Escribe Guido Poletti

Las audiencias públicas para autorizar aumentos en la tarifa del gas repitieron lo sucedido en oportunidades anteriores: centenares de usuarios, individuales y a través de asociaciones, trabajadores y la izquierda pronunciándose en contra. Pero la reunión resultó un mero trámite, porque los beneficios a las empresas ya están decididos. 

Nuestro diputado nacional por Izquierda Socialista Juan Carlos “Gringo” Giordano se solidarizó con los participantes en la audiencia y repudió el aumento que reclaman las empresas con la complicidad del gobierno. 

Giordano denunció que se les está reconociendo a estos pulpos un precio a boca de pozo definida por ellos mismos y totalmente por encima del verdadero costo de extracción y del valor internacional (piden una suba de 3,7 dólares por millón de BTU a 7,5, más del 100%). Denunció a los beneficiarios del denominado Plan Gas que van a recibir 5.000 millones de dólares de subsidios: Tecpetrol-Grupo Techint (Paolo Rocca), Pan American Energy (Bulgueroni), CGC (Hugo Eurnekian), la Francesa Total, Pampa Energía (Marcelo Mindlin) y Chevron, entre otros. Todos con el apoyo de los gobernadores de provincias petroleras y burócratas sindicales como Guillermo Pereyra que ya firmó la flexibilización laboral para los obreros de Vaca Muerta.

Giordano volvió a reafirmar la salida que postulamos desde la izquierda: anular las concesiones y reestatizar las privatizadas para que pasen a manos del Estado y sean puestas bajo control y gestión de sus trabajadoras y organizaciones de usuarios. Todo el sistema gasífero-petrolero debe ser parte de una gran empresa y una YPF 100% estatal que concentre la exploración, extracción, transporte y distribución garantizando el autoabastecimiento y un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador.        

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

En esta nota analizamos qué esconde el gobierno tras el anuncio de la “querella” a quienes nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional

Alberto Fernández dijo en el Congreso sobre el endeudamiento de Macri con el FMI: “Instruí el inicio formal de una querella criminal a fin de determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria registra”. El anuncio ha sido aplaudido por sus seguidores. Un discurso “picante”, tituló Página/12. Esto ya venía precedido por la campaña del Frente de Todos sobre “la pesada herencia que dejó Macri”, que el endeudamiento con el FMI fue para apoyar al ex presidente en las elecciones y, fundamentalmente, que los 44.000 millones de dólares que ingresaron fueron a financiar la fuga de capitales. ¿Qué hay detrás de la “querella”?

Detrás de este anuncio altisonante está la política del gobierno de reconocer esa deuda mafiosa y pagarla para encarar una nueva negociación con el FMI firmando otro pacto que traerá más ajuste, dependencia y sometimiento. Si la deuda es todo lo que denuncia el gobierno, que hubo responsabilidades delictivas de Macri, Dujovne, Caputo y los CEOs que participaron de ese endeudamiento sideral, la pregunta obligada y sencilla es ¿por qué el gobierno “nacional y popular” no usa todo eso para desconocer los pagos y volcar esos fondos a combatir la pandemia? Todo lo contrario. La querella es una cortina de humo para encubrir esa política de reconocimiento y pago que está llevando adelante el gobierno nacional, sin “fisuras”, entre Alberto Fernández, Cristina de Kirchner, el ministro Guzmán, Kicillof y el aval de todo el establishment que apoya, desde los empresarios de la UIA y la Sociedad Rural hasta la burocracia sindical de la CGT y las CTA.

El gobierno sigue con su doble discurso. Mientras denuncia la deuda y ordena una querella criminal, la reconoce y paga. La “querella” sería para determinar responsabilidades. ¿Pero acaso no se sabe quiénes fueron los responsables? Todos los funcionarios de Macri, clarito. Es como si se pidiera una “querella” contra los que nos endeudaron en la dictadura cuando está claro que fue un genocidio y ya se sabe quiénes fueron los responsables. Pero cuando se dictó el fallo del juez Ballestero en el año 2000 condenando el endeudamiento ocurrido en la dictadura militar, el peronismo kirchnerista de entonces hizo oídos sordos, el Congreso no hizo nada, y a pesar de que el Argentinazo en 2001 impuso el no pago, el gobierno de Néstor Kirchner desde 2003 pagó dólar sobre dólar, canceló la deuda de contado con el FMI y después Cristina hasta pagó deuda externa con fondos de la Anses.

Desde el gobierno dicen que la querella nos va a ayudar en la negociación con el FMI. “Debemos completar la histórica decisión presidencial llevando el caso argentino a la ONU para forzar una negociación que permita quita de capital y plena autonomía en la política económica”, declaró Claudio Lozano, el centroizquierdista devenido en peronista y funcionario del Banco Nación. Está clara la maniobra, una querella … ¡para pedirle una migaja al FMI bajo la mentira de que podría haber una negociación favorable!  “Los lobos de Manhattan consideran que la denuncia ‘es humo’ de Alberto para construir un relato electoral” (Clarín, 5/8).

“Hay que negociar con firmeza”, escribió el columnista económico Alfredo Zaiat (Página/12, 28/2). Esto sería para conseguir “una tasa más baja, un extenso cronograma de pago y flexibilidad en las condicionalidades del acuerdo”. O sea que todo se resolvería con una buena muñeca negociadora. Algo ridículo. 

El mismo Zaiat dice cuáles serían los posibles escenarios mencionando al economista Emmanuel Alvarez Agis, según se llegue a un acuerdo para pagar la deuda con el FMI en diez o veinte años. En el primero de los casos, entre 2026 y 2031 la Argentina debería pagar 16.500 millones de dólares promedio por año, y si fuera a veinte años los pagos serían de 12.500 millones de dólares por año. ¡En cualquier escenario las cifras son siderales y millonarias! Si en 2020 se pagaron 6.000 millones de dólares y ya voló el IFE, imaginémonos cuando Argentina tenga que pagar dos o tres veces más en los próximos años. Una locura.

Zaiat también dice para justificar el millonario pago al FMI que como Estados Unidos es el “dueño del Fondo monetario” porque tiene el poder de veto en el organismo y desobedecerlo con un default no sería conveniente porque “el contexto internacional no se presenta para nada amigable lo que llevaría a un callejón sin salida”. Olvida que en Estados Unidos hubo una rebelión antirracista contra Trump; hay más de 200 antecedentes de no pago en el mundo; hubo y hay luchas contra el FMI -como la reciente en Ecuador- y crece en el mundo el repudio a un capitalismo depredador y a sus organismos financieros como el FMI. Nada de eso vale para encarar un no pago soberano. Porque como decía Cristina Kirchner, “somos pagadores seriales”, encubierto ahora bajo la famosa querella.

El pasado 4 de marzo Juan Carlos Giordano se hizo presente en la puerta de la planta de Klaukol en Virrey del Pino, La Matanza. Un grupo de vecinos autoconvocados estaba haciendo un bloqueo frente a la fábrica. Ya son más de cien las vecinas y vecinos fallecidos por la contaminación que emana en el barrio Las Mercedes, noventa y nueve a causa de cáncer. Klaukol irradia sílice en el aire (vidrio molido), entre otros contaminantes. Nadia Carabajal, vecina del barrio, de tan solo 27 años, se encuentra luchando por su vida. Hubo una asamblea donde se relataron casos escalofriantes de vecinos que perdieron a todos sus familiares. “Klaukol mata y nadie hace nada”, dicen.

Hace más de una década vienen reclamando el traslado de la planta a 8 kilómetros del casco urbano, como establece la ley para fábricas de nivel 3 de contaminación, y que se preserve la fuente de trabajo (con obreros que también se enferman). Los vecinos, con la compañera Susana Aranda a la cabeza, vienen dando esa pelea en las calles, juzgados y medios de comunicación, pero la multinacional suiza Klaukol goza de impunidad y favores del intendente peronista Espinoza y la Justicia local. Todos operan para protegerla. “Estamos frente a la Mercedes-Benz, donde los obreros se enferman por Klaukol, y el burócrata del Smata Pignanelli no dice nada”, relata Susana.

Giordano llevó la solidaridad de Izquierda Socialista, siendo el primer diputado nacional en visitar el barrio, difundiendo inmediatamente el caso con un video junto a los vecinos y el compromiso de denunciarlo nacionalmente. Nuestra militancia desde hace tiempo es parte de esta gran lucha junto con otras organizaciones.

Corresponsal

“Es para producir millones de vacunas rechazando las patentes médicas y el negocio capitalista de laboratorios y farmacéuticas”, señaló Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (ver texto completo del proyecto).

Giordano reseñó los alcances: “El proyecto le exige al gobierno de Alberto Fernández desconocer las patentes médicas que rigen para las vacunas y medicamentos del Covid-19 facultando a intervenir laboratorios y farmacéuticas a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios para implementar el plan. Es una vergüenza que después de descubierta la vacuna un puñado de multinacionales priven a millones del derecho humano a vacunarse, acaparando, especulando y haciendo ganancias siderales de la mano de todos los gobiernos de turno. Una barbaridad”.

Giordano graficó: “El presidente dijo en Davos que la vacuna debe ser un “bien público global”… ¡pero debe actuar en consecuencia! Más si firmó con 99 países en la OMC encabezados por India y Sudáfrica el pedido para que se suspendan las patentes y Médicos sin Fronteras y Amnesty Internacional piden lo mismo. El gobierno debe desconocer unilateralmente las patentes encarando la producción local, obligando al Grupo Insud y al resto de laboratorios y farmacéuticas a que pongan toda su tecnología, capacidad instalada y profesional bajo apercibimiento de ser intervenidas y/o estatizadas”.

Giordano señaló: “El ministro Ginés reconoció que la vacuna de AstraZeneca se produce acá, pero las ganancias se la llevan el empresario Hugo Sigman (Grupo Insud Pharma) y el magnate mexicano Carlos Slim. También reconoció que Argentina apoyó las pruebas para la vacuna Pfizer y ahora para la china. Pero las vacunas no aparecen. Precisamente la coproducción entre Argentina y México demuestra que nuestro país puede dar un gran impulso a la producción de la vacuna solo si se pone en beneficio del país y no de AstraZeneca o empresarios como Slim”.

Giordano finalizó: “No es ninguna utopía luchar por esto. La historia da cuenta de movilizaciones que vencieron a las patentes. En 1997 lo hizo el gobierno sudafricano para combatir al SIDA, lo mismo Brasil en 2001 o EE.UU. y Canadá contra el ántrax. Impulsamos un gran movimiento en Argentina y el mundo con pronunciamientos de científicos, profesionales de la salud, trabajadores y personalidades para que se levanten las patentes, lo que permitiría que el inmunizador se produzca en su versión genérica y haya vacunas a gran escala para millones”.

Leer el Proyecto de Ley contra las patentes

Contacto

Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo

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Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad  

Todos deben recordar la tremenda campaña que hizo el gobierno con el denominado impuesto a la riqueza. Lo anunció a principios de 2020 como la ley que iba a beneficiar al personal de salud y poner plata para comprar respiradores y más camas. Lo presentó siete meses después y, finalmente, se terminó aprobando en ambas Cámaras. ¿Pero qué pasó? Aún no fue reglamentado y, por lo tanto, no se aplica. ¿No era que se trataba de fondos urgentes para combatir la pandemia? Es un verdadero papelón que obligó al diputado ex radical y ahora ultraoficialista Leopoldo Moreau a sacar un tuit reclamando su implementación.

Estamos nuevamente ante un colosal doble discurso del gobierno peronista que hace campaña “progre” con las necesidades populares. ¿No lo aplica porque “se lo impide la derecha”? No. Nadie más que su propia voluntad, la de Alberto Fernández, Cristina, Máximo, los diputados Heller, Yasky, Hagman y todos sus voceros. El gobierno aprovechó las críticas de los empresarios al proyecto para decir que quiere tocar los intereses de los de arriba “pero no lo dejan”. Los resultados están a la vista.

Esto demuestra que este gobierno no tiene ninguna intención de gravar a algún rico. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo hemos criticado por ser completamente insuficiente, aun a costa de que C5N dijera, por ejemplo, mentirosamente, que coincidíamos con el macrismo en “defender a los empresarios”, cuando fuimos los únicos que propusimos un verdadero impuesto para recaudar 20.000 millones de dólares, veinte veces más que el del proyecto oficialista. Para poder así combatir de verdad a las pandemias del coronavirus, el hambre y la pobreza gravando las ganancias de las multinacionales, los bancos, los oligarcas y a toda la clase capitalista.

Corregimos también a la ONG británica Oxfam, que pone de ejemplo al proyecto argentino para que se aplique en otros países y así se pueda combatir la pandemia, denunciando una vez más que, por más que se aplique, será un mero paliativo. Solo con medidas de fondo, como proponemos desde la izquierda, podremos combatir la pandemia de los grandes capitalistas privilegiados que han duplicado sus fortunas en medio de la tremenda crisis social mientras millones se hunden en la pobreza.