Escribe Edgardo Reynoso
Comisión de reclamos del Ferrocarril Sarmiento

Después del parazo de la semana pasada, la burocracia de la CGT no planteó ninguna medida para darle continuidad. Es fundamental salir a exigir ya mismo el paro de 36 horas, con movilización a Plaza de Mayo, como primer paso de un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri y el FMI.

El propio gobierno de Macri reconoce que la inflación de 2018 va a terminar, como mínimo, entre 28% y 32%. Las paritarias cerradas al 15% y en cuotas ya parecen un mal chiste. El gobierno quiso arreglarlo “autorizando” un 5% más, y ahora diciendo que se puede “ir conversando” uno a uno con cada gremio. Hasta el propio Daer se vio obligado a decir que no queda otra que revisar todos los acuerdos que se firmaron. Pero la única realidad es que la plata no alcanza. La bronca crece en los lugares de trabajo y se multiplica cada vez que vamos al supermercado y vemos cómo nuestro salario día a día vale menos.

Pero lo que más bronca da es que después de la enorme demostración de fuerza del paro del lunes 25 la burocracia de la CGT no se plantee ninguna medida para darle continuidad. ¡Sí lo único que se les ocurrió es “dialogar” con el mismísimo Fondo Monetario Internacional! De una vergonzosa teleconferencia con ese organismo Schmidt salió diciendo que el FMI “estaría dispuesto” a ver como se podían limitar los efectos del ajuste sobre los despidos, abonando el discurso del propio gobierno que afirma que ahora habría un “FMI bueno”. 
Mientras tanto, el ajuste sigue avanzando: la semana pasada hubo 1.200 despidos, entre ellos los 357 de Télam. Y se vienen más. Para los estatales significará miles de cesanteados más y el congelamiento salarial. En el sector privado basta con escuchar declaraciones de las distintas patronales avisando las consecuencias de la recesión, donde ellos están dispuestos a que la paguen los trabajadores, sin resignar un peso de sus propias ganancias. 
En todos los lugares de trabajo los compañeros se preguntan cómo la seguimos. Los miles que participamos del plenario del sindicalismo combativo de Lanús el pasado sábado 23 y que estuvimos en los distintos cortes y actos el día del paro, dimos una respuesta: ahora necesitamos un paro de 36 horas, con movilización a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país, que sea el puntapié inicial de un auténtico plan de lucha.
Eso es lo que tenemos que exigirle a la burocracia de la CGT y a las CTA mientras apoyamos todas las luchas en curso. Debatiéndolo con todos los compañeros en fábricas y oficinas, haciendo asambleas allí donde sea posible, sacando pronunciamientos de cuerpos de delegados y planteándolo desde todas las agrupaciones opositoras a la burocracia en los distintos gremios. Para fortalecer este reclamo desde el sindicalismo combativo, como parte de las resoluciones de Lanús, realizaremos una marcha el próximo jueves 12 de julio.
Tenemos que reclamar un aumento salarial de emergencia, que nadie gane menos que el valor real de la canasta familiar ( hoy en 30.000 pesos); que se reabran inmediatamente todas las paritarias que ya se cerraron y que los aumentos igualen a lo que subió la inflación, reajustándose mensualmente, que se prohíban las suspensiones y los despidos y se reincorpore a todos los trabajadores, que todos los compañeros tercerizados y en distintas formas de precariedad o en negro pasen a ser efectivos y negarnos a cualquier forma de flexibilización laboral. Con este pliego reivindicativo, mientras explicamos que la plata para llevarlo adelante existe si dejamos de pagar la deuda externa, salimos a darle pelea al ajuste de Macri y el FMI.

Marcha del sindicalismo combativo

Como parte de las resoluciones del plenario de Lanús, los distintos participantes realizaremos una marcha de Congreso a Plaza de Mayo el próximo jueves 12 de julio a las 16.30. Será una forma de darle fuerza al reclamo de exigir la continuidad tras el paro general del 25 de junio pasado, con una nueva medida de fuerza de 36 horas que incluya una movilización a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país contra el ajuste y el pacto de Macri con el FMI. 
En esta marcha, además, apoyaremos todas las luchas en curso, como la de los compañeros de Télam y los docentes de Chubut, y repudiaremos el intento de persecución judicial contra el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria y máximo referente del sindicalismo combativo, nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero. 
Invitemos masivamente en los lugares de trabajo y concurramos con nuestros compañeros. Será un paso importante en la coordinación de las luchas y en la pelea por una nueva dirección sindical para la clase trabajadora, democrática y combativa.

Escribe Viviana Carranza Miembro de la comisión directiva de Foetra Buenos Aires por la minoría

El Grupo Clarín y Telecom van por todo. Aspiran a quedarse, vía Cablevisión, con el control total del negocio de la televisión por cable e internet, sumándoselo a los privilegios que ya tiene Telecom (junto con Telefónica) en la telefonía fija y celular.

Se trata de la concentración de medios más grande de la historia argentina. Cablevisión, propiedad en un 60% del Grupo Clarín y en el 40% restante de Fintech (del empresario mexicano David Martínez) se fusiona con Telecom, que pertenece en un 40% al mismo David Martínez, quedando en condiciones inmejorables por tratarse del único operador autorizado para brindar el llamado “cuádruple play”: telefonía fija, celular, internet y televisión por cable. Pasará a ser, por lejos, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, una de las mayores de Latinoamérica y la tercera en facturación de la Argentina, apenas superada por YPF y Mercado Libre.

Con una caradurez total, el gobierno le dio el “visto bueno” a la operación, que ya había sido aprobada por el Enacom en diciembre pasado. Ahora, a través de la Comisión de Defensa de la Competencia, increíblemente no vio “monopolio alguno”. Apenas si exigirá a los fusionados que se desprendan de algunos negocios menores para maquillar lo que es la creación de un auténtico monstruo que controlará la mayor parte de las telecomunicaciones y los medios de difusión del país. 
En este negocio está la mano personal del propio gobierno de Macri, que desde el primer día de su gobierno pavimentó el camino para el Grupo Clarín, a la vez que permitía a las telefónicas el cierre o reducción al mínimo de los servicios que no le eran rentables. 
Nada bueno pueden esperar los usuarios de esta fusión: ni se bajarán las tarifas, ni se extenderán las redes, ni se ampliará el acceso a los trabajadores u otros sectores populares. La monopolización también se verá en los contenidos, ya que la oferta de lo que veremos quedará sometida a las políticas del monopolio “dueño” del cable, reduciendo o directamente liquidando toda posibilidad de acceso alternativo a la información.
Para los telefónicos la fusión significará la profundización de las políticas de flexibilización y superexplotación que ya se vienen llevando adelante, con la complicidad de la burocracia de Foetra en el área metropolitana de Buenos Aires y de Foesitra en el interior del país. Será un paso más en lo que ya sucedió cuando se dio la “convergencia” entre los servicios móviles y la telefonía fija, que se realizó a expensas de las condiciones de trabajo de los telefónicos.
Ahora la fusión entre Cablevisión y Telecom ya está implicando también traslados masivos de trabajadores de un edificio a otro, mezclándose empleados afiliados a Foetra y de otros sindicatos telefónicos (supervisores y profesionales) con compañeros del sindicato de la televisión (Satsaid) y un sinnúmero de tercerizados (“fuera de convenio”). Todo con el claro objetivo por parte de la empresa de dificultar todo tipo de organización y resistencia y apuntalar la flexibilización laboral. 
Mientras la mayoría de la directiva de Foetra no hace nada con la excusa del “contexto nacional” o del “avance imparable de los cambios tecnológicos”, desde la oposición y en particular desde la Lista Roja, sostenemos que hay que dar pelea más que nunca por defender nuestras condiciones de trabajo y por nuestro salario. Para eso tenemos que juntarnos a debatir unitariamente en cada edificio o especialidad, independientemente del sindicato al que estemos afiliados. 
Pero nuestra lucha sindical se encuentra estrechamente ligada a nuestra salida política: solo con una empresa estatal, monopólica y eficiente, bajo gestión de trabajadores y usuarios, las telecomunicaciones estarán al servicio del conjunto de la población, permitiendo el servicio universal y democrático para todos, donde efectivamente las voces de las luchas de los trabajadores y demás sectores populares puedan hacerse escuchar.

Escribe Rodolfo Sánchez 
Delegado de ATE en CNEA Bariloche

Investigaciones Aplicadas (Invap), con su sede matriz en Bariloche, fue creada en 1976 a partir de un convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el gobierno de Río Negro. Trabajan 1.400 empleados, la mayoría profesionales experimentados en el desarrollo de sistemas tecnológicos ó en proyectos de alta complejidad. Invap es reconocida en el mundo como exportadora y fabricante de instalaciones nucleares, sistemas de control, equipos para radioterapia y más recientemente aerogeneradores, satélites y radares. Todas producciones de alta tecnología y con alto valor agregado, destacándose la mayor venta tecnológica en la historia del país con el reactor nuclear para investigación y producción de radioisótopos (tratamiento del cáncer) a Australia. 

Durante el gobierno de los Kirchner se encargó a la empresa desarrollar los radares primarios (3D de uso militar), secundarios para uso de tráfico aéreo civil y la puesta en órbita del satélite Arsat I para que la Argentina no perdiera la órbita geoestacionaria asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Invap, en el último trimestre de 2017 facturó 1.017 millones de pesos, vive de sus contratos de venta, trabaja con cien pymes y exporta tecnología a Holanda, Brasil y Bolivia. Construyó 22 radares de control aéreo, 6 meteorológicos, 12 primarios y en agosto lanzará su próximo satélite de envergadura. A pesar de su éxito, en abril de 2018 pagó en cuotas el sueldo del personal sin mediar explicación. Luego el gobernador Weretilneck expresó que fue por “el retaceo” de fondos del gobierno nacional a la CNEA (centros de radioterapia, reactores Carem y RA10) y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (satélites Saocom y Sabiamar 1), según el diario Río Negro.
Este 21 de julio Macri visitó Bariloche y declaró “soy el primer fanático de Invap”, pero inmediatamente acotó “son de la época de la magia y la plata no está”. Estas declaraciones causaron mucho malestar en toda la sociedad, por eso Marcos Peña reconoció que el gobierno pagará los contratos adeudados.La perspectiva es negra, porque para adecuarse a las exigencias del FMI, Invap para 2020 debe tener un 60% de la facturación en exportaciones, objetivo muy difícil ya que varios proyectos se caerán, como la construcción de la central nuclear Atucha III, con la tecnología conocida como “Candu”, entre NA-SA, China y participación de CNEA e Invap que tenía el 70% del costo total (7.000 millones de dólares) en componentes argentinos. El proyecto contaba con una participación de 129 empresas, generando 7.000 puestos de trabajo. Al día siguiente, el 27 de julio, del “salvataje a Invap” se enviaron en Nucleo Eléctrica Argentina S.A. (NA-SA )250 telegramas de despido. Se suman a la inestabilidad laboral de la Planta Industrial de Agua Pesada para abastecer cuatro centrales tipo Candu.
Este ajuste de Macri y el FMI sobre el sector nuclear argentino es muy grave porque el Estado desaparece como impulsor del desarrollo e independencia tecnológica y pone en riesgo no solo a Invap sino a otras empresas estatales como NA-SA, CNEA y Empresa Neuquina de Servicios de Energía (ENSI). Debemos defender nuestros recursos humanos y la independencia tecnológica adquirida con el esfuerzo de todos los trabajadores argentinos durante décadas.

Escribe José Castillo

El presidente Macri hace un par de semanas que ha decidido denominar a lo que sucede una “tormenta”. La metáfora meteorológica no es inocente: sería algo de origen “exógeno”, “impredecible” y sobre lo que, en última instancia, el gobierno no tendría responsabilidades. El secretario de Política Económica Guido Sandleris ha acuñado otro término: “minicrisis”, buscando reducir la importancia a los acontecimientos y entreviendo que “se saldría rápido”.

Se trata de una mentira total. Empecemos por los números fríos: la actividad económica sufrió una caída interanual de 5,8% en mayo, la mayor desde 2009, en plena crisis mundial. Más grave aún es ver que lo peor de las consecuencias de la devaluación todavía no pegaba a pleno en los indicadores de mayo. ¿Qué va a pasar cuando se vean estadísticamente a pleno los golpes sobre la industria (ya hay estimaciones privadas que estiman -5% en junio para el sector), las ventas (y por lo tanto el comercio) y ni qué hablar, el parate tanto en la obra pública como en la construcción privada en los próximos meses? La respuesta es clara: la proyección optimista del gobierno, que especula con que el número positivo del primer trimestre más algún “rebote” de crecimiento en el cuarto permitiría terminar 2018 con un 0,6% a favor, o incluso el 0,4%, que plantea el FMI es absolutamente incumplible. Lo más probable es que finalicemos 2018 con una recesión abierta y números cercanos a -1% o aún un poco peor.

El carácter “clasista” de esta crisis es el segundo factor que debe analizarse. En medio del vendaval el sector de intermediación financiera creció 10,8%. No es extraño, si lo cruzamos con el dato ya conocido de que la devaluación no le generó perjuicio alguno, sino que, por el contrario, sumó ganancias récord por 13.000 millones de pesos. La contracara es el aumento de las canastas de pobreza e indigencia. Ambas subieron claramente por encima del índice de inflación de junio (indigencia 4,9% y pobreza 4,1%, frente a un IPC “récord” de 3,7). Nada extraño cuando se observa que los incrementos de precios producto de la devaluación pegaron más en alimentos centrales de dicha canasta como pan, harinas y aceites. A esto tenemos que sumarle que sólo en mayo se perdieron 27.200 puestos de trabajo en blanco, según los propios datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Por eso no es casual que crezcan la pobreza e incluso la miseria extrema: la asignación universal por hijo (AUH) en septiembre de 2017 era de 1.412 pesos; desde entonces aumentó apenas 11% (a 1.578 pesos), mientras que los precios de la canasta básica subieron 27%.

Las conclusiones son claras: vamos a un incremento de la desocupación, a más pobreza e indigencia y a salarios que van a seguir perdiendo -y mucho- frente a la inflación. Del otro lado, tendremos más ganancias para los bancos, para los monopolios agroexportadores beneficiados con la devaluación pero también con la continuidad en la baja de retenciones y, por supuesto, para los acreedores externos que siguen cobrando millonadas en cada vencimiento de deuda externa.

Todo esto junto con una inflación superior a 30% y ninguna garantía de que, en cualquier momento, no tengamos una nueva corrida del dólar. Es que nada puede “estabilizarse” con una deuda externa que ya supera los 400.000 millones de dólares y con vencimientos por 50.000 millones de acá a fines de 2019. Con este nivel y velocidad de crecimiento del endeudamiento, la Argentina es absolutamente inviable. Con el plan del FMI, peor aún. La única salida es suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y desarrollar un plan económico alternativo que priorice la reactivación y las urgentes necesidades populares. De otra manera terminaremos sumidos en el fondo de la crisis, con nuevas corridas cambiarias y bancarias y una sociedad sometida a la marginación y el hambre.

Escribe José Castillo

Mientras los salarios y jubilaciones se siguen achicando producto de la inflación, el gobierno ya empieza con las medidas para cumplir las exigencias del Fondo Monetario. Suben los pasajes de colectivos y trenes en Capital y Gran Buenos Aires. La luz aumentará 30%. Al interior del país le toca el ajuste por el lado de la reducción de las asignaciones familiares.

Por supuesto que el ajuste no empieza ahora: desde el mismísimo comienzo del gobierno de Macri tenemos salarios y jubilaciones que van perdiendo poder adquisitivo frente al aumento de los precios, despidos y tarifazos. A esto tenemos que sumarle el “ajustazo” producto de la devaluación del dólar que se disparó a fines de abril pasado y generó que los precios (y en particular los alimentos como el pan, la harina y el aceite) volvieran a dispararse.

Pero esto recién empieza. Ahora tenemos nuevos anuncios. Se viene otro tarifazo en el transporte: el colectivo en Capital y Gran Buenos Aires aumentará un peso a partir del 15 de agosto, otro peso en septiembre y otro en octubre. Si sumamos todos los incrementos desde principios de año, tenemos que terminará subiendo 116% en 2108. También aumentarán los trenes. En concreto se trata de 13.000 millones de pesos anuales que se le sacan del bolsillo al trabajador sólo con este tarifazo. Cabe aclarar que estos aumentos se realizan manteniendo los subsidios que reciben las empresas de transporte, por lo que el dinero irá directamente a las arcas de estas patronales. También subirá la luz 30%.

A esto tenemos que sumarle la baja anunciada en las asignaciones familiares. Sube el piso para cobrarla (de 200 a 2.816 pesos) y baja el techo para dejar de percibirla (de 94.786 a 83.917 pesos), por lo que menos trabajadores la recibirán. Y además se eliminan los montos mayores por “zona desfavorable”. En concreto, la asignación por hijo, prenatal y ayuda escolar se reducirá en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy y en muchas localidades de Neuquén, Río Negro, Catamarca y hasta la provincia de Buenos Aires (en Carmen de Patagones). En concreto, hoy se cobra por hijo 1.578 pesos, pero si se vive en zona desfavorable (donde obviamente los precios de todos los productos son mayores) hasta hoy se percibían montos que van entre 3.155 y 3.578 (según la zona). Todo esto ahora se corta, y todos los trabajadores del país cobrarán solamente 1.578 por hijo. Es un recorte terrible. Para poner un ejemplo: un trabajador de estas zonas con cinco hijos y que gana en bruto 24.000 pesos, tendrá una reducción en su sueldo de bolsillo de hasta 25%. Se calcula que alrededor de 400.000 asalariados en todo el país se verán afectados por esta medida. ¡Mientras los precios se van por las nubes, habrá trabajadores que pasarán a cobrar menos todavía!

También se anunció otro recorte, que afectará a los dos millones de trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. A partir de ahora la “deducción por hijo” sólo la podrá hacer un cónyuge (y ya no los dos), o 50% cada uno. La consecuencia es obvia: el injusto “impuesto al salario” rebanará los sueldos más todavía a partir de ahora. Son entre 2.800 y 11.000 pesos anuales que se le sacarán del bolsillo por este concepto a cada trabajador alcanzado por este impuesto.

A todo esto, agreguémosle que el gobierno acaba de autorizar un nuevo aumento, ahora de 7,5%, para las prepagas, y la semana que viene otro de 8% en la nafta. La conclusión es obvia: todo se dio en un solo “paquete de anuncios”, hecho durante el mismo fin de semana en que la vicepresidenta Gabriela Michetti les aseguraba a los monopolios agroexportadores que se les seguirán bajando las retenciones a la soja. El ajuste de Macri y el FMI, del que esto que acaba de suceder es apenas un “primer anticipo”, tiene el claro objetivo de sacarle dinero a los trabajadores para dárselo a los especuladores financieros, a los monopolios agroexportadores y a las grandes patronales. Tenemos que pararles la mano ya mismo. Hay que reclamar un paro general de 36 horas y un plan de lucha para enfrentarlo. Y, al mismo tiempo, tenemos que oponer a todo esto otro programa económico, opuesto por el vértice, que comience por dejar de pagar la deuda externa y colocar todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.