Escribe José Castillo

FATE anunció su cierre definitivo y dejó a 920 trabajadores sin empleo. Frente a este golpe, hay que luchar por la reapertura de la planta o su estatización bajo control obrero.

El miércoles 18 de febrero la patronal de FATE cerró la fábrica y dejó sin empleo a sus 920 trabajadores. Si se suman las firmas proveedoras, muchas de las cuales tienen como único cliente a la empresa de neumáticos, el total de puestos de trabajo afectados asciende a 2.500.

La patronal, haciendo gala de un salvajismo extremo, comunicó el cierre mediante un simple aviso la misma mañana en que debía reincorporarse el grueso del personal tras sus vacaciones. Al mismo tiempo, anunció que utilizará una parte de los terrenos de la planta para otro negocio del Grupo Madanes: la instalación de una central energética para abastecer a Edenor y Edesur.

Frente a la conciliación obligatoria decretada tanto por el Ministerio de Capital Humano de la Nación como por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la patronal de FATE primero no se presentó y luego lo hizo “acatando” formalmente la medida, que exige retrotraer el conflicto y, por lo tanto, reabrir la planta. Inicialmente alegó que no podía cumplirla porque la fábrica estaba tomada. Luego admitió la verdad: no piensa, bajo ninguna condición, volver a ponerla en funcionamiento y afirmó que la decisión de cierre “es definitiva”.

La pelea Milei-Madanes: los trabajadores como pato de la boda

Los dueños de la empresa, como tantas otras patronales orientadas al mercado interno, se han visto afectados por la entrada indiscriminada de cubiertas importadas, especialmente desde China. El gobierno de Milei, coherente con su política antiindustrial, redujo en enero de 2025 los aranceles a la importación de neumáticos del 35% al 16% y flexibilizó al máximo los trámites para importar cubiertas, eliminando el certificado de homologación de autopartes. En 2025 la importación de cubiertas para autos livianos creció un 42% y la de vehículos pesados, un 38%.

A esto se suma el aumento de la importación de automóviles, que creció un 97,6% en 2025. Muchos de esos vehículos ingresan ya con sus propias cubiertas, reduciendo aún más el mercado interno. Como consecuencia de esta apertura, hoy el 85% de las cubiertas que se venden en el país son importadas, una situación que afecta no solo a FATE, sino también a la producción local de Bridgestone y Pirelli, las otras dos empresas del sector.

La patronal, perteneciente al Grupo Madanes y con enormes ganancias en otras empresas del holding como Aluar y Futaleufú, siguió el camino de sus colegas capitalistas: apoya la reforma laboral y el ajuste antiobrero de Milei, mientras se queja puntualmente de aquellas medidas que afectan sus ganancias.

El carácter profundamente antiobrero de los dueños queda aún más claro en otro argumento que utilizan para justificar el cierre: la supuesta “intransigencia” de la conducción combativa del sindicato. Es evidente que a Madanes le resultaría más cómodo negociar con burócratas traidores como los que dirigen la mayoría de los gremios. Sin embargo, aun con una conducción sindical combativa, en el último año redujo casi un 50% la plantilla y mantiene salarios miserables, que promedian entre un millón y un millón y medio de pesos, con catorce meses sin otorgar aumentos.

Como ocurrió hace algunos meses con el contrapunto entre Paolo Rocca y Milei, a quien el presidente llamó “Don Chatarrín”, ahora los roces se dan con Javier Madanes Quintanilla. Pero tanto Milei como el dueño de FATE y Aluar coinciden en lo esencial que los platos rotos los paguen las y los trabajadores.

¡Ni un despido! ¡La más amplia solidaridad y unidad de acción!

La planta continúa tomada. Se realizó un emotivo y masivo recital de solidaridad, y los vecinos del barrio se acercaron a colaborar. Este cierre generó una profunda preocupación y una fuerte repercusión en todo el movimiento obrero. Es necesario transformar esa bronca en solidaridad activa con la pelea y en una exigencia clara que no se pierda ni un solo puesto de trabajo.

Desde Izquierda Socialista/FIT en el Frente de Izquierda Unidad y desde el sindicalismo combativo llamamos a brindar todo el apoyo incondicional a las y los trabajadores. Hay que rodear esta lucha de la más amplia solidaridad y convocar, en unidad de acción, a una masiva demostración de apoyo.

Decimos con toda claridad: ¡No al cierre! Si Madanes no quiere reabrir la planta, hay que estatizarla. Presentaremos, a través de nuestra diputada provincial Mónica Schlotthauer, un proyecto para su provincialización bajo gestión de sus propios trabajadores. La lucha de esta fábrica es parte de la pelea general contra la motosierra de Milei y el FMI y contra la reforma laboral esclavista. Por eso exigimos a la CGT un nuevo paro general de 36 horas y un verdadero plan de lucha.

Escribe José Castillo

Fate es propiedad del Grupo Madanes, actualmente bajo la conducción de su tercera generación. Javier Madanes Quintanilla, uno de los multimillonarios argentinos, llegó a figurar en la revista Forbes con una fortuna personal estimada en 1.500 millones de dólares, ocupando en 2024 el puesto número 12 entre las personas más ricas de la Argentina.

La familia Madanes construyó su fortuna a lo largo de más de 80 años, sobre la base de la explotación de sus trabajadoras y trabajadores y de privilegios otorgados por distintos gobiernos.

Son los dueños de Aluar, empresa a la que accedieron luego de un oscuro proceso de adjudicación, apoyados en sus vínculos con el dictador Alejandro Agustín Lanusse en 1972 y con José Ber Gelbard, entonces dirigente de la CGE y luego ministro de Economía de los gobiernos de Cámpora y Perón. De ese modo se consolidaron como “los dueños del aluminio” en Argentina. Al mismo tiempo, a través de acuerdos con empresas transnacionales automotrices, realizaron grandes negocios con Fate, la empresa de neumáticos. El Grupo Madanes también es propietario de la central hidroeléctrica de Futaleufú, que abastece de energía eléctrica a su planta de aluminio.

Como tantos otros grandes grupos económicos, los Madanes también se beneficiaron durante la dictadura genocida iniciada en 1976. Formaron parte del grupo de empresarios que transfirieron su deuda externa al Estado en la conocida estatización impulsada por Domingo Cavallo en 1982. Según la investigación de Alejandro Olmos, que dio lugar al fallo del juez Ballesteros, el Grupo Madanes se benefició con la estatización de una deuda de 80 millones de dólares, que a valores actuales equivale a unos 300 millones.

Este empresario ha mostrado reiteradamente su perfil antiobrero. En su trayectoria figuran los procesos de flexibilización laboral aplicados en todas sus empresas en 1991, acompañados de despidos masivos. También el acuerdo que llevó adelante con las otras empresas del sector del neumático (Pirelli y Bridgestone) para congelar salarios y disciplinar a las y los trabajadores mediante despidos.

Escribe Guido Poletti

Son datos oficiales: durante el gobierno de Milei ya cerraron 21 mil empresas y se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo en blanco. Los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo afirman, sin ningún pudor, que si bien se perdieron algunos empleos “se crearon otros tantos”. Una afirmación falsa. Los propios datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que mide el número de trabajadores que realizan aportes al sistema jubilatorio, indican que hay 192.400 trabajadoras y trabajadores menos registrados. Si a esto se suma la caída del empleo público (en la administración central, los organismos descentralizados y las empresas públicas) y lo ocurrido en las provincias, la cifra total supera los 300 mil puestos de trabajo perdidos.

Fate no es un caso aislado. Corre un serio peligro de cierre la Granja Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, una de las empresas avícolas más grandes del país. También está el caso de SKF, en Tortuguitas, con décadas de trayectoria en la producción de rulemanes, que emplea a 150 operarios y ya anunció que relocalizará su planta en Brasil.

Whirlpool pasó de inaugurar una planta de lavarropas en Fátima en 2022 a cerrarla en noviembre de 2025. No fue por problemas tecnológicos ni de obsolescencia: allí se producía el lavarropas de carga frontal más moderno del mundo. La empresa decidió importar desde Brasil y despidió a la totalidad de sus trabajadoras y trabajadores.

Frente a esta verdadera tierra arrasada, que lejos de revertirse tiende a profundizarse, decimos con claridad: hay que defender los puestos de trabajo. Es urgente un plan de emergencia que prohíba las suspensiones y los despidos y que plantee la estatización de toda fábrica que cierre, para que continúe produciendo bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores. Al mismo tiempo, es necesario dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para financiar así un gran plan de obras públicas que genere miles de puestos de trabajo genuinos.

Escribe Guido Poletti

La aprobación de la reforma laboral dejó al desnudo el rol del peronismo y de la CGT: complicidad, pasividad y ausencia de un plan de lucha frente a la motosierra. Se vuelve urgente una salida por izquierda, con un programa obrero y popular que enfrente el ajuste hoy, no en 2027.

El proyecto de reforma laboral fue aprobado tanto en Senadores como en Diputados (resta una nueva revisión por parte de la Cámara Alta). El gobierno de Javier Milei logró la complicidad de un número importante de legisladores peronistas. Mientras tanto, la CGT dejó pasar la primera votación sin convocar a un paro y, cuando finalmente llamó a la huelga, lo hizo únicamente ante el repudio popular que generó la eliminación de las licencias por enfermedad, sin plantear ninguna continuidad ni plan de lucha.

Muchísimos compañeros y compañeras fueron testigos de lo ocurrido y hoy se preguntan qué hacer. El peronismo, principal partido patronal de oposición, se muestra cada vez más inútil para quienes quieren enfrentar la motosierra de Milei y el FMI. La pregunta aparece con fuerza: ¿por qué pasa el ajuste?, ¿por qué logran aprobar las leyes que proponen?

La realidad, visible desde el inicio de este gobierno, es que el peronismo, incluso su sector que se mantiene en un discurso opositor, deja avanzar el ajuste y no se juega a respaldar las luchas en curso. Su argumento reiterado es “esperar y votar”, apostando a que la bronca popular se canalice en un futuro triunfo electoral que les permita volver al poder.

Incluso en el plano estrictamente electoral, esa estrategia fracasó. Derivó en la derrota del año pasado y en el fortalecimiento del oficialismo en ambas cámaras del Congreso. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, intentó justificar la aprobación de la reforma laboral hablando de “los traidores”. Pero esa explicación no alcanza. ¿Cómo llegaron esos “traidores” a integrar listas del peronismo? ¿Por qué, votación tras votación, son cada vez más? Y, sobre todo, ¿a qué convocan quienes dicen no serlo?

Martínez volvió a repetir lo que viene diciendo desde hace dos años, solo que ahora frente a una situación mucho más grave, como la posibilidad de perder derechos laborales conquistados en más de un siglo de luchas: “esperar a 2027 y votar al peronismo para derogar la ley”. Ese planteo sintetiza la pregunta que se hacen miles de compañeras y compañeros. ¿Por qué los dirigentes peronistas no acompañan las marchas de los miércoles de las jubiladas y jubilados? ¿Por qué no apoyaron peleas enormes como la del Garrahan? ¿Por qué hoy no aparecen para respaldar a las y los trabajadores de Fate?

Con la reforma laboral esclavista se profundizó algo que ya existía: el pacto de la CGT con el gobierno. Un pacto que permitió el avance de todas y cada una de las medidas de ajuste de estos dos años. Esta vez, su ausencia fue más visible que nunca. Cuando el proyecto se trató en el Senado, dejaron pasar el debate sin convocar a un paro general. Llamaron a una movilización y se retiraron rápidamente, repitiendo la lógica del acto del 18 de diciembre, lo que abrió el camino a la feroz represión contra el sindicalismo combativo y la izquierda, que permanecieron en el Congreso.

Luego, cuando la bronca social los obligó a llamar a un paro por el ataque a las licencias por enfermedad, lo hicieron sin continuidad ni plan de lucha. Hoy, la respuesta vuelve a ser la misma: “ir a la justicia”. Todo esto debería llevarnos a una reflexión profunda. El peronismo, tanto en el plano político como en el sindical, no está dispuesto a enfrentar seriamente el ajuste de Milei y el FMI.

¿Qué pasa con el programa?

El peronismo no sólo se niega a pelear hoy. Tampoco tiene un programa alternativo que dé respuesta a las necesidades del pueblo trabajador. La pregunta es concreta: ¿qué proponen? Nada distinto de lo que ya fracasó con los gobiernos de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa.
Insisten en que no se puede romper con el FMI porque “sería infantil”, como sostuvo Axel Kicillof en entrevistas posteriores a las elecciones, y vuelven a plantear que hay que “negociar distinto”. Es exactamente lo mismo que decían durante el gobierno de Alberto: pagar la deuda y, al mismo tiempo, redistribuir la riqueza. Una utopía que ya conocemos cómo termina.

Incluso se empieza a ver cómo muchos dirigentes peronistas buscan aggiornarse a los nuevos tiempos. La propia Cristina llegó a decir que había que dejar de hablar de “Estado presente” para pasar a hablar de “Estado eficiente”.

¿Cuál es la salida?

A quienes hoy se sienten decepcionados y todavía tenían expectativas en el peronismo, los invitamos a hacerse una pregunta simple: ¿quién estuvo y está en todas las luchas? ¿Quién reclama sistemáticamente que la CGT rompa la tregua y convoque a un paro general con un verdadero plan de lucha? En el plano parlamentario, ¿qué bloque votó sin fisuras contra todas y cada una de las medidas de ajuste de Milei?

La respuesta es clara: el Frente de Izquierda Unidad. El único espacio que plantea que no hay salida sin dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Que propone nacionalizar la banca y el comercio exterior, reestatizar las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios, y garantizar que ningún salario ni jubilación esté por debajo de la canasta familiar.

Pelear hoy contra el ajuste y apoyar todas las luchas, en lugar de llamar a “votar bien” en 2027. Oponerse de verdad, votando en contra en el Congreso y en cada ámbito que corresponda. Levantar un programa obrero y popular frente a la entrega y el sometimiento que impone la motosierra de Milei.
Eso es exactamente lo que hoy no hace el peronismo y sí hace el Frente de Izquierda.

Escribe Mariano Barba
*Foto de tapa: Gobernadores Jalil (Catamarca), Jaldo (Tucumán), Passalacqua (Misiones) y Sáenz (Salta) 

Javier Milei atraviesa un momento de control en Diputados y Senadores. Esto no se explica por la cantidad de representantes propios de La Libertad Avanza, sino por el entramado de aliados con los que ya contaba (UCR, PRO y fuerzas provinciales) al que ahora se suman cada vez más legisladores peronistas que le garantizan apoyo. Dentro del peronismo se los califica como “traidores”, una etiqueta funcional a la tribuna para justificar el doble discurso de Unión por la Patria que votaron en contra de la reforma. Sin embargo, se trata de un recurso discursivo vacío: el Partido Justicialista ha hecho muy poco para impedir el avance de la motosierra o para frenar las leyes antiobreras del gobierno. La CGT peronista, que viene pactando con Milei desde hace años, es la expresión más clara de esta claudicación.

¿Acaso no son peronistas todos aquellos diputados y senadores que asumieron sus bancas por listas provinciales pidiendo el voto para distintas variantes del PJ? Legisladores peronistas de Salta, Tucumán, Misiones y Catamarca son responsables directos de que se haya aprobado la reforma laboral y, previamente, la Ley Bases.

El alineamiento con Milei sigue profundizándose. En estos días, tres senadores abandonaron el interbloque conducido por José Mayans: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). De este modo, el PJ queda reducido a 25 miembros en el Senado, su representación más baja desde el retorno de la democracia en 1983. Esta fragmentación le permite a La Libertad Avanza, junto con sus aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, quedar a solo cuatro votos de alcanzar los dos tercios en la Cámara alta.

Los gobernadores peronistas también avanzan en la conformación de un nuevo espacio, junto a otros mandatarios provinciales, con el objetivo declarado de garantizar la “gobernabilidad” y negociar de manera conjunta con el gobierno nacional financiamiento y asistencia crediticia. Integran este esquema los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), junto a Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Se coordinan para que sus diputados y senadores sigan votando las leyes exigidas por el gobierno nacional y, de ese modo, le aseguran al presidente las herramientas necesarias para aplicar la motosierra.

No se trata de “traidores”. Son cómplices. Y, al mismo tiempo, ejecutores del ajuste en sus propias provincias.