La primera medida fue la eliminación de los impuestos a las exportaciones del campo. Esto significa un traspaso directo de riqueza para las principales exportadoras (Nidera, Dreyfuss, Cargill) del orden de los 30.000 millones de pesos aún con el tipo de cambio de 9,80 pesos previo a la devaluación. Con el nuevo valor del dólar a 14 pesos, las ganancias que se embolsan los pulpos exportadores subirán a 60.000 millones de pesos.

El segundo anuncio fue el del Ministro de Energía Juan José Aranguren, que decretó la "emergencia eléctrica". Esto autoriza a realizar aumentos sin pasar por ninguna de las instancias previstas por la ley (como las audiencias públicas), e incluso negarse a aceptar eventuales fallos judiciales que ordenen parar los aumentos. Son millones de pesos que pasarán del bolsillo del pueblo a los dueños de las empresas de servicios públicos privatizadas.

Y la tercera medida fue el levantamiento del "cepo cambiario". Más allá del tecnicismo de la discusión de a cuánto debe estar el "verdadero valor" del dólar, la única realidad es que se trata de una devaluación acompañada de un fuerte salto inflacionario. Ya, en noviembre hubo una enorme suba de los precios de los productos de la canasta familiar, que continuaron en estas semanas de diciembre. Y todavía faltan los aumentos que los empresarios harán en los próximos días aduciendo los "mayores costos ocasionados por la suba del tipo de cambio". Como señalamos más arriba, la devaluación genera ganadores: los grandes exportadores, como los del complejo sojero, y otros, como las terminales automotrices.

Pero las medidas anunciadas no se limitan meramente a la devaluación: a los bancos se les da la más absoluta potestad de fijar las propias tasas de interés. De hecho estas ya subieron del 30 al 40% anual. Las consecuencias, una vez más, las sufrirán los trabajadores, que se financian con tarjeta de crédito (que tendrán que pagar costos siderales). De aquí en más, conseguir un crédito (tarea que ya es una hazaña) se transformará para el que lo logre, en algo infinitamente más caro.

Todas, absolutamente todas estas medidas van en contra de la clase trabajadora y el poder adquisitivo de sus salarios. Ni una a favor de los trabajadores. Incluso la promesa de campaña de eliminar el impuesto al salario "pasó" a un proyecto de ley que se trataría, eventualmente, en marzo del año que viene. De lo único que habla el gobierno es del llamado en enero a un "acuerdo económico y social" entre empresarios y burócratas sindicales con la finalidad ni siquiera escondida de que en las paritarias se acuerden incrementos salariales por debajo de la inflación.

El conjunto de estas medidas del macrismo están siendo acompañadas por la totalidad de la alianza Cambiemos (radicalismo, Coalición Cívica), por Massa y su "peronismo opositor", e incluso por los economistas más importantes de Scioli (tanto Miguel Bein como Mario Blejer se pronunciaron explícitamente a favor). Es que todos comparten la política de profundizar el ajuste contra los trabajadores, haciéndoles pagar a ellos la crisis.

Todos estos políticos patronales y sus economistas nos quieren hacer creer que estas medidas eran "indispensables". Mentira. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda afirmamos que hay otra salida. Si se deja de pagar la deuda externa, que nos desangra y es el principal rubro de gastos del presupuesto nacional. Si se cambia la estructura impositiva, en la dirección exactamente inversa a lo que se hizo, sacando el IVA a los productos de la canasta familiar y el impuesto al salario, reemplazándoles por fuertes impuestos progresivos a las superganancias, y a la hoy exenta renta financiera o a las megamineras. Si se corta de raíz la millonada de subsidios a las privatizadas, reestatizándolas y poniéndolas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores. Si se reconstituyen las reservas del Banco Central, tomando real control de los dólares, nacionalizando los puertos y el comercio exterior. Si se nacionaliza la banca, para que el ahorro nacional se vuelque a crédito barato y popular. Con esta batería de medidas se podría generar una masa muy importante de fondos para resolver las necesidades más urgentes de salario, trabajo, vivienda, salud y educación.

Al mismo tiempo que debatimos con el conjunto del movimiento obrero y popular estas propuestas alternativas, tenemos que salir a pelear ya mismo exigiéndole al gobierno de Macri la implementación de una suma salarial o bono de emergencia a los trabajadores, jubilaciones y planes sociales y el adelantamiento de las negociaciones paritarias. Las distintas direcciones sindicales, sean de la CGT o la CTA tienen que llamar a un plan de lucha para que lo obtengamos y no seamos los trabajadores los que paguemos los platos rotos de esta crisis.