aires alcanzan a 2500 profesionales. Incorporación automática a la planta permanente hospitalaria de la última promoción de residentes en todas las especialidades de salud. Rechazo a los contratos temporarios por la duración de la pandemia

4.      Provisión en calidad y cantidad de los insumos médicos necesarios para atender a la población en la actual pandemia

5.      Cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Especial cuidado del personal de salud que dispondrá en todo momento de los elementos protectores correspondientes.

6.      Cumplimiento estricto del licenciamiento de los mayores de 60 años, embarazadas y portadores de patologías de riesgo.

7.      Incorporar la infección por COVID 19 a la lista de enfermedades profesionales y su cubrimiento estricto por parte de las ART.

8.      Creación de comités de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores que entienda en los problemas de gestión de la emergencia, monitoree las necesidades y distribución de recursos y elabore protocolos donde no los hubiera.

9.      Nacionalización de clínicas, sanatorios y laboratorios privados bajo gestión estatal y control de sus trabajadores

10.  Nacionalización de la producción y distribución de insumos médicos, medicamentos, sueros y vacunas para enfrentar la epidemia. Suspensión de la vigencia de patentes internacionales que cubren insumos necesarios para enfrentar la epidemia.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El gobierno de la República de Irlanda anunció el 24 de marzo pasado la nacionalización transitoria de los sanatorios privados mientras dure la pandemia. Los empresarios privados aceptaron la medida que pone bajo gestión estatal 2.000 camas, 9 laboratorios y varios miles de trabajadores de salud. En este país de casi cinco millones de habitantes, los contagiados por el COVID 19 habían sobrepasado la barrera de los 1.000 casos entre los cuales se encontraba el 25% de los trabajadores de la salud.

La drástica medida tomada por el gobierno irlandés pone en primer plano un tema crucial: la escasez de recursos para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, en Italia a fines de marzo había 26.000 internados de los cuales 3.800 estaban en terapia intensiva. Mandar a los más ancianos a morir en su casa es la triste solución implementada ante el ajuste económico que en diez años sustrajo a la salud 37.000 millones de euros.

Nuestro país después de años de desinversión y ajuste no escapa a esta degradación del sistema público. Mientras la OMS aconseja 8 camas cada 1.000 habitantes, la Argentina posee 4,5 que se distribuyen muy desigualmente. Mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 7,1, la provincia tiene 5,5 pero, La Matanza solo 1 cama cada 1.000 habitantes.

Esta falta de camas debe solucionarse como en Irlanda. El gobierno debe nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios. Este enorme aflujo de recursos materiales y humanos gestionado por el Estado permitiría encarar acciones que hoy parecen imposibles como la extensión del testeo y la internación y aislamiento de infectados.

El Hospital Italiano niega la cuarentena a sus trabajadores, de los cuales ya hay 10 infectados; el Sanatorio Güemes obliga a trabajar sin protección a sus empleados. En plena pandemia, la Confederación que los agrupa pide subsidios al gobierno para “afrontar los gastos”, silenciando que en conjunto deben 10.000 millones de pesos a la AFIP, sin contar los intereses. Nacionalizarlos bajo control de sus trabajadores será un gran beneficio.

Asistimos, por otra parte, a un encarecimiento de insumos en todo el mundo, incluida la Argentina. En Inglaterra una empresa fabricante de kits para test rápido de COVID 19 aumentó en días el precio en un 70%. Cepheid, la principal productora mundial, vende el test a 19,80 dólares cuando su costo es de 3 dólares.

Entre nosotros los precios de insumos médicos en general subieron en el primer trimestre 22%, pero los insumos para coronavirus lo hicieron en un 83% en promedio; en el podio del aumento especulativo se ubican los barbijos con un incremento del 255%. En cuanto al alcohol en gel, que subió un 34%, se supo hace dos semanas de una maniobra de acaparamiento y especulación por parte de la cadena Farmacity que desabasteció sus locales de venta del producto y los ocultó en un galpón de acceso cerrado a las autoridades.

Frente a estas maniobras patronales el gobierno debe nacionalizar la producción y distribución de insumos médicos y, además, suspender la vigencia de las patentes nacionales e internacionales que lo impidan, de todas los tests, vacunas, medicamentos e insumos necesarios para enfrentar la pandemia.

1- Plata para salud: aumento de todas las partidas presupuestarias para dar respuesta a la pandemia. Más puestos de trabajo, mejores salarios, más insumos y más infraestructura. Nacionalización de clínicas y laboratorios privados.

2- ¡No a las presiones de las patronales! Que todo trabajador no esencial se quede en su casa. Entrega a aquellos que deben concurrir a su trabajo de todos los elementos de seguridad e higiene ante la pandemia.

3- No a ningún tipo de rebaja salarial. Que a todo trabajador se le garantice el 100% de su salario.

4- ¡No a la inflación ni al desabastecimiento! Efectivo control de precios para los productos de la canasta familiar e insumos necesarios para protegerse del coronavirus, con aplicación de la ley de abastecimiento a quien lo viole.

5- Impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias. No pago de la deuda externa. De ahí deben salir los recursos para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores

Escribe José Castillo

En estos días vemos una suba enorme en los productos frescos, en particular de verdulería y carnicería. En este último caso se verificaron aumentos de 12% en los cortes más populares. Los mayoristas le tiran la pelota a los minoristas (“la culpa es de las carnicerías”) y éstos responden que los precios ya vienen con alza desde los grandes frigoríficos. Como siempre, la culpa no la tiene el pequeño negocio de cercanías, sino las grandes cadenas de hipermercados y supermercados, que son los que definen los precios que luego se “replican” al resto de los comercios.

Hace un par de semanas el gobierno estableció “precios máximos de referencia” para 2.300 productos. Según la disposición, dichos bienes tenían que retrotraer sus precios al 6 de marzo. Se abrió, incluso, una página web para que los consumidores pudieran “consultar” e incluso “denunciar” violaciones a esos valores.

Pero la realidad es muy distinta de los anuncios. Todos observamos cómo los precios siguen subiendo. O, directamente, los artículos con precios máximos no están en la góndola. Los que pertenecen a los viejos “precios cuidados” ya ni se indican en la mayoría de los locales de las grandes cadenas.

¿Qué hace el gobierno frente a esto? Absolutamente nada. Se afirma que hubo 1.860 operativos de inspección en los que se detectaron irregularidades en ocho de cada diez inspecciones. Sin embargo, increíblemente, apenas se dieron nueve clausuras, en ningún caso de alguna cadena importante. ¡Nadie sancionó a Farmacity cuando se descubrió que acaparaba miles de packs de alcohol en gel especulando con el faltante para subir el precio!

¡Hay que hacer cumplir de verdad los precios máximos! Exigimos la aplicación de la Ley de Abastecimiento que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a las empresas que violan la disposición. Y en particular, reclamamos su aplicación contra los verdaderos formadores de precios, las grandes cadenas de híper y supermercados, los monopolios de la alimentación, de los productos de limpieza y tocador y los laboratorios medicinales.

Es un hecho recurrente en estos días. Se suman las denuncias de empresas que obligan a sus trabajadores a concurrir a sus lugares de trabajo aunque no cumplan tareas definidas como “esenciales”. Y otros a los que no se les entregan los elementos mínimos para preservar su salud ante la pandemia.

Escribe Claudio Funes

La escena del miércoles pasado, primer día “hábil” de la cuarentena, lo dice todo: kilómetros y kilómetros de cola en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Se trataba acaso de “veraneantes” que volvían tras haber violado la cuarentena? Seguro que había alguno, pero la inmensa mayoría estaba concurriendo a sus lugares de trabajo. Lo mismo podía observarse en las estaciones de trenes del conurbano con miles de usuarios esperando para abordarlos. Esta escena, que por la cantidad de gente se visibilizaba más en la Capital y el conurbano bonaerense, también se repitió en el resto del país.

¿Qué estaba sucediendo? Muy simple, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores cumple consciente y disciplinadamente la cuarentena, las patronales tratan de violarla por todos los medios posibles. Hay todo tipo de trampas que se sintetizan en considerar como actividad esencial cualquier cosa, obligar todos a concurrir y entregarles a cada uno el “papelito” para transitar. Los trabajadores de Bimbo llegaron a denunciar que los hacen concurrir para elaborar productos congelados de exportación. Incluso se da el caso de empresas como Ledesma, que se niegan a licenciar a los mayores de 60 años

El otro gran incumplimiento, esta vez criminal, por parte de las empresas, consiste en no entregar a sus trabajadores los elementos mínimos para evitar que se contagien, desde barbijos hasta alcohol en gel o lavandina. Esto se verificó hasta en los lugares críticos: clínicas y sanatorios donde los propios trabajadores de la salud tuvieron que reunirse y exigir la entrega de esos insumos. Los ferroviarios del Sarmiento tuvieron que llevar adelante toda una pelea para que esto primero se visibilizara y luego se resolviera.

Las patronales abusan con la complicidad de la burocracia sindical, que deja correr todo esto. Desde el sindicalismo combativo decimos que no hay que dejarlo pasar, hay que hacer asambleas, ruidazos o lo que sea necesario para que todo trabajador no efectivamente esencial permanezca en su casa, con su salario y su puesto de trabajo garantizado. Y que todo aquel que cumple una tarea efectivamente esencial lo haga con absolutamente todos los elementos y garantías de seguridad e higiene que la emergencia amerita.