Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (mc) Izquierda Socialista/FIT Unidad

La población con discapacidades de nuestro país, alrededor del 10%, sufre un nuevo ataque por parte del gobierno peronista del Frente de Todos. Aquellas personas que tienen obra social y acceso a prestaciones básicas ven peligrar su continuidad. Las y los profesionales que las atienden no cobran desde hace meses. Están tercerizadas con contratos basura, vía asociaciones particulares, precarizadas, con salarios inferiores a los nomencladores de sus profesiones. Y están sosteniendo sus servicios sin recibir nada, para no abandonar a las personas con discapacidades. Las familias están viviendo en la incertidumbre sobre qué pasará mañana. Estas semanas la situación explotó y decidieron realizar actos y movilizaciones en muchas provincias, para hacerse escuchar, junto a trabajadores, familiares y personas con discapacidades y un gran acompañamiento social.

El gobierno del Frente de Todos y las Obras Sociales se escudan, dicen que es un error de programas, que no hay recorte y que rápidamente se resolverá. Pero son los responsables de los fondos que sostienen estas prestaciones y, si no fuera por las movilizaciones, seguirían con el ajuste y sin pagar.

El gobierno prepara un DNU para crear un “Fondo Nacional para la cobertura de las prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad”, previstas en la Ley 24.901, donde se haría cargo de las prestaciones para toda la población, no solo aquellas que no tienen obra social. Aunque la propuesta pareciera responder a una necesidad imperiosa, los efectos prácticos de este decreto serán que las Obras Sociales se saquen de encima la responsabilidad de atender a las personas con discapacidad de las familias de sus afiliados y el Estado dé unos míseros pesos que no alcancen para cumplir con la atención debida.

Nosotros proponemos que, en primer lugar, las Obras Sociales garanticen ya el dinero para las prestaciones correspondientes a sus afiliados. Que el gobierno deje de confiscar los fondos de las Obras Sociales, que salen de los aportes de los trabajadores. Que  invierta los fondos necesarios para que nadie se quede sin prestación con un Fondo de Emergencia y que, al revés de lo que hace, ese dinero salga de los pagos de la fraudulenta deuda externa. La solución de fondo requiere la integración de las prestaciones a las personas con discapacidades, con y sin obra social, en un Sistema Único Nacional de Salud Gratuito. Que se integre al personal hoy tercerizado, al régimen laboral del Estado en igualdad de derechos que el resto del personal de la salud pública. Que no se reduzca ni un peso a los fondos para personas con discapacidades para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta y cumplir las metas con el FMI. Reclamamos el pago inmediato a todas las personas que prestan servicios a las personas con discapacidades, la equiparación salarial a las profesiones de los nomencladores del estado y el cumplimiento de la Ley 24.901.

Este viernes 14 a las 11 horas el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino entregará un petitorio en Cancillería para que el gobierno se pronuncie en solidaridad con el pueblo palestino bajo estas consignas: “Basta de Bombardeos y asesinatos. Basto de ocupación. Basta de apartheid”.

Desde Izquierda Socialista vamos a acompañar este reclamo. Lo mismo hacemos con el llamamiento de la Federación de Entidades Argentino Palestinas que le exigen al gobierno de Alberto Fernández la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel.

El diputado nacional y presidente del bloque Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Juan Carlos Giordano, acompañarán esta actividad junto a la ex legisladora Laura Marrone, convocando a la militancia a tal fin.

Giordano expresó: “Vamos a repudiar los salvajes bombardeos del Estado genocida de Israel en la Franja de Gaza. Las fuerzas sionistas han lanzado este jueves nuevos ataques aéreos y terrestres contra el norte de Gaza donde además de aviones participan fuerzas terrestres. Se llevan registrados 150 ataques aéreos israelíes que han provocado más de 100 palestinas y palestinos muertos, de los cuales 28 son niñas y niños y más de 600 heridos. Ataque que tiene la complicidad del imperialismo norteamericano y de la Unión Europea”.

Giordano finalizó: “Este nueva agresión del Estado genocida de Israel es parte de una política de ensañamiento contra el pueblo palestino y de limpieza étnica. Recordemos que todo comenzó cuando el ejército sionista impidió el acceso de palestinas y palestinos a la explanada de la Mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén Este, y el intento de desalojo de familias palestinas por parte de colonos judíos. Llamamos a redoblar la solidaridad internacional en apoyo al pueblo palestino como ya se está haciendo en distintos países y nos pronunciamos por un estado único, laico, no racista y democrático en todo el territorio histórico de Palestina”.

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Este miércoles 04 de noviembre a las 08:00 hs se llevará adelante una concentración frente a los juzgados de Comodoro Py en solidaridad con la madre (quien prestará su declaración en forma virtual) de Juan Pablo Kukoc, el joven asesinado a sangre fría por el policía Luis Chocobar. Llevará su solidaridad a la madre y familiares de Kukoc, en nombre de Izquierda Socialista, Laura Marrone, legisladora CABA MC por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

Marrone señaló: “La madre del joven asesinado señaló en su momento: “El policía debía haber arrestado a mi hijo, pero lo asesinó. Le tiró como a un animal, lo fusiló”. Es inadmisible que aun Chocobar no sea condenado por el asesinato que cometió, fue llevado como un emblema por Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Repudiamos a la policía del gatillo fácil, hay que exigir el desmantelamiento del aparato represivo.”

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Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El sábado 19 de septiembre se realizó el Plenario Nacional Antirrepresivo y de los Derechos Humanos convocado por Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, APeL, Cadhu, CAJ, Ceprodh, CMM, EMCF, HIJOS La Plata, HIJOS Oeste, Serpaj, Centro de Acción Cultural Diego Cagliero, Correpi, Izquierda Socialista, PO, MST, entre otros.

Participaron alrededor de cuatrocientos compañeros y compañeras de distintas provincias, pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, sociales, familiares de víctimas de gatillo fácil, familias de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.

El documento de convocatoria al plenario, aprobado por unanimidad, denuncia que desde el DNU 297/20 que emitió el gobierno nacional de Alberto Fernández autorizando a las fuerzas de seguridad a detener por la cuarentena, se produjeron 113 muertes a manos de la policía y la gendarmería, más de 44 casos de gatillo fácil, 52 muertes en cárceles y comisarías, femicidios y tres desapariciones forzadas seguidas de muerte. Afirma además que las fuerzas actúan con impunidad, torturan, vejan, abusan sexualmente y a su vez encubren los crímenes bajo la protección de los gobiernos y de la propia Justicia.

Los relatos de cada uno de los familiares que perdieron hijos, padres, hermanos, eran desgarrantes. Durante casi cinco horas escuchamos las historias de jóvenes baleados por la espalda, obreros golpeados, mujeres abusadas sexualmente, travestis humilladas, vendedores ambulantes fracturados a golpes y sus mercaderías robadas. Narraron el desamparo sufrido ante la Justicia, que traba las investigaciones para dejar impunes a los policías culpables, la falta de recursos para pagar un abogado o una pericia de parte, o de permiso en sus trabajos para salir a litigar por juzgados.

El abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, denunció la nueva prueba que acababa de obtenerse que reafirma la culpabilidad de la policía en la desaparición de Facundo, el hallazgo de una piedra que era de su propiedad en un coche de la policía. Se denunció el encubrimiento del ministro de Seguridad del gobierno de Kicillof, Berni, que entorpeció la investigación requerida por la parte acusatoria.

También se señaló la represión a las luchas de trabajadores que, ante la grave crisis social y económica, deben salir, aun en pandemia, a defenderse de los despidos y suspensiones, como fue el caso del frigorífico Penta, o ante la falta de pago de los salarios a los choferes de la UTA en Córdoba.

Desde Izquierda Socialista denunciamos que mientras se niega un salario social de 40.000 pesos a las familias sin ingresos durante la pandemia, Fernández y Kicillof destinaron 80.000 millones a reforzar el aparato policial y más recientemente 30.000 millones al ejército, en una actitud clara de preparar más represión para enfrentar la agudización de la crisis social que se avecina.

El plenario analizó que los gobiernos están fortaleciendo los aparatos represivos en lugar de dar respuestas a los reclamos de salario, salud y vivienda. Por eso se resolvió unir esfuerzos para sostener este encuentro en el tiempo y en cada provincia. Se dispuso realizar una semana de lucha contra la represión del 5 al 8 de octubre y terminar el 9 con una marcha a Plaza de Mayo. Entre otras medidas, se dispuso acompañar a las 2.500 familias de la toma de Guernica, que el 23 de septiembre tienen la amenaza de ser desalojadas. Dar apoyo a la campaña por el desprocesamiento de los veintisiete estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que ocuparon el Pabellón Argentina en 2018 en defensa de la educación pública y repudiar la decisión de la cámara de apelaciones de esa provincia que ratificó lo dispuesto por el juez Vaca Narvaja. Y exigir el desprocesamiento de los cuatro dirigentes gremiales de Atech y de la CTA de Chubut que lideraron la lucha por el pago de salarios adeudados en esa provincia.