Foto de portada: Movilización en Minneapolis contra las políticas migratorias de Trump

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Donald Trump dijo explícitamente que su objetivo es expulsar a un millón de inmigrantes por año. 

Los crímenes del mandatario y de sus agentes del ICE, que incluyen torturas, asesinatos y violaciones sexuales, han generado una enorme indignación y una movilización sin precedentes, que obligó al propio presidente a dar un paso atrás, aunque parcial. Durante el segundo gobierno de Trump, 37 personas murieron bajo custodia. El jefe de la Casa Blanca no solo garantiza impunidad a los agentes de ese cuerpo y a la Guardia Nacional, sino que los ensalza como “patriotas” por sus acciones criminales y les aprobó presupuestos récord para la institución.

Recordemos que ICE es la sigla en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), un cuerpo que, mediante un accionar auténticamente fascista, persigue violentamente a las personas migrantes, las aterroriza, las detiene y las encierra para su inmediata deportación. Se multiplican situaciones terribles que se viralizan por redes sociales, como el caso de un niño de cinco años encarcelado junto con su padre.

Los ataques del ICE no se limitan exclusivamente a la población inmigrante, sino que se extienden también a todos los que se solidarizan con ella. El 24 de enero, en Minneapolis, la policía federal asesinó a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense de 37 años. La escena fue difundida en millones de teléfonos celulares con detalles horribles. Tres semanas antes habían asesinado a otra ciudadana estadounidense, Renee Macklin Good, también habitante de Minneapolis.

Crece la resistencia

Las huelgas del pasado viernes en diversas ciudades, con Minneapolis como centro, fueron una respuesta contra las acciones de agentes federales, del ICE y de la represión inmigratoria del gobierno. El resultado fue el cierre de negocios y decenas de miles saliendo a las calles en 200 ciudades del país. “No trabajar, no ir a la escuela y no hacer compras” fue la consigna. Los gritos y las pancartas con leyendas como “Abolir ICE” y “No ICE, no USA fascista” sobresalían entre la muchedumbre.

En Minneapolis y Saint Paul, las llamadas Ciudades Gemelas, se viene desarrollando una fuerte solidaridad con la población migrante amenazada por la violencia represiva del gobierno. Para garantizar la huelga del viernes se pusieron en marcha diversas iniciativas, como movilizaciones dentro de los centros comerciales llamando al cierre de locales y una enorme intervención en el aeropuerto local para garantizar la paralización de los vuelos programados. Durante esta última acción fueron detenidas unas cien personas. Por la tarde, y desafiando el frío extremo, la ola polar que cubre gran parte de Estados Unidos, diversas columnas de manifestantes llegaron al centro de la ciudad con carteles exigiendo justicia por Renee Good y por todas y todos los asesinados. También reclamaron la disolución del ICE, el fin de las redadas y un claro rechazo a la política del gobierno de sostener el genocidio en Gaza, sus agresiones a Venezuela y sus amenazas sobre Groenlandia.

Estas movilizaciones fueron potenciadas por el Movimiento 50501, que desde la asunción de Trump en su segundo mandato agrupó a diversas organizaciones para enfrentar el autoritarismo, la represión y el ajuste impulsados desde Washington. Para el próximo 17 de febrero se prepara una nueva movilización hacia el Congreso en un “Día Nacional de Acción Directa”. A su vez, los sindicatos de la Salud comienzan a discutir posibles paros contra la represión, mientras sostienen una histórica huelga en los grandes hospitales privados de Nueva York.

Retroceso parcial del gobierno

Ante la indignación popular creciente, el presidente se vio obligado a relevar recientemente de su cargo a Gregory Bovino, quien encabezaba las operaciones del ICE en Minneapolis y era responsable de lo más aberrante del operativo represivo. Fue reemplazado por Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, quien anunció un plan de desescalada para reducir la presencia federal y hacer las operaciones “más eficientes y seguras”. No es que las persecuciones vayan a terminar, pero evidentemente el gobierno tuvo que frenar la escalada represiva ante el ascenso en su contra.

Las movilizaciones de estas semanas son las mayores desde el estallido de los levantamientos populares en varias ciudades de California el año pasado contra las deportaciones masivas. Lo extraordinario es que gran parte de los participantes no eran migrantes, sino ciudadanos estadounidenses “en regla”.

Todo esto se suma a las derrotas electorales que viene sufriendo el trumpismo en elecciones parciales. La más resonante fue, sin duda, el triunfo de Zohan Mamdani, activista que se define socialista democrático y pro-palestino, en la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Las encuestas indican que la mayoría rechaza las políticas del gobierno, tanto contra la inmigración como por sus amenazas internacionales, incluida una eventual agresión contra Groenlandia. El pronóstico, a hoy, apunta a una dura derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de noviembre, lo que podría significar que Trump pierda el control de ambas cámaras del Congreso.

La oposición también crece entre personalidades del mundo artístico y del deporte. Ya vimos expresiones de Lady Gaga. Bruce Springsteen lanzó la canción “Streets of Minneapolis” en protesta por la violencia de los agentes federales de inmigración en la ciudad. El propio mandatario anticipó que no irá al Super Bowl del próximo 8 de febrero, temiendo el recibimiento del público y las expresiones en su contra que podrían realizar los músicos invitados. De hecho, la actuación principal estará a cargo de Bad Bunny, músico puertorriqueño autor de Nueva Yol, canción donde reivindica la identidad boricua y se opone a la política de deportaciones.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) nos solidarizamos con las movilizaciones en curso y reclamamos justicia para las personas y activistas asesinados. Exigimos la liberación de las y los migrantes encarcelados y el fin de las deportaciones masivas. Nos sumamos a exigir la disolución del ICE y el inmediato retiro de las fuerzas federales de los barrios populares. La más amplia unidad contra Trump, sus bandas fascistas y sus políticas de agresión imperialista. 

El jueves 29 de enero más de 18 mil personas abarrotaron el Palau Sant Jordi, en Barcelona, para lo que se denominó el “Concierto por Palestina”. El evento tuvo tal importancia que fue transmitido en directo por el canal La 2 de Televisión Española y en diferido por otra emisora.

El concierto arrancó con un discurso inicial de Josep Guardiola, exdirector técnico del Barcelona en sus años de mayores éxitos y actual entrenador del Manchester City: “Pienso en lo que pensamos cuando veo a un niño en esas imágenes suplicando dónde está su madre, que ha quedado bajo los escombros; pienso en los niños… los hemos dejado solos y abandonados… Las bombas quieren provocar silencios, que miremos a otro lado, que no demos un paso adelante. Es por eso que nos tenemos que implicar. Todo esto va solo de humanidad, que es lo que está faltando hoy en Palestina”.
El evento, que forma parte de la campaña internacional ACT X Palestina, contó con la presencia solidaria de más de 30 músicos y personalidades destacadas de la cultura y el deporte.

Pep Guardiola, hablando en el acto en Barcelona por Palestina

Una presencia sorpresa, que no figuraba en el programa, fue la de la cantante Rosalía Vila Tobella. “Bona nit, Barcelona”, dijo al salir al escenario, desatando una gigantesca ovación en el Palau Sant Jordi. Antes de interpretar “La Perla”, uno de los grandes éxitos de su nuevo disco Lux, quiso dedicar unas palabras en apoyo a la causa solidaria del festival: “Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, por invitarnos…”.

Hubo mucho más, como una performance protagonizada por La Fura dels Baus. También Cristina Mas Andreu, dirigenta de Lucha Internacionalista, habló y presentó el libro del cual es co-directora: “Un grito por la infancia en Gaza. Voces, imágenes y testimonios del genocidio”. Todo lo recaudado en el evento fue destinado directamente a organizaciones palestinas de la resistencia.

Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI en el Estado Español, se hizo presente en el encuentro, instalando una mesa de materiales y difundiendo una declaración de repudio a la reciente conformación de la denominada por Trump “Junta de Paz para Gaza”. Allí retoma el proyecto de limpieza étnica de la Franja, la instalación de tropas internacionales y la imposición de un negocio inmobiliario y turístico de lujo sobre los cadáveres de centenares de miles de gazatíes.
El Concierto por Palestina culminó con la realización de un gran mosaico en el recinto, con la colaboración de todos los asistentes.

Escribe Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

El pasado 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó de forma apresurada una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La misma contó con el voto favorable de un sector de los diputados de la oposición patronal. Se trata de una ley cocinada en la Casa Blanca. No fue casualidad que, un día antes de su aprobación, el gobierno del ultraderechista Donald Trump le diera su visto bueno.

Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones extranjeras. Ya no será obligatorio operar en asociación con Pdvsa mediante empresas mixtas. Este es el cambio más significativo de la nueva ley. Se elimina el control que el país ejercía a través de Pdvsa sobre las operaciones y la comercialización del crudo. De esta manera, se abre la puerta para que los socios privados, tanto nacionales como transnacionales, participen directamente en la exploración y extracción de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Estos contratos les otorgan autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa.

Además, se reducen las regalías que las transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. Las regalías eran un impuesto que debían pagar las empresas al Estado; su reducción significa mayores ganancias para las petroleras y menos recursos para el país.

Por otra parte, la reforma establece que ya no será obligatorio resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados ante instancias internacionales.

Tras la brutal agresión imperialista del 3 de enero, en la que Estados Unidos masacró a más de 200 personas, el gobierno de falso socialismo chavista —que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez —, en lugar de reaccionar con dignidad ante la agresión y romper relaciones con Estados Unidos, ha cedido ante los intentos de tutelaje de Trump sobre nuestro país. Nunca convocó a una resistencia real ni a la movilización contra la injerencia estadounidense, ni tomó medidas económicas concretas contra las empresas de ese país.

Con esta reforma leonina y entreguista, aprobada en la Asamblea Nacional, se ha materializado el pacto entre el gobierno venezolano y Trump, sobre el cual ya habíamos advertido (Ver nuestra declaración del 11 de enero). Este acuerdo profundizará la entrega del petróleo a las transnacionales y a los empresarios privados nacionales, consolidando así un nuevo saqueo de nuestros recursos.

Las señales de que se estaba fraguando un pacto eran evidentes. Fue el propio gobierno venezolano el que puso a disposición de Estados Unidos los 30 o 50 millones de barriles de petróleo de los que Trump se jacta controlar. De esos, Estados Unidos ya vendió una parte en el mercado internacional, y en días pasados ingresaron al país 300 millones de dólares, con otros 200 millones por llegar próximamente, de un total de 500 millones que Trump había depositado en Qatar. Todo esto se hizo con el acuerdo del gobierno venezolano. Además, se avanza aceleradamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, la presidenta encargada se entrevistó con el director de la CIA, y la Casa Blanca ya anunció que Delcy Rodríguez sería invitada a reunirse con Trump.

Sin embargo, esta escandalosa capitulación no nos sorprende. Desde hace más de dos décadas hemos denunciado que el llamado «Socialismo del Siglo XXI» chavista es una gran estafa: una farsa orquestada para mantener a Venezuela dentro del marco capitalista, lo que ha provocado una brutal caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Llevamos años denunciando que Chávez primero, y luego Maduro, siempre buscaron acuerdos con las transnacionales y los empresarios privados. Chávez no nacionalizó el petróleo; eso ocurrió realmente en 1975. Lo que se hizo en 2006 con el plan «Plena Soberanía Petrolera» fue reemplazar los contratos de las transnacionales en Venezuela por «empresas mixtas», donde estas pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero (51% a 49%). En aquel entonces, transnacionales estadounidenses y de otros países firmaron estos acuerdos. Empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips no fueron expulsadas por el gobierno; simplemente rechazaron el esquema y abandonaron el país.

Desde 2018, con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, Maduro acordó con Fedecámaras y Conindustria aplicar un brutal ajuste capitalista que destruyó los salarios, eliminó impuestos a las empresas, desreguló las relaciones laborales, convirtiendo a los trabajadores en mano de obra semiesclava y sin derechos sindicales. En más de una ocasión, incluso ofreció en bandeja de plata a las transnacionales estadounidenses y de otros países el petróleo, el gas y las riquezas mineras del país. El 31 de diciembre, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, declaró: “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”

A lo largo de estos últimos 25 años, nunca hemos dado apoyo al régimen chavista, al mismo tiempo que denunciábamos a los partidos de la derecha patronal y proimperialista, manteniendo nuestra independencia política frente a ambos polos. Sostenemos que la única salida estratégica es lograr un gobierno de las y los trabajadores, junto a los sectores populares, para que el petróleo sea 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales— y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos. Los recursos provenientes del petróleo deben destinarse a un plan obrero y popular de emergencia, que garantice aumentos salariales y de pensiones, así como inversión en salud, educación, vivienda, producción de alimentos y medicamentos, además de la recuperación de nuestra industria petrolera, eléctrica y las empresas básicas de Guayana.

Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo, muy poco de esos recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. La mayor parte se perdió en negocios turbios, corrupción, compras de armas y enriquecimiento de grandes transnacionales y grupos económicos nacionales.

Aunque esta ha sido la tónica del chavismo durante 26 años, la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos —aprobada en primera discusión por el parlamento venezolano— profundiza el camino de entrega de nuestro petróleo y recursos naturales.

Reconocemos que existe una gran confusión entre el pueblo trabajador, alimentada por el doble discurso y el falso socialismo del chavismo. Ante la grave crisis social, algunos trabajadores petroleros y de otros sectores podrían albergar expectativas equivocadas sobre el ingreso de transnacionales e inversiones, creyendo que mejorarán salarios y condiciones de vida.

Pero la historia demuestra que, en ninguna parte del mundo, las inversiones de grandes empresas han traído bienestar a los pueblos. Al contrario, solo generan más miseria, expoliación de recursos y ningún beneficio para la clase trabajadora. Por eso, rechazamos tanto la injerencia de Estados Unidos y Trump en nuestro país y en el manejo del petróleo, como el reciente pacto consumado con el gobierno venezolano.

En el PSL, estamos convencidos de que solo la lucha del pueblo trabajador puede generar cambios reales en nuestras condiciones de vida. Nada caerá del cielo, y nadie nos regalará nada. Por eso decimos que debemos organizarnos para luchar desde ya por un aumento inmediato de salarios de emergencia, equivalente al valor de la canasta básica.

Acaban de llegar 300 millones de dólares por la venta de petróleo, y está previsto que lleguen otros 200 millones en los próximos días, y seguirán llegando recursos por la venta del petróleo que no se había vendido por el bloque impuesto por el imperialismo estadounidense. Exigimos que ese dinero se destine a aumentar los salarios, mejorar la salud, la educación y los servicios públicos. Debemos movilizarnos por un plan de acción que incluya:

– ¡Basta de ajustes contra el pueblo trabajador!

– ¡Basta de bonificación salarial!

– Discusión de contrataciones colectivas.

– Derecho a huelga y libertad sindical.

– Libertad plena para los presos políticos, especialmente para las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos. Exigimos su inmediata liberación y restitución en sus cargos.

– ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!

– Legalización de los partidos políticos de izquierda y democráticos.

En este marco, desde el PSL seguimos exigiendo: ¡Fuera Trump de Venezuela y de América Latina!

24 de enero de 2026

Escribe Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

25/1/2026. Durante el viernes 23 de enero, se llevó adelante una histórica movilización de masas y una fuerte huelga general en Minneapolis. La huelga había sido convocada días antes por diversas organizaciones sindicales y comunitarias de la ciudad en rechazo al asesinato de Renee Nicole Good el pasado 11 de enero por parte de agentes migratorios de ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU), y por el cese de la persecución migratoria en esa ciudad. A partir del asesinato de Good, grandes movilizaciones se desarrollaron diariamente en diversas ciudades y se registraron enfrentamientos con las fuerzas represivas. 

La convocatoria a la huelga fue tomada por decenas de organizaciones y el 23 de enero Minneapolis despertó paralizada. Bajo la jornada más fría de los últimos años, con temperaturas alrededor de -20Cº, una masiva movilización con mas de 50.000 participantes llenó las calles de la ciudad. Estas movilizaciones fueron replicadas en otras ciudades y potenciadas por el Movimiento 50501, que desde la asunción de Trump en su segundo mandato ha agrupado a diversas organizaciones para enfrentar el autoritarismo, la represión y el ajuste de Trump, impulsando masivas acciones en todo EEUU.

Se trata de la mayor protesta desde el estallido de disturbios populares en varias ciudades de California en 2025 contra las deportaciones masivas de Trump, quien pretende deportar a un millón de personas cada año. Los crímenes de Trump y sus agentes de ICE, que incluyen torturas, asesinatos y violaciones sexuales, han generado gran indignación.

En Minneapolis y Saint-Paul, las llamadas Ciudades Gemelas, se viene desarrollando un fuerte proceso de organización que garantiza patrullajes independientes para anticiparse a la intervención de la ICE, y una fuerte solidaridad con la población migrante amenazada por la violencia represiva del gobierno. Para garantizar la huelga se desarrollaron diversas iniciativas, como grandes movilizaciones dentro de los centros comerciales llamando a que se cierren los locales y una gran intervención en el aeropuerto local para garantizar la paralización de los vuelos programados. Durante esta acción fueron detenidas unas cien personas. Durante la tarde, y desafiando el frío extremo -que ha obligado de declarar la emergencia en Nueva York-, diversas columnas fueron llegando al centro de la ciudad con carteles exigiendo justicia por Renee Good y todas las y los asesinados, la disolución de la ICE, el fin de las redadas y un claro rechazo a la política de Trump de sostener el genocidio en Gaza, sus agresiones a Venezuela y sus amenazas sobre Groenlandia. 

Mientras la lucha crece la ICE y los Agentes Federales siguen asesinando

Luego de la exitosa huelga y las grandes movilizaciones, los agentes federales que patrullan Minneapolis, volvieron a asesinar. Durante la tarde del sábado 24 de enero, un grupo de agentes federales sometió y asesinó con disparos a Alex Pretti; un trabajador de la salud de 37 años. Nuevamente, todo quedó grabado por los celulares y rápidamente se hizo público, despertando la rabia generalizada.

El gobierno de Trump ha intentado justificar las ejecuciones de Good y Pretti alegando que eran “terroristas”, aunque ambos fueron asesinados mientras participaban en protestas no violentas y grababan las actuaciones de la ICE. Trump, quien fiel a su estilo paranoico ha clasificado al antifascismo como una “organización terrorista”, también ha acusado al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis, ambos liberales del partido demócrata, de dirigir una supuesta “insurrección”.

Durante el segundo gobierno de Trump 37 personas han muerto bajo custodia de ICE. Trump no solo garantiza impunidad de los agentes de ICE y la Guardia Nacional, sino que los ensalza como “patriotas” por sus acciones criminales y ha aprobado presupuestos récord para la institución. 

La Cámara de Representantes aprobó el pasado 22 de enero -con el voto de 7 demócratas- el proyecto de Ley de Seguridad Nacional y un nuevo paquete de financiamiento para la ICE para seguir fortaleciendo una maquinaria represiva sin precedentes. Mientras tanto, grandes movilizaciones exigen la disolución de la ICE y su inmediata retirada de los barrios. Para el próximo 17 de febrero, se prepara una nueva movilización hacia el Congreso en un “Día Nacional de Acción Directa”, y los sindicatos de la Salud comienzan a discutir posibles medidas de huelgas en contra de la represión, mientras sostienen una histórica huelga en los grandes hospitales privados de Nueva York.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI), nos solidarizamos con las movilizaciones en curso y exigimos justicia para las personas y activistas asesinados. Exigimos la liberación de las y los migrantes encarcelados y el fin de las deportaciones masivas. Nos sumamos a exigir la disolución de la ICE y el inmediato retiro de las Fuerzas Federales de los barrios populares.

Escribe Partido de la Democracia Obrera, sección Turca de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional

22/1/2026. Tras el fracaso de las negociaciones entre el gobierno provisional y las Fuerzas Democráticas Sirias el 4 de enero, la escalada militar que se intensificó y continuó extendiéndose desde Alepo hacia todas las zonas bajo control de la Administración Autónoma en el Norte y el Este de Siria (ANAES). Después de que las fuerzas gubernamentales, que continuaban su avance militar al oeste y al este del Éufrates, llegaran hasta las inmediaciones de Kobane, Hasaka y Qamishlo, en la noche del 18 de enero se firmó un nuevo acuerdo de alto el fuego. En el marco de los recientes acontecimientos, que han creado una nueva situación política en Siria y en la región como resultado de la combinación de múltiples factores, como Partido de la Democracia Obrera resumimos nuestra posición en los siguientes puntos:

1. El pueblo kurdo, dividido en cuatro partes como resultado de los planes de reparto imperialista, es una de las naciones más antiguas de la región. Los derechos democráticos y nacionales del pueblo kurdo en Turquía, Siria, Irán e Irak deben ser reconocidos sin ser objeto de ninguna negociación, y el pueblo kurdo debe poder determinar libremente su propio futuro. Ningún arreglo que no se base en esta realidad histórica y política puede producir una solución duradera ni garantizar la paz entre los pueblos.

2. En este marco, la base fundamental de la reciente escalada militar en Siria radica en el hecho de que el gobierno de Damasco no reconoce el carácter multinacional, multiétnico y multirreligioso de los pueblos del país. Las divisiones heredadas del régimen de Al Assad, que llevó las políticas sectarias y racistas a sus extremos para mantenerse en el poder, están siendo utilizadas ahora por el gobierno provisional de Shara para consolidar su propio poder. La prioridad del gobierno provisional es reconstruir el Estado capitalista en el país en cooperación con el imperialismo, el sionismo y las fuerzas reaccionarias regionales, apropiándose de las demandas de “libertad y dignidad” por las que el pueblo sirio ha pagado grandes costos. Sus políticas centralistas y autoritarias en esta dirección causaron desastres en Latakia en marzo y en Suwayda en julio, y ahora han provocado una nueva crisis en Rojava.

3. El acuerdo de alto el fuego firmado el 18 de enero y renovado el 20 de enero puede romperse en cualquier momento, como los anteriores, y los enfrentamientos pueden intensificarse nuevamente. En realidad, este acuerdo es una revisión del acuerdo del 10 de marzo, que no fue implementado, y continúa presentando sus características débiles y frágiles. Este acuerdo ambiguo, que prevé la integración de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) en el ejército central y de la Administración Autónoma en Damasco, ha funcionado en la práctica como una cobertura que protege los intereses a corto plazo de ambas partes y sirve a sus esfuerzos por ganar tiempo y fortalecer sus posiciones. Este acuerdo se ha configurado no sobre la base de las iniciativas propias de las partes, ni del establecimiento de los derechos democráticos de los pueblos, sino en función de las necesidades y demandas de Estados Unidos y de las potencias regionales. En este proceso, el gobierno de Shara, que ha logrado jugar mejor sus cartas en el equilibrio de fuerzas políticas globales y regionales, está imponiendo a la Administración Autónoma, a partir del avance militar sobre el terreno desde el 4 de enero, una actualización y clarificación del acuerdo del 10 de marzo en su propio beneficio.

4. Al igual que en el acuerdo del 10 de marzo, las prioridades del imperialismo y las potencias regionales fueron decisivas para definir el acuerdo del 18 de enero. Convencido de que las Fuerzas de Democráticas de Siria (FDS) habían cumplido su misión histórica y prefiriendo al régimen de Damasco como su principal aliado, la administración Trump, tras el fracaso de las negociaciones, dio luz verde al avance militar del gobierno interino, excluyendo las ciudades y aldeas de mayoría kurda. Inmediatamente antes de la operación militar, el gobierno interino neutralizó a la entidad sionista mediante un acuerdo alcanzado en París con el Estado sionista, cuya prioridad era la desmilitarización del sur, cuyos detalles aún no se han revelado oficialmente. La administración Erdoğan, como el principal defensor de esta operación, ofreció su pleno apoyo a las fuerzas gubernamentales.

5. Mientras el gobierno provisional continuaba su avance militar en la región de Cezire (al este del Éufrates), también firmó el 17 de enero un decreto en el que anunciaba el reconocimiento y la garantía de los derechos de ciudadanía, lingüísticos y culturales del pueblo kurdo. Aunque este paso tiene gran importancia por ser el primer documento en la historia de Siria que reconoce diversos derechos de los kurdos tras la independencia del país, no ha producido un resultado que alivie las preocupaciones existenciales del pueblo kurdo debido a los continuos enfrentamientos militares y a las políticas centralistas del gobierno. De manera similar, aunque el gobierno central subraya que no llevará a cabo ataques militares contra las regiones de mayoría kurda, no es posible convencer a los kurdos cuyas ciudades y pueblos están bajo asedio militar. En este contexto, ¡el bloqueo militar contra Kobane, donde se ha cortado la electricidad y el agua, debe levantarse de inmediato! Precisamente por esta razón, se están llevando a cabo acciones en las cuatro partes y en la diáspora para la defensa de Rojava. En caso de que el acuerdo del 18 de enero, firmado por ambas partes, también quede sin efecto y el gobierno provisional intente atacar las regiones kurdas, deben organizarse las movilizaciones de solidaridad más amplias en Turquía, en la región y en el mundo para la defensa del pueblo kurdo.

6. Frente a la operación del gobierno provisional, la rápida disolución y desintegración de las FDS, de las cuales se afirma que el 60 por ciento está compuesto por árabes, así como la rápida retirada de las Unidades de Protección Popular (YPG) de las regiones de mayoría árabe y la ausencia de una resistencia en esas zonas contra las fuerzas del gobierno central, han puesto de manifiesto el fracaso de la experiencia de “autoadministración”. La Administración Autónoma, que desde 2017 mantenía bajo su control estas regiones de mayoría árabe, contrariamente a su discurso, no ha podido ofrecer una alternativa basada en la libertad y la igualdad, ni ha logrado ganarse a las comunidades árabes. A pesar de su riqueza en recursos naturales como petróleo, gas natural y agua, la población de la región, convertida por los gobiernos de Damasco en una de las más pobres del país, llevaba largo tiempo protestando contra la Administración Autónoma debido a la discriminación, la represión y la exclusión de las instituciones de gobierno. La política de intentar controlar a las comunidades locales mediante acuerdos con líderes tribales, en lugar de aplicar medidas económicas y políticas capaces de ganarse a los pueblos trabajadores de la región, ha fracasado como resultado del cambio de bando de esos líderes tribales con el cambio en el equilibrio de fuerzas. Además, las políticas que oscilan rápidamente entre negociar con el gobierno de Shara para su representación en la administración central y, por otro lado, declararlo un remanente de ISIS y llamar a una resistencia total -así como los discursos contradictorios provenientes del liderazgo- han causado confusión y desmoralización entre las masas. Como resultado, ha quedado una vez más en evidencia que una política a corto plazo, pragmática y basada en los equilibrios entre potencias globales y regionales no sirve a la liberación nacional.

7. La interconexión entre los acontecimientos en Siria y las negociaciones en curso en Turquía, así como la intervención activa del gobierno de Erdoğan en los desarrollos en Siria, también tendrán consecuencias importantes para el proceso en Turquía. La nueva situación en Siria es significativa, ante todo, porque pone de manifiesto -como hemos subrayado desde el principio- la hipocresía y la falta de sinceridad de la Alianza Popular respecto a la resolución de la cuestión kurda. En el momento en que el régimen represivo de Erdoğan se sienta lo suficientemente fuerte, no dudará en volver a volcar la mesa y en intensificar las políticas de guerra y represión. El aspecto más irónico de este proceso es que la Alianza Popular haya expresado su apoyo al decreto del 17 de enero de Shara, que incluye derechos para la Administración Autónoma y la educación en lengua materna, derechos que la Alianza Popular misma se niega obstinadamente a reconocer. En este marco, subrayamos una vez más que la lucha por la democracia política en Turquía y la cuestión kurda son inseparables, y que los derechos del pueblo kurdo, comenzando por la liberación de los presos políticos, deben ser reconocidos de inmediato sin ser objeto de negociación.

8. La contradicción fundamental en nuestra región sigue estando entre el imperialismo, el sionismo y las fuerzas capitalistas dominantes de la región, por un lado, y los pueblos que se les oponen, por el otro. En este marco, la intifada del pueblo palestino contra el sionismo y los levantamientos (serhildan) del pueblo kurdo, la rebelión del pueblo iraní contra la dictadura y la lucha en curso del pueblo sirio por sus derechos democráticos y económicos están indisolublemente ligados entre sí. La solución final para nuestra región es la Federación Socialista de Oriente Medio, que será establecida bajo el liderazgo de los trabajadores y de los pueblos oprimidos, sobre la base de la liberación social de los pueblos y de la igualdad política.

* Proyecto del FIT-U en repudio a los ataques al pueblo Kurdo
La diputada Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista y el diputado Christian Castillo del PTS presentaron un proyecto del Frente de Izquierda Unidad en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires en repudio a la ofensiva criminal del gobierno de Siria contra el pueblo Kurdo y la Administración Autónoma del Noreste de Siria (Rojava), Alepo, Raqqa y otros lugares de ese país.

Leé el proyecto https://izq.ar/3ct?a