Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Régimen Penal Juvenil vuelve a poner a las pibas y los pibes en la mira del ajuste. Mano dura, más cárcel y menos derechos como respuesta a una crisis social que el propio gobierno profundiza.

La Cámara de Diputados dio media sanción el pasado jueves 12 de febrero al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Se trata de un nuevo avance en la política de criminalización de las pibas y los pibes, que el gobierno busca convertir en ley el próximo viernes 27, cuando el proyecto sea tratado en el Senado junto con la modificación regresiva de la Ley de Glaciares.

Contra todas las opiniones de especialistas en materia penal y de los organismos de derechos de las infancias y adolescencias, Javier Milei y Patricia Bullrich avanzan en su plan de mano dura. Para lograr la media sanción en Diputados contaron con la complicidad del PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal que responde a Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas (que aportó 17 votos, incluido el del diputado Martín Lousteau) y distintos bloques provinciales ligados a gobernadores peronistas, como el de Tucumán. El resultado fue 149 votos a favor y 100 en contra, entre estos últimos el 100% de las bancas del FIT Unidad.

La nota de color la dio el diputado Ramiro Gutiérrez, del espacio que responde a Sergio Massa, quien aportó su presencia para garantizar el quórum que habilitó el debate en el recinto. En el marco de las sesiones extraordinarias y de la ofensiva ultraderechista del gobierno, buscan ahora convertir este proyecto en ley en el Senado. Se trata de un grave retroceso en materia de derechos y garantías, que lejos de resolver el problema de la inseguridad, lo profundiza.

Bajar la edad o aplicar mano dura no reduce el delito

Bajo el argumento de “delito de adulto, pena de adulto”, el gobierno presenta a las infancias y adolescencias como responsables de una inseguridad que crece al calor de la motosierra de Milei y el FMI. Con este régimen penal, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente y recibir penas como si fueran adultos, que en casos de delitos graves llegan hasta 15 años de prisión.

Las experiencias internacionales son contundentes. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que lo aumenta. En Ecuador, donde la edad de punibilidad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

Otro dato revelador: de los diez estados con mayor tasa de crímenes violentos en Estados Unidos, seis tienen pena de muerte. Son los más duros, pero no los más seguros (Clarín, 12/2).

¿Qué muestran realmente los datos?

En Argentina hay 3,6 millones de pibas y pibes de entre 13 y 17 años que el gobierno busca criminalizar. El 47% vive en la pobreza y el 15% en la indigencia. En 2022 fallecieron 15.144 jóvenes por muertes evitables, y el 31% de esos casos fue por suicidio.

Además, la campaña punitivista se monta sobre una falsedad: la tasa de criminalidad en el país bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Según Unicef, sólo el 0,45% de las chicas y chicos de entre 12 y 17 años cometió algún delito. El gobierno oculta esta realidad para poner el foco donde no está el problema: en la juventud pobre.

Políticas integrales, no cárcel para la juventud

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. Hoy en Argentina un juez puede disponer la internación de menores de 16 años en institutos, aun sin condena firme. En muchos casos, estos espacios funcionan como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos.

Para combatir la inseguridad, que golpea principalmente a las y los trabajadores y a los sectores populares, no sirven las respuestas represivas. Eso es solo más criminalización. Lo que se necesita es desmantelar las mafias que operan al amparo del poder político, judicial y policial; terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar presupuesto a políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección de las infancias y adolescencias.

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En medio de otras reformas y contando con un blindaje mediático excepcional, el jueves 26 se tratará en el Senado la reforma de la Ley de Glaciares 26.639. Esta ley ha estado en la mira de las mineras desde sus inicios, motivo por el cual fue vetada por Cristina Fernández en 2008, para ser finalmente sancionada en 2010 como resultado de una ardua lucha del movimiento socioambiental. La ley protege actualmente a casi 17 mil glaciares, que representan el 1% de la superficie nacional pero cumplen un papel fundamental en el sostenimiento de la vida a lo largo de todo el territorio, al alimentar ríos y fuentes de agua dulce, vitales para la flora y la fauna, así como para la salud y la actividad económica humanas.

Estos ecosistemas ya se encuentran en peligro. Estudios del Conicet revelan que los glaciares de nuestra Patagonia vienen perdiendo masa de manera acelerada como producto de la crisis climática, lo que agrava el estrés hídrico ya endémico en dos tercios de nuestro país. En los últimos años, además, la política hídrica nacional ha profundizado el vaciamiento de las estructuras estatales para dejar en manos privadas la gestión del agua, como evidencian los acuerdos con Mekorot, la empresa israelí con un rol central en el genocidio en Palestina.

Pero ahora nuestros glaciares, principal fuente de agua para consumo, están siendo directamente saqueados por las mineras y corporaciones transnacionales. Al igual que la Reforma Laboral habilitó “negociar derechos a la baja” con las patronales, esta modificación promueve algo igualmente inconstitucional al violar el principio de no regresividad en materia ambiental. Las protecciones alcanzadas, pocas, no pueden retroceder. De aprobarse esta reforma, se encendería una alerta enorme para el conjunto de la legislación de protección ambiental y de adaptación y mitigación frente al cambio climático vigente en nuestro país. De hecho, ya estamos viendo cómo Donald Trump, el principal aliado de Milei, está aboliendo todas las políticas ambientales en Estados Unidos.

¿Qué modifica esta reforma?

Le quita potestad al IANIGLA, la institución nacional encargada de establecer el inventario de glaciares, para transferirla a las provincias. De este modo, cada jurisdicción podrá definir qué sectores son considerados estratégicos y cuáles quedan por fuera de la protección de la ley, habilitando proyectos que hoy están prohibidos y que las mineras intentan impulsar desde hace años para desmantelar esta legislación.

¿Quiénes la impulsan?

Javier Milei promueve esta reforma con la participación directa de los gobernadores que integran las mesas del litio y del cobre, es decir, de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza y San Juan. Se trata de un rejunte que expresa el amplio respaldo político con el que cuenta el extractivismo minero en nuestro país, ya que nuclea tanto a sectores peronistas como radicales que vienen de apoyar, a través de sus senadores, la reforma laboral esclavista, otro regalo para las transnacionales. Ambas reformas fueron señaladas como las mayores preocupaciones por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y fueron rápidamente negociadas por este gobierno abiertamente entreguista y cipayo.

Las principales mineras detrás de esta reforma son Lundin Mining y Barrick Gold (canadienses), Chinalco y Shandong Gold (chinas), BHP (angloaustraliana) y Glencore (suiza). Muchas de ellas cuentan con antecedentes de desastres ambientales y contaminación de fuentes de agua en distintos lugares del mundo. En el caso de Barrick Gold, se trata del peor derrame minero de nuestro país, que contaminó cinco ríos con 15 mil litros de cianuro en San Juan, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial.

Junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, comunidades y asambleas ambientales de todo el país venimos desplegando una campaña para romper el cerco mediático y defender el agua como un derecho vital. Si se logra la media sanción en el Senado, daremos aún con más fuerza la batalla en la Cámara de Diputados durante las sesiones ordinarias. Incluso si avanza en esa instancia, continuaremos la lucha en cada provincia y territorio, donde cobra un valor estratégico la red de resistencia que hemos conformado.

¡La Ley de Glaciares no se toca! ¡El agua vale más que todo!

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con 14 viajes en dos años, Javier Milei se convirtió en el presidente argentino que más veces viajó a Estados Unidos. Lo hizo, nada menos, en pleno debate de la reforma laboral esclavista. No es un dato casual, sino parte del alineamiento y la subordinación al imperialismo yanqui, hoy encabezado por el ultraderechista Donald Trump. Como venimos denunciando, está en curso un nuevo pacto colonial, funcional a la política de Trump de reeditar la Doctrina Monroe para América Latina, como se vio con la intervención contra Venezuela y la profundización del bloqueo a Cuba.

Pero este viaje no fue uno más dentro de esa política de sometimiento. Milei asumió un compromiso explícito de colaboración con el llamado “Board of Peace” impulsado por Trump para Gaza. Bajo el eufemismo de la “reconstrucción”, este plan propone una transformación estructural del territorio palestino, con financiamiento multimillonario y presencia militar internacional. Peor aún, Milei ofreció el envío de Cascos Blancos argentinos para integrarse al dispositivo que acompañaría esa fuerza de ocupación, en un nuevo gesto de complicidad con el genocidio contra el pueblo palestino.

El plan del presidente yanqui apunta a crear un negocio inmobiliario y turístico de lujo sobre las ruinas de Gaza, luego del genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel. Por eso decimos con claridad: ¡No en nuestro nombre!

Milei se ubica del lado de quienes pretenden convertir el apartheid y el genocidio en un negocio inmobiliario y en un enclave estratégico. El anuncio de inversiones millonarias para transformar Gaza en un polo turístico forma parte de un plan de colonización y limpieza étnica sobre la Franja de Gaza que no podemos permitir.

De este modo, Milei acompaña la ofensiva de Trump, refuerza su alianza con los sectores más duros de la ultraderecha mundial y ratifica su respaldo político a Benjamin Netanyahu, ubicándose como cómplice directo del genocidio en Gaza, junto a Trump. Sin embargo, frente a la complicidad de los gobiernos, los pueblos del mundo siguen levantando la voz: crece la solidaridad activa de sindicatos y organizaciones populares, y avanza la preparación de una nueva Flotilla internacional que partirá hacia Gaza para romper el bloqueo.

Allí donde los gobiernos se alinean con la ocupación y el genocidio, los pueblos construyen solidaridad. Por eso rechazamos el envío de tropas argentinas comprometidas en el marco del “Board of Peace” y seguiremos peleando por una Palestina libre del río al mar.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El reciente contrato por más de 114 millones de pesos, adjudicado por Pablo Quirno desde la Cancillería argentina a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), vuelve a dejar al descubierto cómo el gobierno “anticasta” utiliza el Estado para negocios privados y corrupción. La AACI está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Se trata de una contratación directa, sin licitación pública, para dictar 594 horas de cursos de inglés a 132 agentes del servicio exterior, a un costo cercano a 192 mil pesos por hora cátedra. Es decir, cinco veces más de lo que cobra una o un docente en CABA, o el equivalente a un salario mensual de ayudante de primera de la universidad pública por diez horas semanales.

Este hecho fue denunciado penalmente por presunto tráfico de influencias y defraudación a la administración pública. La presentación judicial incluye además otros contratos por más de 720 millones de pesos en alquileres oficiales bajo la órbita del propio Sturzenegger, destinados a oficinas y cocheras de su ministerio.

Estos casos desenmascaran sin vueltas a uno de los principales ideólogos de la reforma laboral esclavista, de los despidos masivos en el Estado y del festival de desregulaciones al servicio de los grandes empresarios impulsado por Javier Milei. Mientras hablan de “libertad” y aplican ajuste contra el pueblo trabajador, utilizan el aparato estatal para garantizar sus negocios privados y reproducir la corrupción estructural del sistema capitalista.

Como cada 8 de marzo conmemoramos a las obreras textiles de Nueva York que a principios del siglo XX lucharon contra las extenuantes y largas jornadas de trabajo. Ellas fueron encerradas dentro de una fábrica y prendidas fuego para que no participen de las movilizaciones por las ocho horas. Una muestra de hasta dónde llega el odio de las patronales hacia quienes se organizan para defender los derechos laborales.

Más de un siglo después, el gobierno de Javier Milei junto a sus cómplices del PRO, radicales y peronistas impulsan una reforma laboral que como decimos desde Izquierda Socialista/FIT Unidad atrasa más de cien años. Pretende barrer con el derecho a huelga, las vacaciones pagas y con las ocho horas de trabajo. Una película de terror que nos afecta más a las mujeres y disidencias quienes tenemos los empleos peor pagos, los trabajos informales y sobre nuestras manos recaen las tareas de cuidado no remuneradas que profundizan las desigualdades de género. 

En el marco del paro internacional feminista, las mujeres y disidencias de todo el mundo saldremos a las calles contra los gobiernos que intentan descargar su crisis contra nosotras y nosotres. Miles saldremos contra la violencia de género y los crímenes de odio. Miles contra las políticas racistas y anti migratorias de ICE en Estados Unidos.Miles contra el genocidio en Palestina y el plan imperialista colonizador de Trump en Gaza (Board of Peace). Miles saldremos por el asco que nos da el poder de los super ricos como el magnate Jeffrey Epstein que montó una red de pedofilia y que a la luz de la desclasificación de los archivos (que tienen más de 20 años) se puede observar la perversidad de un sistema capitalista y patriarcal en crisis, sostenido por un puñado de hombres blancos que viven de fiesta y del trabajo ajeno.

No te quedes en tu casa masticando bronca. ¡Sumate con Isadora y Disidencias en Lucha!

9M en Congreso, a las 16.30 marchamos a plaza de mayo