El gobierno de Cambiemos está lanzado a hacer pasar esta nueva etapa del ajuste. Esta semana están las audiencias públicas, paso administrativo formal para legalizar los tarifazos en la luz y el gas que llegarán a las facturas en diciembre. Y ya están en camino rumbo al Congreso los proyectos de reforma impositiva, jubilatoria y laboral.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda daremos la pelea política, oponiéndonos clara y tajantemente a todas las medidas de ajuste. ¡No hay nada que negociar ni “artículo que mejorar”! Denunciamos todo el paquete de leyes como una auténtica declaración de guerra al bolsillo del trabajador, al servicio de pagar la deuda externa. Por eso proponemos un plan económico alternativo frente a la crisis, que responda a las medidas del gobierno. Comenzando por dejar de pagar la deuda externa y poner todos esos recursos para resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, educación, salud y vivienda. 

Escribe Claudio Funes

Un nuevo tarifazo está en puertas, golpeando fuertemente al ya maltrecho bolsillo de los trabajadores. Su responsable, el ministro Aranguren, figura como director de una empresa offshore de Shell, multinacional que hoy hace grandes negocios con el gobierno de Macri.

Escribe Claudio Funes

El presidente volvió a viajar a los Estados Unidos para tratar, una vez más, de “seducir” a las multinacionales yanquis para que vengan a invertir a la Argentina. “No van a encontrar ningún otro país que ofrezca un potencial como el nuestro. Necesitamos socios”, dijo el presidente ayer a una audiencia de más de 150 empresarios. Tantos halagos le sirvieron para ser galardonado por el Consejo de las Américas con “la Insignia de Oro” por “sus extraordinarios logros y liderazgo transformador en Argentina y todo el hemisferio”. Macri les garantizó a los presentes que iba a llevar adelante el nuevo y mayor ajuste que ellos reclaman: “Este es el momento, es ahora o nunca”.

Escribe Claudio Funes

Según el diario El País de España, la constructora brasileña Odebrecht pagó 200 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios públicos en ocho países de la región a través de la Banca Privada d’Andorra. Las autoridades de ese país arribaron a esta conclusión luego de examinar las cuentas de 145 clientes de Odebrecht en esa institución. El País confirma que, entre otros, la empresa constructora realizó pagos ilegales para participar del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Estos sobornos están siendo investigados por el juez Martínez de Giorgi, al que la Cámara Federal le ordenó el pasado 6 de noviembre que disponga “medidas rápidas y eficaces” sobre el patrimonio de las empresas investigadas (inhibición general de bienes), entre ellas Odebrecht, Iecsa -que durante el período bajo investigación pertenecía al primo de Macri, Angelo Calcaterra- y la italiana Ghella, hoy propietaria del 70% del soterramiento. El fiscal de la causa había advertido que entre 2005 y 2014 hubo un “habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales” para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.