Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda- Unidad.

Ludmila Pretti, de 14 años, salió con una amiga el sábado a la noche y no volvió a su casa. La peor de las noticias se la confirmaron a su mamá, al día siguiente. Según la autopsia, la mataron por asfixia. Este nuevo femicidio es el octavo que se produce en lo que va de la pandemia en Moreno, el municipio del oeste del conurbano bonaerense que tiene la mayor cantidad de femicidios. Con mucha tristeza, y sobre todo con mucha bronca, familiares, amigxs y vecinxs de la víctima se movilizaron para exigir justicia.

Fue la policía la que no hizo nada frente a las denuncias que había recibido el día anterior por parte de vecinxs que escucharon gritos que venían de la casa donde ocurrieron los hechos. Fue la policía, también, la que dejó escapar a Cristian Jerez, el principal sospechoso. Y fue esa misma policía la que reprimió y persiguió a las personas que se manifestaban pidiendo justicia por Ludmila.

La bronca popular estalló y rápidamente cientos de jóvenes, en su mayoría mujeres indignadas, se movilizaron frente a la comisaría e hicieron piquetes en la ruta 7 al grito de “Señor, señora no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”. A medida que la situación se fue poniendo cada vez más tensa, el cántico fue “yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”, denunciando su rol encubridor y machista. La respuesta fue una feroz represión policial, con motos y a los tiros perseguían a las manifestantes. Pero no las iban a amedrentar así de fácil, y con la movilización se logró un primer triunfo, y fue que se busque y encarcele a Cristian Jerez. Pero la lucha continúa y se debe investigar para que los cómplices también sean castigados.

La pandemia de los femicidios no se detiene

En Moreno gobierna Mariel Fernández, del Frente de Todos, y a pesar de ser una mujer no resolvió en sus nueve meses de gestión el drama de que sea uno de los municipios con mayor tasa de femicidios. Tampoco lo solucionó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, a cargo de Estela Díaz, como tampoco el nacional, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. Si hay algo que dejó al descubierto esta pandemia es la falta de políticas públicas para actuar rápido y prevenir estos hechos aberrantes.

Por eso insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. Porque en vez de destinar mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, lo que viene haciendo es destinar esos recursos para pagar una deuda externa ilegítima e impagable. Cada dólar que se llevan los bonistas usureros o el FMI es plata que no va a escuelas, no va a salud, tampoco a generar empleo, ni mucho menos a combatir la violencia de género.

Es urgente que los gobiernos destinen mayor presupuesto para terminar con la violencia machista, y más en el marco de la pandemia en la que se profundizan todas las desigualdades, entre ellas las de género. Las mujeres sufrimos una triple pandemia, la sanitaria, la social y la de la violencia patriarcal con los femicidios.

Exigimos que el gobierno de Alberto Fernández declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla, sobre la base del no pago de la deuda externa, la implementación de un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como lo plantea el FIT Unidad, y el retiro de subsidios a las iglesias, en especial a la católica, enemiga declarada de los derechos de las mujeres.

Ludmila de 14 años, fue encontrada brutalmente asesinada el domingo, en una casa de la Localidad de Francisco Álvarez, Moreno, Provincia de Buenos Aires donde residía el principal sospechoso de su femicidio, Cristian Jerez. “Repudiamos el accionar policial, que luego de que se les escapara de la misma comisaria, en vez de estar buscando con todos los recursos al sospechoso, militarizan la comisaría con la Infantería, ante los reclamos de los familiares”, declaró Mercedes Trimarchi, diputada provincial (M.C) por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad.

Trimarchi siguió: “El gobierno de Alberto Fernández no implementa ninguna política pública real ni presupuesto para erradicar la violencia machista ni los femicidios, desde que comenzó la cuarentena se multiplicaron los casos de femicidios. En el marco del aislamiento obligatorio, las mujeres sufrimos una doble pandemia, la del coronavirus y la pandemia social.”

Trimarchi finalizó: “Nos solidarizamos con la familia y exigimos que el gobierno nacional de Alberto Fernández declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto, en base al no pago de la deuda externa y la implementación de un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como el que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso”.

Contacto:
Mercedes Trimarchi: 1159561007 @mercedestrimar
Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia de Buenos Aires (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cristina Vázquez tenía 38 años, de los cuales once los pasó tras las rejas, encerrada por un crimen que no cometió. Sin pruebas, la Justicia misionera la condenó a ella, a su amiga, Cecilia Rojas, por el asesinato de una jubilada. En un juicio sin el debido proceso, cargado de irregularidades y hasta con torturas para que “confesara” un delito que no había cometido, en 2010 la condenaron a cadena perpetua basándose en prejuicios y alegando que su estilo de vida daba con el perfil de asesina. Cristina fue condenada por mujer y pobre. Pero con la lucha incansable de su familia, de las organizaciones de derechos humanos y con el ascenso del movimiento feminista, se logró en diciembre del año pasado la absolución para ambas.

Libre, sin ningún tipo de acompañamiento estatal, Cristina estaba totalmente desamparada. Sin apoyo psicológico, con precariedad laboral y con su juventud robada, luego de ocho meses de haber sido absuelta, apareció muerta en la habitación que alquilaba en el barrio El Palomar de la ciudad de Posadas. Según su círculo más íntimo, ella estaba muy preocupada por su estabilidad económica. Ningún organismo estatal, ni los funcionarios de gobierno, ni los jueces que la condenaron sin pruebas, fueron capaces de pedir disculpas por el “error” cometido, ni tampoco le ofrecieron alguna reparación económica, ni una atención integral, ni a ella ni a su familia.

María Ovando, otra víctima de la Justicia misionera, estuvo un año y medio presa acusada de “no impedir” la muerte de su hija de 3 años por desnutrición. La saña con la que la acusaron en 2012 a María fue escandalosa. Ella, analfabeta, abandonada, entregada a un hombre a los 13 años y con doce hijos, víctima de una pobreza extrema, cuando se conoció su historia y por la fuerza de la movilización feminista se logró que la absolvieran. Sin embargo, María irá nuevamente a juicio en septiembre, ahora se la acusa de “no impedir” los abusos contra una de sus hijas y su nieta. Desde que recuperó su libertad, María fue monitoreada sistemáticamente por el Estado que “evaluaba” la relación con sus hijxs y nietxs y desarraigada sin una ayuda integral.

La Justicia es clasista, patriarcal y misógina

Hace unas semanas se estrenó la película Crímenes de familia, basada en hechos reales. En el filme se puede ver cómo la Justicia actúa en dos juicios distintos que involucran a una misma familia adinerada de la ciudad de Buenos Aires. En uno, el acusado es el hijo y enfrenta un juicio por violencia de género y violación. En el otro caso, quien está en el banquillo de los acusados es la empleada doméstica de esa misma familia, quien sin saber que estaba embarazada, da a luz en el baño de servicio de la casa y el bebé nace sin vida. A él, niño rico, a pesar de ser culpable lo absuelven porque logran borrar las pruebas coimeando a funcionarios. A ella, mujer pobre y analfabeta, a pesar de ser inocente, la condenan a prisión.

Lo que se puede ver con claridad es que la Justicia actúa siempre de la misma manera. Mientras los poderosos ricos se manejan con total impunidad, son los sectores más vulnerables y pobres -entre quienes se encuentran las mujeres- quienes se llevan las penas. De ahí el dicho de que las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, mientras que los ladrones de guante blanco están libres. Algunos datos lo demuestran: siete de cada diez mujeres privadas de la libertad se encuentran sin condena firme, un porcentaje superior al de los hombres en la misma situación. Según lo advirtió un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en el diario Perfil el 23/10/18, la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto.

Nos queda por agregar que el carácter patriarcal de la Justicia también se ve cuando se le llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. También al mirar para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad bajo la venia de funcionarios, jueces, policías y proxenetas. Por todo esto, insistimos en que se deben destinar recursos suficientes para capacitar y formar con perspectiva de género a todos los funcionarios de la Justicia. Pero, a la vez, también deben ser sancionados y castigados todos aquellos jueces y fiscales que son responsables de las condenas por “error”, como se demostró en el caso de Cristina Vázquez. Esto en el marco más general que proponemos desde la izquierda para que haya cambios inmediatos dentro de la Justicia, como que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, que no tengan esos sueldos millonarios y que los cargos sean revocables.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Por estos días se empieza a cobrar la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos que reciben casi nueve millones de personas, solo la mitad de quienes lo solicitaron. Con este tercer pago, que se estaría concretando a seis meses del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), quienes solicitaron el IFE estarían recibiendo alrededor de 160 pesos diarios para sostener a toda una familia. Un monto totalmente insuficiente.

La mayoría de los que recibieron el IFE son mujeres (55,7%) y jóvenes (61,5%) que tienen entre 18 y 34 años. Este desglose por género y edad permite ver quiénes son las más afectadas por la crisis social, que se suma a la sanitaria, provocada por la pandemia mundial. Somos las mujeres las más precarizadas y quienes soportamos los trabajos peor pagados. La brecha salarial en los empleos registrados es de 29% y se amplía cuando se trata de trabajo informal, llegando a 38%, según los datos oficiales de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, a cargo de Mercedes D’Alessandro. Por supuesto que esta discriminación que sufrimos en el mercado laboral no comenzó con la pandemia, pero sí por la falta de políticas públicas se está profundizando y, con ella, la precarización de nuestras vidas.

Además, la violencia de género aumentó durante el encierro y los femicidios no cesan. En los últimos ocho días hubo cuatro femicidios que se sumaron a la larga lista de mujeres, travestis y trans que fueron asesinadas por odio a su género. Pese a estos datos, el gobierno sigue sin dar respuestas que terminen con este otro flagelo durante la pandemia. 

Las trabajadoras de casas particulares, las más castigadas por la pandemia

De quienes limpian las casas, cocinan y se encargan del cuidado de niñas, niños y adultos mayores, el 98% son mujeres y solo están registradas el 30 por ciento. Es decir que la mayoría trabaja en negro, sin recibir aportes para la jubilación, sin obra social ni aguinaldo, entre otros derechos negados. Son ellas quienes están expuestas a todo tipo de maltratos y atropellos, que se profundizaron con el comienzo de la pandemia. En los primeros días del aislamiento se conoció el caso del empresario tandilense que transportó en el baúl de su auto a la empleada doméstica, y casi cien días después, la modelo y conductora de TV Nicole Neumann denigraba en los medios a la señora que trabaja en su casa por contraer coronavirus. Se hizo viral que Nicole Neuman la obligó a irse a un centro de aislamiento, a pesar de que a ella también le dio positivo el hisopado.

En lo que va de la cuarentena casi 21.000 trabajadoras de casas particulares perdieron el empleo. Según los datos del Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado, elaborado por el Ministerio de Trabajo, en el primer cuatrimestre de 2020 “el personal doméstico declarado por los empleadores sufrió una reducción de 20.700 puestos de trabajo, pasando de 497.700 a 477.000”. Aquí están las nuevas desocupadas, mujeres y jóvenes, que se suman a las filas de quienes tendrán que asistir a comedores para alimentarse, o quienes serán desalojadas de sus casas por no poder pagar el alquiler.

Plata hay, pero se la llevan afuera

Que paradójico resulta ver que, durante la negociación con los bonistas que se extendió por cuatro meses, el gobierno de Fernández fue cediendo, y entre la primera oferta y la que se terminó firmando se le reconocieron 16.500 millones de dólares más a los acreedores. Un cálculo rápido: les regalaron a los bonistas catorce meses de pago del IFE. Después nos quieren convencer de que no se puede aumentar el IFE, o establecer alguna otra política pública para ayudar a quienes más lo necesitan.

Es urgente que se destinen todos los fondos necesarios para enfrentar la crisis social y sanitaria. Para ello, además de dejar de pagar la deuda, hay que imponer un impuesto a las grandes fortunas y riquezas como propone el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad presentado en el Congreso.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

A dos años del rechazo del Senado a la interrupción legal del embarazo, seguimos exigiendo que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el gobierno no presentará este año el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y postergará su tratamiento para 2021 con la excusa del Covid-19. “Si no hubiéramos tenido la pandemia se iba a debatir este año”, explicó el funcionario al diario Perfil en una nota del 11 de agosto. El día anterior, Infobae tituló “Los motivos por los cuales el presidente no enviará el proyecto de ley de aborto legal al Congreso este año” y en esa nota, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, sostuvo: “Estamos con 7.500 contagios por día, no podemos plantear ahora el debate del aborto y ponerle más presión al sistema de salud”. Estas declaraciones se suman a las del presidente, quien ya había expresado que tenía otras urgencias.

No es cierto lo que dicen lxs funcionarixs, que si se legaliza el aborto se presiona aún más al sistema de salud. Es al revés de lo que dice Vilma Ibarra, porque la presión sobre el sistema de salud se está produciendo ahora por la clandestinidad, ya que son las complicaciones de los abortos inseguros las que ocupan unas 53.000 camas al año. Están ocultando que existen tratamientos ambulatorios con medicamentos para interrumpir los embarazos que no requieren de la ocupación de camas. Si el aborto fuera legal se podrían hacer los acompañamientos y las consultas en las áreas de ginecología u obstetricia sin ningún tipo de dificultad.

Ya está todo discutido

En la nota de Infobae se explica que la razón por la que acordaron postergar el debate es porque el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, están solo dedicados a la pandemia y no podrían sumarse al debate del aborto en este contexto. Pero recordemos que en 2018 hubo más de setecientos expositores en el Congreso, entre los que participó el actual ministro de Salud. Aquello duró meses, fue seguido por miles cada martes y jueves por las redes y medios de comunicación antes de la votación final. Y ese mismo debate se ganó con multitudes en las calles, logrando la despenalización social. Luego de la media sanción en Diputados, las cúpulas eclesiásticas y los sectores antiderechos acordaron con todos los partidos patronales, es decir PRO, los radicales y los peronistas para que finalmente no salga la ley. Por lo tanto, no faltó debate sino voluntad política para terminar con la clandestinidad del aborto.

Por otro lado, no debería sorprendernos que la decisión gubernamental de no tratar la legalización del aborto se dé luego de los agradecimientos públicos que Alberto Fernández hizo al papa Francisco por su acompañamiento y apoyo al acuerdo logrado con los bonistas en el pago de la deuda externa. Denunciamos ese acuerdo miserable de entrega de nuestros recursos porque cada peso que se va al pago de la deuda no se queda en el país para mejorar el sistema de salud ni para combatir la violencia de género, que sí son urgentes.

Basta de dilatar, que se apruebe el proyecto de la campaña

Hasta el momento, el único proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tiene estado parlamentario es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita, hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde, este es nuestro proyecto, el que está en las calles y que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Así lo expresamos el pasado 8A con el Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso, a dos años del voto negativo del Senado. En una acción callejera, unitaria y con todos con los cuidados necesarios de distanciamiento social, exigimos a lxs legisladorxs que se apruebe el proyecto de la campaña y así tener #AbortoLegal2020.