En la sesión maratónica del 5 de diciembre, donde se tratarían 29 proyectos de ley entre los cuales se autorizaría el remate de más de 100 inmuebles públicos, el PRO metió el martes 3 por la ventana otro, por el cual se venderían tres inmuebles dependientes del Consejo de Derechos de Niñas, niños y adolescentes, donde funcionan unidades penales de régimen cerrado para niños, niñas y adolescentes para la construcción de un nueva unidad de detención en el Barrio Ricciardelli (ex Villa 1-11-14).
Se trata del edificio y predio que corresponde al Centro de Régimen cerrado " Gral. San Martín" en calle Baldomero Fernández Moreno 1783 y Curapaligüe 727, valuado en 14,5 millones de dólares, del Centro de Régimen cerrado "Manuel Rocca" en calle Segurola 1651, en desuso desde 2014 a causa de un incendio, valuado en 10,8 millones de dólares y del Centro de Admisión y Derivación, C.A.D., ex- Instituto Inchausti, en calle Perón 2048, valuados en 1,2 millones. Con el cierre de estos tres predios el gobierno de Larreta garantiza un negocio que rondaría los 26,5 millones.
La venta de estos terrenos, situados en barrios y zona céntrica codiciados por los especuladores inmobiliarios, se argumenta que serviría para solventar la construcción de un nuevo Centro de detención para niñas, niños y adolescentes en la manzana 38 Sección 44, Circunscripción 1, frente a la Villa 1-11-14, cuya construcción se estima en un costo de 18 millones de dólares. No casualmente, pasando los centros en frente de un barrio de emergencia, una población totalmente despreciada por el gobierno del PRO. ¿A dónde van a parar los 8,5 millones de diferencia entre la venta de estas tierras y la construcción del nuevo centro de detención? Una posibilidad es que vaya al 20% establecido por norma que permite sobreprecios en cualquier licitación sin ningún control del estado, para enriquecer los bolsillos de las empresas privadas
El negocio cierra redondo. Mientras el Gobierno nacional presenta el proyecto de ley de baja de la edad de punibilidad y la oposición apoya discutiendo la edad precisa de esa baja, el Gobierno de la Ciudad se prepara para ampliar la cantidad de alojamientos al previsible aumento de la población de niños y adolescentes presos y trasladando su asentamiento al lado de la villa, al tiempo que ofrece un fabuloso negocio inmobiliario.
Sin duda, los actuales edificios que alojan a niños y adolescentes bajo custodia penal, son tortuosos, vetustos e inadecuados. Sin embargo de lo que se trata no es de pensar cómo hacer nuevos y más concentrados, sino más bien de revisar toda la política hacia los adolescentes en situación de riesgo, las políticas de empobrecimiento y marginalidad creciente de nuestra niñez y adolescencia para prevenir situaciones delictivas, y para que puedan ser recuperados para una vida social plena en lugares de resocialización.
Pero además, la manzana pensada para la construcción del nuevo centro de detención fue propuesta por un proyecto de ley Expediente 2832-2019 del FIT para destinarse a la construcción de una plaza, una escuela primaria y una nueva sede de la Escuela superior de Enfermería Cecilia Grierson.
En el Barrio Ricciardelli habitan 53.000 personas, según estimaciones del IVC en 2018. La Villa, que tiene ley de urbanización no cumplida desde el año 2000 no poseen espacio de recreación pública. Según la Organización Mundial de la salud le corresponderían Un barrio carente de servicios públicos, con crisis de vacantes en educación y de urbanización, y es justamente uno de los barrios que más precisan un espacio público y verde para niñas, niños y adolescentes.
En la Comuna 8 a la que pertenece este barrio faltan más de 300 vacantes solo para primer grado del nivel primario cada año, faltan vacantes en el nivel medio e incial, falta un Centro educativo para niños con tiempos y espacios singulares, CENTES. Y es necesario una nueva sede de la escuela de enfermería Grierson ya que faltan casi 5.000 vacantes por año para esta especialidad en nuestra ciudad.
En cambio, el PRO quiere construir una cárcel frente a la villa. No olvidamos que está pendiente el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso. Para esta niñez y adolescencia, que no tiene vacantes, con padres sin trabajo, en un barrio sin urbanizar, el PRO le facilita su pase a la cárcel con solo cruzar la calle...una verdadera crueldad.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda rechazamos el proyecto del PRO que busca nuevos negocios inmobiliarios para los especuladores inmobiliarios. Asimismo, nos oponemos a todo intento de bajar la edad de imputabilidad y crear nuevas cárceles para niños, niñas y adolescentes. No es con mas mano dura que terminaremos con la inseguridad. Hay que partir de un Plan económico alternativo que comience por el no pago de la deuda externa y que destine ese dinero a salud, educación y vivienda y a un plan de obras públicas para dar trabajo. De esa manera podremos empezar a combatir la pobreza en el país.
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